La corrupción marcó el final de las presidencias de Felipe González y de Mariano Rajoy. En el primer caso fue un proceso largo y de desgaste, el segundo abrupto y rápido por medio del triunfo de una moción de censura.

El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra asediado por un rosario de corrupciones y corruptelas que alcanzan a su propia familia y llegan hasta al colchón en el que duerme -ese que cita en su obra. Asuntos como: Koldo/ Abalos / compra de mascarillas en Canarias, Baleares…; tráfico de influencias de Begoña, su mujer, que sin estar graduada ocupa una cátedra UCM; un programa de software que costó un dineral para la citada cátedra y que no aparece; el hermano enchufado que no sabe ni dónde está su despacho; Aldama y su licencia de operador de hidrocarburos en solo dos meses; Aldama y sus gestiones en Hacienda; el dinero entregado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, el regalo al PNV de un palacio en París, la compra de votos con un amnistía dudosamente constitucional… y, como no, las revelaciones del Fiscal General del Estado para perjudicar a una rival política del presidente, entre otras tramas que conozcamos. Todos estos asuntos aún no han sido contabilizados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional en donde España en un año ha bajado su puntuación de 60 a 56 puntos y descendido 10 puestos en el ranking. En la lista de los países de la Unión Europea, ya estamos en la parte baja (número 14 de los 27 países). Las razones son muchas, entre otras la no implementación de la Ley 2/23 de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción -se sigue esperando a la prevista Autoridad Independiente-; el retraso en la transposición de 87 Directivas de la UE -de las que 30 están fuera de plazo. En general, pese a las campañas y manifestaciones de que todo marcha bien, todo marcha peor.

Por ello, lo lógico y normal es que, en el informe del próximo año España siga cayendo en dicho Índice, en el pozo de la corrupción. Es difícil determinar si la corrupción es el resultado del poder o, si la corrupción ha servido para llegar el poder. Es lo mismo.

Aferrarse al poder como sea, es la consigna de este gobierno. La acción política emplea normas “ómnibus” en donde se mezclan “churras con merinas”, algo que repugna a la racionalidad y la decencia política. Si hay que liberar a asesinos condenados por terrorismo, se hace de forma silente, hasta que reciben los recibimientos apologéticos de las huestes de ETA. Si se ceden competencias sobre las fronteras -algo muy exclusivo del Estado-, se hace. Si la mentira y la manipulación es signo distintivo de la acción política gubernamental, se sigue acusando a los otros de mentir -algo que recuerda lo de la viga en el propio ojo.

Una corrupción que no solo es económica, pues se cuela hasta el espíritu de los ciudadanos y de la nación. Si el egoísmo propio de la corrupción alcanza el espíritu del pueblo español, éste se fragmentará. Los vientos de la corrupción barrerán la concordia y el consenso de la Transición Política y traerán el sectarismo, el enfrentamiento permanente y la división propia de la II República. Un camino hacia el desastre.

La Autarquía que viene o la necesidad de hacer. 

por Ramón Estévez

Estas páginas exponen dos de los principales problemas de Europa y de España. Llevan décadas con nosotros, apenas se habla de ellos y no son solubles a corto plazo. Sin embargo es imperativo abordarlos si queremos evitar que la pérdida de peso global de la UE siga creciendo y se haga irreversible. De modo muy resumido se trata de las consecuencias de nuestra dependencia geopolítica y de la importante pérdida de nivel tecnológico.

A comienzos de 2025  entrábamos en el cuarto año de la guerra de Ucrania, el presidente Trump arrancaba su segunda legislatura amenazando al mundo con aranceles. Alemania, hundida por las propias sanciones europeas a Rusia, languidecía al tener que renunciar al mercado ruso y a su energía a precios razonables. Sin otras opciones, su industria se trasladaba discretamente a los EEUU o sopesaba la posibilidad de hacerlo. Alemania no podía mantener su competitividad  y se veía en la tesitura de comprar más energía a los EEUU y de mantener las centrales de carbón a toda máquina amén de liquidar sus propias centrales nucleares. Un conjunto de circunstancias difíciles de explicar desde un proceso decisorio racional.

El resto de Europa, bajo una Comisión obsesivamente reguladora, continuaba su largo declive bajo una fiscalidad destructiva. La idea de que toda fiscalidad es un coste macroeconómico no terminaba de entrar en las acomodadas mentes de sus políticos.

A su vez Úrsula Von der Leyen se preparaba para explicar que tendríamos que pagar la reconstrucción de Ucrania mientras Trump y Putin pactaban por su cuenta el fin de  de la guerra. Europa, ausente de las decisiones imperiales, se mostraba incapaz de liberar las energías de sus casi quinientos millones de habitantes cada vez menos libres y más regulados. Desde los tapones de los envases hasta los desarrollos de Inteligencia Artificial. La ciudadanía, mal informada por sus “medios”, no era consciente de estar al borde del precipicio que ocultaban la prensa y  el prudente Informe Draghi.

Tras la terrible legislatura “woke” del tandem Biden-Harris, arranca  el mandato de Trump con la promesa de reconstruir una América grande. Con sus formas estentóreas, Trump reiteraba  lo que ya venía sucediendo desde la presidencia de Biden: que el traslado de empresas  desde la UE era  incentivado por la Casa Blanca. Y si Europa no se defendía…”allá ella” en versión discreta del feo improperio de Victoria Nuland en aquel Maidan financiado por fondos del USAID. Europa vivía en el olvido terapéutico de la voladura del Nord Stream pero ya comenzaba a ser consciente de que su declive sería en soledad.

Así las cosas, la primera gran prioridad es reconocer nuestra suicida dependencia de los EEUU. Una circunstancia que nos exige reaccionar para que los intereses geoestratégicos norteamericanos dejen de ser la brújula que orienta y subordina los nuestros.

Es igualmente crucial sacar a la luz pública el otro grave problema: nuestro largo declive tecnológico fruto, también, de la ya citada dependencia desde la postguerra.

En efecto. Unas semanas antes del comienzo de las restricciones mundiales a causa del Covid, un organismo de la ONU, la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), publicó su por entonces último informe que tampoco recibió la atención de la prensa. Cinco años después sigue oculto tras un ominoso y pertinaz silencio.

Aquel informe mostraba que China ya duplicaba a los EEUU en producción tecnológica (solicitudes de patentes y registros de propiedad industrial) con un 40% de la actividad global. Japón, con un 10%, la mitad que Estados Unidos (19%), ocupaba el tercer lugar y Corea del Sur, con un 6.7%, el cuarto. La Unión Europea, que aún incluía al Reino Unido,  era la quinta “potencia” con un 5.6%. Lo realmente chocante era que la UE tenía y tiene diez veces la población de Corea.

En menos de treinta años Occidente había pasado, desde el liderazgo indiscutible, a la pérdida del mismo y a una situación europea tremenda por terminal.

No hace falta ser un genio para ver que el  bloque económico europeo, con los mayores costes fiscales del mundo, no puede subsistir sin un claro liderazgo tecnológico en nuestros productos que compense costes y precios estratosféricos. No solo no puede subsistir sino que deberíamos ser conscientes de que la actual situación es insostenible y condena al fracaso la principal función del estado: la creación de progreso.

La actual superioridad tecnológica china se ha logrado en los últimos cuarenta años durante los cuales  se alzó como la gran potencia fabril del globo. Algo  lógico porque la necesidad de encontrar soluciones científicas y técnicas ingeniosas no surge en el vacío y solo se produce gracias a las dificultades y desafíos propios de un entorno fabril que exige soluciones a cada instante. Esta realidad no ha pasado desapercibida para los gobiernos de los EEUU y tratan de remediarla del único modo posible: su reindustrialización a ultranza de tal modo que puedan recuperar  su hoy perdida primacía tecnológica. Una apuesta difícil e incierta en cualquier caso pero imperativa para los gobiernos de Washington. Lo cual les honra.

En este proceso la UE se halla en una pésima situación por las trampas en las que fuimos cayendo desde que Bush padre pronunció aquella fatídica frase “We prevailed”, que, traducido, quería decir: “hemos ganado, y Rusia va a tener que aguantar la ruptura de nuestra promesa de no extender la OTAN hacia el Este”.

Hoy, perdida la guerra de Ucrania por el bloque Occidental, estamos ante un escenario en el cual el “hegemon” anterior ya sabe que está en un mundo multipolar y se repliega para recuperar sus fortalezas. En ese justo instante los europeos nos encontramos, como reza el dicho popular, colgados de la brocha con una fiscalidad desaforada y unos costes de energía que nos imposibilitan ser competitivos.

Mientras tanto los EEUU ya se han lanzado a recuperar su antigua potencia industrial como base para alcanzar nuevamente la superioridad  tecnológica.

Para Europa la inacción no es una opción compatible con nuestra supervivencia. Sin embargo la realidad es que no vemos que nuestra cúpula actúe en el sentido que las circunstancias exigen.

¿Qué está haciendo Europa? ¿Qué estamos haciendo en España para recuperar y desarrollar su industria? ¿Seguiremos, en vano, esperando a que otros lo hagan por nosotros? ¿Seremos las viejas naciones capaces de tomar la iniciativa sin depender de una UE que es causa de la situación e incapaz de crear las condiciones de entorno que permitan la eclosión de los miles de millares de iniciativas necesarias para el progreso? La inacción no es una alternativa. Como tampoco lo es la pervivencia del modelo que nos ha traído a esta situación. Sobran regulación y control, falta libertad y cada vez es más evidente que ninguna de estas taras se resolverá desde Bruselas.

Los acontecimientos trágicos vividos en las inundaciones que se produjeron el pasado mes de octubre en el este y sur de España, especialmente en Valencia, han revitalizado un término noble: la solidaridad.

Miles y miles de voluntarios se lanzaron en ayuda espontánea a los afectados, en una manifestación histórica, que se llamó de solidaridad. Pero ¿qué es la solidaridad?

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como la «adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros». La muerte de más de doscientas personas cercanas o lejanas no puede ser una causa ajena para nadie, por lo que esa acepción no nos ayuda mucho.

La esencia del término «solidaridad» se nos escapa, tal vez porque en otras ediciones anteriores del Diccionario la primera acepción que se recogía era la jurídica y civil de las obligaciones solidarias —«modo de derecho u obligación in sólidum»— que sí atañen y obligan, individualmente y en común, a todos y a cada uno de los deudores en ellas.

En la última edición de la Real Academia esa acepción se mantiene, pero ha sido relegada a un segundo término, con el resultado de que hoy el Diccionario no nos parece muy preciso, tras las inundaciones de la última riada que todo lo arrasó. Cuando una tragedia ha afectado a casi 800.000 compatriotas tampoco es ni puede ser «una causa o empresa de otros».

¿Qué hacer? Podríamos restaurar como preferente la antigua acepción jurídica o, mejor, buscar, desde la última tragedia que hemos sufrido, un sentido más exacto en la lengua española del término «solidaridad», en el que se exprese lo que ha significado

ser solidario para este difícil año dos mil veinticinco que ahora acaba de empezar.

El pasado discurso de Navidad de S.M. el Rey nos ofrece la solución al problema. La tradición de los mensajes de Navidad del Jefe del Estado supera lo que es el protocolo porque se dirige sin ningún intermediario en forma directa a todos los españoles en un momento familiar íntimo, previo a la cena de Nochebuena, lo que da un sentido profundo a sus mensajes.

Se producen todos los años y en eso se diferencian de los mensajes históricos que todos recordamos del Rey don Juan Carlos I y del propio Felipe VI, aunque los mensajes del Rey tienen siempre un mismo sentido. El artículo 56.1 de la Constitución define al Rey como símbolo de la continuidad y permanencia del Estado, lo que apela a su valor de integración y de resumen del Estado y de toda la sociedad y a una función indudable de guía de la comunidad nacional.

En el mensaje de Navidad de este año el Rey ha cambiado el marco habitual del Palacio de la Zarzuela y ha preferido acudir en forma solemne a la sede oficial de la Jefatura del Estado en el Palacio de Oriente. Allí, sus referencias a una dana especialmente trágica en los alrededores de Valencia han sido parte esencial del mensaje.

El Rey ha recordado su primera visita a la catástrofe y ha afirmado que en esa ocasión y en otras visitas posteriores había reconocido «en el trabajo ingente de voluntarios anónimos y de servidores públicos», la «solidaridad en su sentido más puro y más apegado a lo concreto» y también había «comprobado — y entendido — al mismo tiempo la frustración, el dolor, la impaciencia y las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones».

Sus palabras han sido certeras cuando afirmó que tanto la solidaridad como la frustración surgen de una exigencia ineludible del bien común.

«Todas esas emociones —las que conmueven y reconfortan y las que duelen y apenan— surgen de una misma raíz: la conciencia del bien común, la expresión del bien común, o la exigencia del bien común».

Y es que la solidaridad no es solo un sentimiento circunstancial loable que nos impulse a paliar de cerca o de lejos los males de otras personas. Ha de entenderse como la determinación firme de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

Las palabras del mensaje de Felipe VI han dado un sentido exacto al término «solidaridad» que nos ha vuelto a acercar a su acepción más jurídica, que se expresa en el artículo 2 de la propia Constitución y que la doctrina del Tribunal Constitucional identifica con la lealtad constitucional recíproca que obliga a los poderes territoriales del Estado.

«Nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, su letra y su espíritu” —ha dicho el Rey—. “El acuerdo en lo esencial fue el principio fundamental que la inspiró. Trabajar por el bien común es preservar precisamente el gran pacto de convivencia donde se afirma nuestra democracia y se consagran nuestros derechos y libertades, pilares de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».

La dimensión básica del bien común como fundamento de la solidaridad es una enseñanza profunda y duradera del magnífico discurso de Navidad de 2024 del Rey don Felipe VI.

La democracia es un sistema abierto y dinámico, por lo que resulta especialmente vulnerable al deterioro de las instituciones que la conforman y, en especial, al bloqueo de la capacidad efectiva de aquellas instituciones que actúan como poderes independientes y contrapoderes, incluyendo los medios de comunicación. Ese deterioro se convierte en franca decadencia cuando la democracia está crecientemente sustentada en una sociedad de moral relativista, carente de una ética pública asentada, escasamente vertebrada y con tendencia a desvincularse del bien común. En ese contexto de una sociedad mayoritariamente líquida, los factores que minan una democracia son: la corrupción personal e institucional, la partitocracia, el control político de las instituciones de contrapoder, un Estado de Derecho deteriorado, una Administración de justicia poco eficaz, la vulneración sistemática del principio de subsidiariedad, la insolidaridad social y territorial, una oligarquía extractiva y un cortoplacismo sistémico.

En España llevamos dos décadas en las que la degradación ética, política e institucional ya ha situado a nuestra democracia a los pies de los caballos del autoritarismo liberticida, sometiéndola a un proceso deconstituyente y habilitante mediante la alteración del ordenamiento constitucional a través de legislación de rango inferior y de la cobertura de un Tribunal Constitucional colonizado por el poder político. Esa progresiva erosión de los principios constitucionales tiene como objetivo la transformación de nuestro régimen democrático, de derechos y libertades, en un régimen autocrático, autoritario y liberticida. Lamentablemente, la pretendida superioridad moral de la izquierda, continuamente desmentida por los hechos, ha dificultado la normal alternancia en el poder, así como su hegemonía cultural nihilista ha entorpecido significativamente el desarrollo de una alternativa cultural conservadora humanista, debilitando el pluralismo ideológico inexcusable en una democracia.

Lo más grave de ese sustancial retroceso en nuestros derechos y libertades democráticos es la constatación histórica de que una vez se ha instalado un régimen autoritario, controlando las instituciones clave, ya no hay vuelta atrás, las elecciones dejan de ser libres, el pluralismo ideológico es perseguido, la censura impera en todos los órdenes y las instituciones se transmutan en meras correas de transmisión de un poder político antidemocrático cuyo único objetivo es perpetuarse en ese poder. Deberíamos de ser muy conscientes de que una democracia es especialmente vulnerable cuando es atacada desde sus propias instituciones, provocando una indefensión que abre las puertas a su destrucción. Muy al contrario, una autocracia es un sistema cerrado e inmovilista, que se mantiene mientras no se modifiquen significativamente las condiciones que lo hicieron posible y, en España, la probabilidad de que se produjese un proceso de regeneración institucional, bajo un régimen autoritario, sería mínima.

A esa deriva antidemocrática se añade la exacerbación de las crónicas tensiones secesionistas provocadas por los nacionalismos catalanes y vasco-navarros, convertidos en actores indispensables para el mantenimiento del actual statu quo de poder político capitaneado por el PSOE de Pedro Sánchez. El asalto al Poder Judicial, La Ley de Amnistía, la legislación anticonstitucional y la colonización política de las Instituciones del Estado, atentan directamente contra la Constitución, contra nuestra democracia y contra la propia existencia de nuestra Nación. El próximo episodio de esa renuncia al mandato constitucional consistirá, con toda probabilidad, en la celebración de sendos referéndums de autodeterminación, disfrazados de consulta pactada no vinculante. Se está transitando el camino para acabar con el Reino de España y alumbrar una república federal, un camino ya recorrido de facto por unas Autonomías en las que los poderes del Estado central han quedado reducidos al mínimo.

Ante el acelerado avance de ese grave proceso involutivo, que pretende destruir, simultáneamente, nuestra democracia y nuestra Nación, era de esperar una rápida y enérgica respuesta de las élites intelectuales, culturales, políticas, institucionales y económicas españolas, reacción que brilla por su ausencia o por su extrema debilidad, salvo notables excepciones. No obstante, cabe destacar el creciente protagonismo de una sociedad civil concienciada en la defensa de los principios y valores que sustentan sus derechos y libertades. En el último lustro se han creado nuevas asociaciones ciudadanas y se han reforzado algunas de las anteriormente existentes, consiguiendo una notable presencia y una fuerza suficiente para hacer valer su voz en la vida pública española. En el actual escenario institucional de alto riesgo es indispensable que la sociedad civil activa respalde, secunde y fortalezca con decisión y generosidad a todas aquellas asociaciones que defiendan una sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley en el marco de una democracia representativa. Una mención aparte merece el Rey Felipe VI, que ha actuado conforme al mandato constitucional, dentro de las limitaciones impuestas por dicho mandato y que, como jefe del Estado, debemos de confiar en que continuará velando para que España se mantenga como Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El devenir del régimen democrático en España será paralelo al de su monarquía parlamentaria.

Esa patente fragilidad de las élites españolas, constituye una clara señal de alarma de que el autogolpe de Estado en marcha tiene una creciente probabilidad de alcanzar sus deleznables objetivos. Resulta muy difícil de asumir que la oligarquía española no se haya opuesto frontalmente a que se esté perpetrando un trascendental retroceso en el orden institucional, social, político y económico cuyo desenlace sería la implantación de un régimen autoritario y de una república federal. En lo relativo a los procedimientos judiciales abiertos contra personas del ámbito político y familiar de Pedro Sánchez, que podrían acabar alcanzando al propio presidente del Gobierno, carecen de auténtica relevancia para detener el proceso de deconstrucción del régimen democrático y paralela construcción de un régimen autocrático, por los siguientes motivos:
– La actual mayoría parlamentaria dispone de la capacidad de denegar los suplicatorios para cargos aforados.

– El Tribunal Constitucional, con su actual composición, ha demostrado su capacidad para recalificar conductas delictivas y promover indultos.
– La Proposición de Ley Orgánica, registrada el 10/01/25, con efectos retroactivos, comporta la radical restricción de las vías de acceso a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución y de la que es clave de bóveda la Acción Popular.
– De llevarse a cabo el disruptivo proyecto de sustituir la actual figura del juez instructor por la nueva figura del fiscal instructor, se estaría asestando el golpe de gracia a la independencia del Poder Judicial y con ella, al Estado de Derecho, garante de los derechos humanos, las libertades civiles y la primacía de la ley.

Los demócratas españoles, independientemente de nuestra ideología o credo y antes de que sea demasiado tarde, tenemos la obligación moral de utilizar todos los medios que nos brinda la Constitución para truncar ese proceso de destrucción de la convivencia en paz, libertad e igualdad de todos los españoles, una exitosa convivencia en democracia que ha sido la piedra angular del notable progreso de la sociedad española, en todos los órdenes, desde la instauración de la Democracia en 1978.

Avizor

Guillermo Ostos, un general para la Democracia

El fallecimiento de Guillermo Ostos, el pasado 18 de enero y el homenaje que merece su recuerdo responde a un reconocimiento profesional y al valor humano de su persona dedicada, durante toda su vida, al servicio de la Guardia Civil y por ende al servicio de España.

Figura indispensable de la lucha antiterrorista en los gobiernos de UCD y del primer PSOE, vivió oportunidades que siendo fruto de la casualidad tuvieron importante repercusión en su carrera. Compañero de dormitorio del príncipe Juan Carlos en la Academia de Zaragoza y comandante ayudante del general Aramburu la noche 23 F, desempeño un papel trascendente en los intentos de revertir, aquel día, la senda democrática emprendida por nuestra sociedad. Profesor de Derecho en CEU San Pablo, su conducta fue determinante para debilitar los argumentos de un superior, el general Armada, en su intento de autoproclamarse al frente de un gobierno de crisis.

Contribuyó con inteligencia y lealtad durante los gobiernos de Felipe González a fortalecer los instrumentos legales de la lucha contra ETA y su éxito fue, indirecta y paradójicamente, reconocido por el PNV al incluir Arzallus su negativa, ante Aznar, al ascenso a general de Ostos en las condiciones de pacto de legislatura en1996.

Su reconocimiento entre los compañeros del Cuerpo es todavía una evidencia y quienes le conocieron dan testimonio permanente de su preocupación por las condiciones en las que los guardias desempeñaban su labor. Valor significativo tuvo su entrevista con el obispo Setien, para reclamar un tratamiento digno a los guardias asesinados cuando se solicitaban funerales en las parroquias del País Vasco, una lacra de la historia de la Iglesia en esa época.

Miembro del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, murió tras 86 años de actividad ejemplar cuando el cáncer invadió su cuerpo y se protegió al amparo de su familia.

César Vacchiano

Periodista