Los acontecimientos trágicos vividos en las inundaciones que se produjeron el pasado mes de octubre en el este y sur de España, especialmente en Valencia, han revitalizado un término noble: la solidaridad.

Miles y miles de voluntarios se lanzaron en ayuda espontánea a los afectados, en una manifestación histórica, que se llamó de solidaridad. Pero ¿qué es la solidaridad?

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la define como la «adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros». La muerte de más de doscientas personas cercanas o lejanas no puede ser una causa ajena para nadie, por lo que esa acepción no nos ayuda mucho.

La esencia del término «solidaridad» se nos escapa, tal vez porque en otras ediciones anteriores del Diccionario la primera acepción que se recogía era la jurídica y civil de las obligaciones solidarias —«modo de derecho u obligación in sólidum»— que sí atañen y obligan, individualmente y en común, a todos y a cada uno de los deudores en ellas.

En la última edición de la Real Academia esa acepción se mantiene, pero ha sido relegada a un segundo término, con el resultado de que hoy el Diccionario no nos parece muy preciso, tras las inundaciones de la última riada que todo lo arrasó. Cuando una tragedia ha afectado a casi 800.000 compatriotas tampoco es ni puede ser «una causa o empresa de otros».

¿Qué hacer? Podríamos restaurar como preferente la antigua acepción jurídica o, mejor, buscar, desde la última tragedia que hemos sufrido, un sentido más exacto en la lengua española del término «solidaridad», en el que se exprese lo que ha significado

ser solidario para este difícil año dos mil veinticinco que ahora acaba de empezar.

El pasado discurso de Navidad de S.M. el Rey nos ofrece la solución al problema. La tradición de los mensajes de Navidad del Jefe del Estado supera lo que es el protocolo porque se dirige sin ningún intermediario en forma directa a todos los españoles en un momento familiar íntimo, previo a la cena de Nochebuena, lo que da un sentido profundo a sus mensajes.

Se producen todos los años y en eso se diferencian de los mensajes históricos que todos recordamos del Rey don Juan Carlos I y del propio Felipe VI, aunque los mensajes del Rey tienen siempre un mismo sentido. El artículo 56.1 de la Constitución define al Rey como símbolo de la continuidad y permanencia del Estado, lo que apela a su valor de integración y de resumen del Estado y de toda la sociedad y a una función indudable de guía de la comunidad nacional.

En el mensaje de Navidad de este año el Rey ha cambiado el marco habitual del Palacio de la Zarzuela y ha preferido acudir en forma solemne a la sede oficial de la Jefatura del Estado en el Palacio de Oriente. Allí, sus referencias a una dana especialmente trágica en los alrededores de Valencia han sido parte esencial del mensaje.

El Rey ha recordado su primera visita a la catástrofe y ha afirmado que en esa ocasión y en otras visitas posteriores había reconocido «en el trabajo ingente de voluntarios anónimos y de servidores públicos», la «solidaridad en su sentido más puro y más apegado a lo concreto» y también había «comprobado — y entendido — al mismo tiempo la frustración, el dolor, la impaciencia y las demandas de una coordinación mayor y más eficaz de las administraciones».

Sus palabras han sido certeras cuando afirmó que tanto la solidaridad como la frustración surgen de una exigencia ineludible del bien común.

«Todas esas emociones —las que conmueven y reconfortan y las que duelen y apenan— surgen de una misma raíz: la conciencia del bien común, la expresión del bien común, o la exigencia del bien común».

Y es que la solidaridad no es solo un sentimiento circunstancial loable que nos impulse a paliar de cerca o de lejos los males de otras personas. Ha de entenderse como la determinación firme de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos.

Las palabras del mensaje de Felipe VI han dado un sentido exacto al término «solidaridad» que nos ha vuelto a acercar a su acepción más jurídica, que se expresa en el artículo 2 de la propia Constitución y que la doctrina del Tribunal Constitucional identifica con la lealtad constitucional recíproca que obliga a los poderes territoriales del Estado.

«Nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, su letra y su espíritu” —ha dicho el Rey—. “El acuerdo en lo esencial fue el principio fundamental que la inspiró. Trabajar por el bien común es preservar precisamente el gran pacto de convivencia donde se afirma nuestra democracia y se consagran nuestros derechos y libertades, pilares de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho».

La dimensión básica del bien común como fundamento de la solidaridad es una enseñanza profunda y duradera del magnífico discurso de Navidad de 2024 del Rey don Felipe VI.

La democracia es un sistema abierto y dinámico, por lo que resulta especialmente vulnerable al deterioro de las instituciones que la conforman y, en especial, al bloqueo de la capacidad efectiva de aquellas instituciones que actúan como poderes independientes y contrapoderes, incluyendo los medios de comunicación. Ese deterioro se convierte en franca decadencia cuando la democracia está crecientemente sustentada en una sociedad de moral relativista, carente de una ética pública asentada, escasamente vertebrada y con tendencia a desvincularse del bien común. En ese contexto de una sociedad mayoritariamente líquida, los factores que minan una democracia son: la corrupción personal e institucional, la partitocracia, el control político de las instituciones de contrapoder, un Estado de Derecho deteriorado, una Administración de justicia poco eficaz, la vulneración sistemática del principio de subsidiariedad, la insolidaridad social y territorial, una oligarquía extractiva y un cortoplacismo sistémico.

En España llevamos dos décadas en las que la degradación ética, política e institucional ya ha situado a nuestra democracia a los pies de los caballos del autoritarismo liberticida, sometiéndola a un proceso deconstituyente y habilitante mediante la alteración del ordenamiento constitucional a través de legislación de rango inferior y de la cobertura de un Tribunal Constitucional colonizado por el poder político. Esa progresiva erosión de los principios constitucionales tiene como objetivo la transformación de nuestro régimen democrático, de derechos y libertades, en un régimen autocrático, autoritario y liberticida. Lamentablemente, la pretendida superioridad moral de la izquierda, continuamente desmentida por los hechos, ha dificultado la normal alternancia en el poder, así como su hegemonía cultural nihilista ha entorpecido significativamente el desarrollo de una alternativa cultural conservadora humanista, debilitando el pluralismo ideológico inexcusable en una democracia.

Lo más grave de ese sustancial retroceso en nuestros derechos y libertades democráticos es la constatación histórica de que una vez se ha instalado un régimen autoritario, controlando las instituciones clave, ya no hay vuelta atrás, las elecciones dejan de ser libres, el pluralismo ideológico es perseguido, la censura impera en todos los órdenes y las instituciones se transmutan en meras correas de transmisión de un poder político antidemocrático cuyo único objetivo es perpetuarse en ese poder. Deberíamos de ser muy conscientes de que una democracia es especialmente vulnerable cuando es atacada desde sus propias instituciones, provocando una indefensión que abre las puertas a su destrucción. Muy al contrario, una autocracia es un sistema cerrado e inmovilista, que se mantiene mientras no se modifiquen significativamente las condiciones que lo hicieron posible y, en España, la probabilidad de que se produjese un proceso de regeneración institucional, bajo un régimen autoritario, sería mínima.

A esa deriva antidemocrática se añade la exacerbación de las crónicas tensiones secesionistas provocadas por los nacionalismos catalanes y vasco-navarros, convertidos en actores indispensables para el mantenimiento del actual statu quo de poder político capitaneado por el PSOE de Pedro Sánchez. El asalto al Poder Judicial, La Ley de Amnistía, la legislación anticonstitucional y la colonización política de las Instituciones del Estado, atentan directamente contra la Constitución, contra nuestra democracia y contra la propia existencia de nuestra Nación. El próximo episodio de esa renuncia al mandato constitucional consistirá, con toda probabilidad, en la celebración de sendos referéndums de autodeterminación, disfrazados de consulta pactada no vinculante. Se está transitando el camino para acabar con el Reino de España y alumbrar una república federal, un camino ya recorrido de facto por unas Autonomías en las que los poderes del Estado central han quedado reducidos al mínimo.

Ante el acelerado avance de ese grave proceso involutivo, que pretende destruir, simultáneamente, nuestra democracia y nuestra Nación, era de esperar una rápida y enérgica respuesta de las élites intelectuales, culturales, políticas, institucionales y económicas españolas, reacción que brilla por su ausencia o por su extrema debilidad, salvo notables excepciones. No obstante, cabe destacar el creciente protagonismo de una sociedad civil concienciada en la defensa de los principios y valores que sustentan sus derechos y libertades. En el último lustro se han creado nuevas asociaciones ciudadanas y se han reforzado algunas de las anteriormente existentes, consiguiendo una notable presencia y una fuerza suficiente para hacer valer su voz en la vida pública española. En el actual escenario institucional de alto riesgo es indispensable que la sociedad civil activa respalde, secunde y fortalezca con decisión y generosidad a todas aquellas asociaciones que defiendan una sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley en el marco de una democracia representativa. Una mención aparte merece el Rey Felipe VI, que ha actuado conforme al mandato constitucional, dentro de las limitaciones impuestas por dicho mandato y que, como jefe del Estado, debemos de confiar en que continuará velando para que España se mantenga como Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El devenir del régimen democrático en España será paralelo al de su monarquía parlamentaria.

Esa patente fragilidad de las élites españolas, constituye una clara señal de alarma de que el autogolpe de Estado en marcha tiene una creciente probabilidad de alcanzar sus deleznables objetivos. Resulta muy difícil de asumir que la oligarquía española no se haya opuesto frontalmente a que se esté perpetrando un trascendental retroceso en el orden institucional, social, político y económico cuyo desenlace sería la implantación de un régimen autoritario y de una república federal. En lo relativo a los procedimientos judiciales abiertos contra personas del ámbito político y familiar de Pedro Sánchez, que podrían acabar alcanzando al propio presidente del Gobierno, carecen de auténtica relevancia para detener el proceso de deconstrucción del régimen democrático y paralela construcción de un régimen autocrático, por los siguientes motivos:
– La actual mayoría parlamentaria dispone de la capacidad de denegar los suplicatorios para cargos aforados.

– El Tribunal Constitucional, con su actual composición, ha demostrado su capacidad para recalificar conductas delictivas y promover indultos.
– La Proposición de Ley Orgánica, registrada el 10/01/25, con efectos retroactivos, comporta la radical restricción de las vías de acceso a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución y de la que es clave de bóveda la Acción Popular.
– De llevarse a cabo el disruptivo proyecto de sustituir la actual figura del juez instructor por la nueva figura del fiscal instructor, se estaría asestando el golpe de gracia a la independencia del Poder Judicial y con ella, al Estado de Derecho, garante de los derechos humanos, las libertades civiles y la primacía de la ley.

Los demócratas españoles, independientemente de nuestra ideología o credo y antes de que sea demasiado tarde, tenemos la obligación moral de utilizar todos los medios que nos brinda la Constitución para truncar ese proceso de destrucción de la convivencia en paz, libertad e igualdad de todos los españoles, una exitosa convivencia en democracia que ha sido la piedra angular del notable progreso de la sociedad española, en todos los órdenes, desde la instauración de la Democracia en 1978.

Avizor

Organizadas por el Observatorio CEU de Religión y Sociedad y por la Fundación Cultural Herrera Oria

En los últimos meses la señora Ministra de Sanidad Mónica García está insistiendo en el compromiso claro y nítido de su ministerio, es decir, del Estado, con el aborto. Su aspiración remota es blindarlo en la Constitución, la inmediata es restringir y controlar el derecho a la objeción de conciencia. Lo cual, por cierto, comparte el actual Tribunal Constitucional, que en una reciente sentencia (la 44/2023) ha dicho que la objeción de conciencia al aborto «debe interpretarse de una forma estricta». Pero resulta que hay realidades que no son por el Estado ni para el Estado, que quedan fuera del Estado, como son las verdades matemáticas, las de la física cuántica… y la propia conciencia. Sí, todos tenemos nuestra conciencia, que es nuestra, no del Estado, lo reconoce la Propia Constitución en sus artículos 20 y 30. Gracias a ella sabemos por nosotros mismos (no porque nos lo diga el Código Penal) que matar a un ser humano es malo, no bueno; y quienes conocemos qué es realmente el cigoto y el embrión (biológicamente, no según los criterios del Poder), sabemos también que es malo tanto si ya ha nacido como si está por nacer. Resulta, además, que esa conciencia ¡es libre! Lo proclama la Constitución en sus artículos 15 y 16 al consagrar los derechos fundamentales (auténticos, no ficticios) a la integridad moral y a la libertad ideológica de todos y cada uno de nosotros. Esa es la razón por la que el Poder debe respetar la conciencia de todos, y podemos objetar ante leyes que nos obligan a actuar contra la propia conciencia.

Frente a ello, las recientes leyes sobre el aborto y la eutanasia ya maltratan la objeción de conciencia: la conceden sólo a los sanitarios «directamente implicados», cuando hay muchos otros (por ejemplo, en Indiana se concede a quienes preparan el instrumental); debe manifestarse «individualmente», lo cual impide a una institución defender la vida y se opone a la Resolución del Consejo de Europa de 7 de octubre de 2010; y, como colofón, la objeción «debe manifestarse anticipadamente y por escrito», que se inscribirá en un «registro de personas objetoras de conciencia» (así le llaman), señalando así como si fueran delincuentes fiscales a quienes en conciencia no quieren participar, cuando lo lógico sería que se registrasen quienes estén dispuestos a matar al feto o al paciente adulto.

Señora Ministra, ilustres Magistrados Constitucionales: no es misión del Estado imponer un sistema matemático o combatir la física cuántica, y tampoco lo es ahogar las conciencias de quienes han hecho el juramento del primer médico científico, que fue Hipócrates (no mataré a nadie aunque me lo pida, dice). No restrinjan ni controlen la objeción, al contrario, apuesten por la libertad. ¿No hay un ministerio de igualdad?, ¿por qué no otro de libertad, que es el primer valor superior que propugna nuestra Constitución en su artículo uno? Los sanitarios, todos, tienen un ámbito íntimo de libertad de conciencia, un reducto que es suyo. ¿No ven que sus derechos fundamentales a la integridad moral y a la libertad ideológica sólo están limitados por el orden público protegido por la ley?, lo dice artículo 16 de la Constitución. No hay otro límite. Un artificial derecho a abortar no contenido en la Constitución (al contrario, consagra el derecho a la vida en su artículo 15), no puede hacer que una parte significativa de ciudadanos sea obligada a obrar contra sus más íntimas convicciones. ¿No ven que eso convierte al Estado en un Estado Paternalista que nos trata como niños menores de edad? Frente a la coacción libertad, defendamos la libertad de conciencia como hizo Tomás Moro.

Durante los días 4 y 5 de diciembre, 20 miembros de nuestra Aula Política Joven estuvieron desarrollando diversas actividades en Bruselas.

Iniciaron el recorrido con la visita al Museo de la Historia Europea donde estuvieron recorriendo las diferentes salas de exposiciones e intercambiando opiniones. Posteriormente, asistieron a la visita guiada al Parlamento Europeo. Allí pudieron conocer detalles de esta Cámara que integra a legisladores de los 27 países de la Unión. Profundizaron especialmente en la nueva composición política, sus particularidades legislativas, entre otros temas, recorriendo además el hemiciclo de sesiones. Después sostuvieron un encuentro con los eurodiputados del EPP, Adrián Vázquez y Borja Giménez

Una vez concluido este primer intercambio, participaron en el debate “46 años de Democracia: Una mirada a la Constitución Española desde Europa” con la profesora Teresa Freixes, jurista especialista en Derecho Constitucional español y europeo. Después de esta actividad tuvieron un intercambio con varios eurodiputados.

El día 5 de diciembre fueron recibidos por el embajador del Reino de España ante el Reino de Bélgica, D. Alberto Antón Cortés, en la sede diplomática ubicada en Bruselas. Durante cerca de 2 horas los estudiantes estuvieron intercambiando, además del Embajador, con 4 consejeros de la embajada, analizando las principales funciones que realizan allí y sosteniendo un ameno debate de opiniones sobre el servicio exterior español, y el papel de España en las instituciones europeas.

Finalizada esta actividad se organizó un encuentro con Dña. Patricia Santos, directora de la Oficina del CEU en Bruselas, en donde se habló de las principales actividades que allí desarrolla nuestra Universidad, así como los servicios que presta la oficina del CEU en Bélgica.

Con este viaje, los estudiantes pudieron conocer de primera mano, las particularidades del funcionamiento de las instituciones europeas de cara a la nueva legislatura, sus principales desafíos dentro y fuera de Europa, lo que contribuyó aumentar su formación y visualizar en la práctica, alguno de los debates sostenidos en el Aula Política.

El objeto de estas líneas es recordar algunos rasgos de la psicología humana que, lejos de ayudarnos a discernir, facilitan el trabajo de quienes tratan de fijar en nuestra mente su relato fraudulento.

Nos realizamos humanamente por la capacidad de discernimiento. Por el duro trabajo de acercarnos a la verdad tratando de distinguir lo verdadero de lo falso; muy especialmente cuando, pongamos por caso, los gobiernos distorsionan u ocultan los hechos reales y sus causas. El discernimiento es un hábito en el que cooperan voluntad, memoria y razón. Estas tres “potencias del alma” sufren menoscabo cuando, desde posiciones de poder, se intenta degradar nuestra percepción de la realidad. Algo que sufrimos a diario y que es la antítesis de la democracia.

Los “gestores de la opinión pública” existen en todos los regímenes y, lamentablemente, no debe sorprendernos verlos en sistemas políticos que se pretenden defensores de las libertades de expresión e información de sus ciudadanos. Bien sabemos que no son pocas las cuestiones importantes que están ausentes de gran parte de los medios de información o que son sustituidas por auténticas patrañas al servicio de los centros de poder. Si pasamos por alto estas injerencias en nuestras vidas aceptamos estar sometidos a nuevas formas de despotismo.

Por ello es oportuno recordar dos experimentos que nos muestran la fragilidad de nuestras convicciones y lo manipulable que es nuestro comportamiento. El primer experimento, de Milgram, confirma nuestra predisposición instintiva a la obediencia que nos lleva a despreciar derechos intrínsecos a otros seres humanos cuando actuamos bajo órdenes o sugerencias inmorales de una autoridad. Su famoso experimento en Yale, iniciado en 1961 y publicado en 1973, muestra la facilidad con la que suministramos descargas eléctricas crecientes a un “paciente” siguiendo las indicaciones del “director del experimento” llegando a causar gritos de dolor a la víctima. La obediencia a la autoridad bloquea nuestros criterios de bien y mal siendo asombrosamente escaso el número de personas que tienen el valor de dejar de hacer lo ordenado.

El segundo experimento, el de Asch en los años 50 del pasado siglo, demuestra la facilidad con la que manifestamos nuestro acuerdo con la opinión del grupo sabiendo que es errónea. El 37% de las personas lo hacen espontáneamente sin presión ni incentivo alguno. Simplemente “por no discrepar”. No hace falta esforzarnos en imaginar qué sucedería si esta presión grupal tácita fuese coactiva como ya está sucediendo en muchos países occidentales donde, por ejemplo, existen sanciones legales por no usar los famosos “neo-pronombres” de género. Es fácil ver que, por coacción o por recompensa, la práctica totalidad de la población opta por el silencio temeroso reproduciendo toda la pureza ancestral del instinto de las manadas. Rebaños que rechazan violentamente al discrepante como, en 1916, nos hizo ver el neurólogo inglés Wilfred Trotter en su célebre obra “Instincts of the Herd in Peace and in War”. Ambos comportamientos instintivos, -seguidismo obediente y conformidad grupal-, son recurso frecuente para quienes se dedican a “construir la opinión”, quizás ignorantes del daño que nos causan cuando difunden lo falso y distorsionan y ocultan lo verdadero.

No necesitamos ir muy lejos para ver ejemplos cercanos de este grave problema. Entre los muchos disponibles podríamos destacar por su actualidad el desastre provocado por la última “gota fría” en una parte de la provincia de Valencia y causante de más de doscientos muertos y daños materiales que llevará muchos años remediar.

Salvo escasas y muy honrosas excepciones los medios de comunicación se han centrado en las responsabilidades de las autoridades regionales. Estas, en este caso, son las menos relevantes para evitar, prevenir y remediar unas inundaciones catastróficas que han provocado la alarma en muchos países de Europa sin que el gobierno de España viese necesario asumir desde su inicio la gestión de esta trágica crisis. La mayor de los últimos setenta y cinco años. En vez de afrontar responsabilidades con rapidez y generosidad vimos todo lo contrario: un calculado “que lo pidan” que nos vuelve a recordar que el verdadero liderazgo es, fundamentalmente, una virtud moral.

De este modo parece olvidado el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 que prestaba atención especial a esta zona y que fue anulado por el presidente Rodríguez Zapatero en 2004 para satisfacer, a un coste astronómico, la mísera insolidaridad de algunos de sus apoyos políticos. Como también se ha olvidado –con poquísimas excepciones– la grave responsabilidad de normas europeas vetando el desbroce, dragado y limpieza de cauces así como dificultando, cuando no prohibiendo, la construcción de embalses que habrían evitado lo peor de este monumental desastre.

Por ello también es menester hablar de la insuficiente relevancia mediática que ha recibido la ministra Ribera responsable directa tanto de la gestión de la cuenca hidrográfica como de la construcción de un embalse imprescindible y planeado desde hace años pero eliminado de las ejecuciones presupuestarias sin olvidar las limpiezas y desbroces de torrenteras y cauces no realizadas a lo largo de nada menos que mil kilómetros de “rieras” levantinas consideradas de riesgo. Y qué decir de la demagógica y falsa retórica “climática” incluyendo la sustitución de “gota fría” por las iniciales de “depresión aislada en niveles altos” -la causa antediluviana de las “gotas frías”- recientemente instaurada para que, “lo de siempre”, parezca “cosa nueva”.

En esta cuestión de la libertad de información, su veracidad y el libre acceso a la misma estamos muy lastrados por los comportamientos de profesionales y medios que, siendo responsables de analizar e informar con seriedad, veracidad y sin ocultación, parecen reflejar fielmente los comportamientos que fueron expuestos por los experimentos de Milgram y de Asch. La Obediencia indebida y la Corrección política nos muestran que seguimos siendo cautivos de los poderosos instintos gregarios que conservamos.

Por ello es especialmente grande el mérito de quienes los superan y el agradecimiento que les debemos.

Gracián

El funcionario dijo al Ministro: “No se preocupe, aquello que dijo el Presidente del Gobierno ya no figura en ningún sitio. La versión que ofrecemos es la única accesible. Se acusará de desinformador a quién sostenga lo contrario“. ¿Se imaginan que está situación se pudiera dar? Tanto en España, como en otras partes del mundo, se observa un movimiento de revisionismo histórico. Un revisionismo que no solo pretende reescribir la Historia, también dar legitimidad a aquellos gobiernos y estados que lo hagan. El revisionismo como herramienta ideológica supone manipulación que, por definición, atenta contra la verdad. El legitimar a gobiernos y estados para que lo lleven a cabo es peligroso y atenta contra la libertad.

Se van dando pasos favoreciendo el revisionismo en España, al menos desde el Presidente Rodríguez Zapatero con su Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), pasando por la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre) y siguiendo por innumerables desarrollos normativos, iniciativas, planes, o “Comisiones de la Verdad”. En paralelo aparecen otras medidas -como el Plan de Regeneración Democrática del último septiembre- sobre la regulación de la desinformación y la transparencia en los medios de comunicación. Medidas que tienen el objetivo oficial de combatir la desinformación, los bulos, y establecer un mayor control sobre la transparencia de los medios. Revisionismo y control son las dos caras de reescribir, por un lado, y subyugar la posible oposición, por el otro. Una vez la sociedad da por bueno que el Estado puede reescribir la Historia, aunque el fruto sea la confrontación observable, el paso siguiente es evitar que existan voces que se levanten en contra. Las fuentes de información, de estudio, de análisis, de opinión, tienen que ser al final del camino escrutadas, controladas y atemorizadas. Que no se salgan del guion de lo que políticamente se quiere. Un día será la República, otro Hernán Cortés y otro la Reconquista, sin freno.

Podemos –y debemos- preguntarnos cuál es el último motivo por el que los Estados buscan adueñarse de la Historia en determinados momentos. El tener o no contestación a esa pregunta, no nos impide ver que los pasos que dan van en la dirección del revisionismo y el control.
Es algo que va más allá de la ruidosa batalla política diaria y que no nos debe confundir. Es una marea fuerte que, no solo en España, empuja de forma completa a la sociedad imbuyéndola en sentir que el Estado debe ser partícipe de todo en la vida, tanto individual como colectiva. En este caso, fijando una parte sustancial de una sociedad como es su Historia. Es, aquí, llamativo que los “expertos” de la ONU apoyen una “Comisión de la Verdad” del Gobierno (2018), cuando por definición la Verdad no puede ser determinada y menos impuesta por un Estado.

Cuando el Estado empieza a ser juez de lo que es Memoria de una sociedad, está haciendo algo que no le corresponde y que le convierte en peligroso. La Memoria de una sociedad es algo complejo y forma el sustrato profundo de los pueblos y personas, como tal hay que tratarla con cuidado. Que un Estado pueda instrumentalizar ideológicamente la Historia y decidir qué Memoria o qué Historia es la correcta, puede ser el germen de cualquier disparate, como poco.

El asumir que el Estado puede decidir qué es o no Historia correcta es dejar que traspase una línea roja que no se debe aceptar. Está fuera de las competencias de cualquier Estado salvo del totalitario. El Estado no debe suplantar a la sociedad ni arrogarse competencias que no le corresponden.
A muchas personas les vendrá a la cabeza el orwelliano “El pasado fue borrado, el borrado fue olvidado, la mentira se convirtió en verdad.» Y otros dirán que ¡vaya exageración! Muchos avatares históricos se convirtieron en realidad, porque al principio se pensaba que los primeros pasos no podrían llevar a consecuencias peores, por lo que no hacía falta poner toda la carne en el asador para oponerse. Luego ya fue demasiado tarde. Seguro que, en otras ocasiones, el esfuerzo de personas íntegras y abnegadas logró evitar, a tiempo, desgracias que hoy no podemos imaginar. Hoy, aquí y ahora, nos corresponde que nadie borre el pasado y lo sustituya con una mentira. La Historia debe ser una labor del tiempo; del cuidado y estudio de unos; de la transmisión y el recuerdo de otros; del análisis y reflexión de muchos; y de enseñanzas y orgullos de quienes lo sientan. Pero, formados y en libertad. Sin imposición. Sin Estado democrático con facetas totalitarias.

Chesterton apuntaba en “Ortodoxia” la importancia de tener presente a las generaciones que nos precedieron (“la democracia extendida en el tiempo”). También ellas contribuyeron a formar los valores y estructuras que nos han llevado al presente. Sus esfuerzos y vidas deben ser tenidos en cuenta por la sociedad; toda la riqueza de sus ideas y sabiduría. ¿Hasta qué punto somos quién para borrar la Historia o la vida de quienes nos precedieron? Pues, si como sociedad nos lo debemos cuestionar, mucho más el Estado como mero gestor de la misma. Falta el último y crucial paso para resaltar con trazo grueso la línea roja de la intromisión estatal en la Memoria. Ese paso es resaltar el ansia por adueñarse del relato correcto. Si se acepta que el Estado puede determinar qué Memoria es la correcta (y cuál debe ser eliminada), aceptamos que el Estado tiene razón tanto en el hecho de decidir sobre un tema de Memoria histórica, como determinar el contenido de la misma. Aceptar lo anterior traspasa la línea roja por dos motivos: el primero porque determinar el contenido entra dentro del campo de la manipulación; y, el segundo motivo, porque permitir que lo haga, entra dentro del ámbito de la libertad de la sociedad para conocer y aprender de su Historia, con las mil facetas que ésta nos ofrece. Sin la injerencia estatal, la sociedad y cada persona pueden sentirse más o menos cómodas con la Historia, más o menos identificadas, y más o menos orgullosas de ella o de periodos de la misma. Pero en libertad. Si el Estado traspasa esta línea roja, ¿dónde estarán sus límites respecto a la libertad de la persona y de la sociedad? Solo el Estado totalitario traspasa esos límites porque ocupa la totalidad del espacio social y personal.

El político socialista Rubalcaba, en 2004, dijo aquello de que “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”. Seguro que hoy, muchos lectores vuelven a pensar lo mismo. Si la podredumbre de la mentira en el espacio político y social es mala, la mentira en el espacio del recuerdo de lo que personas fueron, pensaron e hicieron es aún peor. Es la pérdida de poder pensar en libertad, que es consustancial a cada uno de nosotros en cuanto personas. Ningún Estado tiene autoridad para reescribir la Historia de una sociedad y menos para secuestrarla.

Jornada sobre Derechos Lingüísticos en España

Universidad CEU San Pablo, 18 de octubre de 2024

La Universidad CEU San Pablo acogió, el pasado 18 de octubre, una jornada destacada sobre los Derechos Lingüísticos en España, un evento que reunió a expertos, académicos y políticos, representantes de diversas comunidades autónomas, para reflexionar y debatir sobre el papel del plurilingüismo en nuestro país y la importancia de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a utilizar su lengua común, el español, en diversos contextos.

Organizada por el Instituto CEU de Estudios de la Democracia y la asociación Impulso Ciudadano, la jornada abordó una serie de temas clave relacionados con el uso de las lenguas oficiales en España. El español como idioma oficial de todo el estado y el uso del catalán, del gallego, del euskera, del mallorquín, y del valenciano. En este marco, se subrayó el papel crucial del uso de estas leguas en la educación y las políticas públicas en la promoción del respeto del español y el acceso equitativo a los derechos lingüísticos.

Intervenciones destacadas

El acto fue inaugurado por la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, por el Director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Alonso de Villapadierna y por el Presiente de la Asociación Impulso Ciudadano, José Domingo. Todos ellos destacaron la necesidad de «respeto del uso del Español, en un contexto de diversidad lingüística, como componente esencial para la cohesión social de España». Posteriormente, las palabras de la rectora indicaron que “la pluralidad de lenguas en España es un activo cultural que nos define y nos enriquece como nación, pero es necesario un marco de acción común que garantice el uso del español en situación de igualdad de acceso y oportunidades para todos los hablantes”.

Mesas redondas y conclusiones

Entre los panelistas figuraron especialistas como Manuel Toscano, profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad de Málaga; Jesús Rul, Inspector de educación; Frances Carreras, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona; o del abogado especialista en derechos lingüísticos Francisco López Lera, entre otros.

Durante las mesas redondas se discutieron diversos temas, tales como:

· El derecho a recibir educación en español. Se hizo hincapié en la situación en las comunidades bilingües y el acceso de los estudiantes a una educación que respete sus derechos lingüísticos.

· La proyección de las lenguas cooficiales en los medios de comunicación, en preponderancia frente al español. Los ponentes subrayaron la importancia de fomentar los espacios públicos de comunicación el español, frente a la discriminación que sufre en favor de otras lenguas locales.

· El rol de las lenguas cooficiales en la administración pública y el acceso a oposiciones y cargos públicos. Se abordaron los retos a los que se enfrentan los ciudadanos al intentar ejercer sus derechos en la lengua de su elección, en territorios bilingües en los que el español queda completamente relegado.

En su conclusión, los expertos hicieron una llamada a reforzar la presencia del español en los territorios con bilingüismo y a la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar el uso del español junto a las lenguas cooficiales, que se repete el derecho de los ciudadanos a poder expresarse en la lengua que deseen, incluido el español, y que el uso de una u otra lengua sean un verdadero puente entre culturas, y no un motivo de división. «La lengua es un derecho, pero también una responsabilidad compartida para garantizar la convivencia en nuestra sociedad plural», concluyeron algunos de los ponentes.

Próximos pasos

Como resultado de este encuentro, se espera la presentación de un documento de propuestas en el Senado, como cámara de representación territorial, entre las que se contempla la creación de una comisión de seguimiento del respeto por los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Se tratará de un informe de recomendaciones que será presentado a las instituciones gubernamentales para su consideración en futuras políticas públicas. Además, se anunció la publicación de un libro que recogerá las reflexiones expuestas en esta jornada por parte de los ponentes.

La Jornada sobre Derechos Lingüísticos en España, del 18 de octubre de 2024, no solo sirvió como un espacio de reflexión académica y política, sino que también puso sobre la mesa la necesidad urgente de crear un marco de protección y promoción del uso del español en los territorios en los que las lenguas cooficiales y minoritarias lo están invisibilizando y relegando a un segundo plano.

Contacto:

Universidad CEU San Pablo Instituto de Estudios de la Democracia CEU, c/ Julián Romea, 20 – 28003 Madrid, España. Tel. +34 91 456 84 07

Este miércoles 22 de octubre, se realizó un nuevo Conversatorio del Aula Joven. Esta vez con Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Con el ponente estuvimos debatiendo sobre el crimen y la inseguridad en Europa, analizando las principales políticas comunitarias sobre el tema y cual es la situación de España a partir de los datos y las tendencias en materia de inseguridad en los últimos años. También hubo un distendido debate sobre las relaciones del crimen con el narcotráfico, la inmigración, el terrorismo, la falta de material policial, donde participaron nuestros miembros del Aula Joven de la Universidad CEU San Pablo y de otras universidades de Madrid.