Hay palabras que se “ensucian” o se “encumbra” según su uso. Esto ocurre con la palabra política. Debería ser una palabra honorable: gobernar la sociedad, gestionar lo público, lograr el bien común, hacer posible lo imposible, estar al servicio de la gente. Desgraciadamente, el interés particular de una persona, una ideología o un partido han manchado la política.

En el barómetro del CIS de enero de 2023 y, con todas las prevenciones sobre un estudio que otorga al PSOE los mejores resultados en contra del resto de las encuestas publicadas, se pregunta ¿Cuál es el principal problema que existe actualmente en España?. Después de “la crisis económica”(19,9); “Los problemas políticos en general” ocupan la segunda posición como primer problema (15,2%) pero, si computamos los otros problemas relacionados con la política: “El mal comportamiento de los/​as políticos/​as”; “El Gobierno y partidos o políticos/​as concretos/​as”; “Lo que hacen los partidos políticos”; “La corrupción y el fraude“; “Situación e inestabilidad política”; “El funcionamiento de la democracia” y “La falta de confianza en los/​las políticos/​as y las instituciones” el porcentaje llega hasta el 42,3%. La política es el primero de los problemas, por encima de los problemas económicos (33,6%). En España nos inquieta la política porque está funcionando mal. Cuatro de cada diez ciudadanos consideran que la política es el principal problema. Y esto es grave, cuando además la política ha contaminado al resto de los poderes e instituciones que deben mantener el equilibrio del poder. Los políticos están más preocupados en ganar las próximas elecciones que en gestionar correctamente lo público. Para ello no dudan de introducirse en los contrapoderes tradicionales: el poder judicial y los medios de comunicación.

En la Justicia, tanto la ordinaria, como la constitucional, nombrando a sus peones. Resulta escandaloso escuchar a un político del partido del gobierno argumentar que, si hay mayoría en el Congreso, lo normal es que esa mayoría se traslade otros órganos públicos e instituciones: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Agencia Española de Protección de Datos, RTVE… incluso alardeando de generosidad cuando su partido cede algún puesto a partidos con menor representación ‑a Unidas Podemos. Este asunto de las cuotas políticas para los fieles a costa de personas independientes, con mérito y capacidad, merecería una reflexión más profunda.

La política contamina la comunicación mediante el dinero y los fieles que gestionan quien aparece en los medios y cómo, con una estrategia de comunicación diseñada por carísimos consultores que según convenga incita al enfrentamiento o ignora al rival, que coloca en portadas asuntos nimios que tapan informaciones trascendentes, que consigue que los ministros ocupen minutos y minutos de telediario, que se desilusione sobre los rivales a los que tachan de extremistas o de lo que sea. Se reiteran mensajes como que la oposición incumple la constitución porque hay retraso en la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, ¿saben ustedes que hay una plaza en el constitucional que está vacante y que el Senado debería de nombrar a un nuevo magistrado desde hace meses?. Como en teoría esa plaza le correspondía proponerla al PP, pues no se nombra. ¿quién incumple la Constitución?

Ya nos estamos acostumbrado a la ocupación del estado por parte de la política. La victoria electoral tiene no solo réditos económicos y control de las cuentas públicas. Hay otro botín electoral: los puestos a ocupar por los fieles y afiliados, como cargos y asesores o la promoción de los “nuestros” en las administraciones. Se ha dado el caso que esos cargos de confianza (enchufados) contribuyen a las arcas del partido gracias a sus donaciones que salen de sus salarios públicos. No llegaremos a la situación de los cesantes del siglo XIX, que Benito Pérez Galdós nos cita en sus Episodios Nacionales y narra más detenidamente en Miau. Personajes que cesaban en su cargo público al cambiar el partido en el gobierno. Lo cierto es que hay un grupo de personas que ligan su destino social y económico a un partido político. Ya no digamos de aquellos amigos del presidente de gobierno que son colocados como altos cargos en empresas públicas y privadas que manejan recursos financieros y humanos muy importantes, digamos Correos, Renfe, Paradores Nacionales, Enresa, SEPI, Tragsa, Turespaña, Navantia, Enusa, REE, OCDE… Alguien podría exagerar diciendo que “son capaces de matar por no perder su estatus”. Desde esos puestos se crean “hooligans”, fieles, no por convicción o por reflexión, sino por estómago. Y las ubres públicas son muy abundantes para pagar a los propios y para comprar voluntades, a veces de forma directa, otras por vericuetos inconfesables.

Los partidos políticos deberían ser los mediadores entre la sociedad y las instituciones estatales, autonómicas o locales, pero no es así. El proceso es el inverso: un partido político ocupa una institución pública y, desde ella, realiza actividades normativas, ejecutivas y comunicativas cuyo objetivo es crear una opinión pública favorable al propio partido. La sociedad no es la fuente de inspiración de la política, es el objetivo por conquistar.

Y lo peor de todo esto es que cuando la gente mira a la oposición musita: son políticos, más de lo mismo. Esto ocurre porque la desconfianza ha anidado en los españoles. Recuerden, cuatro de cada diez considera que el primer problema de España se encuentra en la política. Es una pena que pensemos que la política sea penosa. No debería serlo, debemos reivindicar la gestión de aquellos que tienen mejores méritos y capacidad. Y, “haberlos, los hay”.

Por: José A. Hernández Echevarría

La región de América Latina y el Caribe, tiene diversos temas para analizar dentro de su compleja realidad. Aunque a primera vista, esta zona constituida por 20 países iberoamericanos, más Haití y otros estados caribeños, es quizás la región más homogénea del planeta por su historia e idiosincrasia comunes, tiene características muy específicas en cada uno de los territorios que la conforman. Varias temáticas se podrían abordar sobre su actualidad regional: la fuerte desigualdad económica entre sus habitantes, el acceso universal y de calidad a la salud y la educación, el impacto del crimen organizado y el narcotráfico, sus estancados mecanismos de integración regional, su posición en la economía mundial en las próximas décadas, el fracaso de su modelo económico de exportación de materias primas, los flujos migratorios dentro de la región, la innovación y el emprendimiento tecnológico, o incluso, el reciente impacto de la pandemia del COVID. En este caso, prefiero referirme específicamente al tema de su calidad democrática. Para muchos entre los que me incluyo, el principal desafío que presenta la región es de carácter político, que determina de una forma u otra, en el resto las dinámicas nacionales.

El desarrollo y la prosperidad económica de un país depende en gran medida de su estabilidad política, y de que existan estructuras institucionales y jurídicas que armonicen la convivencia social y garanticen, en libertad y democracia, el progreso económico. En este sentido es innegable dentro de un Estado, el rol de una buena gobernanza que se refleja en la calidad democrática, en la confianza en las instituciones, y en el respeto de las libertades y los derechos humanos. Este asunto continúa representando una tarea pendiente en gran parte de los países latinoamericanos. Según The Economist y su Índice Global de Democracia, solo en Uruguay y Costa Rica hay garantías democráticas plenas. Quizás en este selecto grupo podría incluirse Chile, aunque ha visto mermada su estabilidad política desde las protestas sociales de 2019 y el fracasado proceso constituyente de 2022.

El retroceso democrático en Latinoamérica resulta particularmente alarmante, en momentos donde los principales fundamentos de la democracia son cuestionados por no pocas fuerzas políticas en Occidente. Pero la actualidad de estas cuestiones es mucho más compleja ya que la democracia en la región nunca ha estado consolidada. Por el contrario, en casi todos los países latinoamericanos ha estado expuesta a persistentes presiones. El siglo XX fue particularmente convulso en lo político, con rupturas institucionales y violencia generalizada desde ambos lados del espectro, derivando en golpes de Estado, grupos guerrilleros, y guerras civiles. Aun así, si a comienzos del siglo XXI solo existía la excepcionalidad de la dictadura cubana, en la actualidad se han añadido los regímenes autoritarios de Nicaragua y Venezuela, con una deriva totalitaria muy inspirada en el régimen de Castro. A estos se le adiciona el siempre inestable Haití, como los países con los déficits democráticos más notables en el área.

El resto de los estados se clasifican como democracias defectuosas o híbridas, con un peligroso índice de degradación en los últimos años en países como: El Salvador, Bolivia, México, o Perú. El cambio de época que muchos académicos vienen anunciando, resulta impostergable en momentos donde la región continúa sin encontrar soluciones a largo plazo a sus problemas estructurales. Un verdadero nudo gordiano que lejos de resolverse, eterniza la condena a millones de latinoamericanos a la pobreza y a la exclusión. El éxodo masivo ha sido una recurrente salida para muchos, tanto dentro de los propios países (zonas rurales a zonas urbanas) como hacia países más desarrollados, principalmente los Estados Unidos. En este punto, la migración en Venezuela, Cuba, Haití o los países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) resulta muy alarmante por su elevado número de migrantes y su impacto demográfico sostenido en el tiempo.

Más allá de la clasificación de las fuerzas políticas latinoamericanas en derechas o izquierdas, es evidente que existe un hartazgo de la ciudadanía hacia las formas tradicionales de hacer política. Es un asunto que trasciende ya las ideologías, ante la permanente corrupción política y la incapacidad de los gobernantes de una tendencia u otra, de resolver los graves problemas económicos y sociales. Dificultades que se agravaron con el impacto de la pandemia del COVID-19 y con la profundización de la brecha económica con los países más desarrollados, en un mundo que avanza a pasos exponenciales.

En respuesta a lo anteriormente descrito, desde 2019 se ha venido generando una ola de protestas ciudadanas sin precedentes en la región. Este fenómeno se encuentra presente en casi todos los países, y resalta por la similitud de las reivindicaciones. En la última década ocurrió una avalancha de alternancias políticas en todos los países donde se efectuaron procesos electorales democráticos. La única excepción fue Paraguay, donde el oficialismo mantuvo la presidencia en la figura de Mario Abdo Benítez. Aunque se puede constatar la consolidación de varios gobiernos de “izquierdas” en la región desde 2018, son muy bajas las expectativas de soluciones reales con el programa político que estos plantean a sus problemáticas nacionales. Pero más allá de estas corrientes, sin un marco institucional adecuado, será complejo enfrentar los desafíos económicos de cada país.

Se debe señalar en este asunto de la calidad democrática como han surgido en toda la región estructuras de administración estatal altamente ineficientes a pesar del excesivo número de funcionarios que la integran. La polarización política ha llevado a visualizarse con frecuencia al Estado tanto como la causa o la solución de todos los problemas, en dependencia de la vertiente ideológica que se defienda. Pero el modelo institucional ha fallado a millones de latinoamericanos que viven en la escasez y el hambre. Ha sido incapaz de favorecer un marco público de generación de empleo y riquezas a pesar del gigantesco tamaño de las administraciones estatales en naciones como Argentina o México.

En la actualidad, estas instituciones democráticas se han visto cada vez más debilitadas por algunas fuerzas políticas dirigidas por nuevos líderes que oportunamente, se aprovechan de este contexto que persiste. Desde la independencia, hace más de dos siglos, la apuestas por mesías políticos que “salven” la deriva del país, ha sido un elemento recurrente en los países latinoamericanos. Y los siglos XIX y XX demostraron con demasiada elocuencia, hacia dónde conducen estos procesos. A esta situación se adiciona el desempeño de ciertas élites económicas que, hundidas en sus privilegios, se han alejado de las mayorías sociales. Lejos de facilitar la consolidación de una clase media y de un ente público profundamente democrático, han mantenido estructuras de exclusión heredadas de siglos anteriores.

La movilidad social y la meritocracia, que se asentaron en la Europa de la segunda mitad siglo XX, y que representa uno de los postulados básicos del “American dream”, en la región latinoamericana constituyen una dolorosa utopía. Esto ha allanado el camino a la aparición de populismos y caudillos que se presentan como solución por encima del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Desde Hugo Chávez, a Andrés Manuel López Obrador, Nayib Bukele, Evo Morales, o Jair Bolsonaro, por citar algunos, que reciclan viejos paradigmas del pasado siglo representados en Fidel Castro, Juan Domingo Perón, Alberto Fujimori, Getulio Vargas, Anastasio Somoza, y un largo etcétera.

Se tiene además que mencionar en este tema, el negativo papel que ciertos conglomerados extranjeros han desempeñado en los conflictos económicos de la región y especialmente, la influencia que durante el siglo pasado ejerció Estados Unidos en muchos gobiernos. Por otra parte, no se puede dejar de referirnos dentro de estos elementos de la calidad democrática en Latinoamérica, a la corrupción política, y como ha permeado en el sector público. Incluso se ha arraigado fuertemente en la cultura popular latinoamericana. En países como Venezuela, Colombia o México, alcanza niveles dramáticos, aunque de forma general se encuentra presente en toda la región. La corrupción no solo contribuye a debilitar la institucionalidad y la buena gobernanza en estos países, sino que, sin servidores públicos con integridad, poco se puede avanzar en la solución de las demandas ciudadanas por muy bien que se encuentren planteadas. Sus nefastos efectos también llegan al poder judicial y, de manera muy preocupante, a la esfera electoral.  Esto provoca que se acentúe la desconfianza en el sistema democrático, y que se acelere la aparición de fuerzas políticas y líderes que planteen a la ciudadanía soluciones más rupturistas.

Por otra parte, la violencia no ha desaparecido del escenario público latinoamericano. Si este punto marcó sensiblemente el pasado siglo, en la actualidad continúa siendo frecuente en la región las persecuciones, las amenazas, e incluso el asesinato de líderes sociales, así como la presencia de presos políticos que deterioran sensiblemente la calidad democrática. Lejos de ser la violencia política un asunto del pasado es una realidad patente. Aún queda mucho por avanzar en el reconocimiento de la diversidad política desde estructuras de convivencia pacíficas y democráticas. Se pudiera resaltar positivamente que esta violencia política es cada vez más rechazada en la región. El planteamiento de vías electorales para acceder al poder, son afortunadamente, una realidad en Latinoamérica, cada vez más distanciada de los viejos métodos “revolucionarios” o “golpistas”. Quizás el ejemplo más icónico lo tenemos ahora con el exguerrillero Gustavo Petro, electo democráticamente en agosto pasado como Presidente de Colombia.

En el actual contexto regional se requiere entonces de una sociedad civil empoderada y consciente, defensora de sus derechos, y dispuesta a fortalecer la institucionalidad del país como base de una sólida democracia. Y es precisamente, lo que más falta en la región, donde una ciudadanía desencantada reclama nuevas formas de participación. Para afrontar esta realidad, se necesita además fortalecer el servicio público con personas preparadas en lo profesional e íntegras en lo moral. Las instituciones sin buenos servidores públicos son meras carcasas decorativas.

Por otra parte, urge otorgar un mayor protagonismo a las instituciones de poder local, desde lo ejecutivo y lo legislativo, desarraigando métodos de gobierno fuertemente presidencialistas que son la norma en la zona. Añadir a los espacios de representación política a toda la sociedad en su complejidad y heterogeneidad, priorizando a los segmentos históricamente marginados. Sin desatender la creación de espacios de atracción de la inversión internacional, de emprendimientos económicos a todas las escalas, y libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas dentro de cada país.

La irrupción cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pueden resultar una eficaz herramienta de empoderamiento cívico, de transparencia pública, y de fortalecimiento institucional. Todo esto, sin descuidar el potenciamiento de los mecanismos de integración regional que acerquen a estos países desde lo económico, lo político, y lo social. Buscando generar los consensos democráticos que aseguren la mejora de la calidad democrática, y desterrar viejos paradigmas que impiden el avance hacia estados más democráticos e inclusivos.

En este empeño, las nuevas generaciones de latinoamericanos juegan un rol determinante en la ruptura con lo negativo, y en la consolidación de nuevas formas de gobernanza. Se necesita en este punto, el compromiso leal de todas las fuerzas políticas presentes en cada uno de los países de la región. Constituye una tarea inaplazable dotar a los estados latinoamericanos de mecanismos constitucionales que aseguren la democracia, la alternancia política pacífica, y que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos.

Por Pablo Gozález-Pola

El general estuvo presente en prácticamente todas las guerras en las que España se vio envuelta durante sus 92 años de vida

El pasado miércoles 8 de febrero se realizó en el Colegio Mayor San Pablo la presentación del libro COMUNIDAD IBEROAMERICANA.

Formación y destino de una comunidad de naciones de Ramón Peralta Martínez. Estuvieron acompañando al autor, JESÚS PALACIO, Historiador y periodista, AGAPITO MAESTRE, Filósofo y escritor y JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS, Ex Ministro de la Presidencia y Educación y Presidente de nuestro Instituto.

Se estuvo debatiendo sobre el pasado y presente de los países hispanoamericanos a partir de sus lazos con España, valorando desde unas posturas críticas, los errores cometidos en estos siglos de relaciones políticas, históricas y culturales. Se enfatizó en el papel que juega España en el espacio Iberoamericano, así como las potencialidades de una relación más estrecha y multidimensional.

En momentos en los que todos nos preguntamos cuáles son los límites y los fundamentos del Estado democrático de Derecho, existe un faro de luz potente que ilumina la cuestión. Nos referimos al discurso que pronunció su Santidad el Papa Benedicto XVI ante el Pleno del Parlamento alemán el 22 de septiembre de 2011.

Los discursos del Papa Benedicto no son escritos o documentos de magisterio, como sus tres grandes Encíclicas, sino textos que, aunque escritos de propia mano, estaban destinados a ser pronunciados por el Papa como orador ante un público en una ocasión concreta.

Son señeros los que pronunció ante los representantes de todo el pueblo británico en el Westminster Hall de Londres el 17 de diciembre de 2010, el de 12 de septiembre de 2008, en su viaje apostólico a Francia ante el mundo de la cultura («Collège des Bernardins» de París) y el de 22 de septiembre de 2011 en el  palacio del Reichstag de Berlín, ante el Parlamento alemán en Pleno durante su visita pastoral a la Alemania reunificada de principios de este siglo.

El Papa señala en la introducción de cada discurso el porqué de la elección de cada tema y el alcance de su palabra, y, aunque tienen una duración breve, la profundidad de esa palabra les ha dado una dimensión histórica, suscitan debates filosóficos y académicos y han trascendido la ocasión y el tiempo en que se pronunciaron, como un legado insigne de su Pontificado.

En el discurso del palacio del Reichstag de Berlín, el presidente del Bundestag recordó en su presentación que era la primera vez en la Historia que un Papa hablaba ante el Pleno del Parlamento alemán.

El Papa subrayó en la introducción que no hablaba por sus orígenes personales, que sentía vinculados de por vida a su Patria alemana, sino porque la invitación a hablar le había llegado porque se le reconocía su condición de Papa, de Obispo de Roma que ostenta la suprema responsabilidad para toda la cristiandad católica, así como la responsabilidad internacional que corresponde a la Santa Sede en la Comunidad internacional de los Pueblos y de los Estados.

Desde esa responsabilidad internacional, dijo, iba a proponer algunas consideraciones sobre los fundamentos del Estado liberal de derecho.

Benedicto XVI inició su discurso con un relato tomado de la Sagrada Escritura.

En el primer Libro de los Reyes, se dice que Dios concedió al joven rey Salomón formular una petición con ocasión de su entronización. ¿Qué pedirá el joven soberano en este momento tan importante? —se pregunta el Papa— ¿Éxito, riqueza, una larga vida, la eliminación de sus enemigos? No pide nada de todo eso. En cambio, suplica: «Concede a tu siervo un corazón que escuche («ein hörendes Herz»), para que sepa juzgar a tu pueblo y distinguir entre el bien y mal» (1 R 3,9).

Esto es para el Papa lo importante para un político: Su criterio último, no debe ser el éxito y mucho menos el beneficio material. La política debe ser un compromiso por la justicia, que es lo que permite crear las condiciones básicas para la paz.

El éxito, que sin duda busca todo político, está subordinado al criterio de la justicia, a la voluntad de aplicar el derecho y a la comprensión del derecho. El éxito puede ser también una seducción y, de esta forma, abre la puerta a la desvirtuación del derecho, a la destrucción de la justicia. «Quita el derecho y, entonces, ¿qué distingue el Estado de una gran banda de bandidos?», dijo en cierta ocasión San Agustín.

En Alemania la experiencia del nacionalsocialismo    muestra que esas palabras no son una quimera. Con el nazismo el poder se separó del derecho, lo pisoteó y convirtió al Estado en el instrumento para la destrucción del derecho. El Estado se transformó en una cuadrilla de bandidos muy bien organizada, que podía amenazar el mundo entero y llevarlo hasta el borde del abismo. Servir al derecho y combatir el dominio de la injusticia es y sigue siendo el deber fundamental de un político.

Pero vivimos, dijo el Papa, en un momento en el cual el hombre ha adquirido un poder hasta ahora inimaginable, por lo que identificar el deber del político se convierte en algo particularmente urgente.

El hombre tiene la capacidad de destruir el mundo. Se puede manipular a sí mismo. Puede, por decirlo así, hacer seres humanos y privar de su humanidad a otros seres humanos. ¿Cómo podemos reconocer lo que es justo? ¿Cómo podemos distinguir entre el bien y el mal, entre el derecho verdadero y lo que es «no-derecho», el derecho sólo aparente porque aparece revestido de una cobertura formal?

La petición salomónica sigue siendo, concluye el Sumo Pontífice, la cuestión decisiva ante la que se encuentra también hoy el político y la política misma.

La respuesta europea ha consistido en un dominio absoluto del positivismo jurídico. Reconoce el Papa que la visión positivista del mundo, que alcanza su cima en Hans Kelsen, es en su conjunto una parte grandiosa del conocimiento humano y de la capacidad humana, a la cual en modo alguno se debe renunciar. Pero afirma que la separación tajante que postula entre el mundo del ser y el mundo del deber ser —en el que se ubica el derecho— hace que el positivismo no sea una cultura suficiente en su totalidad.

En las cuestiones fundamentales del derecho, cuando está en juego la dignidad del hombre y de la humanidad, el principio de la mayoría no basta para crear el Derecho: en el proceso de formación del derecho, una persona responsable debe buscar siempre cuáles son los criterios de su orientación.

Si la razón positivista se presenta a sí misma de modo excluyente, se parece, dice el Papa Benedicto, a grandes edificios de cemento armado sin ventanas, en los que logramos el clima y la luz por nosotros mismos, sin querer recibir ya ambas cosas del gran mundo de Dios. Y, sin embargo, no podemos negar que en ese mundo autoconstruido se recurre en secreto igualmente a los «recursos» de Dios, que transformamos en productos nuestros.

Donde la razón positivista es considerada como la única cultura suficiente, relegando todas las demás realidades culturales a la condición de subculturas, ésta reduce al hombre, más todavía, y amenaza su humanidad. Lo afirma el Papa especialmente mirando a Europa, donde en muchos ambientes se trata de reconocer solamente el positivismo como cultura común o como fundamento común para la formación del derecho, reduciendo todas las demás convicciones y valores de nuestra cultura al nivel de subcultura. Con esto, Europa se sitúa ante otras culturas del mundo en una condición de falta de cultura, y se suscitan al mismo tiempo corrientes extremistas y radicales.

Por ello es necesario -dice- volver a abrir ventanas en el edificio ciego del positivismo, para ver de nuevo la inmensidad del mundo, el cielo y la tierra, y aprender a usar de todo esto de modo justo.

En las decisiones de un político democrático no es tan evidente la cuestión sobre lo que ahora corresponde a la ley de la verdad, lo que es verdaderamente justo y puede transformarse en ley. Hoy no es de modo alguno evidente de por sí lo que es justo respecto a las cuestiones antropológicas fundamentales y que pueda convertirse por ello en derecho vigente

¿Cómo se reconoce lo que es justo? ¿Cómo puede la naturaleza aparecer nuevamente en su profundidad, con sus exigencias y con sus indicaciones?

Dice el Papa Benedicto que, a diferencia de otras grandes religiones, el cristianismo no ha impuesto nunca al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación; se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho y se ha referido a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía que, sin embargo, presupone que ambas esferas estén fundadas en la Razón creadora de Dios.

Benedicto XVI acude a un fenómeno de la historia política reciente. En la aparición del movimiento ecologista en la política alemana a partir de los años setenta, la gente joven lanzó el grito de que se abrieran las ventanas. Fue un grito que anhelaba aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad. La juventud se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba; que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. Es evidente que el Papa no hace con esta reflexión —y así lo advierte—propaganda de un determinado partido político pero cuando en nuestra relación con la realidad hay algo que no funciona, entonces, dice, debemos reflexionar todos seriamente sobre el conjunto, y todos estamos invitados a volver sobre la cuestión de los fundamentos de nuestra propia cultura.

La importancia de la ecología es hoy algo indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Pero Benedicto XVI afirma que hay también una ecología del hombre.

También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y sólo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana.

Peter Häberle ha visto con profundidad que las Constituciones rígidas de los Estados democráticos europeos son una especie de Derecho natural codificado. En defensa de esas Constituciones se han creado, además, Tribunales Constitucionales que defienden sus postulados, pero ¿qué ocurre si se llegan a politizar y se emplean para pervertir la Constitución misma, incluso con su ayuda?

El ecologismo ha logrado convencernos de que la realidad de la naturaleza responde a leyes de supervivencia y de buena conservación, ¿no había que afirmarlo con mayor razón del hombre y de la realidad humana?

También el hombre tiene una naturaleza que se ha de respetar. El hombre no se hace a sí mismo.  Su voluntad es recta cuando atiende a la naturaleza, la oye y la acepta y cuando se acepta como quien es y no como quien se ha hecho a sí mismo

Las sabias palabras del Papa adquieren un nuevo significado cuando nos asombran las leyes «woke», que se copian en España cuando ya han manifestado su fuerza destructora y de perversión en los Países que primero las crearon. Son leyes que niegan la naturaleza del hombre y que lo someten al arbitrio de su voluntad; son el no-derecho,que muestra la insuficiencia del positivismo y la necesidad de abrir las ventanas a las verdades de la conciencia y de la razón.