Editorial: LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL DERECHO: DE DEMOCRACIA A DESPOTISMO

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Editorial: LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL DERECHO: DE DEMOCRACIA A DESPOTISMO

Las relaciones entre política y derecho no han sido pacíficas a lo largo de la historia. Política y derecho atienden primordialmente a la vida en sociedad y la relación es manifiesta.

 

Ejemplo de ello se encuentra en la obra Política, de Aristóteles. Política y derecho no tendrían razón de ser si se ven como elementos separados, desde la perspectiva de Aristóteles.

 

Como resultado de acontecimientos históricos como la pérdida del dominio político de Atenas y la debacle de Roma, la visión de unión entre de derecho y política se ve debilitada. Maquiavelo niega que esa relación sea necesaria. Hobbes también cree que existe, pero afirma el predominio de lo político.

 

Prescindiendo de otros antecedentes más remotos, a principios del Siglo XX, Kelsen postulaba un orden de derecho constituido por normas que derivaban de una norma fundamental. El Estado se confundía con el orden jurídico presidido por la norma fundamental. Y el derecho se aplica sin abrir juicio alguno sobre el contenido moral o ético del mandato.

 

Y Carl Schmitt, asumiendo el pensamiento en los antecedentes de Maquiavelo y Hobbes, propugna que el concepto legal de Estado es ajeno a la idea de la política porque la norma nos dice únicamente cómo se debe decidir, no quién debe decidir.

 

Pensadores como Max Weber, nos advirtieron sobre el proceso de desformalización del Derecho, como consecuencia de las transformaciones en la esfera pública. Los años que siguieron al trabajo de Weber estuvieron marcados por una lucha política e intelectual tensa sobre la capacidad del Rechtsstaat para hacer frente a los nuevos desafíos impuestos a la Constitución Weimar, una <<constitución sin republicanos>> o una <<democracia sin demócratas>>, cuando no pudo evitar legalmente el ascenso al poder de un líder que reclutó las adhesiones de un pueblo en una << república sin republicanos>>.

 

Hayek responde a las perspectivas escépticas afirmando una concepción sustantiva del Derecho, una noción estricta de la separación de los poderes y la existencia de derechos para garantizar el ámbito privado.

 

El principal problema de estas y otras formulaciones teóricas de dicha concepción es que el Estado de derecho quede cautivo dentro de un ideal político determinado. Y el riesgo es que el derecho pasa a ser el canal de expresión del poder como modo de acción real y la democracia se convierte en una expresión del despotismo de la mayoría.

 

Cuando la democracia es un engendro de despotismo la política imprime una dirección ideológica, una intencionalidad determinada, una orientación específica a los instrumentos jurídicos, de forma que, una vez sancionada la norma jurídica, la política realiza un uso interesado del sistema normativo. Entonces el riesgo evidente es que el derecho que regula y controla el ejercicio del poder legítimo, con mecanismos reactivos contra los excesos y abusos en que éste pudiese incurrir cede ante una política que amenaza al derecho mediante acciones antijurídicas que comprometen su unidad y eficacia. Y el resultado es que la política se evapora en el caos.

 

 

 

Desde que el actual Gobierno, con unos aliados que cuestionan la existencia del régimen de 1978 al no reconocer la soberanía del pueblo español, está al frente del poder ejecutivo con el apoyo de partidos desleales, con los que se encuentra en una situación de mayor proximidad que con aquellos que defienden nuestro sistema constitucional, el derecho se ha convertido en un escenario de disputa político-ideológica en la que se juegan importantes apuestas para comprometer el orden vigente.

 

La primera evidencia de esta situación la labor ingeniería social de este Gobierno que con su interpretación de la realidad tiene como objetivo implantar un proyecto de demoler un Estado a través de leyes que contravienen los valores superiores en los que se asientan nuestro ordenamiento jurídico.

 

Un claro ejemplo de lo anterior es la Ley Educativa con sus indecente e ilegítimo uso semántico de la inclusión, y que es un atentado a lo que debe ser el derecho a la educación para el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades. Y, por supuesto, las leyes de actualidad del llamado Ministerio de Igualdad, “para una nueva generación de derechos feministas” (sic).

 

Y no sólo en su función de iniciativa legislativa, sino que en ejercicio de su función ejecutiva nos hemos acostumbrado a contemplar atónicos a un Gobierno que con desviación de poder ejerce las potestades para un fin distinto del previsto en el ordenamiento jurídico.

La prueba evidente de esto último está en la acción de un Gobierno que no presta la atención debida a las resoluciones judiciales. Así fue, con la concesión de indultos a quienes han sido condenados por el Poder Judicial por un intento de golpe de Estado llevado a cabo entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Y por supuesto, continúa en la actualidad en la concesión de beneficios penitenciarios a ex miembros de una banda armada, que usaron de la fuerza y el asesinato para conseguir sus fines, sin que hayan mostrado el más mínimo arrepentimiento ni colaboración con la justicia. Y por no hablar de la pasividad ante los atropellos del gobierno separatista catalán al castellano como la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Entre política y derecho hay una interdependencia cuyo elemento común es el concepto de poder. La acción política se materializa por medio del derecho y el derecho que pone límites a la acción política aparece como elemento legitimador del poder político. Y aquí entra en juego el elemento clave: la legitimidad del poder. En ese momento la relación se invierte y es el derecho el que legitima el poder político.

 

Ahora bien, la única manera de evitar los excesos del poder es la de establecer límites a su ejercicio, y solo es posible si se piensa en ese poder en términos normativos. Esto supone que el poder político, especialmente el del gobierno, se diseñe de manera condicionada, lo que implica que sólo pueda actuar justificadamente por medio del derecho, y esto sólo es legítimo si respeta como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político tal como proclama la Constitución de 1978 y garantiza la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás que son fundamento del orden político.

 

Afirmaba Locke que el poder político no es legítimo si va en contra de ciertos principios jurídicos. Y decía Montesquieu:<<Nada puede ni debe estar por encima de las leyes que rigen una sociedad>>.

 

PREMIO GRUPO TÁCITO 2022

​Para recordar la memoria del grupo “Tácito”, nacido en el seno de la Asociación Católica de Propagandistas en la década de los 70 y de influencia decisiva en el proceso de transición a la democracia en España, el Instituto CEU de Estudios de la Democracia, convocó por tercer año el Premio GRUPO TÁCITO para Trabajos de Fin de Grado.

Finalizado el plazo de presentación de proyectos el pasado mes de octubre, el tribunal, compuesto por miembros  del Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, ha juzgado los trabajos y determinado el ganador de las diferentes categorías. De esta forma, los afortunados han sido:

  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Arquitectura e Ingeniería a Carlos Palomo Rey, de la Universidad CEU San Pablo. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Desarrollo de un Sistema para el procesamiento de memorias biográficas, basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural: tecnología al servicio de las personas y de sus recuerdos”. Dirigido por el profesor Guillermo de la Calle.
  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Comunicación y Humanidades a Ramón Clemente Pérez Valiente, de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Por su trabajo de fin de grado titulado: “El discurso ideológico en la radio: la moción de censura de Pedro Sánchez análisis de Hora 25 (SER) y La Linterna (COPE)”. Dirigido por el profesor Yordi Pérez LLavador.
  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Ciencias de la Salud a Francisco Jesús Morales Mateos, de la Fundación San Pablo Andalucia CEU. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Exclusión social, Nuevas tecnologías y Educación física”. Dirigido por el profesor Zacarias Adamez García.
  • Ha quedado desierto el Premio Grupo Tácito para Derecho y Economía.

Link al vídeo del evento: https://youtu.be/DtIhsdsdXIo

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE VERANO EN MARBELLA 2022

Fotos del curso realizado en Marbella el 21 y 22 de julio de 2022 sobre la «La transición española como referente: legado y perspectivas» por el Instituto de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.

Durante el acto del día 21 de julio de 2022 por la mañana participaron como ponentes: José Manuel Otero Novas, ex ministro de la Presidencia y de Educación; José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; Fernando Suárez, Exvicepresidente del Gobierno y ex ministro de Trabajo y Soledad Becerril Bustamante, ex alcaldesa de Sevilla y Defensora del Pueblo. Como moderador participó Bieito Rubido Ramonde, director de El Debate.

Durante el acto del día 21 de julio de 2022 por la tarde, donde presentaron el libro sobre el “Grupo Tácito” y la Transición, los ponentes fueron: José Manuel Otero, ex ministro de la Presidencia y de Educación, miembro del Grupo Tácito; Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de AAEE, miembro del Grupo Tácito y Pablo González-Pola de la Granja. Editor del libro Grupo Tácito, Director del Instituto CEU de Estudios de la Democracia. La moderadora en este acto fue María Jesús Lago, directora del Centro de la Transición Española, Universidad San Pablo CEU.

Por último, el día 22 de julio de 2022 por la mañana participaron en la ponencia: José Alberto Parejo Gamir, Rector Universidad CEU Fernando III, Sevilla; Ignacio Camacho López de Sagredo, periodista; Benigno Pendas, director de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrático de la USP-CEU y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex Presidente de la Junta de Extremadura. El moderador fue Pablo Sánchez Garrido. Director del Centro de Patrimonio Cultural Español y Profesor de Pensamiento Político, Universidad San Pablo CEU.

La clausura del acto la realizó Mª Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella.

 

Editorial: Monárquicos o juancarlistas

A muchos que nos seguimos considerando juancarlistas, por agradecimiento a su persona, nos resulta muy doloroso contemplar el «exilio» de un gran español

En sus interesantes memorias tituladas Trayectoria política de un ministro de la Corona, Alfonso Osorio refiere una conversación con Adolfo Suarez poco después de haber sido designado por Don Juan Carlos como presidente del Gobierno. Un tanto abrumado por la responsabilidad de devolver la soberanía al pueblo español, Suárez le pregunta: «Alfonso tú qué eres más ¿monárquico o juancarlista?». Osorio le contesta que es juancarlista por ser monárquico, ya que Don Juan Carlos representa la continuación de la Monarquía tradicional y Suárez le confiesa que se siente más juancarlista que monárquico.

Los que vivimos la transición y hemos estudiado este interesante periodo de la historia de España pensamos que la mayoría de los españoles, de aquella época y de ésta, se sienten más juancarlistas o felipistas que monárquicos en el sentido literal de la palabra. Y esto es algo que debe tenerse muy en cuenta.

Los que no vivieron ese ilusionante momento de transición, no tienen más que leer las memorias de los grandes protagonistas de las mismas, las del mismo Osorio, José Manuel Otero Novas, Marcelino Oreja o Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, entre otros, para comprender los extraordinarios servicios prestado a España por Don Juan Carlos. Él fue el auténtico piloto del cambio, en palabras del historiador Charles Powell. Don Juan Carlos, con la ayuda inestimable de personajes singulares como Torcuato Fernández-Miranda, el propio Suárez, Sabino Fernández Campos y otros muchos, impulsó desde el principio y con bastante riesgo personal el proceso político que asombró al mundo y sirvió de referencia a otros países en su tránsito de la dictadura a la democracia. No sólo salvó a esta la noche del 23F de 1981, porque para ello, para conseguir que todos los altos mandos militares cumplieran sus órdenes aquella célebre madrugada, Don Juan Carlos se había ganado con esfuerzo y durante años, la confianza de la gran mayoría de los componentes de las Fuerzas Armadas. Su prestigio entre los militares era muy alto. Probablemente, después de Alfonso XII, Don Juan Carlos podría haberse ganado el apelativo de «el Rey soldado».

A poco que se profundice en la biografía de Don Juan Carlos se puede concluir que la suya no ha sido una vida fácil. Las relaciones con su familia y sobre todo con su padre, Don Juan de Borbón llegaron a ser muy tensas, con el consiguiente sufrimiento por ambas partes. Tampoco pudo sentirse muy bien en el régimen del general Franco. Los desplantes fueron constantes por parte del falangismo más radical. Sin embargo, probablemente desde el momento en que fue designado sucesor a título de Rey, Don Juan Carlos tenía claro que debía serlo de todos los españoles y comienza sus contactos con personas que desde dentro del sistema comprenden que la evolución hacia la democracia era inevitable una vez fallecido el Dictador. Contactos que también se extendieron hacia la oposición más o menos moderada. Por todo ello, pienso que la tremenda penitencia que Don Juan Carlos tuvo que sufrir por su conducta, para muchos reprobable, fue la abdicación. Probablemente nunca estuvo en sus planes no morir en el trono y en la España por la que tanto trabajó y sufrió. Por ello, a muchos que nos seguimos considerando juancarlistas, por agradecimiento a su persona, nos resulta muy doloroso contemplar el «exilio» de un gran español.

No es nada extraño que, a separatistas, antisistema y consentidores, ahora con responsabilidades importantes, les moleste tanto la figura de Don Juan Carlos, como el propio recuerdo de la Transición. Atacar la figura del Rey Juan Carlos es perjudicar a la Monarquía, una de las pocas instituciones que mejor representan a España como nación. Por eso a los golpistas catalanes de octubre de 2017 les sentó tan mal que el Rey Felipe les llamara desleales en su discurso del día 3. Intervención Real, por cierto, que a muchos nos recordó la de su padre la noche del 23F, porque el Gobierno de 2017 también parecía secuestrado por los insurrectos. Y fue deslealtad porque no fueron leales al pacto de la Transición en el que, a cambio de la autonomía y el Estatuto, renunciaban a la independencia, tal y como nos explicó el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra a los asistentes a un curso que sobre la Transición celebramos a finales de julio en Marbella.

Quiero resaltar aquí un párrafo de la carta que Don Juan Carlos nos envió hace unos meses con motivo del homenaje que ofrecimos, desde el Instituto CEU de Estudios de la Democracia, a los componentes del Grupo Tácito que tanto protagonismo tuvieron en la preparación y primeros pasos de la Transición. Refiriéndose a este periodo, nos decía Don Juan Carlos:

«Fueron tiempos en los que todos supimos aceptar responsabilidades y ponernos al servicio de España –primero– y de la Corona –después– pero, muy especialmente al servicio de todos los españoles».
Y continúa al servicio de todos los españoles, como lo estamos todos los de buena voluntad a quienes nos preocupa mucho, en estos momentos, España. Pero él, Don Juan Carlos, a muchos miles de kilómetros de nuestra Patria.

Debe entenderse bien nuestro juancarlismo, por el bien de España, y de la Corona.

https://www.eldebate.com/opinion/en-primera-linea/20220831/monarquicos-juancarlistas_57057.html