“Hecha la Ley, hecha la trampa” es una frase que recoge muy bien lo que está ocurriendo en estos momentos en la política. Lo que más duele a los españolitos de a pie es que se aplica de forma inflexible la ley, a veces, de forma injusta. Injusticia que tragamos ante las dificultades y las demoras de los Tribunales de Justicia.
Percibimos que, sin embargo, para algunos políticos todo está permitido. Solo basta con retorcer la Ley y justificarlo con una buena explicación o con un cambio de opinión. Sea para la constitución de grupos parlamentarios violentando el Reglamento de la cámara legislativa o permitiendo gateras para soslayar las incompatibilidades de diputados y senadores, saltándose a la torera el artículo 157 Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¡Pero si hasta un despacho en el Congreso de Diputados se había convertido en despacho de influencias! A los hechos del exdiputado Tito Bernie nos remitimos.
Es más, ya hasta nos parece normal que un político haya construido su carrera mediante trampas: sean en su tesis doctoral; en presentarse como Economista de la UCM, cuando en realidad sus estudios eran en Empresariales por un colegio adscrito a la UCM. Parece que hemos olvidado su participación en bochornosos eventos como la urna colocada tras una cortina para falsificar los resultados de la votación del Comité Central del PSOE el 1 de octubre de 2016. Algo más recientes son las contradicciones entre lo dicho y lo hecho: ha mentido a los votantes defendiendo el “integro cumplimiento” de las sentencias por el procés, el “no a los indultos”, decir que “siente vergüenza por indultos políticos”, que “no pactaremos con Bildu”, o que “no dormiría con Unidad Podemos”- y un largo etcétera.
También hay trampas en la comunicación: la incongruencia se justifica con un “cambio de opinión”. El trágala de los independentistas catalanes se justifica diciendo que es en “interés de España” cuando todos saben que es interés propio: ser investido Presidente del Gobierno. Se habla de “conflicto político” cuando en realidad lo que existe es el interés de unos políticos que han robado a Cataluña y a España en interés propio y en interés de un proceso secesionista. Se dice que es necesario “desjudicializar” el conflicto, para tapar hechos delictivos y justificar los indultos y, la posible amnistía. Se dice que la etapa crítica se produjo a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que anuló algunas disposiciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006. Cuando es una sentencia moderada, dictada con notable retraso y que no satisfizo a nadie y, menos a los independistas que con ya habían preparado su contestación antes de publicarse la sentencia. Pero es que además todo el proceso del año 2017 culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, un auténtico golpe de estado a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña que ahora se quiere blanquear por intereses privados.
Seguiremos pendientes de los manejos, manejas o manejes del candidato perdedor de las elecciones del 2023, de la desfachatez en sus manifestaciones, manchando incluso el nombre de España. Entre ellos el acuerdo PSOE-Esquerra Republicana del pasado 2 de noviembre que puede ser considerado inconstitucional por varias razones: en el punto 1º por eliminar el mandato representativo, por crear un agravio comparativo económico y de derechos con otras regiones de España y entre los españoles; y por promover la amnistía que es un perdón general prohibido en la Constitución. Pero esto parece que nada importa ni al candidato, ni a los diputados del PSOE. Lo importante es alcanzar el poder a cualquier precio y, eso si me permiten, es corrupción. Corrupción con trampas.
Claro que con ese currículum, es muy posible que el tramposo siga haciendo trampas, incluso a los propios independentistas con los que está pactando.
