Creation in Gaudí

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La arquitecta Chiara Curti desvela la relación entre Gaudí y la naturaleza, acercándonos a la Laudato Si´ a través de un recorrido visualmente poético por la Basílica de la Sagrada Familia en el cual se entrelazan luz, belleza y armonía.

Film directed by María Laín Produced by Fundación Cultural Ángel Herrera Oria Content on Gaudí by Chiara Curti Film and Edition by Les Vaques Productions

https://youtu.be/Jxf5CxtLLJU

Marruecos, la última agresión por Javier Morillas

MARRUECOS, LA ÚLTIMA AGRESIÓN

Colaboración Institucional

Marruecos certifica que su agresión fronteriza en Ceuta es por nuestra posición ante el Sahara Occidental. Que, por cierto, Franco quería  accediera a la independencia un 12 de octubre, como Guinea. Que tiene en sus costas uno de los grandes bancos pesqueros FAO del mundo, código NAFO-34. Y además –entre otros- en su suelo a cielo abierto, el mayor de los yacimientos de fosfato conocidos, en calidad y cantidad; estratégico para la fabricación de fertilizantes y la agricultura. Una riqueza potencial y baja densidad de población –como en la peninsula arábiga- susceptible de generar estabilidad y progreso al mundo, especialmente al necesitado continente africano. Y no pretexto para el chantaje cuando no la guerra por Marruecos, que sigue siendo uno de los pocos países del mundo sin fronteras internacionalmente reconocidas. Y que también reclamaba toda Mauritania y sur de Argelia. Rabat cobra del Sahara cuotas a las grandes flotas pesquera y exporta sus recursos, incluidos cantidades crecientes de tomates criados en invernadero y miles de toneladas de arena para nuestras playas. Dinero que supuestamente debe reinvertir allí según los acuerdos con la UE. Al igual que Sudáfrica o Indonesia mientras administraban Namibia o Timor hasta el referendum que las alumbró como naciones independientes. Mientras, fuerzas de Naciones Unidas mantienen su despliegue de interposición entre Este y Oeste de un territorio dividido. No. No era el viaje de Sánchez a Portugal, auténtico vecino fraternal. Tampoco la presencia humanitaria de aquel joven rebelde de Tropas Nómadas con DNI español, acusado por una asociación financiada por el Majzen.

 

Y es que el reciente “chantaje” de Marruecos, así definido por la ministra de defensa, no es sólo migratorio, sino también económico y político. Continuación de aquella arbitraria declaración de extension de las aguas territoriales marroquíes y saharauis, coincidentes con las de Canarias, y rica en telurio –como ya señaló Solana Campins en este diario- y otros minerales singulares catalogados como estratégicos por  EEUU y la UE.

Es además un negocio económico para el otrora Sultán de Marrakech. Para quien la “exportación” de un emigrante más es un problema social menos, llamado a ser asumido por España; que a medio plazo le remesará divisas, y a largo plazo ejercerá de quinta columna en su objetivo de penetración en Ceuta, Melilla o Canarias. Pero esta última violentación de nuestras fronteras en Ceuta es ya dilatada en el tiempo, precedida de asaltos cada vez más frecuentes por el evidente efecto llamada del actual gobierno. Toda una acción unilateral, ilícita e inamistosa que sólo puede ser suplida por la reposición de la situación de partida y la consiguiente salida hasta del último inmigrante arrojado sobre Ceuta. En la medida que se está usando y abusando de acciones ilegales con permanente fraude de ley, que deben ser replicadas. Ventana de oportunidad para modificar la ley de extranjería, menores y las propias leyes de asilo y refugio en la medida que en este mundo cambiante del siglo XXI los inmigrantes están siendo utilizados como arma de ataque, económica y polivalente.

 

Javier Morillas. Universidad CEU San Pablo.

 

Marruecos, la última agresión, pdf

Nota de prensa FEDEA-CAJAMAR

NOTA DE PRENSA FEDEA-CAJAMAR

24 DE JUNIO DE 2021

“El principio de acuerdo de la reforma de pensiones garantiza la suficiencia pero pone en riesgo la sostenibilidad del sistema”

Los autores de la publicación ‘El futuro de las pensiones en España’, editada por Cajamar, advierten que las medidas anunciadas aumentarán el déficit estructural entre 3 y 5 puntos del PIB al año.

Esta mañana se ha presentado la monografía, ‘El futuro de las pensiones en España’, editada por Cajamar y coordinada por catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid y subdirector de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), José Ignacio Conde-Ruiz. En el acto de presentación han intervenido, además, el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde; el presidente de Fedea, Ángel de la Fuente; y el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, Sergi Jiménez; junto al director de la colección, Manuel Gutiérrez.

El futuro de las pensiones es un tema que está de plena actualidad, ya que el Gobierno y los agentes sociales se encuentran en pleno proceso de negociación de la reforma del sistema en nuestro país, y todo parece apuntar a que la semana que viene alcanzarán un acuerdo. José Ignacio Conde-Ruiz, ha asegurado que “el acuerdo que parece que se va a alcanzar por el Gobierno y los agentes sociales es la parte más fácil de la reforma, ya que garantiza la suficiencia, que no pierdan poder adquisitivo, pero queda por buscar un mecanismo que compense esta medida, que va a suponer un incremento del déficit estructural entre 3 y 5 puntos del PIB, y pone en riesgo la sostenibilidad”.

Conde-Ruiz ha pedido un gran pacto político por las pensiones, ya que no es posible hacer frente a un reto de esta magnitud sin un acuerdo de esta naturaleza.

Por su parte, Ángel de la Fuente ha explicado que, “si permitimos que se eliminen los mecanismos automáticos de equilibrio de la reforma de 2013 sin medidas compensatorias que es algo a lo que parece que vamos, nos comportaría un aumento muy significativo del gasto futuro en pensiones que pondría bastante presión sobre el gasto público con un déficit muy alto”.

Además, de la Fuente ha previsto que “en los próximo 30 años tendremos que enfrentarnos a dos desafíos grandes: no solo el gasto en pensiones, sino también el gasto sanitario y en dependencia”. Por lo que ha propuesto que la reforma debería incorporar medidas de contención de gasto vía las actuales y futuras pensiones, y de incremento de los ingresos no solo de los activos sino del conjunto de la sociedad.

A través de los artículos de 22 autores expertos en esta temática, estructurado en cuatro bloques temáticos, el volumen analiza las principales cuestiones sobre el sistema de pensiones y su viabilidad futura.

El primero ahonda en las cuestiones demográficas, donde se describen las principales dinámicas y tendencias, así como sus causas y repercusiones a nivel económico y social: caída de la natalidad, inmigración y envejecimiento. En el segundo bloque se afronta la situación actual del sistema de pensiones y se aportan ideas sobre algunas posibles soluciones al déficit actual y a los riesgos que se ciernen sobre él, derivadas de las tendencias demográficas. El tercero se dedica a analizar y sacar conclusiones válidas para nuestro país a partir de la experiencia internacional, particularmente de la sueca. Finalmente, en el último bloque, se plantean cuestiones relacionadas con nuevos desarrollos y estrategias de reforma, que incluyen los efectos de la revolución digital y las nuevas formas de empleo, el concepto de cuentas nocionales, soluciones financieras o la jubilación activa.

Conde-Ruiz ha resumido algunas de las propuestas de los autores como la posibilidad de acometer reformas en la pensión de viudedad; la modificación del diseño institucional actual del sistema de pensiones de los autónomos, ya que no es el más eficaz para favorecer el uso voluntario del sistema de pensiones público para su ahorro en la etapa de jubilación, y el uso de las cuentas nocionales.

El profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, Sergi Jiménez, ha propuesto la mejora de la aplicación de la jubilación activa en España. Para ello indica la conveniencia de la fusión en una única figura de la jubilación anticipada y activa; pensión compatible con el trabajo en todas las edades, sin penalización después de la edad normal de jubilación; no estar restringido a ningún trabajador con un mínimo de años cotizados a partir de la edad de jubilación anticipada; supresión de la jubilación parcial; posibilidad de seguir en el mismo trabajo a tiempo parcial (formando sustitutos); tratamiento a efecto de cotizaciones igual que el trabajo de activos; eliminación de trabas a la contratación; recálculo de la pensión basado en las nuevas cotizaciones; posibilidad de jubilación demorada con un premio más justo que el actual, posiblemente el doble a lo anunciado por el Gobierno.

 

Resumen de las intervenciones

 

Palabras de Eduardo Baamonde

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, ha explicado que Cajamar ha editado esta publicación, dado que es un tema que interesa a la sociedad y conocer, a través de las propuestas de los expertos, cómo hacer sostenible el sistema de pensiones en España.

 Palabras de Ángel de la Fuente

El presidente de Fedea, Ángel de la Fuente ha afirmado que “el acuerdo de Pacto de Toledo me preocupa bastante.  La sostenibilidad de las pensiones en un sistema como nuestro que depende de la tasa de cotizantes que pagan la pensión y de la tasa de productividad sería aconsejable una cierta prudencia, sobre todo por el déficit de la Seguridad Social donde los ingresos del sistema no llevan a cubrir los gastos, y posiblemente esto vaya a ir a peor en los próximos años”.

Ha explicado que, si permitimos que se eliminen los mecanismos automáticos de equilibrio de la reforma de 2013 sin medidas compensatorias, que es algo a lo que parece que vamos, nos comportaría un aumento muy significativo del gasto futuro en pensiones que pondría bastante presión sobre el gasto público con un déficit muy alto.

Además, en los próximos 30 años tendremos que enfrentarnos a desafíos grandes: no solo el gasto en pensiones, sino también el gasto sanitario y en dependencia.

Ha propuesto que la reforma debería incorporar medidas de contención de gasto vía actuales y futuras pensiones, y de incremento de los ingresos no solo de los activos sino del conjunto de la sociedad.

Y sobre todo ha hecho hincapié en la necesidad de la mejora de la productividad, que debe ser la prioridad de la política económica de nuestro país.

Ha criticado la visión optimista de los expertos del Pacto de Toledo como el Gobierno ya que consideran que la jubilación de los baby boomers meterá presión al sistema, pero al mismo tiempo que dicha presión será asumible por el sistema, ya que partimos de un menor gasto en pensiones que los países de nuestro entorno, pero se debe a que nuestra sociedad es relativamente más joven que otras europeas.

Palabras de Ignacio Conde-Ruiz

El acuerdo que parece que se va a alcanzar por el Gobierno y los agentes sociales es la parte más fácil de la reforma, ya que garantiza la suficiencia, que no pierdan poder adquisitivo los pensionistas, pero queda por buscar un mecanismo que compense esta medida, que va a suponer un incremento del déficit estructura entre 3 y 5 puntos del PIB, y pone en riesgo la sostenibilidad.

En la monografía se establecen propuestas para garantizar la suficiencia y la sostenibilidad. Y lo primero que hay que mirar es a la demografía, ya que ha cambiado y el sistema no ha cambiado. Y ha señalado que España es el país de Europa en el que hay mayor diferencia entre los hijos que se tienen de media y los que se desean tener. Y esto se debe a la precariedad laboral que es una barrera a la natalidad, de ahí que sea necesaria la reforma del mercado de trabajo. Otro aspecto es la necesidad de la inmigración, de aquí a 2050, si entrasen 10 millones de inmigrantes, aún habría problemas, y se debería hacer una política migratoria proactiva, porque es muy importante para la sostenibilidad de las pensiones y para el funcionamiento de la economía. España será el país más envejecido de Europa en 2050 tan solo por detrás de Italia, Grecia y Portugal. Lo que hará que tengas un problema importante de gasto en pensiones en el futuro.

Por todo ello, uno de los artículos versa sobre la incorporación de la esperanza de vida en los cálculos de la pensión, lo cual hará necesario utilizar las mejores estimaciones para la misma. “Lo que no entiendo es por qué se ha quitado el factor de sostenibilidad sin aprobar el nuevo factor intergeneracional”.

Ha pedido un gran pacto político por las pensiones, ya que no es posible hacer frente a un reto de esta magnitud sin un acuerdo de esta naturaleza.

Palabras de Sergi Jiménez

Por su parte, Sergi Jiménez, que ha contribuido con un artículo dedicado a la jubilación activa, ha explicado las diferentes aproximaciones que sobre la jubilación activa hay en Europa, así como las certezas que se pueden enunciar al respecto, tales como la relación directa con la renta, la salud o el nivel de estudios de los jubilados. Desde su punto de vista, sería conveniente entre otras cuestiones fusionar en una única figura la jubilación anticipada y la jubilación activa, posibilitar la jubilación retrasada con un premio más justo que el actual y compatibilizar el cobro de la pensión con el trabajo en todas las edades.

Las dificultades financieras derivadas del envejecimiento, exacerbadas en tiempos recientes por la covid-19, nos está conduciendo inexorablemente a replantearnos el sistema de pensiones español en general y las formas de jubilación en particular. La compatibilidad entre pensión y trabajo (jubilación parcial antes de la edad normal de jubilación y jubilación activa después de la misma en la terminología oficial española), constatada por una mayor longevidad y una mejor salud de los individuos, ha sido la vía explorada en algunos países. La lógica de este mecanismo se sostiene en la relación existente entre los tipos impositivos efectivos soportados por los trabajadores de mayor edad y su oferta de trabajo.

En trabajos recientes se ha demostrado que, en España, al pasar de un sistema incompatible a uno compatible, la decisión de pedir la pensión no varía mucho, pero la decisión de trabajo sí que puede hacerlo y en ambas direcciones. En principio, la propensión a compatibilizar aumenta con el nivel de educación y el estado de salud, y disminuye con la exigencia física del trabajo. No obstante, en el ámbito internacional, nuestro sistema se caracteriza por la poca compatibilidad. El grado de flexibilidad de la normativa institucional del país en el que opera el trabajador se revela como un aspecto importante en la decisión de compatibilizar o no trabajo y jubilación.

Para mejorar la aplicación de la jubilación activa en España, se propone: fusión en una única figura de la jubilación anticipada y activa; pensión compatible con el trabajo en todas las edades, sin penalización después de la edad normal de jubilación; no estar restringido a ningún trabajador con un mínimo de años cotizados a partir de la edad de jubilación anticipada; supresión de la jubilación parcial; posibilidad de seguir en el mismo trabajo a tiempo parcial (formando sustitutos); tratamiento a efecto de cotizaciones igual que el trabajo de activos; eliminación de trabas a la contratación; recálculo de la pensión basado en las nuevas cotizaciones; posibilidad de jubilación demorada con un premio más justo que el actual, posiblemente el doble a lo anunciado por el Gobierno.

Palabras de Manuel Gutiérrez

El coordinador de la colección y director de comunicación de Cajamar, Manuel Gutiérrez, ha agradecido al coordinador y a los autores su compromiso y rigor a la hora de enfrentar un tema tan sensible y potencialmente controvertido como el tratado en la obra. Respecto a la colección a recordado que es una manera de contribución a la difusión del conocimiento en el que Cajamar lleva enrolada desde su fundación.

 Sobre la colección Mediterráneo Económico

Mediterráneo Económico es una colección de monografías socioeconómicas editada por Cajamar desde el año 2002. El prestigio de esta colección viene dado por la cuidadosa selección de temas, coordinadores y autores. Los números anteriores a este han sido los siguientes: “La biodiversidad marina. Riesgos, amenazas y oportunidades”, “La economía social en el Mediterráneo” y “Bioeconomía y desarrollo sostenible”.

 

La colección está disponible en formato digital y de manera gratuita a través de la web www.mediterraneoeconomico.com.

 

A través del siguiente enlace https://publicacionescajamar.es/publicaciones-periodicas/mediterraneo-economico/mediterraneo-economico-34-el-futuro-de-las-pensiones-en-espana se puede acceder a ‘El futuro de las pensiones en España’, volumen 34 de la colección de estudios Mediterráneo Económico, editada por Cajamar y en el enlace https://www.fedea.net/documentos-pensiones/ encontrarán los trabajos

De nuestro Presidente José Manuel Otero Novas

De nuestro Presidente José Manuel Otero Novas.

VERANO, PANDEMIA E INDULTOS

Concluimos el curso y parece que vamos saliendo de la Pandemia. Recordemos en este momento a tantos que se nos fueron y expresemos nuestra cercanía a los suyos y a todos los que, por las dificultades sufridas, lo han pasado o siguen pasándolo muy mal. Tenemos que valorar lo pasado, pero antes de hacer juicios críticos, reconozcamos que los acontecimientos nos han cogido a todos por sorpresa y sin preparación, que los Gobiernos de las naciones han vivido desconcertados, han sobreactuado para tranquilizarnos, pero dando muchos “palos de ciego”; no lo han tenido fácil.

Dicho ello, lo cierto es que nos hemos visto privados mucho tiempo de derechos fundamentales; que fácilmente estas privaciones y su modo de establecerlas y mantenerlas, han sido inconstitucionales o se han acercado a ello,  permitiendo un clima en el cual el Gobierno ha podido usar con exceso de su poder, promover adhesiones, reducir capacidades críticas, rebajar grados de transparencia en los servicios públicos, incrementar la discrecionalidad de sus actos, dejar de explicar notables contrataciones; e incluso cambiar con urgencia y poquísimo debate social importantes normas, educativas, reguladoras de la eutanasia,  opciones frívolas para alterar el género de las personas…

Todo ello bailando desde un cesarismo centralista a la dejación de muy graves decisiones en variopintas manos regionales, evidenciándose no solo grandes desajustes en nuestro Estado de las Autonomías, sino también los erráticos criterios que sostenemos en la materia; ha sido y es patente en el tratamiento y lucha contra el virus; pero también en otros campos: en los últimos cuarenta años nunca un partido gobernante ha querido hacerse eco de la opinión de una notable parte de la ciudadanía que pide la corrección de las competencias autonómicas, y sin embargo, en estos momentos, por exigencias de quienes en Cataluña quieren declararse independientes, se está suscitando la eliminación de la autonomía que en ciertos tributos se concedió a las regiones, para que la Comunidad de Madrid  abandone su política de baja fiscalidad.

Y vamos a salir de esta dura situación de pandemia con un grave problema adicional en Cataluña. Se rebajó primero la calificación de los graves planteamientos secesionistas sufridos,  desde la rebelión a la sedición y, acto seguido, anunciaron la suavización del delito de sedición para disminuir las penas de los condenados; pero comoquiera que quienes apoyan al Gobierno y permiten su subsistencia, reclamaron la liberación de los presos por sedición, pese al dictamen en contrario del Tribunal Supremo, se dictó un Acuerdo que los puso a todos ellos en sus casas, pese a que ninguno de los afectados han pedido el indulto, ni han expresado arrepentimiento o, al menos, voluntad de no volver a incurrir en el delito; para mayor escarnio hemos escuchado las proclamaciones orgullosamente públicas de todos los que fueron condenados, de su compromiso para repetir el intento secesionista.

Pese a ello, yo no dudaría en apoyar los indultos si con ello se estableciera la paz constitucional en Cataluña o fuera razonablemente previsible que llegáramos a ello. Me gustaría equivocarme y tener la oportunidad de desdecirme, pero nada conocido abona esa esperanza y todo parece indicar que justamente se consigue lo contrario; el Estado se humilla ante el independentismo, deja constancia de que mover las masas, la opinión y todos los resortes legales e ilegales para obtener la independencia de Cataluña, no merecerá reproche penal, da un paso más y muy importante en la permanente línea de cesiones a las demandas separatistas, y lo hace antes de sentarse en la mesa de negociación  que se abrirá para estudiar qué más se otorga a la pretensión separatista y con qué cadencia.

El Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia ya ha dicho y recordado que no se detendrá el caminar en dirección a la desintegración nacional, y por tanto a la ruptura constitucional y finalización de nuestro Sistema político, mientras no hagamos la reforma que permita gobernar al Partido más votado, sin que dicho Partido se vea arrastrado fatalmente por los votos de unos pocos Diputados. Y para ello hemos ofrecido una fórmula, detallada pero rápidamente implantable, que lo permite. ¿Lo haremos antes de que sea tarde?

Pero, sin cerrar los ojos a la realidad, sigamos mejorando y actualizando nuestras soluciones, difundiéndolas tanto cuanto podamos, sin perder nunca la esperanza. Y entretanto, vivamos un buen verano.

 

De nuestro Presidente José Manuel Otero Novas, pdf

 

La inhumana ley de la eutanasia y sus consecuencias para la vida y la libertad

Colaboración Institucional

José Ramón Recuero Astray

Madrid, 20 de mayo de 2021

 

En el debate sobre la eutanasia aparentemente chocan dos principios incompatibles: el de respeto a la vida (no matar) y el de respeto a la libertad individual (matar a quien lo pide a causa de su sufrimiento). Quiero comenzar diciendo que yo amo profundamente tanto la vida como la libertad, y precisamente por eso rechazo la eutanasia. Este es un tema eminentemente humano que a todos nos afecta, y que nos lleva a reflexionar sobre la vida y la muerte.

 

El progreso ha hecho comprender a los hombres que toda vida humana es digna, y que por tanto nadie puede disponer de la de otra persona que matar está mal. Por eso todas las legislaciones del mundo han consagrado el derecho a la vida. No a la muerte, sólo a la vida, así lo establece la Constitución española en su artículo 15 diciendo que «todos tienen derecho a la vida». Es un derecho inviolable inherente a toda persona, que en palabras del Tribunal Constitucional supone que es obligación del Estado defender la vida humana. Lo que en concreto significa que el Estado tiene tanto el deber de respetar él mismo las vidas de sus ciudadanos, como el deber de protegerlas frente a los ataques homicidas de otros hombres, por eso el primer delito que castiga el código penal es el homicidio (STC 53/1985, 212/1996, 116/1999 y otras; y artículo 138 del Código Penal).

La Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, ha trastocado estos principios, como si pusiera el mundo al revés —igual que hizo Hume cuando inventó un país llamado Furli, en el que lo bueno nuestro allí era malo y viceversa—, pues ha transformado lo que era un delito en un derecho fundamental. Según esta ley a veces matar inocentes está bien y vivir mal. Pero no se queda ahí: es el Estado el que mata a los ciudadanos, ya que regula y organiza la forma en la que el médico puede terminar impunemente con la vida de su paciente. Es como Saturno devorando a sus hijos. Se trata de una ley similar, en muchos puntos idéntica, a la Ley de terminación de la vida a petición propia y auxilio al suicidio que lleva vigente unos 20 años en Holanda (se aprobó el 28 de noviembre de 2000 y se modificó el 1 de abril de 2002), por eso voy a tener presente el ejemplo holandés, pues si no cambiamos la tendencia en unos años estaremos como en ese país. Se ha tramitado de urgencia en un tiempo de pandemia en el que más habría que haberse dedicado a salvar vidas que a regular cómo eliminarlas. Sin debate y sin informes, pues a la iniciativa se le dio el carácter de proposición y no de proyecto de ley y de esta forma, y a pesar de ser ley orgánica y modificar el código penal, nadie ha sido oído, ni el Consejo de Estado, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Comité de Bioética, ni la Organización Médica Colegial, nadie. Es una norma llena de conceptos jurídicos indeterminados, imprecisos, de eufemismos con los que pretende expresar con suavidad ideas cuya recta y franca expresión causarían rechazo a cualquier persona razonable. Yo aquí voy a intentar atenerme a los hechos, no a las palabras, pues como dijo Julieta a Romeo, ¿qué cosa es un simple nombre?, si llamásemos a una rosa con otra palabra su perfume sería el mismo.

 

El primer eufemismo es cómo denomina la ley a la acción que el médico realiza: habla repetidamente de «prestación de ayuda para morir», la cual tiene dos modalidades: la «administración directa al paciente de una sustancia», o «la prescripción o suministro al paciente de esta sustancia» (artículo 3 g). En román paladino y a la llana eso es matar al paciente o cooperar a su suicidio. Como en el Código Penal no caben rodeos ni eufemismos, cuando la ley de la eutanasia lo modifica sí habla claro y dice que no se pena a «quien causare o cooperare a la muerte de otra persona» (143.5 CP, introducido por la D. F. 1ª de la L. O. 3/2021). Aquí sí, aquí se habla de «causar la muerte», es decir, realizar un homicidio eutanásico.

 

Los homicidios regulados, aprobados, supervisados y pagados por el Estado, son considerados por la ley como una prestación sanitaria a la que todos tienen derecho. En su Exposición de Motivos y en sus artículos 1 y 4 la Ley Orgánica 3/2021 introduce un nuevo derecho a recibir la prestación de ayuda para morir, es decir, un «derecho a morir». Y además lo configura como un derecho fundamental, por eso se le ha dado el carácter de ley orgánica, como si desarrollara un derecho fundamental (81 CE), y por eso se dispone que los recursos contencioso administrativos que se interpongan se tramitan por el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona (L. O. 3/2021 D. A. 5ª y LJCA arts. 114 y ss.). Siendo vida y muerte realidades opuestas y por naturaleza excluyentes, y regulando la Constitución un derecho a la vida (artículo 15), es imposible que haya un derecho a la muerte. Cada uno es libre de querer morir, incluso de suicidarse, pero de ahí no puede nacer un derecho subjetivo frente a los demás para reclamarles ser matado. El Tribunal Constitucional ha señalado claramente que no hay un derecho subjetivo a morir. Lo ha hecho en varias sentencias relativas a la alimentación de presos contra su voluntad, en las que ha dicho que disponer de la propia muerte es una manifestación del agere licere (del hacer libre), pero «no un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público…, ni mucho menos un derecho subjetivo de carácter fundamental» (STC 120/1990, de 27 de junio, R. A. 443/1990, F. J. 7º). En este mismo sentido se han pronunciado el Tribunal de Derechos Humanos (por ejemplo, en el caso Diane Pretty) y el Consejo de Europa (Recomendación 1418). Y menos aún cabe hablar de un derecho fundamental, en esto la ley roza claramente la inconstitucionalidad. El procedimiento para este tipo de derechos establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es el previsto en el art. 53.2 de la Constitución, según dice la propia jurisdiccional (art. 114). Y tal artículo 53.2 se refiere únicamente a la tutela de los derechos del artículo 14 y de la sección primera del capítulo segundo de la Constitución, entre los que no hay un derecho a la muerte o a la eutanasia. A estos efectos la Exposición de Motivos de la L. O. 3/2021 cita unos preceptos constitucionales que o están fuera de este ámbito, o nada tienen que ver con la cuestión.

 

También es una tergiversación de los hechos considerar la eutanasia como una prestación sanitaria como hace la ley, que la incluye en la cartera común de los servicios del Sistema Nacional de la Salud y dice que será de financiación pública (art. 13). Por mucho que esta norma hable de un «proceso asistencial» y se refiera a dos «médicos», el responsable y el consultor, que actúan sobre un «paciente», la eutanasia no es un acto médico. La misión de la medicina es aliviar el dolor y salvar vidas, y como acaba de decir la Asociación de Bioética y Ética Médica (escrito de 18 de marzo de 2021), provocar la muerte o ayudar al suicidio no son actos relacionados con la salud de los pacientes. Al contrario, son acciones opuestas a la deontología y a la lex artis de los médicos, cosa que está dicha y repetida desde Hipócrates, con su famoso juramento, hasta la Asociación Médica Mundial, pasando por el Código de Ética y Deontología Médica de España (artículo 28.1) y la propia Ley de Autonomía del Paciente (artículo 11.3, que considera no aplicables las instrucciones previas contrarias a la lex artis de la medicina). Pedir a un médico que mate es como pedir a un abogado que actúe atacando a su cliente, no defendiéndolo. Es una perversión de la medicina, por eso alguno ha dicho que si los políticos quieren la eutanasia, que la apliquen ellos.

 

No obstante, la ley establece unas Comisiones de Garantía y Evaluación, una en cada Comunidad Autónoma, que con característica de órgano administrativo autoriza (o no) la eutanasia, y una vez realizada verifica que se ha hecho (o no) correctamente (arts. 10, 17 y 18 b). Se compone de un mínimo de siete miembros, entre ellos médicos, enfermeros y juristas, los demás no se especifican en la ley. Lo que es claro es que actúa como dios: dispone de vidas y muertes, a mí me recuerda los Consejos que en Esparta hacían lo mismo. Una vez autorizado, el médico mata al paciente o le ayuda a suicidarse. La ley holandesa establece que el médico debe matar al paciente «con el máximo cuidado y esmero profesionales posibles», así lo expresa literalmente (art. 2.1.f). Es decir, le pide que mate bien, utilizando las sustancias y venenos prescritos por la Real Sociedad Neerlandesa para el Avance de la Farmacia (KNMP), según establece la llamada Norma euthanatica neerlandesa. En este punto la ley española sigue casi textualmente a la holandesa, pues dispone en su artículo 11 que la prestación, es decir, el homicidio, «debe hacerse con el máximo cuidado y profesionalidad». Y para conseguir tal «calidad asistencial» se aplicarán un «manual de buenas prácticas» (previsto en la D. A. 6ª) y unos protocolos (artículo 11.1) que establecen el funcionamiento técnico de la eutanasia: productos, dosis, etcétera. La cual puede realizarse en un centro sanitario, público, privado o concertado, o en el propio domicilio del que va a morir (art. 14). Después la Comisión competente verifica si lo hizo bien y elabora un «informe anual de evaluación» de aplicación de la eutanasia (art. 18 e). Y con los datos de todas las Comunidades el Ministerio de Sanidad elabora cada año un «informe anual» que es hecho público (D. A. 3ª). Igual sucede en Holanda. Pero la ley española tiene una diferencia con la holandesa: mientras que esta califica la muerte como «no natural», la nuestra pretende de nuevo engañarnos con el lenguaje, y establece que en la eutanasia la muerte «tendrá la consideración legal de muerte natural» (D. A. 1ª). Lo cual es claramente mentira, falso, se ha tratado de una muerte provocada intencionalmente por otro hombre adelantando el «cuando» natural de forma no natural. Aquí la llamada «prestación» ha consistido en realizar un homicidio o bien cooperar a un suicidio.

 

Voy a referirme ahora a los dos motivos que se alegan para defender la eutanasia, haciendo referencia a la manera en que se han interpretado y aplicado en Holanda. Los recoge a su comienzo la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2021, y son estos: por una parte la libertad y la voluntad de la persona que quiere morir; y por otra la finalidad de evitar el sufrimiento. Cuando se dan ambas circunstancias nuestra ley entiende que existe lo que llama «contexto eutanásico».

 

¿Es correcto matar a quien quiere morir y lo pide? Ya dije que aparentemente chocan aquí dos principios incompatibles: el de respeto a toda vida y el de respeto a la libertad individual. Pero no es así. Yo opino que rechazar la eutanasia es precisamente defender la libertad. Tanto la de quien pide que le maten, como la del médico.

 

En primer lugar, la libertad no puede existir sin ley moral, una ley como la que establece: «no mates». Esto no es una contradicción, Kant ha explicado muy bien que libertad y ley moral son como dos caras de una moneda, la una no puede existir sin la otra, por eso para él no matar es un imperativo categórico incondicionado. Dejar esa regla moral al arbitrio de cualquier persona es suprimir la libertad. Es libre, sí, pero su autonomía es total respecto a la voluntad, no con relación a los juicios sobre bien y mal.

 

No hay contradicción entre principios, en segundo lugar, porque rechazar la eutanasia es proteger la libertad de los más débiles e indefensos, ya que establecerla es practicar ensañamiento psicológico sobre ellos, coaccionándoles. Se les envía un claro mensaje de muerte, subliminalmente se les está diciendo que son una carga inútil para la sociedad, sobran, y se les ofrece un final rápido y sin dolor. Con lo que los defensores de la libertad y la autonomía crean un arma de fuerte coacción social, lo reflejó muy bien un informe  que personas de diferentes criterios morales hicieron para el Estado de Nueva York (Albany, mayo 1994), y también otro del Comité de Ética Médica de la Cámara de los Lores inglesa (de 31 de enero de 1994). En estos casos puede darse lo que el sociólogo positivista y socialista Durkheim ha llamado un «suicidio anómico», que es el causado por un fallo o dislocación de valores sociales que lleva a una desorientación individual y a un sentimiento de falta de significación en la vida. Ello puede ser consecuencia sin duda de la presión, real o imaginaria, que la sociedad ejerce sobre la libertad de personas vulnerables y desfavorecidas a las que, aunque sea indirectamente, se les alienta a solicitar la muerte. Está claro que un enfermo terminal es una persona débil, en muchos casos se ha llegado a dudar de hasta que punto es realmente libre, y con la eutanasia no sólo se les coacciona, además se interrumpe el curso natural de su muerte. A partir del modelo elaborado en Norteamérica por Kubler–Ross, la mayoría de los psicólogos entienden que cuando se diagnostica una enfermedad terminal la persona entra en un proceso que tiene cuatro fases: primero, rechazo; después, autocompasión; a la que sigue otra de rebelión con depresión; y finalmente la fase de aceptación en la que se pone en paz y se prepara para morir bien. Durante la de depresión habrá quienes pidan la muerte aceptando el mensaje que se les da, y así se les habrá privado de la última fase de aceptación, tan importante para tener una muerte buena y digna.

 

La ley española quiere garantizar la voluntariedad, y exige dos solicitudes en un intervalo de 15 días (artículos 5 y 8). Pero con independencia de que este plazo se puede acortar por el médico, y que en algunos casos esa solicitud puede firmarla otra persona, o puede incluso no estar escrita (artículos 5 y 6), volvemos al ejemplo vivo que tenemos ahí, el de Holanda: es un hecho que se acaba matando a quien no lo ha pedido. Abierta la caja de Pandora la vida ya no tiene valor en sí misma, respetarla es una cuestión de grado (hasta donde puede respetarse), no de esencia (toda vida es un  bien a proteger), y el homicidio eutanásico tiende a multiplicarse a modo de una «pendiente resbaladiza» por la que la vida va cayendo. El homicidio eutanásico a petición conduce inevitablemente al no pedido, y el practicado por acción se amplia al de omisión. En Holanda se ha comprobado el exacto cumplimiento de esta tendencia expansiva: en muchos de casos se ha matado al paciente sin su consentimiento, lo constató el informe Remelink y lo recogen las cifras oficiales del Ministerio de Sanidad: ancianos seniles, enfermos terminales, pacientes con alzheimer o con depresión, y niños enfermos o con malformaciones, pues la eutanasia neonatal o eugenésica es allí un hecho desde el protocolo de Groningen que la admitió para menores de 12 años, incluidos neonatos, hasta el punto de que actualmente hay allí una llamada «Comisión central de expertos sobre la terminación de la vida de recién nacidos». En España el aborto eugenésico por anomalías o enfermedades del no nacido puede practicarse hasta el parto, incluso durante este: ¿qué impedirá que se mate a ese niño cuando ya ha nacido, igual que sucede en Holanda? Además de todo esto, la ley española contempla el supuesto que llama «situación de incapacidad de hecho», en el que el paciente carece de entendimiento y voluntad (artículo 3 h). En este caso se prescinde de su petición y se acude únicamente a sus instrucciones previas. Pero hay que considerar que si no tiene un representante es el propio médico quien solicita la eutanasia y resuelve sobre ella, y ello tras interpretar un documento que en más de una ocasión puede ser confuso, como ya ha sucedido, o que se refiere a circunstancias distintas, como también ha sucedido (artículo 5.2).

 

Por otra parte, la eutanasia ataca la libertad del médico y de otros profesionales sanitarios que no estén de acuerdo con ella. La libertad de cada uno acaba donde empieza la de otros, y está claro que esta ley coacciona a los médicos a los que se pide acciones contrarias a su conciencia. La conciencia es un conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar, y si creemos que matar está mal, legalmente el Estado está obligado a respetar nuestra conciencia. Es un ámbito de libertad que protegen los artículos 15 y 16 de la Constitución, que garantizan la integridad moral y la libertad ideológica del médico —una integridad y una libertad que sí se contemplan para el que pide morir—. La ley de eutanasia regula el derecho a la objeción de conciencia en su artículo 16, pero lo concede sólo a los sanitarios «directamente implicados» en la práctica de la eutanasia. Otros que tienen que colaborar con los que directamente practican la eutanasia también tienen conciencia, que a más de uno les llevará a no querer participar en un homicidio. Nadie debe ser obligado a actuar contra su conciencia, por eso la objeción debería reconocerse para todos, para el que directamente mata y para todos los que pueden tener algo que ver con este acto. Por ejemplo, en Indiana los tribunales admitieron la objeción de una enfermera que se negó a preparar el instrumental con el que se iba a realizar un aborto (caso Tramm contra Porter). En España tanto el Tribunal Constitucional (STC 53/1985, F. J. 14) como el Tribunal Supremo (casaciones 948, 949, 905 y 1013 de 2008) han declarado que el derecho a la objeción de conciencia también puede ser reconocido por los tribunales, ya que es autónomo por formar parte del contenido esencial del derecho a la libertad ideológica del artículo 16.1 de la Constitución. De manera que pienso que todos los implicados de una u otra forma en la eutanasia, aunque lo sean indirectamente, podrían objetar pidiendo el reconocimiento de su situación jurídica individualizada como dice la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (artículo 31.2). La ley española exige que se objete «individualmente», lo cual impide a una institución ser defensora de la vida y se opone a la Resolución del Consejo de Europa de 7 de octubre de 2010, que lógicamente dice que «ninguna institución, hospital o persona puede ser sometido a presiones, condenado responsable o sufrir discriminación por rechazo a realizar, acoger o asistir a un acto de eutanasia». Y como colofón, la ley de eutanasia de 2021 establece que la objeción de conciencia debe «manifestarse anticipadamente y por escrito», escrito que se inscribirá en un registro de objetores  que llevará cada Comunidad Autónoma (artículo 16). La ley protege la intimidad y la confidencialidad del que va a morir y del que lo mata, pero no de quien no quiere participar en ello. ¿Por qué? No tiene sentido. Lo lógico es que fuese al contrario, deberían ser los profesionales que están dispuestos a practicar la eutanasia quienes lo indicaran así, y se registrasen, sin obligar a los no dispuestos a retratarse mediante un escrito que después está en manos de la Comunidad Autónoma.

 

Por último, la eutanasia coacciona también la libertad de muchos ciudadanos, me atrevo a decir millones, a los que se nos obliga a pagar con nuestros impuestos algo que va contra nuestras más íntimas convicciones. Y que no nos es ajeno, pues afecta a nuestros sentimientos ante lo que se hace con inocentes y disminuye nuestra confianza en un sistema sanitario que dispone de vidas y muertes. De manera que, por todo ello, y considerando que la libertad de uno acaba donde empieza la de los demás, la voluntad de quien quiere morir no justifica la eutanasia.

 

El otro motivo que se alega para defender la eutanasia es de evitar el sufrimiento. La ley holandesa alude a un «sufrimiento insoportable y sin esperanza de mejora» (art. 2.1.b), y la española, en esta línea se refiere a «un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable», causado bien por no poder valerse por sí mismo, bien por enfermedad grave e incurable (art. 3, b y c). Son conceptos jurídicos indeterminados que incluyen dolor físico, moral y vital, y que remiten a quien lo padece. ¿Es correcto matar a quien sufre para que así deje de sufrir? La calidad de vida también es un concepto subjetivo, como el dolor, pero si por calidad de vida entendemos una vida sin dolor ni sufrimiento, lo que parece razonable pedir a la sociedad y al Estado es aliviar el dolor y si es posible suprimirlo totalmente, no eliminar a quien lo padece.

 

En primer lugar porque los enfermos e incapaces pueden estarlo física o psíquicamente, pero nunca en su intrínseca dignidad como hombres, por eso la compasión bien entendida nos lleva a acogerlos y ayudarles como personas necesitadas que son. Y la obligación que tiene el Estado de defender toda vida y no atacarla se refuerza especialmente en este caso, como se desprende del artículo 49 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a tratarlos debidamente y a garantizar el disfrute del derecho a la vida. Incluso la Ley de dependencia 34/2006 consagra «el derecho de las personas que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por el Estado». En segundo lugar, la verdadera compasión ante el sufrimiento y el dolor nos lleva a intentar aliviarlo y suprimirlo con instrumentos que para ello tenemos, que son los cuidados paliativos. Eso es lo verdaderamente humano: acompañar al enfermo que sufre y, en la medida de lo posible, intentar eliminar su sufrimiento, no a él mismo. Aplicando incluso medidas paliativas del dolor que eventualmente pueden adelantar el cuando de la muerte, su momento, en estos casos no hay eutanasia, pues no se quiere matar sino ayudar al que lo necesita, se aplica el principio del doble efecto. Y, en tercer lugar, el sufrimiento también se elimina no retrasando artificialmente el momento de la muerte. No hay que dejar sufrir alargando la vida a toda costa y por cualquier medio de forma artificial. Cuando se usan medios desproporcionados o extraordinarios que lo único que hacen es producir sufrimientos innecesarios sin beneficiar al enfermo hay ensañamiento terapéutico, también llamado obstinación médica, que es contraria a la buena praxis médica.

 

Volviendo al ejemplo holandés, que vaticina lo que aquí pasará, el requisito del «sufrimiento insoportable» ha sido interpretado generosamente y ha sido claramente rebasado. Se aplica la eutanasia a personas con dolores físicos insoportables, después a personas con sufrimientos psíquicos, y finalmente a quienes no tienen ni uno ni otro sino que simplemente desean morir. Es un hecho que en Holanda la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente y el propio Gobierno están propiciando practicar el homicidio eutanásico a cualquier anciano que lo pida, incluso se propone que los cansados de vivir puedan adquirir libremente una píldora del suicidio, igual que se adquiere la píldora del día después. Y se promueven clínicas para el final de la vida, especializadas en practicar bien los homicidios eutanásicos. El progresivo aumento de la eutanasia en Holanda se comprueba leyendo los informes anuales consolidados que el Ministerio de Sanidad publica, están en internet: partiendo de la base de que no siempre los médicos comunican la eutanasia, en un país de unos 17 millones de habitantes oficialmente se ha pasado de 486 homicidios o suicidios asistidos en el año 1990 a 6938 en el año 2020, hasta el punto de que representa ya aproximadamente un 4,5% de las causas de muerte. Cada año la cifra va aumentando. Pero la cosa no acaba ahí: según las propias cifras oficiales del Ministerio todos los años hay varios casos en los que las Comisiones comprueban que el médico ha matado al paciente sin cumplir los requisitos establecidos. Se trata de auténticos asesinatos alevosos, a lo sumo de homicidios imprudentes, que las Comisiones Regionales notifican a la Fiscalía, normalmente sin consecuencias ni responsabilidad a causa del contexto en el que se producen. Es muy peligroso que unos hombres jueguen a ser dios, decidiendo sobre vidas y muertes ajenas. La ley española encarga a las Comisiones de Garantía y Evaluación verificar en dos meses si la eutanasia se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos en la ley (art. 18 b), pero nada establece para el caso de que el homicidio no se haya practicado correctamente, por ejemplo, sin seguir los protocolos, equivocando patologías, interpretando mal instrucciones previas, etcétera. El Código Penal modificado por la ley exime de responsabilidad al médico que cause la muerte «cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora de la eutanasia» (D. F. 1ª L. O. 3/2021 y art. 143.5 del C. P.). ¿Qué sucede si la Comisión comprueba que no ha sido así? Se ha matado mal a un inocente, ¿quién responderá? ¿El médico responsable o quienes votaron a favor de la ley? Se comprueba que jugar a ser dios es muy peligroso.

 

En definitiva, como creo en la vida y en la libertad rechazo que el Estado se dedique a matar a sus ciudadanos. Pienso que hay muchas personas mal informadas sobre lo que supone la eutanasia, incluso engañadas, y que hay que hablar claro sobre la conjuración de los sanos y fuertes para acabar con los débiles e inocentes, utilizando además el Estado y sus leyes. Ante el engaño colectivo no se puede callar. Se trata de humanizar la enfermedad y la muerte, explicando que un enfermo o un incapaz no son vida degenerante o sin valor, son una vida humana digna que sufre, y que por tanto merece amor, respeto y ayuda. En esto resumió Kant su doctrina ética: en amar y respetar a todo hombre y en ayudarle «sin huir de la salas de enfermos», llegó a escribir literalmente (Metafísica de las costumbres, «Doctrina ética elemental», 34). Ayudándoles a bien morir tendrán una muerte natural y a su tiempo, digna. Pues, ¿qué es realmente una muerte digna? Desde luego ser matado por otro no lo es. María Dolores Vila-Coro recoge en su libro La bioética en la encrucijada (p. 213) una encuesta en la que la gran mayoría contestó de una forma con la que yo estoy de acuerdo. Según ella, esto es morir con dignidad: «Morir rodeado de cariño y apoyo de los seres queridos, eliminando en lo posible los dolores y sufrimientos; de muerte natural, a su tiempo, sin manipulaciones médicas innecesarias; con serenidad, aceptando la muerte; con asistencia médica conveniente, y con apoyo espiritual según las propias creencias». Tenemos muchos ejemplos admirables. Así murió el emperador Augusto, de muerte natural y rápida a modo de sueño dulce y tranquilo, lo cuenta Suetonio (Vida de doce césares, II). El cual, por cierto, es el primero que denomina a este tipo de muerte «eutanasia», escribiéndolo en griego, pues este era el antiguo sentido de esta palabra que significa buena muerte. Los españoles tenemos un ejemplo muerte buena y digna, muy bien contado, en el último capítulo de Don Quijote de la Mancha. En él Cervantes escribe como, puesto ya un pie en el estribo, Alonso Quijano, que se tenia por católico cristiano y amigo de hacer el bien a todo el mundo, murió sosegadamente, atendido por su médico después de haber confesado y hecho testamento. Pues había pedido un confesor y un escribano alegando que «en tales trances como este no se ha de burlar el hombre con el alma». A los tres días dio su espíritu, es decir, murió. Cervantes dice que había «muerto naturalmente», de muerte natural; y añade que hallándose el escribano presente dio fe de que había muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano.

 

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Aun queda el Estado de Derecho

Editorial

Nada hay más cristiano que perdonar. Como tampoco hay nada más cristiano que creer en la Justicia y el Derecho.

El indulto no es un mero perdón, es una figura jurídica regulada en una ley, que data nada más y nada menos que de 1870, y que tiene sus propios requisitos. Ya sabemos que los requisitos jurídicos, el Estado de Derecho, no parecen ser muy importantes en algunas ocasiones, pero algunos todavía creemos que pueden servir, y que son precisamente nuestra tabla de salvación contra abusos de poder.

El derecho de gracia puede otorgarse de manera total “tan sólo en el caso de existir razones de justicia, equidad o utilidad pública”, y sólo cuando no cause perjuicio a terceros y cuando el condenado haya sido perdonado por el ofendido en los delitos perseguibles sólo a instancia de parte (los que requieren denuncia del ofendido, por ejemplo las injurias). Pero también sabemos que los condenados por el procés no cumplen ni siquiera de forma indiciaria los requisitos: nos lo ha dicho el propio Tribunal Supremo, el sentenciador, incluso sacando hace pocos días un comunicado de prensa. Los propios condenados no han pedido el indulto, lo han hecho terceros por ellos; no hay ni la más mínima sombra de arrepentimiento, al revés; y las penas han sido impuestas por el Tribunal competente, de forma proporcionada, cumpliendo escrupulosamente la ley. Y en un sentido más profundo, las razones de justicia viran hacia el cumplimiento de la condena, no hacia su exención, y nadie se toma ni siquiera la molestia de argumentar lo contrario.

Parece que todos intuimos ya lo que va a suceder. Un Gobierno que depende de los apoyos separatistas poco margen de maniobra tiene. Saldremos a la calle, haremos lo que podamos, pero pretenderán seguir adelante.

Pero tenemos dos cosas a nuestro favor. Una, que estamos del lado del Estado de Derecho, que sabemos que es el parapeto frente a los abusos de poder. Y dos, que creemos en la moral, en el Derecho, en la Justicia, y contamos con mecanismos para no dejarnos avasallar por el rodillo del Estado que pretende ser totalitario.

Los ataques al Estado de Derecho siguen también adelante en otros ámbitos. La Ley Celaá se aprobó, y ahora hay que desarrollarla en algunos puntos. Uno de los más importantes es el currículo, que regula las enseñanzas mínimas y que en una parte importante han de ser reguladas por el Estado. El Ministerio ha evacuado – al menos llamándola así, porque no se cumplen los requisitos mínimos – “consulta pública” de los proyectos de real decreto para ello. Lo ha hecho a modo de formulario, con cuestiones tasadas, no permitiendo ni siquiera firmar las respuestas: parece que poco le importa si la opinión la emite una asociación muy representativa, de profesores por ejemplo, o soy yo mismo. No parece aquí tampoco muy estricto en el cumplimiento de la ley.

Y el peor, el que juega con la vida de las personas. Ayer vi a un niño pequeño que llevaba colgado del cuello un estetoscopio de juguete, y una pistola de plástico con la que iba disparando como si jugara a los vaqueros. Y su hermano de nueve años dijo: “Mira, está haciendo la eutanasia”. Qué pena de sociedad en la que la ley formal permite estas barbaridades, dejando además totalmente desprotegidos a tantos médicos que ya han manifestado, a través de sus Colegios, la situación en que se les pone.

Menos mal que tenemos el Estado de Derecho, esperemos que el mismo vuelva a preservar la Justicia y el Derecho.

La gestión de los fondos europeos: criterios, transparencia, riesgos y reformas

Alfonso Novales

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Este artículo intenta delimitar los principales aspectos relativos al diseño y puesta en práctica de un plan de recuperación económica y social bajo la financiación de los programas de ayuda de la Unión Europea.

El diseño y ejecución de tal plan es una tarea muy compleja, por la magnitud de los fondos disponibles, y porque requiere tener una estrategia de largo plazo compartida por todos, que nos una como un país con un proyecto de futuro común. Nuestros representantes políticos deben asumir la responsabilidad que encierra un reto de esta naturaleza, adoptar acuerdos con compromiso de mantenimiento, abandonando la estéril polarización en la que andan inmersos desde hace tiempo, y situar definitivamente el bienestar de los ciudadanos en el centro de su tarea. No cabe pedir que tengan la capacidad de identificar las actuaciones óptimas, pero sí que acudan a los colectivos de la sociedad civil que pueden aportar su talento y experiencia para identificar fortalezas, diseñar objetivos, definir tareas y evaluar proyectos.

El plan debe definir objetivos de largo plazo ambiciosos, que puedan servir de estímulo e ilusionen a todos, y fijen las bases de un progreso robusto, sostenido e inclusivo, en beneficio de los ciudadanos actuales y de las generaciones futuras. Tras describir las características que debiera tener un plan de esta naturaleza, se enfatiza en este trabajo la enorme importancia que tiene involucrar a la sociedad como protagonista del camino que se emprende. Los ciudadanos deben sentirse representados en la toma de decisiones, y deben estar informados acerca de los criterios que rigen el diseño del plan, la selección de proyectos y programas, así como del resultado que estos alcanzan.

Después de analizar en cierto detalle el documento de presentación del plan de recuperación, transformación y resiliencia, este trabajo examina algunos riesgos que pueden condicionar la eficacia de dicho plan. Es preciso utilizar un sistema riguroso de evaluación y seguimiento de proyectos, que pueda corregir a tiempo posibles desviaciones o modificar objetivos, si fuese necesario, materia en la que podría colaborar el sistema nacional de ciencia e investigación. Las empresas medianas y pequeñas deben tener la opción de presentar propuestas cuya realización pudiera contribuir, por otra parte, a su crecimiento y quizá en su consolidación en grupos de mayor tamaño. Pero el mayor peligro es que ignoremos que los proyectos de recuperación económica que emprendamos no serán muy eficaces si no encuentran el contexto institucional adecuado. Es preciso afrontar reformas que llevan pendientes mucho tiempo y que se hacen ahora imprescindibles, si queremos que las actuaciones que puedan llevarse a cabo con la financiación de los fondos europeos sean eficaces a largo plazo.

Documento completo: Fedea Policy Papers – 2021/06 “La gestión de los fondos europeos: criterios, transparencia, riesgos y reformas “ Alfonso Novales

Descargar: https://bit.ly/3e1HLX6

Mas información: https://www.fedea.net/tag/coronavirus/ y https://www.fedea.net/hacienda-publica/

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