La democracia es un sistema abierto y dinámico, por lo que resulta especialmente vulnerable al deterioro de las instituciones que la conforman y, en especial, al bloqueo de la capacidad efectiva de aquellas instituciones que actúan como poderes independientes y contrapoderes, incluyendo los medios de comunicación. Ese deterioro se convierte en franca decadencia cuando la democracia está crecientemente sustentada en una sociedad de moral relativista, carente de una ética pública asentada, escasamente vertebrada y con tendencia a desvincularse del bien común. En ese contexto de una sociedad mayoritariamente líquida, los factores que minan una democracia son: la corrupción personal e institucional, la partitocracia, el control político de las instituciones de contrapoder, un Estado de Derecho deteriorado, una Administración de justicia poco eficaz, la vulneración sistemática del principio de subsidiariedad, la insolidaridad social y territorial, una oligarquía extractiva y un cortoplacismo sistémico.
En España llevamos dos décadas en las que la degradación ética, política e institucional ya ha situado a nuestra democracia a los pies de los caballos del autoritarismo liberticida, sometiéndola a un proceso deconstituyente y habilitante mediante la alteración del ordenamiento constitucional a través de legislación de rango inferior y de la cobertura de un Tribunal Constitucional colonizado por el poder político. Esa progresiva erosión de los principios constitucionales tiene como objetivo la transformación de nuestro régimen democrático, de derechos y libertades, en un régimen autocrático, autoritario y liberticida. Lamentablemente, la pretendida superioridad moral de la izquierda, continuamente desmentida por los hechos, ha dificultado la normal alternancia en el poder, así como su hegemonía cultural nihilista ha entorpecido significativamente el desarrollo de una alternativa cultural conservadora humanista, debilitando el pluralismo ideológico inexcusable en una democracia.
Lo más grave de ese sustancial retroceso en nuestros derechos y libertades democráticos es la constatación histórica de que una vez se ha instalado un régimen autoritario, controlando las instituciones clave, ya no hay vuelta atrás, las elecciones dejan de ser libres, el pluralismo ideológico es perseguido, la censura impera en todos los órdenes y las instituciones se transmutan en meras correas de transmisión de un poder político antidemocrático cuyo único objetivo es perpetuarse en ese poder. Deberíamos de ser muy conscientes de que una democracia es especialmente vulnerable cuando es atacada desde sus propias instituciones, provocando una indefensión que abre las puertas a su destrucción. Muy al contrario, una autocracia es un sistema cerrado e inmovilista, que se mantiene mientras no se modifiquen significativamente las condiciones que lo hicieron posible y, en España, la probabilidad de que se produjese un proceso de regeneración institucional, bajo un régimen autoritario, sería mínima.
A esa deriva antidemocrática se añade la exacerbación de las crónicas tensiones secesionistas provocadas por los nacionalismos catalanes y vasco-navarros, convertidos en actores indispensables para el mantenimiento del actual statu quo de poder político capitaneado por el PSOE de Pedro Sánchez. El asalto al Poder Judicial, La Ley de Amnistía, la legislación anticonstitucional y la colonización política de las Instituciones del Estado, atentan directamente contra la Constitución, contra nuestra democracia y contra la propia existencia de nuestra Nación. El próximo episodio de esa renuncia al mandato constitucional consistirá, con toda probabilidad, en la celebración de sendos referéndums de autodeterminación, disfrazados de consulta pactada no vinculante. Se está transitando el camino para acabar con el Reino de España y alumbrar una república federal, un camino ya recorrido de facto por unas Autonomías en las que los poderes del Estado central han quedado reducidos al mínimo.
Ante el acelerado avance de ese grave proceso involutivo, que pretende destruir, simultáneamente, nuestra democracia y nuestra Nación, era de esperar una rápida y enérgica respuesta de las élites intelectuales, culturales, políticas, institucionales y económicas españolas, reacción que brilla por su ausencia o por su extrema debilidad, salvo notables excepciones. No obstante, cabe destacar el creciente protagonismo de una sociedad civil concienciada en la defensa de los principios y valores que sustentan sus derechos y libertades. En el último lustro se han creado nuevas asociaciones ciudadanas y se han reforzado algunas de las anteriormente existentes, consiguiendo una notable presencia y una fuerza suficiente para hacer valer su voz en la vida pública española. En el actual escenario institucional de alto riesgo es indispensable que la sociedad civil activa respalde, secunde y fortalezca con decisión y generosidad a todas aquellas asociaciones que defiendan una sociedad de ciudadanos libres e iguales ante la ley en el marco de una democracia representativa. Una mención aparte merece el Rey Felipe VI, que ha actuado conforme al mandato constitucional, dentro de las limitaciones impuestas por dicho mandato y que, como jefe del Estado, debemos de confiar en que continuará velando para que España se mantenga como Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El devenir del régimen democrático en España será paralelo al de su monarquía parlamentaria.
Esa patente fragilidad de las élites españolas, constituye una clara señal de alarma de que el autogolpe de Estado en marcha tiene una creciente probabilidad de alcanzar sus deleznables objetivos. Resulta muy difícil de asumir que la oligarquía española no se haya opuesto frontalmente a que se esté perpetrando un trascendental retroceso en el orden institucional, social, político y económico cuyo desenlace sería la implantación de un régimen autoritario y de una república federal. En lo relativo a los procedimientos judiciales abiertos contra personas del ámbito político y familiar de Pedro Sánchez, que podrían acabar alcanzando al propio presidente del Gobierno, carecen de auténtica relevancia para detener el proceso de deconstrucción del régimen democrático y paralela construcción de un régimen autocrático, por los siguientes motivos:
– La actual mayoría parlamentaria dispone de la capacidad de denegar los suplicatorios para cargos aforados.
– El Tribunal Constitucional, con su actual composición, ha demostrado su capacidad para recalificar conductas delictivas y promover indultos.
– La Proposición de Ley Orgánica, registrada el 10/01/25, con efectos retroactivos, comporta la radical restricción de las vías de acceso a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución y de la que es clave de bóveda la Acción Popular.
– De llevarse a cabo el disruptivo proyecto de sustituir la actual figura del juez instructor por la nueva figura del fiscal instructor, se estaría asestando el golpe de gracia a la independencia del Poder Judicial y con ella, al Estado de Derecho, garante de los derechos humanos, las libertades civiles y la primacía de la ley.
Los demócratas españoles, independientemente de nuestra ideología o credo y antes de que sea demasiado tarde, tenemos la obligación moral de utilizar todos los medios que nos brinda la Constitución para truncar ese proceso de destrucción de la convivencia en paz, libertad e igualdad de todos los españoles, una exitosa convivencia en democracia que ha sido la piedra angular del notable progreso de la sociedad española, en todos los órdenes, desde la instauración de la Democracia en 1978.
Avizor