Por: José A. Hernández Echevarría
La región de América Latina y el Caribe, tiene diversos temas para analizar dentro de su compleja realidad. Aunque a primera vista, esta zona constituida por 20 países iberoamericanos, más Haití y otros estados caribeños, es quizás la región más homogénea del planeta por su historia e idiosincrasia comunes, tiene características muy específicas en cada uno de los territorios que la conforman. Varias temáticas se podrían abordar sobre su actualidad regional: la fuerte desigualdad económica entre sus habitantes, el acceso universal y de calidad a la salud y la educación, el impacto del crimen organizado y el narcotráfico, sus estancados mecanismos de integración regional, su posición en la economía mundial en las próximas décadas, el fracaso de su modelo económico de exportación de materias primas, los flujos migratorios dentro de la región, la innovación y el emprendimiento tecnológico, o incluso, el reciente impacto de la pandemia del COVID. En este caso, prefiero referirme específicamente al tema de su calidad democrática. Para muchos entre los que me incluyo, el principal desafío que presenta la región es de carácter político, que determina de una forma u otra, en el resto las dinámicas nacionales.
El desarrollo y la prosperidad económica de un país depende en gran medida de su estabilidad política, y de que existan estructuras institucionales y jurídicas que armonicen la convivencia social y garanticen, en libertad y democracia, el progreso económico. En este sentido es innegable dentro de un Estado, el rol de una buena gobernanza que se refleja en la calidad democrática, en la confianza en las instituciones, y en el respeto de las libertades y los derechos humanos. Este asunto continúa representando una tarea pendiente en gran parte de los países latinoamericanos. Según The Economist y su Índice Global de Democracia, solo en Uruguay y Costa Rica hay garantías democráticas plenas. Quizás en este selecto grupo podría incluirse Chile, aunque ha visto mermada su estabilidad política desde las protestas sociales de 2019 y el fracasado proceso constituyente de 2022.
El retroceso democrático en Latinoamérica resulta particularmente alarmante, en momentos donde los principales fundamentos de la democracia son cuestionados por no pocas fuerzas políticas en Occidente. Pero la actualidad de estas cuestiones es mucho más compleja ya que la democracia en la región nunca ha estado consolidada. Por el contrario, en casi todos los países latinoamericanos ha estado expuesta a persistentes presiones. El siglo XX fue particularmente convulso en lo político, con rupturas institucionales y violencia generalizada desde ambos lados del espectro, derivando en golpes de Estado, grupos guerrilleros, y guerras civiles. Aun así, si a comienzos del siglo XXI solo existía la excepcionalidad de la dictadura cubana, en la actualidad se han añadido los regímenes autoritarios de Nicaragua y Venezuela, con una deriva totalitaria muy inspirada en el régimen de Castro. A estos se le adiciona el siempre inestable Haití, como los países con los déficits democráticos más notables en el área.
El resto de los estados se clasifican como democracias defectuosas o híbridas, con un peligroso índice de degradación en los últimos años en países como: El Salvador, Bolivia, México, o Perú. El cambio de época que muchos académicos vienen anunciando, resulta impostergable en momentos donde la región continúa sin encontrar soluciones a largo plazo a sus problemas estructurales. Un verdadero nudo gordiano que lejos de resolverse, eterniza la condena a millones de latinoamericanos a la pobreza y a la exclusión. El éxodo masivo ha sido una recurrente salida para muchos, tanto dentro de los propios países (zonas rurales a zonas urbanas) como hacia países más desarrollados, principalmente los Estados Unidos. En este punto, la migración en Venezuela, Cuba, Haití o los países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) resulta muy alarmante por su elevado número de migrantes y su impacto demográfico sostenido en el tiempo.
Más allá de la clasificación de las fuerzas políticas latinoamericanas en derechas o izquierdas, es evidente que existe un hartazgo de la ciudadanía hacia las formas tradicionales de hacer política. Es un asunto que trasciende ya las ideologías, ante la permanente corrupción política y la incapacidad de los gobernantes de una tendencia u otra, de resolver los graves problemas económicos y sociales. Dificultades que se agravaron con el impacto de la pandemia del COVID-19 y con la profundización de la brecha económica con los países más desarrollados, en un mundo que avanza a pasos exponenciales.
En respuesta a lo anteriormente descrito, desde 2019 se ha venido generando una ola de protestas ciudadanas sin precedentes en la región. Este fenómeno se encuentra presente en casi todos los países, y resalta por la similitud de las reivindicaciones. En la última década ocurrió una avalancha de alternancias políticas en todos los países donde se efectuaron procesos electorales democráticos. La única excepción fue Paraguay, donde el oficialismo mantuvo la presidencia en la figura de Mario Abdo Benítez. Aunque se puede constatar la consolidación de varios gobiernos de “izquierdas” en la región desde 2018, son muy bajas las expectativas de soluciones reales con el programa político que estos plantean a sus problemáticas nacionales. Pero más allá de estas corrientes, sin un marco institucional adecuado, será complejo enfrentar los desafíos económicos de cada país.
Se debe señalar en este asunto de la calidad democrática como han surgido en toda la región estructuras de administración estatal altamente ineficientes a pesar del excesivo número de funcionarios que la integran. La polarización política ha llevado a visualizarse con frecuencia al Estado tanto como la causa o la solución de todos los problemas, en dependencia de la vertiente ideológica que se defienda. Pero el modelo institucional ha fallado a millones de latinoamericanos que viven en la escasez y el hambre. Ha sido incapaz de favorecer un marco público de generación de empleo y riquezas a pesar del gigantesco tamaño de las administraciones estatales en naciones como Argentina o México.
En la actualidad, estas instituciones democráticas se han visto cada vez más debilitadas por algunas fuerzas políticas dirigidas por nuevos líderes que oportunamente, se aprovechan de este contexto que persiste. Desde la independencia, hace más de dos siglos, la apuestas por mesías políticos que “salven” la deriva del país, ha sido un elemento recurrente en los países latinoamericanos. Y los siglos XIX y XX demostraron con demasiada elocuencia, hacia dónde conducen estos procesos. A esta situación se adiciona el desempeño de ciertas élites económicas que, hundidas en sus privilegios, se han alejado de las mayorías sociales. Lejos de facilitar la consolidación de una clase media y de un ente público profundamente democrático, han mantenido estructuras de exclusión heredadas de siglos anteriores.
La movilidad social y la meritocracia, que se asentaron en la Europa de la segunda mitad siglo XX, y que representa uno de los postulados básicos del “American dream”, en la región latinoamericana constituyen una dolorosa utopía. Esto ha allanado el camino a la aparición de populismos y caudillos que se presentan como solución por encima del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Desde Hugo Chávez, a Andrés Manuel López Obrador, Nayib Bukele, Evo Morales, o Jair Bolsonaro, por citar algunos, que reciclan viejos paradigmas del pasado siglo representados en Fidel Castro, Juan Domingo Perón, Alberto Fujimori, Getulio Vargas, Anastasio Somoza, y un largo etcétera.
Se tiene además que mencionar en este tema, el negativo papel que ciertos conglomerados extranjeros han desempeñado en los conflictos económicos de la región y especialmente, la influencia que durante el siglo pasado ejerció Estados Unidos en muchos gobiernos. Por otra parte, no se puede dejar de referirnos dentro de estos elementos de la calidad democrática en Latinoamérica, a la corrupción política, y como ha permeado en el sector público. Incluso se ha arraigado fuertemente en la cultura popular latinoamericana. En países como Venezuela, Colombia o México, alcanza niveles dramáticos, aunque de forma general se encuentra presente en toda la región. La corrupción no solo contribuye a debilitar la institucionalidad y la buena gobernanza en estos países, sino que, sin servidores públicos con integridad, poco se puede avanzar en la solución de las demandas ciudadanas por muy bien que se encuentren planteadas. Sus nefastos efectos también llegan al poder judicial y, de manera muy preocupante, a la esfera electoral. Esto provoca que se acentúe la desconfianza en el sistema democrático, y que se acelere la aparición de fuerzas políticas y líderes que planteen a la ciudadanía soluciones más rupturistas.
Por otra parte, la violencia no ha desaparecido del escenario público latinoamericano. Si este punto marcó sensiblemente el pasado siglo, en la actualidad continúa siendo frecuente en la región las persecuciones, las amenazas, e incluso el asesinato de líderes sociales, así como la presencia de presos políticos que deterioran sensiblemente la calidad democrática. Lejos de ser la violencia política un asunto del pasado es una realidad patente. Aún queda mucho por avanzar en el reconocimiento de la diversidad política desde estructuras de convivencia pacíficas y democráticas. Se pudiera resaltar positivamente que esta violencia política es cada vez más rechazada en la región. El planteamiento de vías electorales para acceder al poder, son afortunadamente, una realidad en Latinoamérica, cada vez más distanciada de los viejos métodos “revolucionarios” o “golpistas”. Quizás el ejemplo más icónico lo tenemos ahora con el exguerrillero Gustavo Petro, electo democráticamente en agosto pasado como Presidente de Colombia.
En el actual contexto regional se requiere entonces de una sociedad civil empoderada y consciente, defensora de sus derechos, y dispuesta a fortalecer la institucionalidad del país como base de una sólida democracia. Y es precisamente, lo que más falta en la región, donde una ciudadanía desencantada reclama nuevas formas de participación. Para afrontar esta realidad, se necesita además fortalecer el servicio público con personas preparadas en lo profesional e íntegras en lo moral. Las instituciones sin buenos servidores públicos son meras carcasas decorativas.
Por otra parte, urge otorgar un mayor protagonismo a las instituciones de poder local, desde lo ejecutivo y lo legislativo, desarraigando métodos de gobierno fuertemente presidencialistas que son la norma en la zona. Añadir a los espacios de representación política a toda la sociedad en su complejidad y heterogeneidad, priorizando a los segmentos históricamente marginados. Sin desatender la creación de espacios de atracción de la inversión internacional, de emprendimientos económicos a todas las escalas, y libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas dentro de cada país.
La irrupción cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pueden resultar una eficaz herramienta de empoderamiento cívico, de transparencia pública, y de fortalecimiento institucional. Todo esto, sin descuidar el potenciamiento de los mecanismos de integración regional que acerquen a estos países desde lo económico, lo político, y lo social. Buscando generar los consensos democráticos que aseguren la mejora de la calidad democrática, y desterrar viejos paradigmas que impiden el avance hacia estados más democráticos e inclusivos.
En este empeño, las nuevas generaciones de latinoamericanos juegan un rol determinante en la ruptura con lo negativo, y en la consolidación de nuevas formas de gobernanza. Se necesita en este punto, el compromiso leal de todas las fuerzas políticas presentes en cada uno de los países de la región. Constituye una tarea inaplazable dotar a los estados latinoamericanos de mecanismos constitucionales que aseguren la democracia, la alternancia política pacífica, y que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos.
