La propuesta elaborada a partir de las I Jornadas sobre los derechos lingüísticos, organizadas por la organización Impulso Ciudadano de  conjunto con nuestro Instituto, el pasado 18 de octubre, ha sido presentada esta mañana en la Sala Clara Campoamor del Senado por el presidente de la entidad, José Domingo.

En el acto también han intervenido (aportando abundantes datos que avalan la propuesta) el vicepresidente segundo de la entidad, Rafael Arenas; y los vocales Jesús Rul y Ana Losada, esta última presidenta, a su vez, de la asociación Escuela de Todos. El acto ha sido presentado por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán.

Esta propuesta apela a la aprobación por las Cortes Generales “de un marco normativo básico que concrete un catálogo de derechos lingüísticos que garantice el derecho constitucional a usar libremente el castellano en todo el territorio nacional”, respetando “los derechos lingüísticos que reconozcan las normativas estatales o autonómicas a los hablantes de otras lenguas cooficiales o de otras modalidades lingüísticas”.

La propuesta subraya la importancia de garantizar “los principios de igualdad, mérito y capacidad para el ingreso en la función pública evitando la discriminación lingüística y la arbitrariedad de las administraciones”. También reclama “que el Instituto Nacional de Estadística elabore periódicamente censos lingüísticos que reflejen fehacientemente la lengua inicial y el conocimiento y uso de las lenguas por parte de las personas residentes en nuestro país”.

Finalmente, considerando el rol del Senado como Cámara territorial, sugiere “la creación de una Comisión Legislativa Permanente sobre los Derechos Lingüísticos que se encargue de analizar, valorar y proponer medidas relacionadas con el reconocimiento y defensa de los derechos lingüísticos en toda España”.

Durante los días 4 y 5 de diciembre, 20 miembros de nuestra Aula Política Joven estuvieron desarrollando diversas actividades en Bruselas.

Iniciaron el recorrido con la visita al Museo de la Historia Europea donde estuvieron recorriendo las diferentes salas de exposiciones e intercambiando opiniones. Posteriormente, asistieron a la visita guiada al Parlamento Europeo. Allí pudieron conocer detalles de esta Cámara que integra a legisladores de los 27 países de la Unión. Profundizaron especialmente en la nueva composición política, sus particularidades legislativas, entre otros temas, recorriendo además el hemiciclo de sesiones. Después sostuvieron un encuentro con los eurodiputados del EPP, Adrián Vázquez y Borja Giménez

Una vez concluido este primer intercambio, participaron en el debate “46 años de Democracia: Una mirada a la Constitución Española desde Europa” con la profesora Teresa Freixes, jurista especialista en Derecho Constitucional español y europeo. Después de esta actividad tuvieron un intercambio con varios eurodiputados.

El día 5 de diciembre fueron recibidos por el embajador del Reino de España ante el Reino de Bélgica, D. Alberto Antón Cortés, en la sede diplomática ubicada en Bruselas. Durante cerca de 2 horas los estudiantes estuvieron intercambiando, además del Embajador, con 4 consejeros de la embajada, analizando las principales funciones que realizan allí y sosteniendo un ameno debate de opiniones sobre el servicio exterior español, y el papel de España en las instituciones europeas.

Finalizada esta actividad se organizó un encuentro con Dña. Patricia Santos, directora de la Oficina del CEU en Bruselas, en donde se habló de las principales actividades que allí desarrolla nuestra Universidad, así como los servicios que presta la oficina del CEU en Bélgica.

Con este viaje, los estudiantes pudieron conocer de primera mano, las particularidades del funcionamiento de las instituciones europeas de cara a la nueva legislatura, sus principales desafíos dentro y fuera de Europa, lo que contribuyó aumentar su formación y visualizar en la práctica, alguno de los debates sostenidos en el Aula Política.

El objeto de estas líneas es recordar algunos rasgos de la psicología humana que, lejos de ayudarnos a discernir, facilitan el trabajo de quienes tratan de fijar en nuestra mente su relato fraudulento.

Nos realizamos humanamente por la capacidad de discernimiento. Por el duro trabajo de acercarnos a la verdad tratando de distinguir lo verdadero de lo falso; muy especialmente cuando, pongamos por caso, los gobiernos distorsionan u ocultan los hechos reales y sus causas. El discernimiento es un hábito en el que cooperan voluntad, memoria y razón. Estas tres “potencias del alma” sufren menoscabo cuando, desde posiciones de poder, se intenta degradar nuestra percepción de la realidad. Algo que sufrimos a diario y que es la antítesis de la democracia.

Los “gestores de la opinión pública” existen en todos los regímenes y, lamentablemente, no debe sorprendernos verlos en sistemas políticos que se pretenden defensores de las libertades de expresión e información de sus ciudadanos. Bien sabemos que no son pocas las cuestiones importantes que están ausentes de gran parte de los medios de información o que son sustituidas por auténticas patrañas al servicio de los centros de poder. Si pasamos por alto estas injerencias en nuestras vidas aceptamos estar sometidos a nuevas formas de despotismo.

Por ello es oportuno recordar dos experimentos que nos muestran la fragilidad de nuestras convicciones y lo manipulable que es nuestro comportamiento. El primer experimento, de Milgram, confirma nuestra predisposición instintiva a la obediencia que nos lleva a despreciar derechos intrínsecos a otros seres humanos cuando actuamos bajo órdenes o sugerencias inmorales de una autoridad. Su famoso experimento en Yale, iniciado en 1961 y publicado en 1973, muestra la facilidad con la que suministramos descargas eléctricas crecientes a un “paciente” siguiendo las indicaciones del “director del experimento” llegando a causar gritos de dolor a la víctima. La obediencia a la autoridad bloquea nuestros criterios de bien y mal siendo asombrosamente escaso el número de personas que tienen el valor de dejar de hacer lo ordenado.

El segundo experimento, el de Asch en los años 50 del pasado siglo, demuestra la facilidad con la que manifestamos nuestro acuerdo con la opinión del grupo sabiendo que es errónea. El 37% de las personas lo hacen espontáneamente sin presión ni incentivo alguno. Simplemente “por no discrepar”. No hace falta esforzarnos en imaginar qué sucedería si esta presión grupal tácita fuese coactiva como ya está sucediendo en muchos países occidentales donde, por ejemplo, existen sanciones legales por no usar los famosos “neo-pronombres” de género. Es fácil ver que, por coacción o por recompensa, la práctica totalidad de la población opta por el silencio temeroso reproduciendo toda la pureza ancestral del instinto de las manadas. Rebaños que rechazan violentamente al discrepante como, en 1916, nos hizo ver el neurólogo inglés Wilfred Trotter en su célebre obra “Instincts of the Herd in Peace and in War”. Ambos comportamientos instintivos, -seguidismo obediente y conformidad grupal-, son recurso frecuente para quienes se dedican a “construir la opinión”, quizás ignorantes del daño que nos causan cuando difunden lo falso y distorsionan y ocultan lo verdadero.

No necesitamos ir muy lejos para ver ejemplos cercanos de este grave problema. Entre los muchos disponibles podríamos destacar por su actualidad el desastre provocado por la última “gota fría” en una parte de la provincia de Valencia y causante de más de doscientos muertos y daños materiales que llevará muchos años remediar.

Salvo escasas y muy honrosas excepciones los medios de comunicación se han centrado en las responsabilidades de las autoridades regionales. Estas, en este caso, son las menos relevantes para evitar, prevenir y remediar unas inundaciones catastróficas que han provocado la alarma en muchos países de Europa sin que el gobierno de España viese necesario asumir desde su inicio la gestión de esta trágica crisis. La mayor de los últimos setenta y cinco años. En vez de afrontar responsabilidades con rapidez y generosidad vimos todo lo contrario: un calculado “que lo pidan” que nos vuelve a recordar que el verdadero liderazgo es, fundamentalmente, una virtud moral.

De este modo parece olvidado el Plan Hidrológico Nacional del año 2001 que prestaba atención especial a esta zona y que fue anulado por el presidente Rodríguez Zapatero en 2004 para satisfacer, a un coste astronómico, la mísera insolidaridad de algunos de sus apoyos políticos. Como también se ha olvidado –con poquísimas excepciones– la grave responsabilidad de normas europeas vetando el desbroce, dragado y limpieza de cauces así como dificultando, cuando no prohibiendo, la construcción de embalses que habrían evitado lo peor de este monumental desastre.

Por ello también es menester hablar de la insuficiente relevancia mediática que ha recibido la ministra Ribera responsable directa tanto de la gestión de la cuenca hidrográfica como de la construcción de un embalse imprescindible y planeado desde hace años pero eliminado de las ejecuciones presupuestarias sin olvidar las limpiezas y desbroces de torrenteras y cauces no realizadas a lo largo de nada menos que mil kilómetros de “rieras” levantinas consideradas de riesgo. Y qué decir de la demagógica y falsa retórica “climática” incluyendo la sustitución de “gota fría” por las iniciales de “depresión aislada en niveles altos” -la causa antediluviana de las “gotas frías”- recientemente instaurada para que, “lo de siempre”, parezca “cosa nueva”.

En esta cuestión de la libertad de información, su veracidad y el libre acceso a la misma estamos muy lastrados por los comportamientos de profesionales y medios que, siendo responsables de analizar e informar con seriedad, veracidad y sin ocultación, parecen reflejar fielmente los comportamientos que fueron expuestos por los experimentos de Milgram y de Asch. La Obediencia indebida y la Corrección política nos muestran que seguimos siendo cautivos de los poderosos instintos gregarios que conservamos.

Por ello es especialmente grande el mérito de quienes los superan y el agradecimiento que les debemos.

Gracián

El funcionario dijo al Ministro: “No se preocupe, aquello que dijo el Presidente del Gobierno ya no figura en ningún sitio. La versión que ofrecemos es la única accesible. Se acusará de desinformador a quién sostenga lo contrario“. ¿Se imaginan que está situación se pudiera dar? Tanto en España, como en otras partes del mundo, se observa un movimiento de revisionismo histórico. Un revisionismo que no solo pretende reescribir la Historia, también dar legitimidad a aquellos gobiernos y estados que lo hagan. El revisionismo como herramienta ideológica supone manipulación que, por definición, atenta contra la verdad. El legitimar a gobiernos y estados para que lo lleven a cabo es peligroso y atenta contra la libertad.

Se van dando pasos favoreciendo el revisionismo en España, al menos desde el Presidente Rodríguez Zapatero con su Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), pasando por la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre) y siguiendo por innumerables desarrollos normativos, iniciativas, planes, o “Comisiones de la Verdad”. En paralelo aparecen otras medidas -como el Plan de Regeneración Democrática del último septiembre- sobre la regulación de la desinformación y la transparencia en los medios de comunicación. Medidas que tienen el objetivo oficial de combatir la desinformación, los bulos, y establecer un mayor control sobre la transparencia de los medios. Revisionismo y control son las dos caras de reescribir, por un lado, y subyugar la posible oposición, por el otro. Una vez la sociedad da por bueno que el Estado puede reescribir la Historia, aunque el fruto sea la confrontación observable, el paso siguiente es evitar que existan voces que se levanten en contra. Las fuentes de información, de estudio, de análisis, de opinión, tienen que ser al final del camino escrutadas, controladas y atemorizadas. Que no se salgan del guion de lo que políticamente se quiere. Un día será la República, otro Hernán Cortés y otro la Reconquista, sin freno.

Podemos –y debemos- preguntarnos cuál es el último motivo por el que los Estados buscan adueñarse de la Historia en determinados momentos. El tener o no contestación a esa pregunta, no nos impide ver que los pasos que dan van en la dirección del revisionismo y el control.
Es algo que va más allá de la ruidosa batalla política diaria y que no nos debe confundir. Es una marea fuerte que, no solo en España, empuja de forma completa a la sociedad imbuyéndola en sentir que el Estado debe ser partícipe de todo en la vida, tanto individual como colectiva. En este caso, fijando una parte sustancial de una sociedad como es su Historia. Es, aquí, llamativo que los “expertos” de la ONU apoyen una “Comisión de la Verdad” del Gobierno (2018), cuando por definición la Verdad no puede ser determinada y menos impuesta por un Estado.

Cuando el Estado empieza a ser juez de lo que es Memoria de una sociedad, está haciendo algo que no le corresponde y que le convierte en peligroso. La Memoria de una sociedad es algo complejo y forma el sustrato profundo de los pueblos y personas, como tal hay que tratarla con cuidado. Que un Estado pueda instrumentalizar ideológicamente la Historia y decidir qué Memoria o qué Historia es la correcta, puede ser el germen de cualquier disparate, como poco.

El asumir que el Estado puede decidir qué es o no Historia correcta es dejar que traspase una línea roja que no se debe aceptar. Está fuera de las competencias de cualquier Estado salvo del totalitario. El Estado no debe suplantar a la sociedad ni arrogarse competencias que no le corresponden.
A muchas personas les vendrá a la cabeza el orwelliano “El pasado fue borrado, el borrado fue olvidado, la mentira se convirtió en verdad.» Y otros dirán que ¡vaya exageración! Muchos avatares históricos se convirtieron en realidad, porque al principio se pensaba que los primeros pasos no podrían llevar a consecuencias peores, por lo que no hacía falta poner toda la carne en el asador para oponerse. Luego ya fue demasiado tarde. Seguro que, en otras ocasiones, el esfuerzo de personas íntegras y abnegadas logró evitar, a tiempo, desgracias que hoy no podemos imaginar. Hoy, aquí y ahora, nos corresponde que nadie borre el pasado y lo sustituya con una mentira. La Historia debe ser una labor del tiempo; del cuidado y estudio de unos; de la transmisión y el recuerdo de otros; del análisis y reflexión de muchos; y de enseñanzas y orgullos de quienes lo sientan. Pero, formados y en libertad. Sin imposición. Sin Estado democrático con facetas totalitarias.

Chesterton apuntaba en “Ortodoxia” la importancia de tener presente a las generaciones que nos precedieron (“la democracia extendida en el tiempo”). También ellas contribuyeron a formar los valores y estructuras que nos han llevado al presente. Sus esfuerzos y vidas deben ser tenidos en cuenta por la sociedad; toda la riqueza de sus ideas y sabiduría. ¿Hasta qué punto somos quién para borrar la Historia o la vida de quienes nos precedieron? Pues, si como sociedad nos lo debemos cuestionar, mucho más el Estado como mero gestor de la misma. Falta el último y crucial paso para resaltar con trazo grueso la línea roja de la intromisión estatal en la Memoria. Ese paso es resaltar el ansia por adueñarse del relato correcto. Si se acepta que el Estado puede determinar qué Memoria es la correcta (y cuál debe ser eliminada), aceptamos que el Estado tiene razón tanto en el hecho de decidir sobre un tema de Memoria histórica, como determinar el contenido de la misma. Aceptar lo anterior traspasa la línea roja por dos motivos: el primero porque determinar el contenido entra dentro del campo de la manipulación; y, el segundo motivo, porque permitir que lo haga, entra dentro del ámbito de la libertad de la sociedad para conocer y aprender de su Historia, con las mil facetas que ésta nos ofrece. Sin la injerencia estatal, la sociedad y cada persona pueden sentirse más o menos cómodas con la Historia, más o menos identificadas, y más o menos orgullosas de ella o de periodos de la misma. Pero en libertad. Si el Estado traspasa esta línea roja, ¿dónde estarán sus límites respecto a la libertad de la persona y de la sociedad? Solo el Estado totalitario traspasa esos límites porque ocupa la totalidad del espacio social y personal.

El político socialista Rubalcaba, en 2004, dijo aquello de que “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”. Seguro que hoy, muchos lectores vuelven a pensar lo mismo. Si la podredumbre de la mentira en el espacio político y social es mala, la mentira en el espacio del recuerdo de lo que personas fueron, pensaron e hicieron es aún peor. Es la pérdida de poder pensar en libertad, que es consustancial a cada uno de nosotros en cuanto personas. Ningún Estado tiene autoridad para reescribir la Historia de una sociedad y menos para secuestrarla.

El pasado miércoles 22 de octubre se realizó una nueva sesión de nuestra Aula Política Joven. Las elecciones en Estados Unidos, y sus posibles impactos en España y en Europa, fue el tema debatido en el Aula Magna de la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo. Este encuentro contó con la participación del Asesor Político y con la Portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en España

El debate del escenario electoral de los Estados Unidos, a partir de sus particularidades, centró gran parte de las preguntas de los estudiantes. Ambos funcionarios transmitieron la idea de la seriedad de la política exterior de Estados Unidos, y que, al menos en ese aspecto, poco cambiará a partir del resultado de las elecciones del mes próximo. 

Universidad CEU San Pablo, 18 de octubre de 2024

La Universidad CEU San Pablo acogió, el pasado 18 de octubre, una jornada destacada sobre los Derechos Lingüísticos en España, un evento que reunió a expertos, académicos y políticos, representantes de diversas comunidades autónomas, para reflexionar y debatir sobre el papel del plurilingüismo en nuestro país y la importancia de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a utilizar su lengua común, el español, en diversos contextos.

Organizada por el Instituto CEU de Estudios de la Democracia y la asociación Impulso Ciudadano, la jornada abordó una serie de temas clave relacionados con el uso de las lenguas oficiales en España. El español como idioma oficial de todo el estado y el uso del catalán, del gallego, del euskera, del mallorquín, y del valenciano. En este marco, se subrayó el papel crucial del uso de estas leguas en la educación y las políticas públicas en la promoción del respeto del español y el acceso equitativo a los derechos lingüísticos.

Intervenciones destacadas

El acto fue inaugurado por la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, por el Director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Alonso de Villapadierna y por el Presiente de la Asociación Impulso Ciudadano, José Domingo. Todos ellos destacaron la necesidad de «respeto del uso del Español, en un contexto de diversidad lingüística, como componente esencial para la cohesión social de España». Posteriormente, las palabras de la rectora indicaron que “la pluralidad de lenguas en España es un activo cultural que nos define y nos enriquece como nación, pero es necesario un marco de acción común que garantice el uso del español en situación de igualdad de acceso y oportunidades para todos los hablantes”.

Mesas redondas y conclusiones

Entre los panelistas figuraron especialistas como Manuel Toscano, profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad de Málaga; Jesús Rul, Inspector de educación; Frances Carreras, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona; o del abogado especialista en derechos lingüísticos Francisco López Lera, entre otros.

Durante las mesas redondas se discutieron diversos temas, tales como:

· El derecho a recibir educación en español. Se hizo hincapié en la situación en las comunidades bilingües y el acceso de los estudiantes a una educación que respete sus derechos lingüísticos.

· La proyección de las lenguas cooficiales en los medios de comunicación, en preponderancia frente al español. Los ponentes subrayaron la importancia de fomentar los espacios públicos de comunicación el español, frente a la discriminación que sufre en favor de otras lenguas locales.

· El rol de las lenguas cooficiales en la administración pública y el acceso a oposiciones y cargos públicos. Se abordaron los retos a los que se enfrentan los

ciudadanos al intentar ejercer sus derechos en la lengua de su elección, en territorios bilingües en los que el español queda completamente relegado.

En su conclusión, los expertos hicieron una llamada a reforzar la presencia del español en los territorios con bilingüismo y a la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar el uso del español junto a las lenguas cooficiales, que se repete el derecho de los ciudadanos a poder expresarse en la lengua que deseen, incluido el español, y que el uso de una u otra lengua sean un verdadero puente entre culturas, y no un motivo de división. «La lengua es un derecho, pero también una responsabilidad compartida para garantizar la convivencia en nuestra sociedad plural», concluyeron algunos de los ponentes.

Próximos pasos

Como resultado de este encuentro, se espera la presentación de un documento de propuestas en el Senado, como cámara de representación territorial, entre las que se contempla la creación de una comisión de seguimiento del respeto por los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Se tratará de un informe de recomendaciones que será presentado a las instituciones gubernamentales para su consideración en futuras políticas públicas. Además, se anunció la publicación de un libro que recogerá las reflexiones expuestas en esta jornada por parte de los ponentes.

La Jornada sobre Derechos Lingüísticos en España, del 18 de octubre de 2024, no solo sirvió como un espacio de reflexión académica y política, sino que también puso sobre la mesa la necesidad urgente de crear un marco de protección y promoción del uso del español en los territorios en los que las lenguas cooficiales y minoritarias lo están invisibilizando y relegando a un segundo plano.

Contacto:

Universidad CEU San Pablo Instituto de Estudios de la Democracia CEU, c/ Julián Romea, 20 – 28003 Madrid, España. Tel. +34 91 456 84 07

Aunque el título lo sugiere, al ser la traducción española de un western, no vamos a hablar de cine. Y eso que lo que estamos viviendo en España es la puesta en escena de un guion que comenzó a escribirse con el gobierno que salió de las urnas tras los gravísimos atentados de marzo de 2004, y tras un interregno de gobiernos posteriores, que ni vieron ni reaccionaron a acontecimientos que claramente respondían a una estrategia de transformación de la sociedad desde posiciones que imponían pautas de comportamiento político extra constitucionales.

Valor de Ley es lo que define a nuestra Constitución de 1978, que se afirma a sí misma, como la norma suprema, que puede exigir cuentas a todos los poderes del Estado. Y esta superioridad supone una garantía de estabilidad porque los constituyentes españoles de 1978 quisieron conferir a su obra un carácter normativo y vinculante, lejos, por tanto, de considerarla con un valor meramente político.

Siendo esto así, el carácter normativo de la Constitución es lo que nos obliga, como comunidad política, a valorar lo que tenemos y reaccionar contra imposiciones partidistas y sectarias de un gobierno, nacido del apoyo de unos grupos políticos cuyo objetivo declarado es socavar la pervivencia de unos valores democráticos constitucionales solemnemente proclamados, fruto de las grandes decisiones políticas del pueblo español.

Sin retrotraernos en demasía en el tiempo, ante las tentaciones de concentrar el poder por este gobierno, oímos con frecuencia que España está avocada a convertirse en un país a imagen y semejanza de regímenes que han aniquilado a la sociedad, como Argentina y Venezuela, con los fenómenos políticos del kirchnerismo y el chavismo.

Y lo que te dicen quienes conviven en esos países, con toda claridad y rotundidad, es que lo vivido por ellos no es sino una falta de reacción contra la experiencia de «perversión del sistema jurídico y político» vivida, sobre todo por no valorar en su momento lo que perdían como ciudadanos y sociedad, al dejarse conducir o guiar a lo que el grupo dirigente imponía como la “verdadera” democracia, esto es, que el gobierno haga lo que el pueblo quiere.

Y en verdad lo que estaba tras el ardid era el paso de la democracia (poder del pueblo) a la demagogia (manipulación del pueblo). No me voy a extender en lo que han sido esos regímenes políticos, disfrazados como repúblicas constitucionales, con un partido arrogándose el papel de eje vertebrador de la sociedad, y acaudillados por personajes a los que exageraban su carácter de líder para mantener su autoridad.

Ahora bien, la experiencia vivida en esos países nos obliga como sociedad a tener una actitud fundamental en valorar lo que tenemos, para ser conscientes de lo que nos jugamos y podemos perder, y así reaccionar ante los demenciales episodios que está protagonizando el gobierno actual y su presidente tanto en política interior como exterior

Y lo que nos jugamos es el Valor de Ley de nuestra Constitución que nos asegura la pervivencia de un sistema jurídico y político que garantiza como valores superiores del ordenamiento jurídico «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (artículo 1.1), que vinculan a todos los poderes públicos, sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como específica el artículo 9.1; y protege los «derechos fundamentales» que son fundamento del orden político y la paz social (artículo 10.1) y que como tales también vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53.1), y, por tanto, a Jueces y Tribunales “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”(artículo 117) .

Este es el primero y más importante reto que la sociedad española tiene ante así: reivindicar que el régimen constitucional nacido de 1978 – estable y permanente dentro de la fugacidad histórica- es el que sirve de fundamento al sistema político, y confrontar con un régimen político que en ningún caso es fundamento del sistema constitucional.

El valor de Ley de la Constitución es el garante frente al grupo dirigente que en vez de orientarse al bien común o interés general, se orienta hacia su propio interés, y para realizarlo fuerza a la sociedad a que se someta a proyectos que no dejan de ser una formulación retórica e ideológica. Al hacer esto crea una situación como la que estamos viviendo de injusticia estructural. Y ahí están los casos de la Ley de Amnistía; de instrumentalización partidista de las instituciones del Estado; la politización de una Hacienda pública que despilfarra los recursos públicos bien sea al servicio de leyes ideológicas bien a promocionar a élites corruptas regionales, y todo ello a costa de confiscar la riqueza privada; las amenazas a la prensa; la presión y señalamiento a los jueces; y los conflictos con naciones a las que nos une una arraigada relación en el tiempo.

La idea en la ha de concluir nuestra reflexión es sencilla: cuando un grupo como el que nos gobierna deja de ser dirigente, la ideología que distribuye ya no sirve para proyectar su poder. Y está en nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, poner en valor la Constitución y lo que representa, y como electorado elegir a unos representantes que cumplan su función, que es representar la unidad de la Nación española y la solidaridad entre regiones, que son fundamento de una Constitución que debemos preservar por su valor de Ley.

Aquí están las Bases de la VI Edición del Premio Grupo Tácito. 

Bases_VI Premio_GrupoTácito 2024-2025

Para Trabajos de Fin de Grado defendidos durante el curso 2023-2024

Podrán participar los alumnos de las Universidades pertenecientes a la Fundación San Pablo CEU y las Fundaciones creadas por la ACdP, además de los colegiales del Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

Con la convocatoria de estos premios, el Instituto de Estudios de la Democracia pretende estimular entre los jóvenes graduados la reflexión sobre temas relacionados con España, su historia reciente, sus desafíos actuales y las posibles soluciones a los diferentes problemas que enfrenta. Esta será la temática a la que deberán responder con originalidad los trabajos de fin de grado que se presenten, en cualquiera de las categorías propuestas.