Monarquía española hoy

Es fácil olvidarse de apreciar lo que se da por supuesto, e igualmente en ocasiones es tarde apreciarlo cuando uno se da cuenta de su falta. La Monarquía española podría llegar a ser un ejemplo de lo anterior. El valor como institución y los beneficios que aporta a la sociedad española actual parece que se dan por hecho. Sin embargo, la institución monárquica y el modelo de Estado están siendo paulatinamente cuestionados de forma, a veces, subliminal y constante, y otras más agresivamente. Debemos darnos cuenta de esta situación en que la temperatura sube de nivel. Ser conscientes y tomar una actitud proactiva en dar a conocer su valor.

Nos encontramos cada día con el mundo superficial de los detalles y temas de menores, pero que convenientemente puestos en escena mediática atraen la atención general. Por una parte, quitando el valor a lo esencial y, por otro, buscando el denigrar y atacar, muchas veces sin disimulo, a la institución monárquica. Se puede criticar, con más razón o menos, a cualquier persona; todos somos humanos e imperfectos. Los reyes no se escapan de esa condición. Es lo que representan lo que cambia el significado de la posible crítica. El papel que el Rey ejerce como institución monárquica es el elemento fundamental. Parte de los partidos que sustentan el actual Gobierno son abiertamente contrarios al modelo territorial del Estado y republicanos (ERC, Junts, PNV, Bildu). Nos fijamos mucho en que son separatistas, pero no olvidemos que igualmente atacaran lo posible al Rey y lo hacen, día a día. Caída la unidad de España, caído el Rey; caído el Rey, caída la unidad de España. Ese es el fondo que les sirve de idea tractora. Y muchos dirán que no, que podemos tener una República sin el resquebrajamiento de la sociedad. Recordar aquí ejemplos nos ilustra de lo contrario: el Cantón de Cartagena, que llegó a acuñar su propia moneda de plata durante la Primera República; la sublevación de Asturias durante la Segunda; la proclamación del Estado Catalán también en 1934; la lista se podría extender. La idea republicana parece acercarse más a un camino al neocantonalismo y a una sociedad erosionada y peleada.

Pero quizá más intranquilizadora es la dejadez e inseguridad de los partidos que, no siendo antimonárquicos, no moverán un dedo para proteger la institución. Al contrario, por extender el gobierno una legislatura son capaces de ir cediendo un paso tras otro lo que significa España y la Monarquía que la representa. No es de extrañar la confianza que el ciudadano pierde en sus políticos.

Buena parte del revisionismo de las leyes de memoria histórica nacionales y autonómicas, buscan traernos una historia edulcorada de la II República y reavivar un frentismo olvidado. Una vuelta a unos años que nunca deberán repetirse. Construyendo un relato histórico nuevo sobre la baja formación educativa española y convenientemente respaldado por medidas amenazadoras para los que no están de acuerdo. El objetivo que parece subyace a lo anterior es un cambio de modelo de Estado y acercarnos a algo parecido a una nueva República confederal. Que se pudiera conseguir dependerá de lo pronto en que se opongan a ello aquellos a los que la idea les parece una opción desacertada. La Monarquía española, como presente y futuro de una institución que nos representa, ofrece un beneficio a la sociedad. Es prudente tener un símbolo que nos identifique a todos los ciudadanos y a las instituciones que estructuran nuestra forma de organización como sociedad; y tenerlo fuera de la lucha y desgaste político, muchas veces lleno de agresividad y enfrentamiento. Así fue en la Transición, un periodo complicado para toda la sociedad, y un ejemplo de cómo la Monarquía nos pudo hacer sentir que aquello que nos unía quedaba salvaguardado de las tensiones diarias, siendo incluso aceptado por líderes comunistas como Carrillo. Uno de los principales beneficios de la institución es la permanencia. Nadie cuestiona la ventaja de las relaciones personales en cualquier ámbito, relaciones que tienen periodos extensos para forjarse. Que los Reyes de España puedan construir de forma sostenida las relaciones que representan dan una ventaja competitiva a la sociedad que cuenta con ella y que no tienen aquellas cuyos procesos son cortos de rotación. Es un beneficio que hay que explicar, ya que no se percibe por el ciudadano en la mayor parte de los casos. La visión ventajosa que tuvo Estados Unidos de España en los cruciales últimos -70 estuvo precisamente marcada por la figura del Rey. Esa permanencia de la imagen y de las relaciones de largo plazo da+ prestigio-país, concepto empresarial pero extensible a todos los ámbitos, y que favorece a toda la sociedad española.

Sin embargo, el provecho que supone la estabilidad interior probablemente es el más fácil de reconocer para todos. El poder contar con el paraguas tranquilizador de quién nos representa sin la volatilidad de las elecciones nos da un rumbo más sosegado en las turbulentas aguas de la política nacional actual. ¿Se imaginan la circunstancia vivida en la última elección de Presidente de Gobierno trasladada a la Jefatura del Estado? Si ya el buscar una elección a cualquier precio cediendo lo que pueda hacer falta, nos sonroja, pocas defensas quedarían a la unidad de España y de sus gentes si entramos en ese nuevo mercadeo. Tener esa estabilidad favorece a una sociedad que no deja de derramar energía con elementos que cuestionan su convivencia común. Es prioritaria la tarea, personal y colectiva, de realizar un ejercicio de poner en valor lo que significa la Monarquía para España. Y su divulgación.

Quedarse mudos acaba pasando factura, y a veces facturas impagables.

La cuestión que sirve de título para lo que sigue viene a colación para ilustrar de la situación que se vive en España en estos momentos y que se resume en que un Gobierno con sus extravagantes apoyos parlamentarios está en una tarea de demolición de la  Constitución o, lo que es lo mismo, de la función estructuradora de toda Constitución democrática para ordenar el sistema jurídico determinando quien manda en el Estado mediante el establecimiento de qué instituciones ostentan los poderes del Estado y cómo  los ejercen con arreglo a qué procedimientos y con qué mayorías.

El Gobierno de España cerró el año 2023 aprobando tres Reales Decretos-leyes, denominados genéricamente Decretos anticrisis.

Me voy a detener en el primero de los Reales Decretos-leyes.

Ciertamente este Gobierno se basta por sí sólo en la operación de desmontar las funciones de la Constitución, y el Real Decreto-ley al que me refiero es un claro ejemplo. Se trata del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Y por referirme a uno de sus contenidos, porque bajo el ardid medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, lleva a cabo por la puerta de atrás una reforma de tal calado de nuestra ley rituaria civil que pocas veces se ha visto un uso y abuso del Real Decreto-ley como el que se producirá si al final, esperemos que no, aunque sea por motivaciones políticas y no jurídicas, resulta convalidado por el Congreso de los Diputados.

Los Reales Decretos-leyes como sabemos, porque así lo dice el precepto constitucional, sólo pueden dictarse en los supuestos en que concurra una «extraordinaria y urgente necesidad», porque una cosa es que el peso en la apreciación de lo que haya de considerarse como urgente y extraordinario haya de concederse al juicio de aquel al que incumbe la mayor parte de la función constitucional de dirección política del Estado (Staatsleitung), el Gobierno, ex artículo 97 de la CE, y otra bien distinta es que la amplitud semántica de ambos adjetivos conduzca a un libérrimo ejercicio basado en puros réditos políticos de esa entelequia que han venido a denominar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  y sobre una apreciación tan simplista tal que aunque se aprobara en el año 2021, por las pasadas elecciones «quedaron precipitadamente inconclusos los procedimientos legislativos correspondientes a algunas de estas reformas integradas como hitos del cuarto desembolso» (sic) y  «al objeto de no dilatar el cumplimiento de hitos y objetivos necesarios para obtener el cuarto desembolso fijado para el último semestre de 2023, resulta imprescindible implementar dichas reformas legislativas» (sic) por un Real Decreto-ley.

Es claro que no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de que ni la necesidad es extraordinaria, aunque sólo sea porque en ningún caso es una necesidad acaecida de modo imprevisible (más al contrario, fácilmente previsible ante un Gobierno dedicado a la propaganda, desprestigio y confrontación permanente con la oposición que le hubiera podido dar soporte para llevar a buen fin esos procedimientos legislativos en interés general de España) ni urgente por la incoherencia de entre lo que es inaplazable y la naturaleza de las medidas en materia de justicia, y para las que además, para muchas de las previsiones normativas en las que dichas medidas se concretan les estaría vedado el empleo del Real Decreto-ley en cuanto afectan a un derecho fundamental regulado en el Título I como es el de la tutela judicial efectiva.

Este Gobierno centrado en vender un dinamismo de la actividad, el empleo y la inversión en España inexistente, no sólo no se ha preocupado en buscar los consensos necesarios para que en España se abra paso de verdad ( y no con la mera propaganda) a un nuevo ciclo económico, con reformas e inversiones para la economía real financiadas con los fondos europeos, sino que su único motivo de existencia es retener y detentar a toda costa el poder gracias en último término al apoyo de un grupo político con el que pactó en su momento para su investidura de forma ignominiosa el beneficio para una cúpula condenada por sedición y corrupción a través de un atropello a la legalidad y a la división de poderes como resume el contenido del artículo 4 de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (en nuestra opinión lo más grave de la futura norma de amnistía, siendo todo ella de gravedad extrema para el Estado de Derecho, si nadie lo impide), y ahora, en uso de un ilegítimo interés, se puede llegar a cuestionar que en nuestro ordenamiento jurídico existan expresamente previsiones tales como las que tienen que ver con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE y los efectos sobre el asunto que se ventile ante el Tribunal español, o en relación con qué instancias del Estado pueden intervenir en cuestiones relativas a la ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para concluir, y dando respuesta a nuestra pregunta, frente a la Constitución de 1978 que determina quién manda en el Estado, con el Gobierno surgido con calzador de las pasadas elecciones generales, si el propio Estado no lo remedia, se está asentando en un poder político consecuencia de una “ideología democrática”, o sea de la conciencia de que debe gobernar la voluntad mayoritaria, cuando la constatación empírica es que gobierna una minoría de derechas secesionista sin mandato expreso mayoritario y convertida en un mero instrumento de poder con un objetivo claro, a través de un proceso de deconstrucción social de la realidad, como es que el interés de esa minoría aparezca encarnado en el conjunto de la sociedad. Y el gran riesgo es que un poder de ese tipo se instala y se desarrolla de manera subcutánea porque trabaja sobre el comportamiento cotidiano como mecanismo de control social.

Y frente a ello, si un grupo político parlamentario ha tenido, en este caso, un mandato expreso mayoritario, su lealtad constitucional le obliga a frenar con todos los medios legales y legítimos la amenaza real a la Constitución con una oposición de no rendición y confrontar para que España salga adelante lo antes posible. Esa es la postura no sólo sensata, sino patriótica, ante la voladura de la función que tiene la Constitución de determinar y delimitar las competencias que asumen los poderes del Estado. Lo contrario sería hacer un daño irreparable a los españoles.