LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL DERECHO: DE DEMOCRACIA A DESPOTISMO

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LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DEL DERECHO: DE DEMOCRACIA A DESPOTISMO

Las relaciones entre política y derecho no han sido pacíficas a lo largo de la historia. Política y derecho atienden primordialmente a la vida en sociedad y la relación es manifiesta.

 

Ejemplo de ello se encuentra en la obra Política, de Aristóteles. Política y derecho no tendrían razón de ser si se ven como elementos separados, desde la perspectiva de Aristóteles.

 

Como resultado de acontecimientos históricos como la pérdida del dominio político de Atenas y la debacle de Roma, la visión de unión entre de derecho y política se ve debilitada. Maquiavelo niega que esa relación sea necesaria. Hobbes también cree que existe, pero afirma el predominio de lo político.

 

Prescindiendo de otros antecedentes más remotos, a principios del Siglo XX, Kelsen postulaba un orden de derecho constituido por normas que derivaban de una norma fundamental. El Estado se confundía con el orden jurídico presidido por la norma fundamental. Y el derecho se aplica sin abrir juicio alguno sobre el contenido moral o ético del mandato.

 

Y Carl Schmitt, asumiendo el pensamiento en los antecedentes de Maquiavelo y Hobbes, propugna que el concepto legal de Estado es ajeno a la idea de la política porque la norma nos dice únicamente cómo se debe decidir, no quién debe decidir.

 

Pensadores como Max Weber, nos advirtieron sobre el proceso de desformalización del Derecho, como consecuencia de las transformaciones en la esfera pública. Los años que siguieron al trabajo de Weber estuvieron marcados por una lucha política e intelectual tensa sobre la capacidad del Rechtsstaat para hacer frente a los nuevos desafíos impuestos a la Constitución Weimar, una <<constitución sin republicanos>> o una <<democracia sin demócratas>>, cuando no pudo evitar legalmente el ascenso al poder de un líder que reclutó las adhesiones de un pueblo en una << república sin republicanos>>.

 

Hayek responde a las perspectivas escépticas afirmando una concepción sustantiva del Derecho, una noción estricta de la separación de los poderes y la existencia de derechos para garantizar el ámbito privado.

 

El principal problema de estas y otras formulaciones teóricas de dicha concepción es que el Estado de derecho quede cautivo dentro de un ideal político determinado. Y el riesgo es que el derecho pasa a ser el canal de expresión del poder como modo de acción real y la democracia se convierte en una expresión del despotismo de la mayoría.

 

Cuando la democracia es un engendro de despotismo la política imprime una dirección ideológica, una intencionalidad determinada, una orientación específica a los instrumentos jurídicos, de forma que, una vez sancionada la norma jurídica, la política realiza un uso interesado del sistema normativo. Entonces el riesgo evidente es que el derecho que regula y controla el ejercicio del poder legítimo, con mecanismos reactivos contra los excesos y abusos en que éste pudiese incurrir cede ante una política que amenaza al derecho mediante acciones antijurídicas que comprometen su unidad y eficacia. Y el resultado es que la política se evapora en el caos.

 

 

 

Desde que el actual Gobierno, con unos aliados que cuestionan la existencia del régimen de 1978 al no reconocer la soberanía del pueblo español, está al frente del poder ejecutivo con el apoyo de partidos desleales, con los que se encuentra en una situación de mayor proximidad que con aquellos que defienden nuestro sistema constitucional, el derecho se ha convertido en un escenario de disputa político-ideológica en la que se juegan importantes apuestas para comprometer el orden vigente.

 

La primera evidencia de esta situación la labor ingeniería social de este Gobierno que con su interpretación de la realidad tiene como objetivo implantar un proyecto de demoler un Estado a través de leyes que contravienen los valores superiores en los que se asientan nuestro ordenamiento jurídico.

 

Un claro ejemplo de lo anterior es la Ley Educativa con sus indecente e ilegítimo uso semántico de la inclusión, y que es un atentado a lo que debe ser el derecho a la educación para el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades. Y, por supuesto, las leyes de actualidad del llamado Ministerio de Igualdad, “para una nueva generación de derechos feministas” (sic).

 

Y no sólo en su función de iniciativa legislativa, sino que en ejercicio de su función ejecutiva nos hemos acostumbrado a contemplar atónicos a un Gobierno que con desviación de poder ejerce las potestades para un fin distinto del previsto en el ordenamiento jurídico.

La prueba evidente de esto último está en la acción de un Gobierno que no presta la atención debida a las resoluciones judiciales. Así fue, con la concesión de indultos a quienes han sido condenados por el Poder Judicial por un intento de golpe de Estado llevado a cabo entre septiembre y octubre de 2017 en Cataluña. Y por supuesto, continúa en la actualidad en la concesión de beneficios penitenciarios a ex miembros de una banda armada, que usaron de la fuerza y el asesinato para conseguir sus fines, sin que hayan mostrado el más mínimo arrepentimiento ni colaboración con la justicia. Y por no hablar de la pasividad ante los atropellos del gobierno separatista catalán al castellano como la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Entre política y derecho hay una interdependencia cuyo elemento común es el concepto de poder. La acción política se materializa por medio del derecho y el derecho que pone límites a la acción política aparece como elemento legitimador del poder político. Y aquí entra en juego el elemento clave: la legitimidad del poder. En ese momento la relación se invierte y es el derecho el que legitima el poder político.

 

Ahora bien, la única manera de evitar los excesos del poder es la de establecer límites a su ejercicio, y solo es posible si se piensa en ese poder en términos normativos. Esto supone que el poder político, especialmente el del gobierno, se diseñe de manera condicionada, lo que implica que sólo pueda actuar justificadamente por medio del derecho, y esto sólo es legítimo si respeta como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político tal como proclama la Constitución de 1978 y garantiza la dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás que son fundamento del orden político.

 

Afirmaba Locke que el poder político no es legítimo si va en contra de ciertos principios jurídicos. Y decía Montesquieu:<<Nada puede ni debe estar por encima de las leyes que rigen una sociedad>>.

 

PREMIO GRUPO TÁCITO 2022

​Para recordar la memoria del grupo “Tácito”, nacido en el seno de la Asociación Católica de Propagandistas en la década de los 70 y de influencia decisiva en el proceso de transición a la democracia en España, el Instituto CEU de Estudios de la Democracia, convocó por tercer año el Premio GRUPO TÁCITO para Trabajos de Fin de Grado.

Finalizado el plazo de presentación de proyectos el pasado mes de octubre, el tribunal, compuesto por miembros  del Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, ha juzgado los trabajos y determinado el ganador de las diferentes categorías. De esta forma, los afortunados han sido:

  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Arquitectura e Ingeniería a Carlos Palomo Rey, de la Universidad CEU San Pablo. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Desarrollo de un Sistema para el procesamiento de memorias biográficas, basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural: tecnología al servicio de las personas y de sus recuerdos”. Dirigido por el profesor Guillermo de la Calle.
  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Comunicación y Humanidades a Ramón Clemente Pérez Valiente, de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Por su trabajo de fin de grado titulado: “El discurso ideológico en la radio: la moción de censura de Pedro Sánchez análisis de Hora 25 (SER) y La Linterna (COPE)”. Dirigido por el profesor Yordi Pérez LLavador.
  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Ciencias de la Salud a Francisco Jesús Morales Mateos, de la Fundación San Pablo Andalucia CEU. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Exclusión social, Nuevas tecnologías y Educación física”. Dirigido por el profesor Zacarias Adamez García.
  • Ha quedado desierto el Premio Grupo Tácito para Derecho y Economía.

Link al vídeo del evento: https://youtu.be/DtIhsdsdXIo

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE VERANO EN MARBELLA 2022

Fotos del curso realizado en Marbella el 21 y 22 de julio de 2022 sobre la «La transición española como referente: legado y perspectivas» por el Instituto de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.

Durante el acto del día 21 de julio de 2022 por la mañana participaron como ponentes: José Manuel Otero Novas, ex ministro de la Presidencia y de Educación; José Rodríguez de la Borbolla, ex presidente de la Junta de Andalucía; Fernando Suárez, Exvicepresidente del Gobierno y ex ministro de Trabajo y Soledad Becerril Bustamante, ex alcaldesa de Sevilla y Defensora del Pueblo. Como moderador participó Bieito Rubido Ramonde, director de El Debate.

Durante el acto del día 21 de julio de 2022 por la tarde, donde presentaron el libro sobre el “Grupo Tácito” y la Transición, los ponentes fueron: José Manuel Otero, ex ministro de la Presidencia y de Educación, miembro del Grupo Tácito; Marcelino Oreja Aguirre, ex ministro de AAEE, miembro del Grupo Tácito y Pablo González-Pola de la Granja. Editor del libro Grupo Tácito, Director del Instituto CEU de Estudios de la Democracia. La moderadora en este acto fue María Jesús Lago, directora del Centro de la Transición Española, Universidad San Pablo CEU.

Por último, el día 22 de julio de 2022 por la mañana participaron en la ponencia: José Alberto Parejo Gamir, Rector Universidad CEU Fernando III, Sevilla; Ignacio Camacho López de Sagredo, periodista; Benigno Pendas, director de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrático de la USP-CEU y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex Presidente de la Junta de Extremadura. El moderador fue Pablo Sánchez Garrido. Director del Centro de Patrimonio Cultural Español y Profesor de Pensamiento Político, Universidad San Pablo CEU.

La clausura del acto la realizó Mª Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella.

 

Monárquicos o juancarlistas

A muchos que nos seguimos considerando juancarlistas, por agradecimiento a su persona, nos resulta muy doloroso contemplar el «exilio» de un gran español

En sus interesantes memorias tituladas Trayectoria política de un ministro de la Corona, Alfonso Osorio refiere una conversación con Adolfo Suarez poco después de haber sido designado por Don Juan Carlos como presidente del Gobierno. Un tanto abrumado por la responsabilidad de devolver la soberanía al pueblo español, Suárez le pregunta: «Alfonso tú qué eres más ¿monárquico o juancarlista?». Osorio le contesta que es juancarlista por ser monárquico, ya que Don Juan Carlos representa la continuación de la Monarquía tradicional y Suárez le confiesa que se siente más juancarlista que monárquico.

Los que vivimos la transición y hemos estudiado este interesante periodo de la historia de España pensamos que la mayoría de los españoles, de aquella época y de ésta, se sienten más juancarlistas o felipistas que monárquicos en el sentido literal de la palabra. Y esto es algo que debe tenerse muy en cuenta.

Los que no vivieron ese ilusionante momento de transición, no tienen más que leer las memorias de los grandes protagonistas de las mismas, las del mismo Osorio, José Manuel Otero Novas, Marcelino Oreja o Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, entre otros, para comprender los extraordinarios servicios prestado a España por Don Juan Carlos. Él fue el auténtico piloto del cambio, en palabras del historiador Charles Powell. Don Juan Carlos, con la ayuda inestimable de personajes singulares como Torcuato Fernández-Miranda, el propio Suárez, Sabino Fernández Campos y otros muchos, impulsó desde el principio y con bastante riesgo personal el proceso político que asombró al mundo y sirvió de referencia a otros países en su tránsito de la dictadura a la democracia. No sólo salvó a esta la noche del 23F de 1981, porque para ello, para conseguir que todos los altos mandos militares cumplieran sus órdenes aquella célebre madrugada, Don Juan Carlos se había ganado con esfuerzo y durante años, la confianza de la gran mayoría de los componentes de las Fuerzas Armadas. Su prestigio entre los militares era muy alto. Probablemente, después de Alfonso XII, Don Juan Carlos podría haberse ganado el apelativo de «el Rey soldado».

A poco que se profundice en la biografía de Don Juan Carlos se puede concluir que la suya no ha sido una vida fácil. Las relaciones con su familia y sobre todo con su padre, Don Juan de Borbón llegaron a ser muy tensas, con el consiguiente sufrimiento por ambas partes. Tampoco pudo sentirse muy bien en el régimen del general Franco. Los desplantes fueron constantes por parte del falangismo más radical. Sin embargo, probablemente desde el momento en que fue designado sucesor a título de Rey, Don Juan Carlos tenía claro que debía serlo de todos los españoles y comienza sus contactos con personas que desde dentro del sistema comprenden que la evolución hacia la democracia era inevitable una vez fallecido el Dictador. Contactos que también se extendieron hacia la oposición más o menos moderada. Por todo ello, pienso que la tremenda penitencia que Don Juan Carlos tuvo que sufrir por su conducta, para muchos reprobable, fue la abdicación. Probablemente nunca estuvo en sus planes no morir en el trono y en la España por la que tanto trabajó y sufrió. Por ello, a muchos que nos seguimos considerando juancarlistas, por agradecimiento a su persona, nos resulta muy doloroso contemplar el «exilio» de un gran español.

No es nada extraño que, a separatistas, antisistema y consentidores, ahora con responsabilidades importantes, les moleste tanto la figura de Don Juan Carlos, como el propio recuerdo de la Transición. Atacar la figura del Rey Juan Carlos es perjudicar a la Monarquía, una de las pocas instituciones que mejor representan a España como nación. Por eso a los golpistas catalanes de octubre de 2017 les sentó tan mal que el Rey Felipe les llamara desleales en su discurso del día 3. Intervención Real, por cierto, que a muchos nos recordó la de su padre la noche del 23F, porque el Gobierno de 2017 también parecía secuestrado por los insurrectos. Y fue deslealtad porque no fueron leales al pacto de la Transición en el que, a cambio de la autonomía y el Estatuto, renunciaban a la independencia, tal y como nos explicó el expresidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra a los asistentes a un curso que sobre la Transición celebramos a finales de julio en Marbella.

Quiero resaltar aquí un párrafo de la carta que Don Juan Carlos nos envió hace unos meses con motivo del homenaje que ofrecimos, desde el Instituto CEU de Estudios de la Democracia, a los componentes del Grupo Tácito que tanto protagonismo tuvieron en la preparación y primeros pasos de la Transición. Refiriéndose a este periodo, nos decía Don Juan Carlos:

«Fueron tiempos en los que todos supimos aceptar responsabilidades y ponernos al servicio de España –primero– y de la Corona –después– pero, muy especialmente al servicio de todos los españoles».
Y continúa al servicio de todos los españoles, como lo estamos todos los de buena voluntad a quienes nos preocupa mucho, en estos momentos, España. Pero él, Don Juan Carlos, a muchos miles de kilómetros de nuestra Patria.

Debe entenderse bien nuestro juancarlismo, por el bien de España, y de la Corona.

https://www.eldebate.com/opinion/en-primera-linea/20220831/monarquicos-juancarlistas_57057.html

 

LA OPINIÓN PÚBLICA TELEDIRIGIDA

Circula por Internet y, por whatsapp, un pequeño vídeo Tik Tok de 2 minutos que comienza preguntando a jóvenes:  “¿opináis que la vida de todas las criaturas y de la flora es igual de importante y debería defenderse?” Las respuestas van desde el “Sí, claro”, “por supuesto”  a   defender “el derecho a la vida de todos los seres que sean sintientes

Medio minuto más tarde se pregunta “¿qué opináis que se sacrifiquen perros porque no hay un hogar dónde acogerlos?” y, las contestaciones incluyen varios “fatal, fatal”, se llega a pedir “tolerancia cero” o señalar que es “increíble que se consienta en España el asesinato de perros y gatos en perreras” o recalcar que es “espeluznante”.

A mitad de vídeo se interpela: “En este sentido, también entonces ¿ves mal que haya mujeres que aborten porque el Estado nos les destine recursos suficientes para mantener a los niños que vayan a tener?”. En ese momento se produce un cortocircuito en la mente de los defensores de los animales… y  un “mmmm… yo, es que depende de la situación…”, “al final es tu decisión”, “si un niño no puede tener una vida guay, si no va a poder tener un futuro…”

Cuando la entrevistadora señala la contradicción, el empecinamiento pro aborto llega a escudarse en que “es distinto”, aunque no se sabe explicar el porqué es distinto. Este “cacao mental” es fruto de un adoctrinamiento pro aborto y de una defensa a ultranza de los animales. Es una clara incongruencia defender la vida de los animales y que se vea como normal destruir vida humana en su estadio más vulnerable.

A esto hemos llegado después de una larga campaña pro aborto que ha transformado a una opinión pública anti aborto a otra pro aborto o, al menos, pasiva. Detrás hay mucha estrategia, ideología defendiendo el control de la natalidad, batallas legislativas con leyes bárbaras, -tal y como hemos señalado en este medio-, propaganda, muchas veces oculta; manipulación y fake news, incluso perversión del lenguaje.

La campaña comienza afirmando que la criminalización del aborto es mala porque pone en riesgo vidas, (evidentemente no se incluye la vida del feto). Incluso se exageran las cifras de mujeres muertas por la práctica de abortos ilegales. Se sigue con que es un derecho “fundamental” de las mujeres, se justifica porque “mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero”, ‑aunque por otro lado se criminalizan los vientres de alquiler‑ o “el derecho de las mujeres a decidir”. Del derecho a la privacidad se pasa al derecho a la salud, tanto física como mental que llega hasta la comodidad. Se termina con el derecho a la salud reproductiva. Desde una posición menos comprometida se sostiene que se trata de un asunto de mujeres, en donde es mejor no meterse, que es una forma de solucionar muchos problemas en el futuro de una chica joven, o de una mujer madura que no puede mantener a un hijo más.

Y no podemos olvidar el dinero. Existe un gran negocio, porque las clínicas abortistas mueven mucho dinero. La mayoría de los abortos, en torno al 86%, se realizan en centros privados y, de ellos, poco más del 6% en hospitales. Eso significa que las clínicas abortistas privadas tienen el 80% del negocio.  Como botón de muestra: destruir un embrión humano de hasta tres meses cuesta 345 con anestesia local y 450 con anestesia general.  Eliminar un feto de 5 meses y medio son 1.655 euros, si se trata de una micro cesárea se dispara a 3.500 euros. Y el número de abortos en España al año ronda los 100.000. Cada año se destruyen más vidas que toda la población de Santiago de Compostela. Calcúlese el negocio. Pero además: ¿qué ocurre con los restos? Placenta, cordón umbilical, embriones enteros o partidos y los restos fetales son codiciados para distintos usos.

Es cierto que desde movimientos pro vida se realiza una labor de información y de apoyo a las madres embarazadas que no quieren tener a su hijo. Incluso esa labor se realiza a las puertas de los centros de “interrupción del embarazo”. Cuando esas personas consiguen que una mujer cambie de opinión y nazca su hijo, la enorme satisfacción les acompaña cada vez que en la calle se cruzan con un niño, una niña o un bebé que sonríe o llora. La última ley bárbara es la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, que modificó el Código Penal para castigar a esas personas con prisión y posible prohibición de circular por determinados lugares. En definitiva se trata de que no se perjudiquen el negocio de las  clínicas abortistas.

Pero el interés político de la izquierda que corrompe valores tan importante como el respeto a la vida humana llega a defender y proponer el derecho a abortar incluso de menores de edad, sin necesidad de autorización de sus padres. Como ya se ha señalado en la prensa, una chica de 16 años para ir de excursión con el colegio necesita una autorización de sus padres, a veces de los dos y; para ir a abortar, no será necesario ni decírselo a sus padres.

Los seres humanos tenemos una gran capacidad para auto justificarnos o no querer ver las barbaridades que existen a nuestro alrededor. Hemos pasado de una opinión pública contraria al aborto a justificarlo, aun admitiendo que puede sacrificarse a un embrión con figura humana, que siente y está indefenso, pero no a un perro. Hay un argumento esencial: solo miren las imágenes tomadas en el vientre materno y opinen si ahí hay vida humana o no.

Porque la vida es importante, más importante en una sociedad envejecida como la nuestra. Si queremos hacer algo, podemos desde apoyar a alguna de las muchas organizaciones próvida y apoyar las propuesta próvida, tal y como se hizo en la manifestación del 26 de junio. Después, cuando se crucen con un niño en la calle y lo vean sonreír piensen que parte de esa sonrisa es también suya.

 

NO FILTRARÁS

En el año 1973 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos afirmó, en la sentencia Roe contra Wade, que existe un derecho fundamental de la mujer a la privacidad, que le permite abortar libremente. Fue una doctrina débil, controvertida y contradicha en parte desde entonces, pero que hoy ha vuelto a la actualidad.

Se esperaba en Washington en los últimos meses una resolución trascendental sobre el aborto. El pasado 2 de mayo el periódico digital «Político» de Washington ha provocado el mayor escándalo de toda la historia judicial de los Estados Unidos.  Afirmó que cinco magistrados de los nueve que forman el Tribunal Supremo habían votado en el sentido de desechar la doctrina de Roe contra Wade y filtró íntegro el primer borrador de la sentencia propuesta a sus compañeros por el juez Samuel Alito, para resolver el asunto «Dobbs v. Jackson Women´s Heah Organization», sobre una ley restrictiva del aborto del Estado de Misisipi.

En este caso, los noventa y ochos folios del borrador filtrado al periódico tildan de <egregiamente equivocada desde el principio> la doctrina de Roe contra Wade, afirman que constituyó un <verdadero abuso de la autoridad judicial> y que <la Constitución de Estados Unidos no confiere un derecho a abortar>. Por ello, la autoridad de restringir o prohibir el aborto no deriva de la Constitución y debe ser devuelta a los Estados miembros, a los que corresponde regularla a través de sus representantes legítimamente elegidos.

La filtración se confirmó cuando el propio presidente del Tribunal Supremo John Roberts difundió −al día siguiente, 3 de mayo− una nota de prensa en la que reconocía que el borrador de sentencia publicado era auténtico, que su filtración representaba <un terremoto en la confianza entre los magistrados y miembros del staff> y <el pecado más imperdonable y la mayor traición posible al Tribunal Supremo>. Precisó que el texto no constituía todavía la decisión final del Tribunal, que se espera para finales de junio, y acordó que la policía interna del propio Tribunal investigará lo sucedido.

Es una rutina necesaria en el funcionamiento del Tribunal Supremo que los borradores internos sobre los asuntos pendientes circulen entre sus nueve magistrados, los letrados y los miembros secretaría para los cambios y matizaciones pertinentes. Los jueces cambian frecuentemente las palabras e incluso sus posiciones sobre los proyectos de sentencia. Todos los tribunales guardan celosamente estos preliminares como secretos y más en los Estados Unidos donde las filtraciones son muy infrecuentes y no habían alcanzado nunca, en toda la historia del Tribunal Supremo, una gravedad semejante a la filtración actual. Cuando un Tribunal no ha alcanzado todavía una resolución final filtrar sus trabajos internos en un caso es el ataque más grave que se puede cometer contra su independencia, porque facilita la oportunidad de corromper sus deliberaciones y posibilitar que los magistrados en duda cambien de opinión o persuadan a otros para que se sumen a su mayoría o formen otra distinta.

Lo insólito de este asunto radica en las reacciones a esta grave filtración porque, con excepciones muy tenues, no se han dirigido contra el filtrador o filtradores, que han infringido una herida grave al prestigio del Tribunal Supremo, sino contra el sentido del proyecto de sentencia de Samuel Alito, que quiere abandonar la doctrina de Roe contra Wade y rechazar que el aborto sea un derecho fundamental.

La filtración se ha producido a pocos meses de las llamadas <mid term elections> (que se celebrarán el martes posterior al primer lunes de noviembre de este año). En ellas se elegirá −a medio mandato del presidente demócrata Biden− toda la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 40 gobernadores y muchos cargos municipales. ¿Se debe atribuir la filtración al deseo de despertar la opinión pública de los partidarios del partido demócrata y hacer recaer el peso de esa opinión pública sobre los jueces contrarios al Roe contra Wade? Las encuestas dicen que la filtración puede ser importante para el resultado de esas elecciones, que todavía es incierto, pero favorable al partido republicano.

Es significativo que, desde el mismo momento en que se produjo la filtración, masas de manifestantes −la mayor parte de ellos en contra del proyecto del juez Samuel Alito− se hayan concentrado a las puertas del Tribunal Supremo en defensa del llamado “derecho fundamental a abortar de las mujeres embarazadas”, obligando a la policía a colocar barreras de protección, que nos recuerdan las del asalto al Congreso en la disputa de las últimas elecciones presidenciales Se han filtrado, sin reacciones significativas en contra, los domicilios de los jueces del Tribunal Supremo y los manifestantes han «escrachado» sus residencias particulares , especialmente en los casos de Brett Kavanaugh, del ponente Samuel Alito y de los demás magistrados que hasta ahora parecen prestar su apoyo al proyecto filtrado.

El mismo día 3 de mayo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, calificó de <radical> el borrador de sentencia del Tribunal Supremo y sin rubor se proclamó a favor del Roe contra Wade, asegurando que la estabilidad del sistema de derechos fundamentales estaba en peligro en Estados Unidos y que el Tribunal Supremo no debía cambiar su jurisprudencia, porque el derecho de la mujer a abortar es un derecho fundamental. No le quedó a la zaga la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, quien atribuyó el borrador de la sentencia a los jueces nombrados por el partido republicano (sic) y calificó la todavía non nata sentencia como una de las peores y más dañinas abominaciones de la Historia moderna. Incluso la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris no dudó en afirmar que los oponentes del Roe contra Wade quieren castigar a las mujeres y arrebatarles sus derechos para poder tomar decisiones sobre sus cuerpos, concluyendo que “los legisladores de los Estados de mayoría republicana están convirtiendo las leyes en armas contra las mujeres.”

Lleva a la reflexión comprobar que la filtración de un borrador de sentencia ya votada y el ataque a la independencia de una institución tan prestigiosa como el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no resulte lo más importante de este caso, para personas de una formación cultural como los que se han citado.

Mandatos categóricos como el de «no matarás» representan la formulación más primitiva de normas que protegen la existencia de cualquier grupo humano. «No matarás» enuncia una prohibición básica, que desencadena en forma automática una pena para el asesino que realiza la conducta prohibida, así como la repulsa moral de sus congéneres y el ostracismo del asesino respecto del grupo a que pertenece.

«No matarás» encierra en realidad un mandato correlativo de que es obligado respetar la vida de todos los miembros del grupo.

Cualesquiera que sean las circunstancias específicas que rodean una situación de grave estrés, como el aborto −que no desconocemos−, jamás se puede construir como «un derecho fundamental» una acción letal que, en todo caso, comporta el sacrificio de una vida inerme e indefensa.

No puede calificarse como un supuesto <derecho> − el derecho a matar− una  precedencia de los derechos e intereses de la madre sobre una vida gestante, porque el no nacido se encuentra −y así ocurre en la jurisprudencia de los Tribunales Constitucionales de todas las sociedades democráticas− dentro del ámbito de protección y tutela del derecho a la vida, como un ser que nacerá con toda la perfección y dignidad que adorna cualquier vida humana. Afirmar un derecho fundamental al aborto es una monstruosidad jurídica, un absurdo que no se puede cobijar en la Constitución de los Estados Unidos ni en la Carta de Derechos Fundamentales de ningún Estado, o Unión de Estados, civilizados, por mucho que algunos jefes de Estado, tememos que por hipocresía o ignorancia, se atrevan a argumentar lo contrario.

Dejemos al Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidir sin presiones si abandona o no el polémico precedente del Roe contra Wade de 1973.

Es muy revelador que, en ese sentido, se acabe de hermanar en Estados Unidos el «no matarás» con otra prohibición esencial para la independencia de cualquier órgano judicial en una sociedad democrática avanzada: «No filtrarás».

LOS TRES PARADIGMAS DE LA POSMODERNIDAD: GUERRA FRÍA – GLOBALIZACIÓN – REGIONALIZACIÓN Y REARME

 

  • DE LA GUERRA FRÍA A LA GLOBALIZACIÓN

 

Tras la segunda guerra mundial se abre un largo periodo posbélico en el que se crea un orden geopolítico que responde al enfrentamiento entre dos grandes bloques político-económicos, USA-EUROPA y la URSS, estancos en todos los ámbitos, que se mantiene, no sin algunas fisuras, hasta finales de los años ochenta.

A partir de los años sesenta, el equilibrio de poder militar resultante de la mutua amenaza de holocausto nuclear para ambos bloques, supone una definitiva disuasión para un enfrentamiento bélico directo, dando paso a la llamada Guerra Fría, equilibrio que sustenta un prolongado escenario de paz generador de la última de las globalizaciones y primera que no se desarrolla manu militari. La actual globalización podríamos afirmar que eclosiona en 1961 con la creación de la OCDE, alcanza su cénit en 1995 con la creación de la OMC y comienza su declive con la crisis financiera sistémica de 2008.

Con la globalización económica se adopta una nueva geo estrategia que incluye el desarrollo de una amplia zona común interbloques, tanto en lo económico como en lo cultural. Ese solapamiento de hegemonías y su extensión a zonas en pugna por alcanzar protagonismo, ha complicado radicalmente la consecución de la estabilidad geopolítica en el contexto internacional.

 

La pretendida bipolaridad USA – China no es tal desde que la interdependencia tecnológica, productiva y comercial entre ambas superpotencias ha alcanzado niveles críticos, convirtiendo a los dos hegemones en un meta hegemón dual. Un buen ejemplo de esa biyectividad es lo acontecido con la Covid 19, en cuyo origen se entrelaza la investigación vírica China con su financiación USA. De esa confluencia de intereses se deriva que nadie haya reclamado nada a nadie por los estragos causados por la subsiguiente pandemia. Esa nueva estructura hegemónica conlleva el que las geo estrategias unidireccionales, como la que Rusia pretende llevar a cabo en la actualidad con la invasión de Ucrania, estén condenadas al fracaso. A partir de este momento los aliados de Rusia se guiarán exclusivamente por patrones oportunistas y cortoplacistas.

 

El paradigma geoestratégico en el que se prioriza la eficiencia económica sobre la seguridad se ha estado desarrollando en el marco de la implantación en Occidente del NOM (Nuevo Orden Mundial). Paradójicamente, la contracultura del nihilismo propugnada por el NOM está imponiéndose en las democracias occidentales con el beneplácito de China y con la oposición de Rusia y la de algunos de los países del este de Europa. Rusia vive en la contradicción de que el humanismo cristiano es incompatible con privar a sus ciudadanos de derechos y libertades individuales fundamentales.

 

 

 

 

  • EL OCASO DE LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA Y EL AUGE DEL GLOBALISMO CULTURAL

 

En el pujante mundo occidental de la deslocalización pacífica de la producción, desde las democracias hacia los estados totalitarios o fallidos, en el 2008 se abate una crisis financiera sistémica y en el 2020 se ceba un virus letal que pone en jaque a su sistema sanitario, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de un sistema radicalmente externalizado ante situaciones de estrés. Como consecuencia, se inicia un lento pero irreversible proceso de relocalización de la producción de los sectores más expuestos ante escenarios no controlables.

Apenas iniciado ese movimiento de repliegue, en 2022 Ucrania es invadida por Rusia, dejando al descubierto la extrema debilidad militar de Europa y su total dependencia de la fuerza militar de los USA. La lógica del mercado se había impuesto sobre la lógica geoestratégica, esperable resultado de un proceso de globalización sustentado en un pacto implícito de no agresión militar, coherente con una significativa deslocalización interbloques.

Dos sonoros golpes consecutivos a sectores tan sensibles como los de sanidad y seguridad van a provocar el definitivo parón y marcha atrás en un proceso de globalización que entra en una fase inercial a partir de la crisis financiera sistémica de 2008, crisis de solvencia tratada como crisis de liquidez, por lo que continúa sin resolverse en la actualidad. Esa crisis sistémica ha sido camuflada por las medidas de híper liquidez aplicadas por los Bancos Centrales, medidas que han pasado de ser extraordinarias y coyunturales a convertirse en crónicas, generando un brutal exceso de liquidez que no ha podido ser absorbido ni vía crecimiento ni por ganancia de productividad, gestando un potencial inflacionista que finalmente ha tomado cuerpo y se ha convertido en la gran amenaza para la economía mundial.

 

Se está alumbrando una apresurada vuelta a los cuarteles de invierno de la autarquía estratégica, cuarteles que fueron abandonados antes de tiempo por unas oligarquías que se creyeron invulnerables, seguidas por una ciudadanía debidamente anestesiada por la adición a un consumo exacerbado. La declaración de Versalles del pasado 11 de marzo marcará un hito en ese cambio de paradigma que tanto va a afectarnos a partir de este crucial momento de inflexión.

El acelerado proceso de sustitución de la hegemonía militar por la hegemonía cultural y/o económica al que veníamos asistiendo desde los años noventa, va a desvanecerse por un largo tiempo, ya que el rearme militar conduce a la realimentación del nuevo escenario belicista.

El mundialismo globalista ha sufrido un significativo quebranto en su proceso subyacente, que no era otro que el de la culminación internacional en paralelo de la hegemonía cultural nihilista encabezada por los USA y la hegemonía productiva y logística capitaneada por China. Ambos procesos de predominio perderán protagonismo en beneficio de las soberanías nacionales y regionales.

 

  • DE LA GLOBALIZACIÓN Al VUELCO GEOESTRATÉGICO

 

Con la invasión rusa de Ucrania iniciada el pasado 24 de febrero se rompen los

delicados equilibrios geoestratégicos y económicos gestados a partir del atentado

terrorista islamista a las torres gemelas de Nueva York en 2001, redefinidos en 2006

con la segunda guerra del Golfo Pérsico (2003-2011) y en 2015 con la guerra de Siria

(2011-2017) y culminados con la vergonzosa estampida de Afganistán en 2021.

En los veinte años transcurridos en la lucha de las democracias occidentales contra el

terrorismo islamista se producen los siguientes hechos:

 

  • El proyecto de sustitución de regímenes totalitarios que fomentan el terrorismo islamista por democracias ha resultado inviable.
  • Los regímenes totalitarios que combaten el terrorismo islamista acaban siendo apoyados por las democracias occidentales.
  • La opinión pública occidental no asume la pérdida de vidas humanas en proyectos bélicos que terminan siendo fallidos.
  • Al tiempo que las democracias, salvo USA, no alcanzaban los mínimos de inversión en defensa, los totalitarismos procedían a un sistemático rearme, eso sí, con armamento producido en esas democracias “pacifistas”.
  • El colapso del Telón de Acero y el extraordinario desarrollo económico y militar de la China comunista trasladan el centro geoestratégico mundial desde el Mediterráneo al Pacífico.
  • La guerra contra fuerzas armadas islamistas, que vulneran sistemáticamente el Derecho Internacional, exige unas tácticas de combate capaces de simultanear la eficacia militar con la preservación de la población civil involucrada.
  • En las contiendas bélicas actuales se ha difuminado la línea de separación entre fuerzas terrestres, marítimas y aéreas, en las que la confrontación directa, el cuerpo a cuerpo, se sustituye por el ordenador a ordenador a distancia y en las que los objetivos de tierra, mar y aire son prácticamente intercambiables.
  • La traslación del centro de gravedad geoestratégico desde el Mediterráneo oriental al Pacífico exigió el introducir a Rusia en la ecuación de seguridad de Oriente Próximo. La prueba de fuego para la incorporación de Rusia a ese tablero geoestratégico se sustancia con su intervención desde 2015 en la guerra de Siria, una actuación tan radical como estabilizadora que favorece a Israel.
  • Con el fin de rentabilizar ese nuevo rol de gendarme clave de Oriente Próximo, Rusia invade y se anexiona Crimea en 2014, lo que le proporciona un acceso directo al mar Negro.
  • Rusia pretende, de nuevo, convertir Ucrania en un país satélite, instigando desde 2014 una guerra civil en la región del Dombás, y tratando de manipular el mapa político ucraniano.
  • Las alianzas de Rusia con la China comunista y con el resto de regímenes comunistas de todos los continentes plantean un gravísimo escenario de riesgo para todas las democracias.

 

  • LA REGIONALIZACIÓN Y EL REARME MILITAR, INDUSTRIAL Y ENERGÉTICO

 

El pasado 24 de febrero Rusia inicia la invasión masiva del territorio ucraniano con el fin de convertir Ucrania en una taifa rusa. Con ese objetivo moviliza unos ingentes medios militares que aseguren una victoria rápida y de bajo perfil cruento. Conviene señalar que esa injustificada actuación viene precedida por el recurrente incumplimiento mutuo de los sucesivos acuerdos firmados por Rusia y Ucrania, lo que constituye un claro indicio de que ambas partes se encaminaban al enfrentamiento armado, siendo la OTAN y la OSCE meros convidados de piedra.

La inesperada reacción del David digital, Ucrania, contra el Goliat analógico, Rusia, provoca una escalada bélica rusa de características criminales y de consecuencias tan temibles como imprevisibles.

 

– El asalto militar ruso a Ucrania ha violado las más elementales normas del Derecho Internacional y ha mostrado el alto grado de amenaza bélica para las democracias que comporta la insensata carrera de desarrollo, uso y /o amenaza de armamento ofensivo:

. Su ataque se está centrando en la población civil, bombardeando ciudades no desalojadas e incluyendo hospitales y suministros sanitarios, de energía, agua y alimentos.

. Hay múltiples acusaciones de haber perpetrado ejecuciones aleatorias de población civil desarmada.

. Atacó la central nuclear de Zaporiyia, poniendo en grave riesgo de exposición radioactiva a una gran parte de la población europea y rusa.

. Amenaza con la utilización de su arsenal de bombas atómicas como fuerza de agresión y no de disuasión.

. Prueba el nuevo misil de muy largo alcance “Sarmat”, 18.000 km, capaz de portar ojivas hipersónicas con carga nuclear.

. Utiliza por primera vez un misil hipersónico en los bombardeos a Ucrania, lo que constituye un peligroso precedente. Las armas hipersónicas son dirigidas por inteligencia artificial, lo que unido a su alta velocidad les permite vulnerar con facilidad los sistemas defensivos actuales.

 

El PIB de Rusia está algo por encima del español y el arsenal nuclear ruso es superior al de USA, con un PIB catorce veces mayor que el de Rusia. En la Unión Europea con un PIB diez veces mayor que el de Rusia, únicamente posee armamento nuclear Francia, con un arsenal veinte veces inferior al de Rusia. Si a ese absoluto desequilibrio unimos las escasas fuerzas militares convencionales de la Unión Europea, se entiende perfectamente que la amenaza de agresión militar para la Unión Europea y los países de Europa del Este proviene de una Rusia dominada por un régimen despótico y convertida en la primera potencia nuclear del planeta. Es una Rusia hiperarmada la que representa una grave amenaza real para la seguridad europea y no el paraguas defensivo de la OTAN en Europa el que pudiera representar una amenaza para Rusia.

 

Por otra parte, Rusia suministra a la Unión Europea el 40% del gas, el 27% del petróleo y el 47% del carbón que consume, por lo que minimizar esa fuerte dependencia va a requerir un largo tiempo y obligará a concebir unas nuevas centrales nucleares que sean inmunes al ataque de los misiles hipersónicos y a proteger especialmente las centrales actuales. Ese dilatado proceso de sustitución del suministro energético en la Unión Europea comportará un inevitable encarecimiento de la factura energética y un probable racionamiento en los suministros correspondientes.

El factor logístico va a cobrar una especial dimensión estratégica en todos los ámbitos, cobrando una creciente relevancia el transporte marítimo.

 

El citado sobreprecio reducirá drásticamente la competitividad de la economía europea que, además, se verá obligada a relocalizar industrias estratégicas, con el paralelo incremento de costes. A ambos efectos se le añadirán las restricciones y/o encarecimiento de la importación de suministros básicos y de componentes para las cadenas de producción, así como la consiguiente reducción del comercio mundial.

Todo ello, sumado al fuerte incremento que deberá registrarse en los capítulos de gasto en defensa, anuncia un oscuro paradigma de regionalización y rearme que provocará un largo periodo de estancamiento económico con alta inflación, unido a una acusada regresión en lo social y en lo político.

 

José Amengual

mayo 2022

CONTRA LAS LEYES BÁRBARAS

Cuenta Tucídides que los atenienses dictaron una ley prohibiendo morir en Delos, cosa que más de uno no pudo cumplir, por eso Solón, al comprobar que hay leyes contra toda razón, alegó ante un Tribunal de Justicia que es peor falsificar una ley que falsificar moneda, pues el dinero sirve para las transacciones privadas pero las leyes son la moneda del Estado. Se recuerda esto porque contra toda lógica y razón, a petición de la asociación de clínicas que practican abortos, la reciente Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, ha modificado el Código Penal con el propósito no solo de penar las coacciones reales, sino también de castigar con prisión a cualquiera que perjudique el negocio que tales clínicas han montado alrededor del aborto, pues como toda clínica privada tienen interés lucrativo. A pesar de que es un hecho científico que el cigoto, el embrión y el feto no son un mineral ni un vegetal, sino un individuo de la especie humana en su estado primitivo de desarrollo, un niño distinto de sus padres, con su propio ADN; a pesar de que toda vida humana es un milagro que merece amor y respeto; a pesar de que el primer derecho fundamental que consagra la Constitución en su artículo 15 es el de la vida; a pesar de que actualmente el aborto provocado es la primera causa de mortalidad en España; a pesar de todo ello, incomprensiblemente el Estado no se ocupa de proteger la vida de los mas débiles e inocentes, sino de intentar encarcelar a quienes quieren hacerlo. En varias sentencias el Tribunal Constitucional ha declarado que la vida del no nacido es «un bien jurídico protegido por el artículo 15 de la Constitución», lo que supone, dice también, «que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, incluida la del nasciturusmediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma, incluyendo como última garantía normas penales». Es decir, la norma penal debería punir a quien ataca la vida humana, no a quien la defiende. Lo contrario trae a la memoria aquello que dijo Ortega, cuando aseguró que «la obra del político suele consistir en confundir las cosas más de lo que ya estaban».

La mejor defensa del niño no nacido es ayudar a su madre, especialmente a la que quiere abortarlo, y la primera ayuda, la que más respeta la autonomía de la mujer y le permite decidir con libertad, consiste en darle buena y objetiva información. Esto lo reconoce la propia ley reguladora del aborto. Pero ahí esta la cuestión: ni el Estado ni las clínicas abortivas informan adecuadamente. El Estado da a la madre una información genérica referida a las facilidades para abortar y sus consecuencias, y cuando se trata de aborto libre le entrega un sobre cerrado (que no tiene obligación de leer) con mera información administrativa genérica y estandarizada. Más aún, según la ley cuando se aborta sin información alguna ninguna consecuencia hay para la madre. ¿Puede sostenerse que una información administrativa que no hay obligación de leer, y que si no se presta no pasa nada, protege la vida del niño? Lógicamente la Asociación de Clínicas Acreditadas para practicar abortos hace publicidad de su negocio e informa sesgadamente, si informara con detalle de algunas de las crueles técnicas empleadas o de las posibles consecuencias del aborto probablemente tendrían menos clientes, por eso la patronal del aborto ha sido ya condenada penalmente por emitir publicidad engañosa en su página web. Más objetiva es la información que prestan la Asociación de Víctimas del Aborto (con la que no se ha contado) y otros movimientos cívicos, como la Plataforma por el Derecho a Vivir, Mujeres Contra el Aborto, Fundación Redmadre, Fundación Madrina, etcétera, cuyos miembros tienen constitucionalmente garantizados los derechos «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» (20.1. a CE), a la libertad (17), a circular libremente (19) y a manifestar sus sentimientos religiosos, incluyendo el rezar si lo desean, (16), de manera que incurre en delito quien por la fuerza se lo impide (522 CP). Estas personas no se mueven por interés, sino porque creen que el hombre es algo mas que un cuerpo y aman toda vida humana, especialmente la incipiente, la de los mas pequeños e inocentes, y no pretenden acosar ni forzar a nadie sino sencillamente informar y ayudar con humanidad y objetividad.

Pues la madre también tiene derecho a su libertad y no puede sufrir violencia ni ser coaccionada. En este sentido nada hay que oponer a una aplicación del nuevo «delito de coacción» a quienes realmente impidan a la gestante con violencia hacer lo que la ley no prohíbe. Es un hecho que en muchas ocasiones la primera víctima del aborto es la mujer que aborta, que presta su consentimiento con violencia, engaño o intimidación causada por un familiar, su pareja e incluso el Estado, que con sus leyes, programas, ayudas e informaciones subliminalmente coacciona incitando a las mujeres a abortar. Los Servicios Sociales, las Clínicas y las Oficinas de Planificación Familiar a menudo no buscan soluciones pensando en la madre y el niño, con frecuencia lo único que hacen es mandar a la gestante directamente a un centro especializado donde se le resuelve el «problema». En cambio quienes informan cerca de una clínica abortiva, o rezan ante ella, no acosan ni cometen el «delito de coacción» que ahora se tipifica. Hay una reiterada doctrina jurisprudencial (recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2021) que exige una serie de requisitos para este tipo penal, requisitos que no concurren por el hecho de informar civilizadamente o rezar respetuosamente. El primero es el fin, que debe ser impedir hacer lo que la ley permite, y en este caso el fin no es obstaculizar, al contrario, es ayudar a que, si se hace, se haga con conocimiento de causa. El segundo es la existencia de una actuación o conducta violenta, con «vis física» o «vis compulsiva», con intensidad necesaria para coartar la libertad de obrar, lo que tampoco concurre en este supuesto. Y el tercer requisito radica en que se trata de un delito de resultado, en el sentido de que la conducta cause directamente una limitación de la libertad, no bastando la mera molestia en el afectado, y esto tampoco comparece en la nueva ley, que lo primero que menciona son los «actos molestos». Ley, por cierto, que castiga con prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, lo cual es otra incongruencia, ya que quienes informan o rezan no buscan lucro propio sino precisamente eso, el beneficio de la comunidad. En definitiva, si repartir folletos informativos fuese un delito habría que condenar a todos los que a diario lo hacen en los portales de nuestras casas, a la entrada de los espectáculos o en nuestros ordenadores. Y si rezar fuese un delito, también habría que condenar a los millones de fieles que a diario confían más en sus oraciones que en las reglamentaciones del gobierno. En todo caso informar y rezar por otros está bien, no mal, pues como dijo Terencio «soy hombre y ninguna vida humana me es ajena», y con Aristóteles cabe concluir que hay leyes como esta que deben cambiar sencillamente porque son irrazonables y bárbaras, y dado que debe buscarse lo mejor es absurdo seguir con ellas.

Recordar la memoria del grupo “Tácito”. Resultados de Premios 2022

El Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia CEU ha fallado el III Premio “GRUPO TÁCITO”, conoce a los ganadores.
21/04/2022

​Para recordar la memoria del grupo “Tácito”, nacido en el seno de la Asociación Católica de Propagandistas en la década de los 70 y de influencia decisiva en el proceso de transición a la democracia en España, el Instituto CEU de Estudios de la Democracia, convocó por tercer año el Premio GRUPO TÁCITO para Trabajos de Fin de Grado.

Finalizado el plazo de presentación de proyectos el pasado mes de octubre, el tribunal, compuesto por miembros  del Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, ha juzgado los trabajos y determinado el ganador de las diferentes categorías. De esta forma, los afortunados han sido:

  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Arquitectura e Ingeniería a Carlos Palomo Rey, de la Universidad CEU San Pablo. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Desarrollo de un Sistema para el procesamiento de memorias biográficas, basado en técnicas de procesamiento de lenguaje natural: tecnología al servicio de las personas y de sus recuerdos”Dirigido por el profesor Guillermo de la Calle.  

 

  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Comunicación y Humanidades a Ramón Clemente Pérez Valientede la Universidad CEU Cardenal Herrera. Por su trabajo de fin de grado titulado: “El discurso ideológico en la radio: la moción de censura de Pedro Sánchez análisis de Hora 25 (SER) y La Linterna (COPE)”Dirigido por el profesor Yordi Pérez LLavador.

 

  • Premio Grupo Tácito en la categoría de Ciencias de la Salud a Francisco Jesús Morales Mateosde la Fundación San Pablo Andalucia CEU. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Exclusión social, Nuevas tecnologías y Educación física”. Dirigido por el profesor Zacarias Adamez García. 

 

  • Ha quedado desierto el Premio Grupo Tácito para Derecho y Economía.
El Premio dotado con 1.000 € para los alumnos ganadores y 500€ para los profesores tutores será entregado en una ceremonia, presidida por nuestro presidente, Alfonso Bullón de Mendoza, el próximo 16 de junio de 2022. Con la convocatoria de estos premios, el Instituto CEU de Estudios de la Democracia pretende estimular entre los jóvenes graduados la reflexión sobre temas relacionados con España, su realidad, sus problemas y sus posibles soluciones.

¡Enhorabuena a los premiados!

TIEMPO DE DISCERNIMIENTO

La guerra de Ucrania es una tragedia que deberíamos haber evitado y que deberemos paliar con fortaleza para que surja la paz verdadera, la de los corazones, ausente desde hace mucho. Alcanzarla nos exige un esfuerzo de discernimiento y buena voluntad.

La responsabilidad rusa en el inicio de las actuales hostilidades ha merecido el reproche inapelable por haber roto dos normas del orden liberal: la inviolabilidad territorial y la renuncia al uso de la fuerza física.  Lamentablemente pocos de los países implicados en esta guerra híbrida pueden  tirar la primera piedra porque está vivo el recuerdo de ocasiones en las cuales quienes hoy acusan han pecado de lo mismo al precio de millones de vidas y decenas de millones de refugiados. Quizás por ello la ONU no puede articular una respuesta. El Consejo de Seguridad no es operativo por el veto ruso y, en la Asamblea General, Occidente no cuenta con el apoyo suficiente. Nadie está de acuerdo con la invasión pero una amplia mayoría de la humanidad tampoco piensa que Rusia sea la única responsable.

Para que, tras la contienda,  Europa pueda vislumbrar un futuro de paz verdadera, será necesario asumir hechos olvidados en el fragor de la propaganda. La alternativa sería una Europa dividida, dependiente, un actor cada vez más pobre y secundario para otros cien años de declive. Su “cancelación” como agente relevante en el futuro de la humanidad.

Sin duda la invasión  fue una decisión rusa y suya es la responsabilidad de la misma.  Sin embargo es moralmente obligado recordar que lo que hoy vivimos tiene un hilo conductor del cual no solo Rusia es responsable.

Tras el derrumbe de la Unión Soviética y entre los acuerdos que se van desclasificando desde finales de los 90,  hoy podemos recordar las palabras de James Baker  a Gorbachov en Febrero de 1990 en Moscú: “…La OTAN es el mecanismo para asegurar la presencia de los Estados Unidos en Europa. …Entendemos que no solo para la URSS sino para otros países del este es importante tener garantías de que si Estados Unidos mantiene su presencia en Alemania en el marco de la OTAN, ni una pulgada de la actual jurisdicción militar de la OTAN se expandirá hacia el este.”

O los Pactos de Paz y Convivencia para Europa, –Carta de París– rubricados en Noviembre de 1990 por los países de Europa occidental, EEUU, Canadá y la Unión Soviética.  En ellos figuraba este párrafo: «La seguridad es indivisible y la seguridad de cada estado participante está inseparablemente vinculada a la de todos los demás”

Pese a ello, la OTAN se expandió integrando inicialmente Polonia, Chequia y Hungría de la mano de nuestro Javier Solana que sí procuró el acuerdo de Rusia. Años después, ya con la abierta oposición rusa, se incorporaron repúblicas ex soviéticas hasta llegar a Bielorrusia y Ucrania. Dos partes de la Rusia histórica y, en el caso de Ucrania occidental, también de Polonia.

Un  detalle importante que se superpone a lo anterior es que, al salir EEUU de parte de los “Tratados de no Proliferación”, la OTAN puede instalar en Europa misiles nucleares de alcance medio con lo cual el tiempo de reacción de Rusia no llega a cinco minutos. Para Rusia, como para los EEUU en su día,  esto representa un riesgo existencial inaceptable.

Como resultado de todo ello países de la órbita soviética entraron en la OTAN  mientras otros –Francia y Alemania principalmente–  se oponían a ello porque, entre otras razones, dificultaría mucho la necesaria autonomía de la UE para construir su ejército. Esta postura cedió a la presión de los EEUU que en estas cuestiones conserva  las directrices estratégicas de Mackinder para Eurasia.  Entre otras personalidades, los principales estrategas norteamericanos, Kissinger, Brzezinski y Kennan, también mostraron su oposición a esta expansión de la OTAN, Su argumento fue que dichos movimientos provocarían la reacción que ahora vivimos.

Así pues los ofrecimientos de integración en la OTAN y en la  UE continuaron hasta que un presidente electo, Yanukovich, decidió mantenerse en la esfera de cooperación con Rusia. Esto provocó el sangriento golpe de estado del 2014, la toma incruenta de Crimea por parte rusa y el levantamiento del Donbas con sus víctimas ignoradas durante ocho años hasta la reciente invasión.  El  silencio general de los medios europeos sobre las  más de 13,000 víctimas de los bombardeos ucranianos en los territorios separatistas fronterizos con Rusia ha sido sentido por la ciudadanía rusa como otra prueba del desprecio occidental ante su supuesta debilidad.

Por otra parte han surgido muy recientemente otras facetas poco conocidas por el público. Entre ellas, que la OTAN está presente en Ucrania desde 2007 bajo la cobertura de instrucción militar en la base de cuatrocientos kilómetros cuadrados bombardeada días atrás. O la controvertida red de laboratorios reconocidos el 8 de Marzo por Victoria Nuland, Subsecretaria de Estado, y la ex-congresista Tulsi Gabbard en programas de gran audiencia de Fox-News. Ambas urgiendo que no cayesen en manos rusas.

La mayor parte de la prensa occidental no ha reflejado o ha desmentido estos hechos y construye un relato que confirma que la verdad es la primera víctima de la guerra al tiempo que lentamente evidencia que alguna responsabilidad tenemos en la situación.

Ya sabemos que las sanciones van a tener para la UE un coste superior al de Rusia comenzando por los precios de todo lo relacionado con la energía. Es decir, todos los productos y toda la industria. Los ciudadanos ven que los perjudicados de este desastre  somos los europeos de a pie, rusos y ucranianos incluidos, y que los grandes beneficiados son los EEUU y una China que sabe ser ganadora gracias a errores ajenos.

Mirando hacia adelante, este tiempo debe ser de discernimiento para reconocer con humildad que la UE tiene muy graves cuestiones existenciales que se deben estudiar    con la transparencia exigible por una ciudadanía adulta. Es  hora de reflexión para salir, en positivo, de nuestra condición de protectorado en decadencia.