Aunque el título lo sugiere, al ser la traducción española de un western, no vamos a hablar de cine. Y eso que lo que estamos viviendo en España es la puesta en escena de un guion que comenzó a escribirse con el gobierno que salió de las urnas tras los gravísimos atentados de marzo de 2004, y tras un interregno de gobiernos posteriores, que ni vieron ni reaccionaron a acontecimientos que claramente respondían a una estrategia de transformación de la sociedad desde posiciones que imponían pautas de comportamiento político extra constitucionales.

Valor de Ley es lo que define a nuestra Constitución de 1978, que se afirma a sí misma, como la norma suprema, que puede exigir cuentas a todos los poderes del Estado. Y esta superioridad supone una garantía de estabilidad porque los constituyentes españoles de 1978 quisieron conferir a su obra un carácter normativo y vinculante, lejos, por tanto, de considerarla con un valor meramente político.

Siendo esto así, el carácter normativo de la Constitución es lo que nos obliga, como comunidad política, a valorar lo que tenemos y reaccionar contra imposiciones partidistas y sectarias de un gobierno, nacido del apoyo de unos grupos políticos cuyo objetivo declarado es socavar la pervivencia de unos valores democráticos constitucionales solemnemente proclamados, fruto de las grandes decisiones políticas del pueblo español.

Sin retrotraernos en demasía en el tiempo, ante las tentaciones de concentrar el poder por este gobierno, oímos con frecuencia que España está avocada a convertirse en un país a imagen y semejanza de regímenes que han aniquilado a la sociedad, como Argentina y Venezuela, con los fenómenos políticos del kirchnerismo y el chavismo.

Y lo que te dicen quienes conviven en esos países, con toda claridad y rotundidad, es que lo vivido por ellos no es sino una falta de reacción contra la experiencia de «perversión del sistema jurídico y político» vivida, sobre todo por no valorar en su momento lo que perdían como ciudadanos y sociedad, al dejarse conducir o guiar a lo que el grupo dirigente imponía como la “verdadera” democracia, esto es, que el gobierno haga lo que el pueblo quiere.

Y en verdad lo que estaba tras el ardid era el paso de la democracia (poder del pueblo) a la demagogia (manipulación del pueblo). No me voy a extender en lo que han sido esos regímenes políticos, disfrazados como repúblicas constitucionales, con un partido arrogándose el papel de eje vertebrador de la sociedad, y acaudillados por personajes a los que exageraban su carácter de líder para mantener su autoridad.

Ahora bien, la experiencia vivida en esos países nos obliga como sociedad a tener una actitud fundamental en valorar lo que tenemos, para ser conscientes de lo que nos jugamos y podemos perder, y así reaccionar ante los demenciales episodios que está protagonizando el gobierno actual y su presidente tanto en política interior como exterior

Y lo que nos jugamos es el Valor de Ley de nuestra Constitución que nos asegura la pervivencia de un sistema jurídico y político que garantiza como valores superiores del ordenamiento jurídico «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (artículo 1.1), que vinculan a todos los poderes públicos, sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como específica el artículo 9.1; y protege los «derechos fundamentales» que son fundamento del orden político y la paz social (artículo 10.1) y que como tales también vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53.1), y, por tanto, a Jueces y Tribunales “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”(artículo 117) .

Este es el primero y más importante reto que la sociedad española tiene ante así: reivindicar que el régimen constitucional nacido de 1978 – estable y permanente dentro de la fugacidad histórica- es el que sirve de fundamento al sistema político, y confrontar con un régimen político que en ningún caso es fundamento del sistema constitucional.

El valor de Ley de la Constitución es el garante frente al grupo dirigente que en vez de orientarse al bien común o interés general, se orienta hacia su propio interés, y para realizarlo fuerza a la sociedad a que se someta a proyectos que no dejan de ser una formulación retórica e ideológica. Al hacer esto crea una situación como la que estamos viviendo de injusticia estructural. Y ahí están los casos de la Ley de Amnistía; de instrumentalización partidista de las instituciones del Estado; la politización de una Hacienda pública que despilfarra los recursos públicos bien sea al servicio de leyes ideológicas bien a promocionar a élites corruptas regionales, y todo ello a costa de confiscar la riqueza privada; las amenazas a la prensa; la presión y señalamiento a los jueces; y los conflictos con naciones a las que nos une una arraigada relación en el tiempo.

La idea en la ha de concluir nuestra reflexión es sencilla: cuando un grupo como el que nos gobierna deja de ser dirigente, la ideología que distribuye ya no sirve para proyectar su poder. Y está en nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, poner en valor la Constitución y lo que representa, y como electorado elegir a unos representantes que cumplan su función, que es representar la unidad de la Nación española y la solidaridad entre regiones, que son fundamento de una Constitución que debemos preservar por su valor de Ley.

Aquí están las Bases de la VI Edición del Premio Grupo Tácito. 

Bases_VI Premio_GrupoTácito 2024-2025

Para Trabajos de Fin de Grado defendidos durante el curso 2023-2024

Podrán participar los alumnos de las Universidades pertenecientes a la Fundación San Pablo CEU y las Fundaciones creadas por la ACdP, además de los colegiales del Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

Con la convocatoria de estos premios, el Instituto de Estudios de la Democracia pretende estimular entre los jóvenes graduados la reflexión sobre temas relacionados con España, su historia reciente, sus desafíos actuales y las posibles soluciones a los diferentes problemas que enfrenta. Esta será la temática a la que deberán responder con originalidad los trabajos de fin de grado que se presenten, en cualquiera de las categorías propuestas.

Hay veces que pienso que ellos creen que somos imbéciles. Es verdad que tienen buenos expertos en comunicación y un gran poder mediático y, además, si repiten las ideas, consignas en algunos casos, van a conseguir pastorearnos. Son, entre otros, ministros, fieles militantes, algunos contertulios y líderes políticos de esa coalición Frankenstein que apoya al inquilino de La Moncloa.

Sobre la manipulación sirva de ejemplo la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y, ahora se encuentra en el Senado. Dieciséis páginas de las que casi nueve las ocupa una exposición de motivos que trata de justificar lo injustificable. Nos quieren hacer creer que con la Ley de Amnistía se va a superar, encauzar y normalizar la vida política y social en Cataluña. Nada más lejos de la realidad, para lo cual basta con asomarse a los telediarios o leer los acuerdos PSOE-Ezquerra Republicana de Cataluña y PSOE-Junts Con la amnistía no se va a satisfacer a los independentistas. No hay dolor de los pecados, ni propósito de enmienda. Es más, el independentismo proclama que lo volverán a hacer. La justificación de esa proposición de ley no es la paz en Cataluña, es el apoyo de 14 diputados (7 de Junts y 7 de Esquerra) a la investidura como presidente de Pedro Sánchez. Eso en mi pueblo se llama compra de votos. Compra que se complementa con más trasferencias a Cataluña y, dinero, mucho más dinero, aunque se rompa la igualdad y la solidaridad. No importa que una gran mayoría de juristas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de funcionarios, corporaciones de derecho público… consideren que esta amnistía que se propone es inconstitucional y no tiene encaje en la normativa europea. Lo que importa es seguir en el Gobierno.

Para apuntalar la amnistía, esencial para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, se repiten mantras como que el PSOE ha normalizado Cataluña; que la amnistía afectará a unas 400 personas por lo que debemos de dejar de hablar de ella; que en España se han concedido casi 11.000 indultos desde 1996 y, no pasa nada; que los indultos a los sediciosos del golpe de estado en Cataluña han pacificado Cataluña…

Cataluña se normalizó cuando se aplicó el 155 de la Constitución española que suspendió la autonomía de Cataluña entre el 28 de octubre de 2017 y el 17 de mayo de 2018. Recordemos que los hechos que motivaron tal medida fueron la celebración de un referéndum ilegal, la aprobación de leyes de desconexión contrarias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y la declaración de independencia. Todo ello en un ambiente revolucionario con violencia retrasmitida por la televisión, por mucho que se nos trataran de convencer que era algo pacífico. No se trata de nada nuevo, la hoja de ruta seguía el proceso secesionista que tuvo lugar en Eslovenia en 1991 para separarse de Yugoslavia, ¡menos mal que la actuación de la Policía y la Guardia Civil no se saldó con un muerto!, habría sido la excusa perfecta para vender fuera de nuestras frontera la opresión del pueblo catalán.

Cataluña se normalizó cuando la visión idealista de una república independiente aterrizó bruscamente en la realidad: España no estaba dispuesta a una secesión de parte de su territorio, Cataluña no se admitiría como un estado más en la Unión Europea; no existía una fuerza suficiente para lleva a cabo la independencia, aunque después nos enteramos de las conversaciones con los rusos que estaban dispuestos a apoyar incluso con la fuerza a los sediciosos y; las empresas no querían estar en esa república catalana, por lo que cambiaron sus sedes a la España monárquica y parlamentaria.

Cataluña se normalizó cuando se aplicó el Estado de Derecho y aquellos que actuaron de forma delictiva fueron condenados e ingresaron en prisión. Es verdad que algunos huyeron, Puigdemont escondido en el maletero de un coche. Otros esperan todavía la finalización de sus

procesos. Funcionarios en Cataluña, aunque fueran independentistas, entendieron que con el pan de sus hijos no se juega y acataron el Derecho y la intervención del Gobierno español.

La amnistía no va a normalizar Cataluña, que ya lo está, la amnistía va a echar gasolina al independentismo. Quienes proponen la secesión de Cataluña se han envalentonado en una situación política de máxima debilidad. Saben que sus votos en el Congreso de los Diputados son necesarios y están dispuestos a venderlos caros. La amnistía es solo un primer pago, después vendrá el referéndum y la independencia.

La amnistía es gasolina para el independentismo porque va a inflamar la situación en Cataluña y a los secesionistas van a darles renovados bríos. Pero hay más razones: porque viene a justificar -blanquear- el golpe de estado del 2017; porque se rompe el Estado de Derecho; porque se reactiva la ilusión de un estado independiente de Cataluña; porque se recuperan para la lucha política a los sediciosos indultados -parcialmente, pues subsiste la inhabilitación-; porque Puigdemont por su imposición de la amnistía se ha colado en todos los telediarios con una campaña política gratuita. Este político ha pasado de ser un eurodiputado que no pintaba nada en el Parlamento Europeo a un influyente personaje, estrella de los medios de comunicación que están pendientes de sus suspiros, guiños políticos y solicitudes. Y nos podemos preguntar si es un fraude que quien mueva los hilos de la amnistía, sea precisamente quien se va a beneficiar de ella.

¿Gana algo España o los españoles con la amnistía? Esa es la pregunta clave y, la respuesta es claramente que no. Es doloroso y decepcionante para quienes no somos políticos que la razón de la amnistía se encuentre en el interés en seguir durmiendo en La Moncloa o, quizás, seguir haciendo negocios desde allí, a costa de partir España.

LA VIVIENDA EN MADRID, UNA PREOCUPACIÓN PARA LOS JOVENES

Por Anselmo Menéndez Herero. Miembro del Aula Política Joven

Las nuevas generaciones que dan el salto al mercado laboral están altísimamente formadas en valores y por supuesto en términos académicos. Capaces de asumir las responsabilidades de una coyuntura social, política y económica del siglo XXI. El desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos ha sido fruto del esfuerzo y de los méritos alcanzados.

Sin embargo, estas generaciones están viendo truncadas sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida personal y profesional donde les gustaría, debido al problema actual de la vivienda en España. En numerosos informes encontramos una copla común, y es que, el problema de la vivienda en España tiene un carácter estructural que va más allá de los ciclos económicos. Entendemos entonces que ni la crisis ni la bonanza económica influye de forma tan directa como para solucionarlo.

Siendo conscientes de esto, observamos problemas específicos de la vivienda que necesitan soluciones estratégicas de carácter estructural. El problema nace, por un lado, de que los jóvenes no tienen la capacidad de ser propietarios, como resalta La Fundación Afi en su estudio “Finanzas de los hogares 2000-20022”. Donde aseguran que el porcentaje de hogares jóvenes (propietarios menores de 35 años) pasa de un casi 70% a comienzos de siglo a un 36% en 2020.

El acceso, la entrada o los impuestos de una vivienda son hoy por hoy, el mayor problema. Por otro lado, los jóvenes se enfrentan a un problema de alquiler, tanto de oferta como de precio, debido al incremento del precio de los últimos años no acompañado de subidas salariales al mismo nivel, ni de una oferta más amplia.

La realidad es que en la última década el mercado inmobiliario ha sido uno de los temas más importantes para actuar en la Comunidad de Madrid. Existiendo una demanda cada vez mayor de vivienda, la política de vivienda se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de gobierno, tratando de garantizar a los ciudadanos el acceso a un hogar adecuado y asequible. Sumamos también las palabras que nos trasladó el consejero de vivienda, transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid en su intervención en la tercera edición del Aula Política Joven;

“Madrid espera un aumento de población de unas cien mil personas cada año, durante los próximos diez años. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, se trabaja para que la política de vivienda acompañe al crecimiento poblacional y podamos tener una oferta que cubra la demanda”

A pesar de los esfuerzos realizados, el problema de la vivienda en Madrid continúa siendo un desafío importante. El aumento de los precios de la vivienda, el aumento de la población o la escasez de la oferta, suponen para los jóvenes un grave problema para la consecución de sus metas personales o laborales.

Esta cuestión fue preguntada al consejero por parte de los asistentes, y con mucha firmeza aseguró que es una de las líneas de trabajo principales para el actual equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, a su vez explicaba de forma magnifica las diversas medidas y programas que ya se están llevando a cabo, como el programa Mi Primera Vivienda o el Plan Vive entre otros.

La política de vivienda de la Comunidad de Madrid desempeñará un papel crucial en la creación de un entorno habitable, digno y económicamente viable en los próximos años. Si bien este problema supone un desafío continuo, contamos con una clase dirigente concienciada y conocedora del problema que supone el sector de la vivienda.

Sin lugar a duda, la clase dirigente en materia de vivienda debe regular y financiar soluciones, consensuándolas con los distintos agentes pertenecientes al sector, como lo son las asociaciones de promotores, las distintas administraciones públicas, las cooperativas y las empresas públicas. El compromiso debe ser continuo con soluciones innovadoras y colaborativas, es norma fundamental para construir un futuro donde los jóvenes dispongan de un lugar llamado hogar.

Editorial: 

En las democracias, el poder es siempre temporal, hasta un punto que permite a los alemanes hablar de una división de poderes en el tiempo.

Quienes ostentan el poder, si desean conservarlo, deben responder preguntas, rendir cuentas, responder a las críticas, garantizar la transparencia, la ausencia de corrupción y, en última instancia, presentarse a las elecciones para que los electores decidan si deben gobernar, o no.

Para que un sistema democrático se mantenga como tal es necesario que se pueda medir la responsabilidad de quienes detentan el poder tanto por sus acciones como por sus declaraciones. Pero, por supuesto, tales declaraciones y acciones deben coincidir con la realidad, y a eso responde el derecho a una información veraz del artículo 20.1 d) de nuestra benemérita Constitución de 1978. Gracias a la libertad de prensa el poder no se perpetúa en el tiempo.

La democracia es un sistema de igualdad pública que se basa en la palabra expresada en los medios de comunicación para persuadir, pero también en el que la mentira política vulnera en forma muy grave las normas democráticas. Entendemos como mentira el intento deliberado de hacer creer algo que el que miente sabe o piensa que es falso.

La mentira es un veneno para la democracia, porque la veracidad es un estándar democrático mínimo. El problema esencial es que no se puede medir la responsabilidad de los poderosos cuando estos calumnian con descaro a sus oponentes, al tiempo que mienten para ocultar los defectos propios

Los británicos son un modelo envidiable. El primer ministro Boris Johnson, se vio obligado a dimitir tras el llamado «partygate», cuando el Parlamento comprobó que había mentido, al asegurar que no había celebrado fiestas en su residencia ni había violado las reglas de confinamiento durante la pandemia de la Covid-19. Mucho antes, en 1963, el ministro de la Guerra John Profumo, envuelto en relaciones escandalosas con una modelo implicada en una red de espionaje soviético, fue obligado a dimitir por el único motivo de haber mentido en el Parlamento.

No ocurre lo mismo en nuestra realidad política. La mentira va tomando carta de naturaleza en nuestra crisis como un mecanismo usual de propaganda. Aunque el uso de propaganda política suena a fenómeno de otras épocas, que recuerdan a Goebbels, al nazismo, a la República de Weimar o a la Guerra fría, en

España la propaganda ha vuelto y, de mano de la mentira, está subiendo de nivel hasta el punto de cambiar la política y nuestra sociedad.

Su fuerza dañina se ve aumentada por el abuso constante de su repetición en medios de comunicación gracias a una estructura muy deficiente de las normas que garantizan un marco de pluralismo para nuestra libertad de prensa. Un requisito esencial para que la propaganda sea efectiva es la existencia de espacios de comunicación en los que la repetición constante de lo mismo sea posible y llegue a una gran audiencia.

La realidad política muestra cómo se facilita la propaganda mendaz al mismo tiempo que se dificulta el control del poder. Se limita el acceso a las ruedas de prensa de medios de comunicación que se consideran no afectos (palabra tópica: «fachosesfera»), se reparte en forma incontrolada la publicidad llamada institucional o se subvencionan directamente con fondos públicos los medios en crisis. De esa forma calumnias que serían inanes dejan de serlo porque se repiten en forma machacona y se puede emplear la mentira como instrumento para tapar la corrupción propia mediante el sistema de atribuir al oponente una corrupción semejante, aún a sabiendas de la falsedad de lo que se propaga. La persuasión de la propaganda no proviene de su precisión de argumentos sino más bien de la redundancia. La insistencia vence a la verdad. Incluso las mayores tonterías suenan más creíbles si las hemos escuchado con suficiente frecuencia.

La mejor manera de reconocer la propaganda mendaz es que su mensaje no deja lugar a dudas. Quienes propagan la mentira no admiten errores. Le dan la vuelta a todo, lo distraen y lo oscurecen. Ante las críticas, lo niegan todo y al mismo tiempo explican que de lo que se les acusa nada está mal. O reinterpretan lo que antes dijeron. A menudo contraatacan y cuestionan la credibilidad de las críticas. La propaganda en este sentido es un esfuerzo completamente autoritario. Luchar contra las mentiras políticas es tan difícil como jugar al ajedrez contra alguien que no sigue ninguna regla, pero que también sabe y tiene en cuenta que estás jugando como siempre, aunque te des cuenta y te opongas a su estrategia. El mendaz puede preparar sus movimientos a voluntad. Y ganará.

El 13 de marzo de 2024 el Parlamento Europeo ha aprobado iniciar un proceso legislativo − «European Media freedom act» − que puede ser un antídoto eficaz para remediar esta situación lamentable. Se establecerá un marco común que requiera a los Estados miembros respetar la libertad editorial de los medios de comunicación, proteger la libertad de los periodistas, evitar la concentración de dichos medios, el reparto de la publicidad institucional tanto a nivel de Estado, como a nivel regional o local, garantizar la transparencia de la propiedad de los medios y que las subvenciones que éstos reciban sean proporcionales, adecuadas y mantengan una estabilidad plurianual, que asegure su independencia editorial y evite la existencia de medios amigables con el poder que subvenciona.

En España tenemos por delante un momento complicado, pero hay que recordar las palabras de Abraham Lincoln: «Se puede engañar a todo el pueblo durante un tiempo, y se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo».

A poco de comenzar la fase más reciente de la guerra en Ucrania, Javier Solana, sin duda uno de los europeos mejor informados sobre la cuestión de la ampliación de la OTAN al Este, dio una conferencia en Madrid bajo los auspicios de la Institución Libre de Enseñanza. La conferencia tuvo lugar el 7 de Marzo de 2022 y transcurrió con la sencillez y maestría habituales en el Sr. Solana. Durante el turno de preguntas, para sorpresa del público, aclaró que las sanciones a Rusia, –financiación de la guerra aparte–, costarían a los ciudadanos europeos mucho más que a los rusos. Como tres veces más. Dos años después vemos que las más de doce rondas de sanciones no han cumplido su objetivo de debilitar a Rusia. También vemos que la Unión Europea es la gran perdedora económica y estratégica y que la mayor parte del mundo no nos apoya. Además, Ucrania ha sufrido una enorme mortandad de jóvenes lanzados en sucesivas y pertinaces oleadas contra las tres líneas defensivas rusas.

Tras dos años de guerra abierta no se vislumbra que los EEUU se decidan a iniciar conversaciones de paz en un año electoral ni parece que Rusia –que gana cada día algo en el campo de batalla– se vea a sí misma en el trance de pedirlo. A su vez sabemos que el gobierno ruso tiene, en esta materia, el apoyo de más del 80% de su población. Algo inimaginable para nuestros gobernantes. Pero quizás el principal obstáculo sea que Rusia hace mucho tiempo que ya no confía en Occidente y dirige sus relaciones estratégicas hacia el resto del mundo. Ha visto rotas las bien documentadas promesas de contención de la OTAN hacia el Este; recuerda la frase fatídica de Bush padre “we prevailed”, “hemos ganado y tendrán que aceptarlo”, y ha visto la caída de Yanukovich en 2014 que mostró a Victoria Nuland –Subsecretaria de Estado de los EEUU– organizando sobre el terreno el nuevo gobierno de Kiev. Para remacharlo hace poco que la Sra. Merkel explicó que las fallidas negociaciones de Minsk fueron un ardid para ganar tiempo y seguir armando al ejército de Ucrania mientras Kiev bombardeaba civiles en el Donetsk y los muertos eran ignorados por nuestra prensa.

En esta situación, que ya era complicada antes de la actual guerra en Israel contra Hamas, acaba de anunciarse el retiro de la Sra. Nuland de sus altas funciones en el Departamento de Estado –a efectos prácticos fue durante muchos años la segunda autoridad en estas cuestiones. Un acontecimiento cuya evolución es difícil de pronosticar desde la belicosa retórica del Presidente Biden en su último discurso sobre el estado de la Unión.

Es difícil olvidar que hace ahora dos años, a finales de Marzo de 2022, Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo de paz en Turquía que fue vetado por Boris Johnson y el presidente Biden y que ambos dieron garantías de su apoyo a Kiev hasta la derrota de Rusia. El ya frecuente “lo que haga falta” que pagamos todos: los hombres de Ucrania con sus vidas, la diáspora de millones de sus familias y los ciudadanos europeos viviendo un empobrecimiento acelerado sin que podamos excluir hostilidades en el territorio de la UE por la entrada abierta de nuestras tropas en Ucrania.

Por todo ello es difícil entender las decisiones que, en este y otros temas, viene tomando la Unión Europea desde hace décadas para, consistentemente, terminar favoreciendo los diseños de Norteamérica a costa de nuestros intereses. En este contexto, el Primer Ministro de Alemania y el Presidente de la República Francesa han estado en titulares y en las redes por dos cosas:

La primera, por sus pronunciamientos a favor o en contra de enviar a Ucrania tropas y misiles de largo alcance que exigen que militares de ambos países se encuentren en el escenario de la guerra para su programación y lanzamiento.

La segunda, que Olaf Scholz (siguiendo la estela del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, durante la huelga de sus camioneros), acaba de anunciar que perseguirá administrativamente –fuera del sistema judicial– la libertad de expresión de lo que su coalición llama «extrema derecha». Como de costumbre, la actual izquierda europea olvida la existencia de una poderosa «extrema izquierda» gobernante en países como el nuestro.

Lo mismo acaba de hacer Emmanuel Macron en la Asamblea Francesa el pasado 14 de Febrero contra «quienes en el futuro se opongan a normas gubernamentales» sobre cuestiones médicas (vacunaciones entre ellas).

La ciudadanía contempla con preocupación y asombro cómo actúan gobiernos tan importantes, y la propia la Comisión, para terminar haciendo lo que conviene a Washington. Es extensa la desazón ciudadana a pesar de lo mal informados que hemos estado sobre las causas y la marcha de esta guerra así como sobre la constante degradación de las libertades de las que alardeamos ante el resto del mundo. A pesar de todo, como en su día advirtió el Sr. Borrell, el relato que prevalece no es el que, por decirlo en lenguaje OTAN, deseaban los “gestores de nuestro espacio cognitivo”.

Desde Febrero de 2022 los ciudadanos de la UE no tenemos acceso a medios televisivos públicos rusos. Lo cual, francamente, no sería un gran problema. Simplemente nos censuran. Pero la cuestión es que el resto del mundo sí tiene dicho acceso y cada día que pasa se hace más evidente que están más cerca de la realidad que nosotros. Esto sí que es grave. La consecuencia es que cada vez es menos creíble el mantra de “nuestras libertades” hoy evanescentes. El resultado es la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones. Hemos olvidado que la credibilidad se gana gota a gota y se pierde a chorros.

Es quizás tiempo de recordar que la Unión Europea fue en su ya lejano día una creación de los EEUU. Nuestra historia reciente arranca en 1948, con la creación del American Committee on United Europe supervisado por el National Security Council o NSC. Aquel embrión de la actual UE fue creado y dirigido desde los servicios de inteligencia norteamericanos que lanzan tres organizaciones: El European Movement, el grupo Bilderberg y el Action Committeee para unos Estados Unidos de Europa. Desde dicho comité se pone en marcha la CECA (carbón, acero) con objetivos que supervisaban los EEUU y que, por no alargarnos, se centraban en construir una izquierda no soviética –partidos, sindicatos y cultura– que pudiera gestionar un “estado asistencial” (traducción correcta de welfare state) que sirviese de barrera a la Unión Soviética.

La bien documentada historia viene a decirnos que el desastre fratricida de nuestras guerras europeas del siglo XX se salda con una Europa unida bajo criterios y fondos norteamericanos en un proceso gestionado por la International Organizations Division, un departamento de la CIA. De aquello hace tres cuartos de siglo y no podemos dejar de tenerlo en cuenta al evaluar la gestión de nuestros intereses por las instituciones de la actual Unión Europea.

Cuando al observar la paulatina y constante “cancelación” de nuestras raíces y valores históricos, el declive económico, la pérdida de liderazgo tecnológico y los perjudiciales efectos de no pocas decisiones y leyes europeas, la historia nos ayuda a entender por qué nosotros, los ciudadanos europeos, no somos su principal prioridad y a buscar el necesario golpe de timón. Nos va mucho en ello.

LA TRANSICIÓN, UN HITO OLVIDADO

Por: Anselmo Menéndez Herrero (Miembro del Aula Política Joven)

 El 31 de octubre de 1978 se aprueba por las Cortes Generales en sesión plenaria, se ratifica por el pueblo español en el referéndum del 6 de diciembre y es sancionada por el S.M el Rey Juan Carlos I ante las Cortes el 27 de diciembre del mismo año.

Se trata de la Constitución, que finalizó así un periodo denominado como La Transición, 20 meses en los que se desmanteló un régimen y se dio paso a una democracia plena, donde se respiraba un espíritu de concordia, donde todas las ideas tenían cabida y donde la libertad era abanderada por el conjunto de la sociedad española. No podemos hablar de La Transición sin recordar al artífice de esta, al piloto, el presidente Suárez, bajo la encomienda del Rey Juan Carlos l y la ayuda de Torcuato Fernández Miranda. Fue este joven de Ávila quien contra viento y marea, llevó a cabo la aprobación de la Ley para la Reforma Política, y nos llevó a las primeras elecciones democráticas en España.

Con el transcurso de las décadas se ha dado valor al trabajo incansable del presidente Adolfo Suárez, y quien lo recuerda hoy, lo hace como si se tratase del héroe sin capa de la más épica de las leyendas. Su contribución, no merece menos. Sin embargo, los jóvenes se enfrentan en la actualidad a una coyuntura política marcada por el levantamiento de muros. Quienes nos gobiernan alimentan la división entre los ciudadanos. Asistimos al desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho y sus instituciones. Observamos como el hito de la Transición está siendo olvidado por nuestros dirigentes.

En los últimos meses no dejamos de ver ataques a jueces, a fiscales, a funcionarios por parte de aquellos que alzaron un gobierno con un pacto de dudosa calidad y dudoso respeto a sus propias promesas. Los jóvenes no vivieron La Transición de forma directa, pero si algo han aprendido en el proceso de formación y aprendizaje, es la importancia de escuchar. Escuchar a aquellas personas que sacrificaron su interés individual para obtener una democracia en la que participamos todos. Hoy el espíritu de reconciliación y concordia está reflejado en la inmensa mayoría de personas que vivieron esta etapa y sus enseñanzas.

La juventud española, trata de evocar el espíritu de concordia entre españoles. Por supuesto que existe el debate, la confrontación de ideas, pero siempre bajo un marco de respeto, de moderación, nunca con un enemigo delante, sino con un adversario. Cada vez son más los jóvenes que abandonan la doctrina política actual y se suman al espíritu de La Transición. Se suman a un proyecto de entendimiento entre españoles, a la fórmula que da valor a la palabra, al puedo prometer y prometo, a la política en mayúsculas.

La Constitución supone la base del Estado de Derecho en el que vivimos, los jóvenes tienen el deber de conocerla y respetarla. Se dio en un momento de la historia de España, en que la sociedad se volcó en el proceso de convertirse en una nación fuerte, en una democracia plena. Además, es la propia Constitución la que contempla en su Título X la posibilidad de la reforma, siempre, eso sí, bajo unos criterios determinados y la ratificación del pueblo español, de todo el pueblo español.

Hoy vivimos en una democracia en la que debemos estar agradecidos a todos los que participaron en ese hito, a veces olvidado, porque gracias a su trabajo, a su esfuerzo, la sociedad española salió adelante. Y a esa sociedad española, le queda mucho por escribir. Que la Transición que nos dimos entre todos los españoles no la deshaga el interés de unos pocos. No puedo finalizar de otra manera que no sea recordando las palabras talladas de por vida en la lápida del artífice: «La concordia fue posible».

Monarquía española hoy

Es fácil olvidarse de apreciar lo que se da por supuesto, e igualmente en ocasiones es tarde apreciarlo cuando uno se da cuenta de su falta. La Monarquía española podría llegar a ser un ejemplo de lo anterior. El valor como institución y los beneficios que aporta a la sociedad española actual parece que se dan por hecho. Sin embargo, la institución monárquica y el modelo de Estado están siendo paulatinamente cuestionados de forma, a veces, subliminal y constante, y otras más agresivamente. Debemos darnos cuenta de esta situación en que la temperatura sube de nivel. Ser conscientes y tomar una actitud proactiva en dar a conocer su valor.

Nos encontramos cada día con el mundo superficial de los detalles y temas de menores, pero que convenientemente puestos en escena mediática atraen la atención general. Por una parte, quitando el valor a lo esencial y, por otro, buscando el denigrar y atacar, muchas veces sin disimulo, a la institución monárquica. Se puede criticar, con más razón o menos, a cualquier persona; todos somos humanos e imperfectos. Los reyes no se escapan de esa condición. Es lo que representan lo que cambia el significado de la posible crítica. El papel que el Rey ejerce como institución monárquica es el elemento fundamental. Parte de los partidos que sustentan el actual Gobierno son abiertamente contrarios al modelo territorial del Estado y republicanos (ERC, Junts, PNV, Bildu). Nos fijamos mucho en que son separatistas, pero no olvidemos que igualmente atacaran lo posible al Rey y lo hacen, día a día. Caída la unidad de España, caído el Rey; caído el Rey, caída la unidad de España. Ese es el fondo que les sirve de idea tractora. Y muchos dirán que no, que podemos tener una República sin el resquebrajamiento de la sociedad. Recordar aquí ejemplos nos ilustra de lo contrario: el Cantón de Cartagena, que llegó a acuñar su propia moneda de plata durante la Primera República; la sublevación de Asturias durante la Segunda; la proclamación del Estado Catalán también en 1934; la lista se podría extender. La idea republicana parece acercarse más a un camino al neocantonalismo y a una sociedad erosionada y peleada.

Pero quizá más intranquilizadora es la dejadez e inseguridad de los partidos que, no siendo antimonárquicos, no moverán un dedo para proteger la institución. Al contrario, por extender el gobierno una legislatura son capaces de ir cediendo un paso tras otro lo que significa España y la Monarquía que la representa. No es de extrañar la confianza que el ciudadano pierde en sus políticos.

Buena parte del revisionismo de las leyes de memoria histórica nacionales y autonómicas, buscan traernos una historia edulcorada de la II República y reavivar un frentismo olvidado. Una vuelta a unos años que nunca deberán repetirse. Construyendo un relato histórico nuevo sobre la baja formación educativa española y convenientemente respaldado por medidas amenazadoras para los que no están de acuerdo. El objetivo que parece subyace a lo anterior es un cambio de modelo de Estado y acercarnos a algo parecido a una nueva República confederal. Que se pudiera conseguir dependerá de lo pronto en que se opongan a ello aquellos a los que la idea les parece una opción desacertada. La Monarquía española, como presente y futuro de una institución que nos representa, ofrece un beneficio a la sociedad. Es prudente tener un símbolo que nos identifique a todos los ciudadanos y a las instituciones que estructuran nuestra forma de organización como sociedad; y tenerlo fuera de la lucha y desgaste político, muchas veces lleno de agresividad y enfrentamiento. Así fue en la Transición, un periodo complicado para toda la sociedad, y un ejemplo de cómo la Monarquía nos pudo hacer sentir que aquello que nos unía quedaba salvaguardado de las tensiones diarias, siendo incluso aceptado por líderes comunistas como Carrillo. Uno de los principales beneficios de la institución es la permanencia. Nadie cuestiona la ventaja de las relaciones personales en cualquier ámbito, relaciones que tienen periodos extensos para forjarse. Que los Reyes de España puedan construir de forma sostenida las relaciones que representan dan una ventaja competitiva a la sociedad que cuenta con ella y que no tienen aquellas cuyos procesos son cortos de rotación. Es un beneficio que hay que explicar, ya que no se percibe por el ciudadano en la mayor parte de los casos. La visión ventajosa que tuvo Estados Unidos de España en los cruciales últimos -70 estuvo precisamente marcada por la figura del Rey. Esa permanencia de la imagen y de las relaciones de largo plazo da+ prestigio-país, concepto empresarial pero extensible a todos los ámbitos, y que favorece a toda la sociedad española.

Sin embargo, el provecho que supone la estabilidad interior probablemente es el más fácil de reconocer para todos. El poder contar con el paraguas tranquilizador de quién nos representa sin la volatilidad de las elecciones nos da un rumbo más sosegado en las turbulentas aguas de la política nacional actual. ¿Se imaginan la circunstancia vivida en la última elección de Presidente de Gobierno trasladada a la Jefatura del Estado? Si ya el buscar una elección a cualquier precio cediendo lo que pueda hacer falta, nos sonroja, pocas defensas quedarían a la unidad de España y de sus gentes si entramos en ese nuevo mercadeo. Tener esa estabilidad favorece a una sociedad que no deja de derramar energía con elementos que cuestionan su convivencia común. Es prioritaria la tarea, personal y colectiva, de realizar un ejercicio de poner en valor lo que significa la Monarquía para España. Y su divulgación.

Quedarse mudos acaba pasando factura, y a veces facturas impagables.