Javier Morillas, nuevo consejero del Tribunal de Cuentas

El catedrático de Economía Aplicada formará parte durante nueve años del supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.

El catedrático de Economía Aplicada Javier Morillas ha sido nombrado uno de los seis nuevos consejeros del Tribunal de Cuentas que han jurado su cargo esta semana. El acto, que se celebró en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, ha estado encabezado por los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Ander Gil, respectivamente.

Durante su discurso, la presidenta ha subrayado que “en un contexto de múltiples desafíos como el actual se hace más urgente y relevante responder con profesionalidad, honestidad y razonamiento a la tarea que los nuevos consejeros están llamados a ocupar desde este jueves, para la que, a su juicio, no necesitan más que autonomía, autoridad e independencia». 

Tribunal de cuentas.jpg Javier Morillas Consejero.jpg

Y ha añadido que los consejeros deben ser “capaces de combinar las exigencias propias del derecho de defensa de quienes se someten a vuestra fiscalización y jurisdicción y las necesidades derivadas de la exigencia de controlar la administración de los recursos públicos”. Batet se ha mostrado segura de que los nuevos consejeros sabrán añadir a sus capacidades y méritos los sentidos de «equilibrio» y «proporcionalidad».

Junto a Javier Morillas han sido elegidos nuevos consejeros: María del Rosario García Álvarez, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Elena Hernáez Salguero, expresidenta del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid; Rebeca Laliga Misó, subdirectora General del Notariado y de los Registros; Joan Mauri Majós, profesor titular en la Universidad de Barcelona; Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla.

De esta forma, se unen a los otros seis miembros, que han renovado su cargo durante este encuentro. Los doce consejeros arrancan con un mandato de nueve años y entre ellos elegirán quién presidirá la institución y cada una de sus secciones (Fiscalización y Enjuiciamiento), cargos que se van renovando cada tres años.