Los escándalos de corrupción salpican al PSOE, incluida su posible financiación ilegal, y desgraciadamente la moderación es un recuerdo desde que Rodríguez Zapatero resucitó una memoria histórica partidista que quiebra la reconciliación. También se ha roto el consenso en política exterior, en reparto de competencias autonómicas, en el nombramiento de los mejores y no de los fieles en los puestos claves del Estado: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado… Los hechos nos revelan que el estado social ha entrado en quiebra desde el momento que el impuesto a los pobres se ha disparado: la inflación. Como ha señalado un periodista: “alguien está facturando al margen de los intereses nacionales” (Pedro Rodríguez, Corrupción sin fronteras. ABC). Y, por lo que vamos conociendo, no solo es uno.

Sabemos que hay socialistas preocupados por esta situación, y que piensan que es muy necesario cambiarla. Socialistas que han sido desterrados de las instancias del poder. Ahora solo se buscan a 5 socialistas honrados que, desde su silla en el Congreso de los Diputados, puedan mostrar algo de pundonor. Es una misión casi imposible. Encontrar entre los 121 diputados del Grupo Parlamentario Socialista, a 5 que puedan levantar la mano y decir podéis contar conmigo para una moción de censura que permita desalojar la corrupción de La Moncloa. Es cierto que bastarían con 4 si todos los parlamentarios del PP, Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria votaran para echar a Pedro Sánchez, pero por si acaso, buscamos a 5, una manita. La mera amenaza de esos 5 bastaría para que convocaran elecciones generales. Claro que deben contar con las presiones que sufrirían, el arrubamiento en el grupo parlamentario… y el final de su carrera política. Lo normal es que fueran considerados como héroes por su labor a España y, a la propia regeneración socialistas.

No olvidemos que los 121 diputados socialistas fueron elegidos en el partido para que sus nombres aparecieran en las listas -cerradas y bloqueadas- del PSOE. Y fueron elegidos por su fidelidad y porque saben aplaudir bien, al líder. Aquí de nuevo nos encontramos con otra burla a la Constitución: se prohíbe el mandato imperativo en el párrafo 2º del artículo 67. Aquel propio de las Cortes Medievales en el que el representante no tenía libertad de decisión y se sometía a los dictados de quien le había elegido. Los representantes del pueblo no deben estar sometidos al mandato imperativo del partido, pero lo están. Los diputados y senadores representan a todos los españoles y no solo a quienes le han elegido o a la población de la circunscripción por la que fueron elegidos. El futuro senador de Formentera después de la recientísima reforma del artículo 69 de la Constitución, será elegido por esa isla, pero representará a todos los españoles y, esto debería enseñarse en 1º de política, junto a la frase “estoy al servicio de las personas, las personas no están a mi servicio”.

Desgraciadamente los partidos políticos se han convertido en instrumentos de control de la participación política, en contra de lo que establece la Constitución en su artículo 6: “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política”. Y qué decir con que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. La realidad es otra como ya dijo un dirigente político: “el que se mueva en un partido político, no sale en la foto”.

Los diputados y senadores se integran en un grupo parlamentario en donde la opacidad es la norma. Esperemos que en la próxima reforma de la Ley de Transparencia se incluya a los grupos parlamentarios como sujetos obligados. Ya es público lo que cobran senadores y diputados -no de forma individualizada que es lo que debería ser-, ahora queremos saber como se mueven los dineros públicos en los grupos parlamentarios, sus reglas, las sanciones… porque el grupo parlamentario se ha convertido en una superestructura opaca de control de los diputados y senadores.

Hay que otorgar verdadera libertad a los parlamentarios, porque actualmente detrás de grupo parlamentario se encuentra el Secretario General del partido que además es el Presidente del Gobierno. De esta forma el Poder Ejecutivo fagocita al Poder Legislativo, incluso aunque no sea el partido mayoritario, porque los acuerdos con otros partidos se realizan desde el gobierno, entregando no solo indultos y amnistías, también más competencias y, sobre todo, más dinero.

Cinco, con cinco sería suficiente, aunque lo normal es que todo el grupo parlamentario socialista en pleno se levante ante el Gobierno y dijera que ya basta de corrupción.

El pasado viernes 17 de abril, se celebró el acto de defensa de la Tesis doctoral «El grupo Tácito. Precursores y actores destacados de la Transición española (1973-1977)». Esta constituye la primera investigación doctoral organizada dentro del Instituto, dedicada a esta importante plataforma de pensamiento y preparación de líderes que tuvo un papel significativo durante el tardofranquismo y los primeros años del proceso transicional hacia la democracia.

La tesis tuvo la calificación de Sobresaliente y la mención honorífica «Cum Laude».

Fui evaluado por un Tribunal de lujo, presidido por Enrique Moradiellos García e integrado por Charles Powell, Manuel Alvarez Tardio, Carlos Gregorio Hernández y Ricardo Martín de la Guardia.

El acto, contó con la presencia significativa de cuatro miembros del grupo Tácito: José Manuel Otero Novas, Marcelino Oreja Aguirre, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y Oscar Alzaga Villamill, los cuáles constituyen una memoria viva de la historia contemporánea de España.

Estuvieron presentes también destacados miembros destacados del Aula Política del Instituto y María Jesús Lago y Elena Cebrián, directoras del Centro de Estudios de la Transición y del Observatorio Religión y Sociedad, respectivamente.

Fueron directores de esta tesis Pablo González-Pola de la Granja y Armando Zerolo Durán.

En España los escándalos pueden dar lugar a reformas legislativas acertadas como ocurrió el 30 de marzo de 2015 con el Código Penal cuando, aunque con técnica imperfecta, se introdujeron delitos de financiación ilegal de los partidos políticos (art. 304 bis y ter CP). No solía ocurrir, sin embargo, que leyes desacertadas y también de técnica imperfecta provocasen escándalos, como el que acaba de suscitar la Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, reguladora de la eutanasia (LORE).

Los avances de la medicina permiten mantener la vida, aunque existan daños irreversibles en la salud, lo que ha dado una nueva dimensión a la frontera entre la vida y la muerte. Los defensores de la eutanasia activa en los Países Bajos, Bélgica o España se fundan en el llamado «derecho a una muerte digna»: La dignidad humana autorizaría a cortar una vida (esto es: a matar) si se padece un gran sufrimiento, porque la vida no se reputa una vida digna en ese caso.

Nosotros consideramos, desde las antípodas de tal pensamiento, que la dignidad humana obliga por el contrario a respetar la vida de todo ser humano desde su concepción hasta sus límites naturales. Creemos que los cuidados paliativos atenúan el sufrimiento sin necesidad de matar al enfermo. Muchos Estatutos de Autonomía recogen el derecho a los cuidados paliativos que, sin embargo, han pasado al olvido desde que el Tribunal Constitucional ha avalado la eutanasia activa como un nuevo derecho que considera fundamental. Sin embargo, no existe ningún Convenio internacional en materia de derechos humanos que reconozca el derecho a la eutanasia; el TEDH en el caso Daniel Karsai contra Hungría, de 13 de junio de 2024, niega que el artículo 8 del CEDH autorice la petición de eutanasia activa de un paciente de ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Pese a todo, el TC ha creado ese derecho individual a recibir la muerte por eutanasia en dos sentencias tan benévolas (SSTC 19/2023, de 22 de marzo y 94/2023, de 12 de septiembre) que han validado la LORE en todos y cada uno de sus discutibles puntos.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España¹ tiene publicitado para todos en Internet1 lo que llama «El Manual de buenas prácticas» en materia de eutanasia o de aplicar la llamada «prestación de ayuda para morir». Lo justifica en la Disposición adicional 6ª de la LORE pero ni en esa ni en ninguna otra disposición de la LORE se autoriza para hacer públicos, para todos y no para el personal especializado, datos de la delicadeza de los que trata, como cuáles son los medicamentos que recomienda para la eutanasia activa, cuáles las dosis adecuadas para matar, cómo se administran (Anexo 2 y apartado 5) o lamentar profundamente que en España no existan comercializados medicamentos inductores del coma, para aportar a continuación las fórmulas magistrales para elaborarlos “aunque para prevenir errores de medicación y facilitar la administración se podrían elaborar kits con los medicamentos a utilizar ” (sic).

Tenemos en vigor la eutanasia (activa y pasiva) desde junio de 2021, pero se aplicó recientemente a una joven de 25 años, que no era un enfermo terminal y tenía una expectativa de supervivencia larga. Las consecuencias del escándalo se van apagando en la prensa, pero resurgen en las conciencias. La eutanasia no se aplica solo en España a enfermos terminales sin esperanza de vida El caso reciente de esa joven, prescindiendo por completo de sus detalles, no ha sido único. En el año 2023 pidieron la eutanasia 7 personas de menos de 30 años; en el año 2024 fueron 10. ¿Qué enfermedades de base tenían? Los informes del Ministerio de Sanidad no lo detallan.

El derecho a vivir no comprende, ni aún después de la aprobación de la Ley de eutanasia, el derecho al suicidio, como ya repitió nuestro Tribunal Constitucional, desde los casos de huelgas de hambre de presos (SSTC 120/1990, FJ 7 y Fallo; 137/1990 FJ 5 f y Fallo y 11/1991, FFJJ 2 y Fallo). Por eso no sólo son actos lícitos sino actos de verdadero heroísmo, que se recogen en la prensa, los de varios agentes de policía que resultaron heridos en Galicia, pero evitaron el suicidio de varias personas. Pero el escándalo en el caso que se acaba de referir ha surgido porque la LORE es harto imprecisa en la definición de su ámbito de aplicación objetivo, al que llama en forma eufemística «contexto eutanásico».

No hay un derecho ilimitado a la eutanasia, por lo que la delimitación del contexto eutanásico, en el que matar no es homicidio, es el único mecanismo de protección de la vida que resta cuando hay eutanasia, y debe ser precisado al máximo. No se puede determinar ni en la LORE ni en los informes fríos, burocráticos y poco transparentes del Ministerio de Sanidad si las discapacidades intelectuales encajan en la eutanasia, como ya han aceptado algunas sentencias en España. El FJ 6 d) de la STC 19/2023 parece querer decir lo contrario, pero las sentencias del Constitucional carecen toda utilidad porque ni son sentencias técnicamente interpretativas, ni la supuesta restricción se lleva al fallo.

Conforme al artículo 5.2 de la LORE, pueden recibir la eutanasia personas vulnerables que no la han solicitado formalmente porque no se encuentran en el pleno uso de sus facultades y que por su estado clínico hace difícil comprobar la firmeza y grado de conciencia de su intención; en esos casos es suficiente que hayan formulado, incluso muchos años antes, un documento de instrucciones previas o de testamento vital —38 casos en el año 2024— El riesgo esencial de la eutanasia es que no sea voluntaria, que afecte a personas vulnerables o que nos introduzca en una pendiente resbaladiza (Alvarez Gálvez, Baquero Sánchez), en la que pueden florecer espurios conflictos de intereses, lo que nos exige modificar la LORE en forma inmediata, para corregir su grave indeterminación. A ella se acompaña un déficit muy grave de tutela judicial en la LORE, que está paliando nuestra práctica jurisprudencial.

No podemos aceptar ética y legalmente que en España hayan sido siempre enfermedades neurológicas— sin precisar—las que han justificado en mayor número el acceso a la eutanasia, porque, aunque se cumplan, los demás requisitos que exigen los artículos 3 b) y 3c) de la LORE, son vagos e imprecisos. Aunque haya enfermedades serias e incurables de base, las pocas expectativas de vivir de un enfermo no se establecen como un requisito objetivo.

Pacientes con enfermedades crónicas y largas expectativas de vida también son elegibles para la eutanasia. No podemos tolerar que España se deslice hacia la eugenesia de las personas discapacitadas ¿Nos deslizamos hacia las vidas indignas de ser vividas, como en la Alemania nazi?

Nota:

¹ Ministerio de Sanidad del Gobierno de España “Manual de buenas prácticas en Eutanasia” (Ley orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia acceso día 11/04/2026)

La conferencia “Los servicios de inteligencia: una necesidad para la pervivencia de los estados”, fue impartida por la socióloga Maricruz Suárez Riguero el pasado miércoles 15 de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San pablo. Fue una colaboración entre el Aula Joven del Instituto CEU de Estudio de la Democacia y AVESIE. La ponente explicó de forma clara por qué la inteligencia es clave para cualquier Estado, apoyándose en sus décadas de experiencia en el sector.

Es así como desde el inicio dejó una idea central: sin información, un gobierno no puede tomar buenas decisiones. Explicó que los Estados necesitan conocer bien su entorno si quieren garantizar su seguridad y su progreso. No se trata solo de evitar amenazas, sino también de anticiparse y aprovechar oportunidades.

Uno de los aspectos más interesantes fue cómo desmontó la imagen típica del espionaje. Lejos de películas y estereotipos, explicó que la inteligencia es un proceso bastante lógico: alguien fija qué información se necesita, se busca, se analiza y se entrega al gobernante. Un proceso que parece sencillo, pero que en realidad exige rapidez, criterio y, sobre todo, fiabilidad.

También destacó la variedad de métodos y perfiles que existen dentro de los servicios de inteligencia. No todo depende de agentes sobre el terreno: hay tecnología, análisis de señales, imágenes y especialistas de todo tipo. En este sentido, insistió en que se necesitan profesionales muy diversos, desde lingüistas hasta ingenieros.

Uno de los momentos más importantes fue cuando recordó a los ocho agentes españoles fallecidos en Irak en 2003. Muchos alumnos desconocían este hecho, y ese instante sirvió para ponerle foco al lado más humano y duro de este trabajo, que a menudo se desarrolla en el anonimato.

A su vez, la ponente también explicó cómo se organiza la inteligencia en España, con el CNI como eje principal, pero en coordinación con otros organismos. Además, subrayó la importancia de la cooperación internacional: los servicios europeos colaboran entre sí, aunque más por intereses compartidos que por una amistad real, ya que esas relaciones pueden cambiar.

Finalmente, se dirigió a los jóvenes con un mensaje directo: quienes estén interesados en este ámbito deben prepararse bien, especialmente en idiomas, y entender que se trata de una profesión exigente, pero fundamental. En conjunto, la conferencia ofreció una visión clara y cercana de los servicios de inteligencia, alejándolos del mito y mostrando su verdadera importancia en el mundo actual.

ABORTO Y FRAUDE CONSTITUCIONAL

Cuando se despenalizó el aborto en España el año 1985, advirtió Julián Marías que era lo más grave que había acontecido en el siglo veinte. Lo más grave sucedido en el siglo veintiuno ha sido convertirlo el año 2010 en un derecho garantizado por el Estado, configurándolo como una prestación gratuita del sistema sanitario público. En 2026 se propone ir más allá con un anteproyecto de reforma constitucional, que pretende incorporar el derecho al aborto en la Constitución. Se plantea añadir un nuevo apartado 4 al artículo 43, que de hecho consagraría constitucionalmente el derecho al aborto, pues obligaría a los poderes públicos a garantizar su prestación. El Consejo de Estado ha avalado este anteproyecto, pero cuestiona el artículo elegido. Y el voto particular de Miguel Herrero se opone a esta reforma, al entender que el Ejecutivo está cometiendo un fraude a la Constitución.

Esto plantea cuestiones de fondo y de forma. Aquellas se refieren a la vida humana. Como todo lo grande, nuestra vida comienza siendo muy pequeña, ya que empieza con una célula fruto de la fusión del espermatozoide y del óvulo a la que llamamos cigoto, célula que en su ADN ya contiene la información necesaria, a modo de un programa informático, para crecer y desarrollarse por sí misma como individuo de la especie humana. Es sorprendente, pero el cigoto es claramente ya un ser humano distinto de sus padres, pues tiene su propio ADN, sus 46 cromosomas son suyos, propios, irrepetibles, es como si tuviera un código de barras único y exclusivo que le hace ser él y no una célula de su madre. Por eso según la ley ya puede heredar y recibir donaciones, puede incluso comparecer en juicio, si quisiéramos podríamos celebrar nuestro primer cumpleaños desde que el cigoto comenzó a vivir.

Ese jovencísimo individuo de nuestra querida especie humana que es el cigoto es muy dinámico y sabio, pues conoce todos los trucos del oficio para crecer y desarrollarse, no en teoría, sino como Pedro, Juan o María. La razón es clara: mediante la división celular va creciendo y construyéndose como un hombre que tendrá billones de células, todas con el mismo ADN en una identidad biológica mantenida, y ese programa de vida está en esa primera célula, las demás, al especializarse para hacer pelo, uñas, neuronas, etcétera, van perdiendo información y se hacen más tontas. El sabio cigoto, bien agarrado al útero de su madre y siguiendo el calendario propio y preciso inscrito en sus genes, mediante la división celular comienza la estructuración de nuestros órganos, tejidos y sistemas. Se forma el corazón, que ya late en la semana tercera, y el cerebro, que en la quinta ya tiene sus cinco partes, y aparecen los bronquios, las extremidades, los ojos, los oídos… llegamos al final de la octava semana, en la que si tuviéramos el niño en el puño cerrado nadie se daría cuenta, pero si abriésemos la mano verían un hombrecito del tamaño de un pulgar, con sus manos, con sus dedos en las manos y en los pies, con su pequeño cerebro, con todo ahí, que si lo dejamos seguirá creciendo: es un embrión de un hombre, no de un gorila ni de un chimpancé. A partir de esas ocho semanas le llamamos feto, y crece y crece. A las catorce semanas ya no podemos esconderlo dentro del puño, pues tiene el tamaño de nuestra mano, y en la semana veintidós puede vivir fuera de su madre con los cuidados adecuados. Empieza a oír, los ojos se tornan sensibles, aumenta de peso, y después de 38 semanas de vida intrauterina ocurre un hecho incomparable: el nacimiento del niño, que comienza su vida extrauterina.

¿Tiene sentido considerar derecho constitucional matar seres humanos como estos? ¿Es lógico y humano que el Estado lo sufrague, ampare y haga efectivo? Admitirlo supone que el útero materno se convierte en un lugar potencialmente letal para el concebido, constitucionaliza un gran holocausto en el sentido propio del término, que significa «todo quemado». Millones de inocentes son eliminados, según cifras dadas por el Ministerio de Sanidad desde 1985 hasta 2017 se llevaron a cabo en España por el método quirúrgico 2.188.776 abortos legales amparados por el Estado, una cifra superior a la población de Navarra, La Rioja y Cantabria juntas, y a la de Aragón. Cada año hay en España unos cien mil abortos, lo que supone eliminar a un ser humano cada 5 minutos, 12 cada hora y 275 al día… son cifras sobrecogedoras. Cada año se practican en los Estados Unidos más de un millón seiscientos mil abortos, y en todo el Mundo no se sabe exactamente, pero informes de la ONU estiman que se realizan unos 56 millones de abortos (contando los legales y los no legales), más que la población de España… ¿No es esto un gran holocausto?

Veamos ahora las cuestiones de forma, cuyas consecuencias son muy peligrosas. En un Estado de Derecho como el español, el propio Derecho regula la forma de llevar a cabo las reformas constitucionales. La Constitución española diferencia entre una reforma ordinaria que puede llevarse a cabo por el poder constituido, las Cortes Generales, si bien con mayorías reforzadas y con posibilidad de referéndum (artículos 166 y 167). Es la que se aplicaría a su artículo 44, sobre protección de la salud. Y una reforma que afecte a los pilares esenciales del régimen, como los derechos fundamentales, el primero de los cuales es el derecho a la vida del artículo 15. En estos supuestos hay que acudir al poder constituyente que es el pueblo español, disolviendo las Cámaras, llevando a cabo nuevas elecciones y sometiendo siempre la reforma a referéndum (artículo 168 de la Constitución).

Pues bien, la elección del artículo 43 está vinculada a la mayor facilidad del procedimiento de reforma del artículo 167, que no exige la disolución de las Cortes Generales. Pero el objeto del cambio propuesto es el derecho a la vida del artículo 15, por lo que sería preciso seguir el cauce del procedimiento agravado. Lo cual supone dos cosas: En primer lugar fraude constitucional. Lo hay porque se ignora el principio de legalidad y se hurta al pueblo español su soberanía, ya que para cambiar preceptos que afectan a sus libertades el artículo 168 ordena acudir a él (con elecciones a nuevas Cortes y referéndum). En segundo lugar, esta reforma sentaría un peligroso precedente, ya que con ella se reformarían los derechos fundamentales por la puerta de atrás, eludiendo el procedimiento agravado que exige la propia Carta Magna; y esto abriría la puerta a que el legislador pueda recurrir en adelante a esta vía para cambiar el texto de la Constitución a su antojo. Si no queremos estar sujetos a la violencia del poder, el único camino es cumplir la Constitución sin fraudes, también para reformarla.

El Aula Política Joven del Instituto CEU de Estudios de la Democracia visitó el 18 de marzo, el Congreso de los Diputados de la mano de tres representantes de VOX.
Agradecidos a Jacobo Robatto (Granada), Carina Mejías (Barcelona) y Pepe Alcaraz (Jaén) por organizarlo este encuentro y por hacerlo realidad.
Nuestros jóvenes no saben qué es ETA y qué precio tuvimos que pagar los españoles para derrotarlo en el ámbito policial y judicial, qué flecos sueltos quedan aún por resolver o qué futuro les espera a sus representantes en las actuales instituciones.
Por otro lado, entender bien el entorno internacional ayuda a calibrar mejor en qué situación nos encontramos ahora con respecto al terrorismo.
Justo el dia de San José, pudimos ver el ejemplar de la Pepa que expone el Congreso. Una feliz coincidencia.

El pasado 18 de febrero, se realizó una sesión del Aula Joven con la participación del Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, D. Héctor F. Izquierdo Triana.  El comisionado tiene la misión de impulsar la ejecución de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado en esta materia e impulsar la coordinación de la Administración General del Estado con las administraciones públicas canarias. Sobre estas tareas estuvo debatiendo con los jóvenes participantes en esta Aula Joven. Sobre el estado actual de la isla, el comisionado destacó que como muchos palmeros cree que la Isla se encuentra ante un momento crítico en su historia y que sobre esta catástrofe natural sin parangón, la Isla debe renacer con más fuerza y convertirlo en un punto de inflexión de crecimiento y prosperidad para sus habitantes.

Se expresó que desde el Gobierno de España se han movilizado ayudas por un importe equivalente a 470,2 millones de euros, que corresponde al 80% del total de los 591 millones de euros previstos en ayudas y transferencias. La Comunidad Autónoma de Canarias ha movilizado 92,95 millones de euros. El Cabildo de la Palma ha activado 80 millones de euros de su presupuesto para la emergencia volcánica y el apoyo a los ayuntamientos en la emergencia social. En total, el conjunto de medidas articuladas por las administraciones ha beneficiado a más de 24.000 familias, empresas y agricultores.

Arnold Toynbee nos advertía en su extensa obra, hoy casi olvidada, de que los declives civilizatorios eran inducidos por élites parasitarias y que éstas recurrían invariablemente a reemplazar sus poblaciones originarias por otras que les parecían más manejables. No hace falta ser muy perspicaz para ver que esta sustitución está ya muy avanzada en Europa.

Vivimos hoy en el cuarto año de la guerra en Ucrania. Una guerra predecible desde el golpe de estado del “Maidan” de 2014 . Hoy sabemos que aquel golpe fue una operación de “cambio de régimen” financiada con 5.000 M$ y dirigida por Victoria Nuland; por entonces la responsable de Europa en el Departamento de Estado. El resultado fue el derribo de Yanukovich, la anexión de Crimea por Rusia y la rebelión de Donetsk y Lugansk a los que el nuevo régimen de Kiev pretendió integrar con la desaparición de la lengua rusa. Tras ocho años de bombardeos y 14.000 civiles muertos entre la población rusófona, Moscú y Kiev llegaron a un “acuerdo” en Marzo del 22. Aquel “preacuerdo de Estambul” fue bloqueado por Boris Johnson y el presidente Biden que prometieron a Zelensky el célebre “whatever it takes”. Desde entonces, más de 6.000 empresas occidentales han paralizado sus operaciones en Rusia, se han cortado todos los vuelos, se han bloqueado canales televisivos y decretado 19 rondas de sanciones a Rusia.

Javier Solana, hombre de probada sabiduría, aclaró en Marzo del 2022 que el coste de dichas sanciones sería para nosotros “tres veces” el de los rusos. Realmente se quedó corto.

Con todo, el resultado más grave para la UE es el coste de la energía. La gran debilidad de una Europa que usa la energía como instrumento de recaudación fiscal en vez de como fortaleza de su industria. La voladura del Nord Stream y el final de las compras de gas a Rusia —hoy sustituido por gas natural de los EEUU a más de tres veces el precio — están destruyendo a gran velocidad la industria de la UE. En consecuencia llevamos ya varios años con industrias europeas dislocándose a China y a los EEUU. Caso de BMW a Carolina del Norte o de una VW en recesión fabril en Europa también debida a una miope regulación de Bruselas.

El resultado es un 1% mensual de reducción de exportaciones industriales de Alemania. Un declive que en vano se trata de compensar con producción de armamento y que realmente pone en cuestión las prioridades del liderazgo europeo.

A su vez la guerra de Ucrania es fruto de lo sucedido desde la reunificación Alemana. Una reunificación aceptada por Rusia por la promesa occidental, luego incumplida, de no “mover” la OTAN hacia el Este. Hoy, los análisis más asépticos de la guerra en Ucrania nos hablan de una victoria rusa en ciernes y una retirada parcial de los EEUU mientras la UE se prepara para enfrentarse a Rusia “en 2029” y Trump opta por limitarse a ser proveedor de armamento.

Las decisiones tomadas por la UE en relación a esta guerra, desde las numerosas rondas de sanciones a la amenaza de apropiarse de los fondos soberanos rusos o al fin de las compras energéticas a Rusia, han ido en detrimento de los ciudadanos europeos y de la reputación de la UE. La puntilla es la paulatina destrucción de nuestra industria por los aranceles asimétricos de Trump que obligan a la industria europea a trasladarse a los EEUU. Fabricamos allí lo que luego importamos. Por todo ello, no pocos europeos se ven forzados a cuestionarse la sensatez de la incorporación a la UE y al Euro. Una UE que pasa del 30% del PIB global a menos del 14% y que proyecta una caída al 9% para 2040.

Todo ello sucede olvidando que llevamos 30 años acercando las armas de la OTAN a Rusia —y devaluando nuestra credibilidad con aquella promesa del “not one inch” hacia el Este. Como si no supiésemos que la credibilidad se construye gota a gota y se pierde a chorros. Nuestro recordado Dalmacio Negro, quizás el más hondo intelectual europeo de las últimas décadas, solía decir que la cúpula de Bruselas era un entorno con pulsiones, políticas y actos de naturaleza “soviética”.

Los ejemplos son frecuentes: intromisiones en la privacidad y libertad de expresión, el euro digital, censuras varias y hasta sanciones fuera del circuito judicial. España y otros cuatro países están hoy ante el TJUE por no implantar censura y vigilancia en las redes como desea Bruselas.

Vemos pues que desde una organización no elegida por los ciudadanos surgen leyes restrictivas de las libertades –como la Ley de Servicios Digitales. Es necesario no olvidar el decálogo de libertades expuestas hace pocas semanas por el vicepresidente Vance sobre la necesidad estratégica de un entorno de expresión libre. Y tampoco debemos olvidar el gesto airado de los mandatarios europeos al oírlo. Mientras tanto, Thierry Breton, el ex Comisario impulsor de esta Ley totalitaria, acaba de ver la suspensión de su visado para entrar en EEUU. Una ruptura moral muy importante.

Las reflexiones anteriores nos llevan a plantearnos algunas cuestiones.

La primera… ¿es la UE viable?

1. Tenemos un nivel adicional de gobierno y unos costes estructurales que no tiene ninguno de nuestros competidores. Por si no bastase, la Comisión se centra en su papel regulador. Otra lacra. El reciente fiasco de la IA habría hecho las delicias de Unamuno. EEUU y China desarrollan, nosotros… regulamos.

2. Tenemos los más altos costes fiscales del globo que lastran cualquier producción. El desglose de costes de cualquier producto europeo nos dice que el 65/70% de ellos son impuestos. Al menos un 20% más que EEUU o Japón. Y ello sin hablar del enorme diferencial de coste energético.

3. La UE está a la cola tecnológica de los grandes bloques globales. Según la OMPI (ONU), la UE genera menos Patentes y Procedimientos Registrables que Corea del Sur. China produce ya un 40% de la propiedad intelectual global, EEUU el 20%, Japón un 10%, Corea un 6.7% y… Europa un 5.7%.

La segunda cuestión tiene que ver con lo que decía Dalmacio Negro acerca de las tendencias de la Comisión. Su propensión al control y a la creación de entornos destructivos de la privacidad ciudadana. Con el agravante de que hoy día, el Estado sí dispone de los medios tecnológicos para la vigilancia de cada instante de la vida de sus ciudadanos.

El tercer asunto está relacionado con el último libro de la Democracia en América de Tocqueville, “Le despotisme démocratique”. El final de esta etapa de nuestro sistema es el empobrecimiento y el despotismo que estamos viendo crecer.

Europa busca borrar sus raíces cristianas sin apenas encontrar resistencia. En los acuerdos de Lisboa se elevó la masonería al rango de una religión y la izquierda gramsciana –Laclau y Mouffe– ha renovado los esfuerzos para “cancelar” nuestra cultura. Desde la propia Comisión europea se viene promoviendo dicha cancelación.

Hace muchos años, en reuniones sobre temas estratégicos en los EEUU, escuché por primera vez la palabra “Eurabia”. Hoy vemos que la islamización europea es rápida y financiada por nuestras propias instituciones.

La UE a comienzos de 2026. Una perspectiva y cuatro reflexiones.

Por: Ramón Estévez.

Pocas dudas quedan de que el futuro europeo no es brillante. Sabemos que las responsabilidades son, fundamentalmente, nuestras. Entender las causas es el primer paso para alterar el rumbo en la dirección del progreso humano y material de una Europa milenaria.

Vivimos hoy eventos nacidos  desde la reunificación de Alemania en 1991. El más grave es la guerra en Ucrania. Una guerra predecible  desde el golpe de estado de 2014. Hoy, desde el regreso del presidente Trump, sabemos que aquello fue otra operación de “cambio de régimen” financiada con 5.000 M$ de USAID dirigida por Victoria Nuland; la responsable de Europa en el Departamento de Estado. El resultado del derribo de Yanukovich fue la anexión incruenta de Crimea por Rusia y la rebelión de Donetsk y Lugansk a los que el nuevo régimen de Kiev pretendió integrar en su proyecto nacionalista con la desaparición oficial de la lengua rusa y de la religión ortodoxa.  Tras ocho años de bombardeos  y 14.000 civiles muertos, Rusia entra hasta Kiev y logra un “acuerdo” en Marzo del 22.

Aquel “preacuerdo de Estambul” fue exitosamente bloqueado por Inglaterra y los EEUU de la mano de Boris Johnson y el presidente Biden. Prometieron a Zelensky el célebre  “whatever it takes” y hoy vemos que Zaporiyia y Jerson, tras los correspondientes plebiscitos, se incorporan a la Federación Rusa.

Desde entonces, más de 6.000 empresas occidentales  han paralizado sus operaciones en Rusia, se han cortado los vuelos y comunicaciones terrestres, se han bloqueado canales televisivos y decretado  19 rondas de sanciones a Rusia.

Javier Solana aclaró en Madrid, el 7-3-22, que el coste de dichas sanciones sería para nosotros “tres veces” el de los rusos. Realmente se ha quedado corto. Rusia sigue creciendo en torno al 4% mientras la UE ronda con dificultad el 1%.

Con todo, el resultado más serio para la UE es el coste de la energía. La voladura del Nord Stream y el final de las compras de gas a Rusia —hoy sustituido por GNL de los EEUU a más de tres veces al precio anterior  y sin contar los costes logísticos y de procesamiento asociados— están destruyendo la industria de la UE.

Llevamos así varios años con industrias alemanas dislocándose a China y a los EEUU. Caso de BMW a Carolina del Norte o de una VW casi en desaparición fabril en Europa también por una regulación hiperventilada. El resultado es un 1% mensual de reducción de exportaciones industriales de Alemania. Cada mes de 2025. El declive se trata de compensar  con mayor producción militar.

La guerra de Ucrania es fruto de lo sucedido desde la reunificación Alemana aceptada en su día por Rusia por la promesa occidental, luego incumplida, de no mover la OTAN hacia el Este. La mayor parte de los análisis de la guerra en Ucrania nos hablan de una victoria rusa en ciernes y una retirada parcial de los EEUU mientras la UE se prepara  para enfrentarse a Rusia en 2029 y el presidente Trump opta por ser proveedor de armamento y de inteligencia.

Las decisiones tomadas por la UE en relación a esta guerra, desde las 19 rondas de sanciones a la reciente amenaza de apropiarse de los fondos soberanos rusos depositados en Bélgica o a la cancelación de las compras energéticas a Rusia, han ido en detrimento de los ciudadanos europeos y de la reputación de la UE.

La puntilla es la paulatina destrucción de nuestra industria por los aranceles asimétricos que obligan a la industria europea a trasladarse a los EEUU. Fabricamos allí lo que luego importamos.

Por todo ello, no pocos europeos comienzan a cuestionarse tanto la incorporación a la UE como al Euro.

En el caso de España, hemos pasado al puesto decimo quinto en el ranking económico desde el noveno que en su día ostentamos. La UE pasa del 30%  del PIB global a menos del 14% y se proyecta una caída al 9% a quince años vista.

Todo ello sucede como en un lapsus  freudiano olvidando que  llevamos 30 años acercando a Rusia “nuestra OTAN” —y devaluando nuestra palabra con   aquella promesa de “not one inch” hacia el Este. Como si no supiésemos que la   credibilidad se construye gota a gota y se  pierde a chorros. Quizás sea tiempo de preguntarnos si el viaje valió la pena.

Nuestro recordado Dalmacio Negro solía decir que la cúpula de Bruselas era un entorno con pulsiones, políticas y actos de naturaleza “soviética”. Los ejemplos son  frecuentes: intromisiones en la privacidad y libertad de expresión, el euro digital, censuras varias y hasta sanciones fuera del circuito judicial. España y otros cuatro países están ante el TJUE por no implantar censura y vigilancia en las redes.

Vemos pues que desde una organización elegida por dos o tres partidos y países, nacen Leyes restrictivas de las libertades –como la Ley de Servicios Digitales frontalmente rechazada por la Administración de los EEUU como una intromisión en las libertades de los usuarios de sus grandes corporaciones y de estas mismas.

Recordemos el decálogo de libertades  expuestas por el vicepresidente Vance sobre la necesidad estratégica y estructural de un entorno libre sin fisuras. Y recordemos también  el gesto airado de los mandatarios europeos al oírlas.

Mientras tanto, Thierry Breton, el ex Comisario impulsor de esta Ley, acaba de ver la suspensión de su visado para entrar en EEUU.

Las reflexiones anteriores nos llevan a plantarnos algunas cuestiones.

La primera… ¿es la UE viable? Veamos:

1. Tenemos un nivel adicional de gobierno y unos costes estructurales que no tiene ninguno de nuestros competidores. La Comisión se centra en su papel Regulador. El reciente fiasco de la IA habría hecho las delicias de Unamuno. EEUU y China desarrollan, nosotros regulamos.
2. Los más altos costes fiscales del globo que lastran cualquier producción. El desglose de costes de cualquier producto europeo nos dice que el 65/70% de ellos son impuestos. Al menos un 20% más que EEUU o Japón. Y ello sin hablar del enorme diferencial de coste energético.
3. La UE está a la cola tecnológica de los grandes bloques globales. Según la OMPI, la UE genera menos Patentes y Procedimientos Registrables que Corea del Sur. China produce ya un 40% de la propiedad intelectual global, EEUU cerca del 20%, Japón un 10%, Corea un 6.7% y… Europa un 5.7%. Caros y a la cola tecnológica.

La segunda cuestión tiene que ver con lo que decía Dalmacio Negro acerca de las tendencias de la Comisión. Su propensión al control y a la creación de entornos destructivos de la privacidad ciudadana. Con el agravante de que hoy día, el Estado sí dispone de los medios tecnológicos para el  control total de cada instante de la vida de sus ciudadanos. Esto, ni es democracia ni permite hablar de libertad. Súbditos vigilados.

El tercer asunto está relacionado con el  último libro de la Democracia en América de Tocqueville.  Setenta páginas sobre “Le despotisme démocratique”. El final de este sistema según dicha obra es el empobrecimiento colectivo y el despotismo que estamos viendo crecer. La pauperización está servida por reducción de parte importante de la razón de nuestra prosperidad: la libertad individual.

Por último una reflexión sin duda compartida.

Europa ha borrado sus raíces cristianas sin apenas encontrar resistencia. En Lisboa se elevó la masonería al rango de religión y la izquierda gramsciana –Laclau y Mouffe– ha renovado los esfuerzos para “cancelar” nuestra cultura.

Desde la propia Comisión europea se viene promoviendo la cancelación de la cultura cristiana. Estamos viendo la transformación de la Navidad en festejo multicultural sin raíces. Hace muchos años, en reuniones sobre temas estratégicos en los EEUU, escuché la palabra “Eurabia”.  Hoy vemos que la islamización europea es rápida y  financiada por nuestras instituciones.

¿Cuánto de ello es casual y cuánto diseño?

Arnold Toynbee nos advertía en su extensa obra, hoy casi olvidada, que en los declives civilizatorios inducidos por élites parasitarias, éstas recurrían invariablemente a reemplazar su poblaciones originarias por otras que les parecían más manejables. Alguien no está interesado en nuestra supervivencia cultural y, lamentablemente, no tiene oposición.

Tres años sin presupuestos

En diciembre de 2022 se aprobaron los presupuestos anuales que actualmente, en 2026, están en vigor. No se han aprobado más desde hace tres años. España es el único país de la Unión Europea que mantiene presupuestos obsoletos. Algunos, como Francia, Alemania y Bélgica, aprobaron con meses de retraso, sus presupuestos del 2025, prorrogando durante ese periodo los del 2024. En Francia, provocando la dimisión de varios gobiernos. Pero, nosotros estemos todos tranquilos, normalidad nos dicen.

Una sociedad necesita del buen gobierno. Esto significa, en gran medida, conocer y acordar sus ingresos y gastos; lo que al ciudadano se le va a exigir y cómo se va a utilizar. Estos, que llamamos Presupuestos Generales del Estado, son imprescindibles para un gobierno que funcione bien. Sin ellos, el primer paso de su ejercicio como ejecutivo no está dado. Sin presupuestos aprobados un gobierno debe dimitir.

En primer lugar, el parlamento ha tenido una de sus fundamentales razones de ser, en la aprobación de impuestos para cubrir los gastos en los que se embarcaba el reino. Desde el inicio del parlamentarismo, las Cortes de León de 1188, en sus Decreta, ya establecen las garantías necesarias para la fijación de los impuestos. A lo largo del tiempo, las cortes y parlamentos, de forma continua y permanente, mantienen la misión de fiscalizar los impuestos o ingresos del reino y la adecuación de los gastos que los requieren. Es decir, la historia nos señala, cómo las sociedades y los ciudadanos buscan conocer qué se les exige y para qué, suponiendo en muchos casos desacuerdos y enfrentamientos, dada su importancia y consecuencias. Siempre se ha apreciado al buen administrador, y para evitar el daño que producen los malos administradores se les ha pedido rendir cuentas o por lo menos validar los criterios que usarán en su gestión. El presupuesto anual, que es donde se recoge hoy esta inquietud y necesidad, lleva consigo un escrutinio necesario y sano para el buen orden social. Por ello, es imprescindible aprobar regularmente unos presupuestos y controlar así a los gobiernos.

En segundo lugar, existe en España, como en otros países, una obligación de tener unos Presupuestos Generales del Estado aprobados. La Constitución recoge esa obligación. Deben ser presentados antes del 1 de octubre del año anterior. No deja de ser más que sentido común que un gobierno, con tiempo, presente su propuesta para que se puedan sopesar y aprobar antes de que empiece el ejercicio. Es una anormalidad jurídica y política no tener los presupuestos validados antes de finalizar el año precedente. Que la Constitución recoja la prórroga automática no deja de ser una previsión para que, aún iniciado el año y de forma extraordinaria, se apruebe el presupuesto. No es un comodín para no presentar, ni aprobar los presupuestos legalmente exigidos. Es una anomalía política grave prorrogar presupuestos de varios ejercicios anteriores.

En tercer lugar, la economía de un país necesita conocer cuáles serán los ingresos y gastos previstos. Por un lado, da una necesaria imagen exterior de país serio; por otro, supone controlar el exceso de gasto o el desvío del mismo. No ya las empresas, grandes o pequeñas, también cualquier familia, en función de sus ingresos y gastos previstos, modula, en la medida de lo posible los mismos, y lo intenta hacer con antelación. El presupuesto supone la correa adecuada de transmisión financiera de las políticas de un gobierno. El peso del presupuesto público en la economía nacional es tan elevado que repercute fuertemente de forma directa en todos los actores económicos, y en todos los ciudadanos. El gasto público desmedido ha convertido a los estados en hiedras insaciables que tienden a justificarse a sí mismas, lo que eleva la importancia de su restricción. Sin presupuesto, el funcionamiento gubernamental no puede ser el correcto y repercute negativamente en todos. Y, lo que es peor, hace desvanecer su control y transparencia, facilitando prácticas no deseables.

¿Podría existir una justificación a la no presentación de presupuestos? Una justificación sería que los nacionalistas no se llevarían su botín en la habitual subasta de exigencias en la negociación de presupuestos; y, otra, preguntarse para qué dimitir si la situación volverá a repetirse después de las elecciones, generando aún más inestabilidad. Es cierto, que el  imperfecto mecanismo de aprobación de los presupuestos otorga una enorme ventaja a las minorías nacionalistas. Esto ha sido estudiado por foros de prestigio y existen propuestas técnicas que pueden reconducirlo en adelante. Sin embargo, las dos justificaciones no dejan de ser una excusa para no cumplir la Ley. Que los fines señalados nos pudieran parecer buenos, no implica que el medio, en este caso el incumplimiento de una obligación legal, sea admisible. Si aceptamos, que el Gobierno pueda saltarse una obligación, porque lo considere mejor, dónde queda el control de lo que puede hacer. ¿Y quién es un gobierno para decidir sobre la bondad o no de la necesidad de aprobar unos presupuestos?

La falta reiterada de presupuestos es una desviación muy seria en el funcionamiento de la democracia española en 2026. Que se acepte, es preocupante. Los presupuestos son uno de los pilares que legitiman que un ejecutivo pueda gobernar. Carecer de presupuestos, desde diciembre 2022, y mantenerse en el gobierno es una negligencia grave; además, una falta de compromiso mínimo con el ciudadano español, que no lo debería permitir.