LA VIVIENDA EN MADRID, UNA PREOCUPACIÓN PARA LOS JOVENES

Por Anselmo Menéndez Herero. Miembro del Aula Política Joven

Las nuevas generaciones que dan el salto al mercado laboral están altísimamente formadas en valores y por supuesto en términos académicos. Capaces de asumir las responsabilidades de una coyuntura social, política y económica del siglo XXI. El desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos ha sido fruto del esfuerzo y de los méritos alcanzados.

Sin embargo, estas generaciones están viendo truncadas sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida personal y profesional donde les gustaría, debido al problema actual de la vivienda en España. En numerosos informes encontramos una copla común, y es que, el problema de la vivienda en España tiene un carácter estructural que va más allá de los ciclos económicos. Entendemos entonces que ni la crisis ni la bonanza económica influye de forma tan directa como para solucionarlo.

Siendo conscientes de esto, observamos problemas específicos de la vivienda que necesitan soluciones estratégicas de carácter estructural. El problema nace, por un lado, de que los jóvenes no tienen la capacidad de ser propietarios, como resalta La Fundación Afi en su estudio “Finanzas de los hogares 2000-20022”. Donde aseguran que el porcentaje de hogares jóvenes (propietarios menores de 35 años) pasa de un casi 70% a comienzos de siglo a un 36% en 2020.

El acceso, la entrada o los impuestos de una vivienda son hoy por hoy, el mayor problema. Por otro lado, los jóvenes se enfrentan a un problema de alquiler, tanto de oferta como de precio, debido al incremento del precio de los últimos años no acompañado de subidas salariales al mismo nivel, ni de una oferta más amplia.

La realidad es que en la última década el mercado inmobiliario ha sido uno de los temas más importantes para actuar en la Comunidad de Madrid. Existiendo una demanda cada vez mayor de vivienda, la política de vivienda se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de gobierno, tratando de garantizar a los ciudadanos el acceso a un hogar adecuado y asequible. Sumamos también las palabras que nos trasladó el consejero de vivienda, transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid en su intervención en la tercera edición del Aula Política Joven;

“Madrid espera un aumento de población de unas cien mil personas cada año, durante los próximos diez años. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, se trabaja para que la política de vivienda acompañe al crecimiento poblacional y podamos tener una oferta que cubra la demanda”

A pesar de los esfuerzos realizados, el problema de la vivienda en Madrid continúa siendo un desafío importante. El aumento de los precios de la vivienda, el aumento de la población o la escasez de la oferta, suponen para los jóvenes un grave problema para la consecución de sus metas personales o laborales.

Esta cuestión fue preguntada al consejero por parte de los asistentes, y con mucha firmeza aseguró que es una de las líneas de trabajo principales para el actual equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, a su vez explicaba de forma magnifica las diversas medidas y programas que ya se están llevando a cabo, como el programa Mi Primera Vivienda o el Plan Vive entre otros.

La política de vivienda de la Comunidad de Madrid desempeñará un papel crucial en la creación de un entorno habitable, digno y económicamente viable en los próximos años. Si bien este problema supone un desafío continuo, contamos con una clase dirigente concienciada y conocedora del problema que supone el sector de la vivienda.

Sin lugar a duda, la clase dirigente en materia de vivienda debe regular y financiar soluciones, consensuándolas con los distintos agentes pertenecientes al sector, como lo son las asociaciones de promotores, las distintas administraciones públicas, las cooperativas y las empresas públicas. El compromiso debe ser continuo con soluciones innovadoras y colaborativas, es norma fundamental para construir un futuro donde los jóvenes dispongan de un lugar llamado hogar.

En las democracias, el poder es siempre temporal, hasta un punto que permite a los alemanes hablar de una división de poderes en el tiempo.

Quienes ostentan el poder, si desean conservarlo, deben responder preguntas, rendir cuentas, responder a las críticas, garantizar la transparencia, la ausencia de corrupción y, en última instancia, presentarse a las elecciones para que los electores decidan si deben gobernar, o no.

Para que un sistema democrático se mantenga como tal es necesario que se pueda medir la responsabilidad de quienes detentan el poder tanto por sus acciones como por sus declaraciones. Pero, por supuesto, tales declaraciones y acciones deben coincidir con la realidad, y a eso responde el derecho a una información veraz del artículo 20.1 d) de nuestra benemérita Constitución de 1978. Gracias a la libertad de prensa el poder no se perpetúa en el tiempo.

La democracia es un sistema de igualdad pública que se basa en la palabra expresada en los medios de comunicación para persuadir, pero también en el que la mentira política vulnera en forma muy grave las normas democráticas. Entendemos como mentira el intento deliberado de hacer creer algo que el que miente sabe o piensa que es falso.

La mentira es un veneno para la democracia, porque la veracidad es un estándar democrático mínimo. El problema esencial es que no se puede medir la responsabilidad de los poderosos cuando estos calumnian con descaro a sus oponentes, al tiempo que mienten para ocultar los defectos propios

Los británicos son un modelo envidiable. El primer ministro Boris Johnson, se vio obligado a dimitir tras el llamado «partygate», cuando el Parlamento comprobó que había mentido, al asegurar que no había celebrado fiestas en su residencia ni había violado las reglas de confinamiento durante la pandemia de la Covid-19. Mucho antes, en 1963, el ministro de la Guerra John Profumo, envuelto en relaciones escandalosas con una modelo implicada en una red de espionaje soviético, fue obligado a dimitir por el único motivo de haber mentido en el Parlamento.

No ocurre lo mismo en nuestra realidad política. La mentira va tomando carta de naturaleza en nuestra crisis como un mecanismo usual de propaganda. Aunque el uso de propaganda política suena a fenómeno de otras épocas, que recuerdan a Goebbels, al nazismo, a la República de Weimar o a la Guerra fría, en

España la propaganda ha vuelto y, de mano de la mentira, está subiendo de nivel hasta el punto de cambiar la política y nuestra sociedad.

Su fuerza dañina se ve aumentada por el abuso constante de su repetición en medios de comunicación gracias a una estructura muy deficiente de las normas que garantizan un marco de pluralismo para nuestra libertad de prensa. Un requisito esencial para que la propaganda sea efectiva es la existencia de espacios de comunicación en los que la repetición constante de lo mismo sea posible y llegue a una gran audiencia.

La realidad política muestra cómo se facilita la propaganda mendaz al mismo tiempo que se dificulta el control del poder. Se limita el acceso a las ruedas de prensa de medios de comunicación que se consideran no afectos (palabra tópica: «fachosesfera»), se reparte en forma incontrolada la publicidad llamada institucional o se subvencionan directamente con fondos públicos los medios en crisis. De esa forma calumnias que serían inanes dejan de serlo porque se repiten en forma machacona y se puede emplear la mentira como instrumento para tapar la corrupción propia mediante el sistema de atribuir al oponente una corrupción semejante, aún a sabiendas de la falsedad de lo que se propaga. La persuasión de la propaganda no proviene de su precisión de argumentos sino más bien de la redundancia. La insistencia vence a la verdad. Incluso las mayores tonterías suenan más creíbles si las hemos escuchado con suficiente frecuencia.

La mejor manera de reconocer la propaganda mendaz es que su mensaje no deja lugar a dudas. Quienes propagan la mentira no admiten errores. Le dan la vuelta a todo, lo distraen y lo oscurecen. Ante las críticas, lo niegan todo y al mismo tiempo explican que de lo que se les acusa nada está mal. O reinterpretan lo que antes dijeron. A menudo contraatacan y cuestionan la credibilidad de las críticas. La propaganda en este sentido es un esfuerzo completamente autoritario. Luchar contra las mentiras políticas es tan difícil como jugar al ajedrez contra alguien que no sigue ninguna regla, pero que también sabe y tiene en cuenta que estás jugando como siempre, aunque te des cuenta y te opongas a su estrategia. El mendaz puede preparar sus movimientos a voluntad. Y ganará.

El 13 de marzo de 2024 el Parlamento Europeo ha aprobado iniciar un proceso legislativo − «European Media freedom act» − que puede ser un antídoto eficaz para remediar esta situación lamentable. Se establecerá un marco común que requiera a los Estados miembros respetar la libertad editorial de los medios de comunicación, proteger la libertad de los periodistas, evitar la concentración de dichos medios, el reparto de la publicidad institucional tanto a nivel de Estado, como a nivel regional o local, garantizar la transparencia de la propiedad de los medios y que las subvenciones que éstos reciban sean proporcionales, adecuadas y mantengan una estabilidad plurianual, que asegure su independencia editorial y evite la existencia de medios amigables con el poder que subvenciona.

En España tenemos por delante un momento complicado, pero hay que recordar las palabras de Abraham Lincoln: «Se puede engañar a todo el pueblo durante un tiempo, y se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo».

A poco de comenzar la fase más reciente de la guerra en Ucrania, Javier Solana, sin duda uno de los europeos mejor informados sobre la cuestión de la ampliación de la OTAN al Este, dio una conferencia en Madrid bajo los auspicios de la Institución Libre de Enseñanza. La conferencia tuvo lugar el 7 de Marzo de 2022 y transcurrió con la sencillez y maestría habituales en el Sr. Solana. Durante el turno de preguntas, para sorpresa del público, aclaró que las sanciones a Rusia, –financiación de la guerra aparte–, costarían a los ciudadanos europeos mucho más que a los rusos. Como tres veces más. Dos años después vemos que las más de doce rondas de sanciones no han cumplido su objetivo de debilitar a Rusia. También vemos que la Unión Europea es la gran perdedora económica y estratégica y que la mayor parte del mundo no nos apoya. Además, Ucrania ha sufrido una enorme mortandad de jóvenes lanzados en sucesivas y pertinaces oleadas contra las tres líneas defensivas rusas.

Tras dos años de guerra abierta no se vislumbra que los EEUU se decidan a iniciar conversaciones de paz en un año electoral ni parece que Rusia –que gana cada día algo en el campo de batalla– se vea a sí misma en el trance de pedirlo. A su vez sabemos que el gobierno ruso tiene, en esta materia, el apoyo de más del 80% de su población. Algo inimaginable para nuestros gobernantes. Pero quizás el principal obstáculo sea que Rusia hace mucho tiempo que ya no confía en Occidente y dirige sus relaciones estratégicas hacia el resto del mundo. Ha visto rotas las bien documentadas promesas de contención de la OTAN hacia el Este; recuerda la frase fatídica de Bush padre “we prevailed”, “hemos ganado y tendrán que aceptarlo”, y ha visto la caída de Yanukovich en 2014 que mostró a Victoria Nuland –Subsecretaria de Estado de los EEUU– organizando sobre el terreno el nuevo gobierno de Kiev. Para remacharlo hace poco que la Sra. Merkel explicó que las fallidas negociaciones de Minsk fueron un ardid para ganar tiempo y seguir armando al ejército de Ucrania mientras Kiev bombardeaba civiles en el Donetsk y los muertos eran ignorados por nuestra prensa.

En esta situación, que ya era complicada antes de la actual guerra en Israel contra Hamas, acaba de anunciarse el retiro de la Sra. Nuland de sus altas funciones en el Departamento de Estado –a efectos prácticos fue durante muchos años la segunda autoridad en estas cuestiones. Un acontecimiento cuya evolución es difícil de pronosticar desde la belicosa retórica del Presidente Biden en su último discurso sobre el estado de la Unión.

Es difícil olvidar que hace ahora dos años, a finales de Marzo de 2022, Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo de paz en Turquía que fue vetado por Boris Johnson y el presidente Biden y que ambos dieron garantías de su apoyo a Kiev hasta la derrota de Rusia. El ya frecuente “lo que haga falta” que pagamos todos: los hombres de Ucrania con sus vidas, la diáspora de millones de sus familias y los ciudadanos europeos viviendo un empobrecimiento acelerado sin que podamos excluir hostilidades en el territorio de la UE por la entrada abierta de nuestras tropas en Ucrania.

Por todo ello es difícil entender las decisiones que, en este y otros temas, viene tomando la Unión Europea desde hace décadas para, consistentemente, terminar favoreciendo los diseños de Norteamérica a costa de nuestros intereses. En este contexto, el Primer Ministro de Alemania y el Presidente de la República Francesa han estado en titulares y en las redes por dos cosas:

La primera, por sus pronunciamientos a favor o en contra de enviar a Ucrania tropas y misiles de largo alcance que exigen que militares de ambos países se encuentren en el escenario de la guerra para su programación y lanzamiento.

La segunda, que Olaf Scholz (siguiendo la estela del Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, durante la huelga de sus camioneros), acaba de anunciar que perseguirá administrativamente –fuera del sistema judicial– la libertad de expresión de lo que su coalición llama «extrema derecha». Como de costumbre, la actual izquierda europea olvida la existencia de una poderosa «extrema izquierda» gobernante en países como el nuestro.

Lo mismo acaba de hacer Emmanuel Macron en la Asamblea Francesa el pasado 14 de Febrero contra «quienes en el futuro se opongan a normas gubernamentales» sobre cuestiones médicas (vacunaciones entre ellas).

La ciudadanía contempla con preocupación y asombro cómo actúan gobiernos tan importantes, y la propia la Comisión, para terminar haciendo lo que conviene a Washington. Es extensa la desazón ciudadana a pesar de lo mal informados que hemos estado sobre las causas y la marcha de esta guerra así como sobre la constante degradación de las libertades de las que alardeamos ante el resto del mundo. A pesar de todo, como en su día advirtió el Sr. Borrell, el relato que prevalece no es el que, por decirlo en lenguaje OTAN, deseaban los “gestores de nuestro espacio cognitivo”.

Desde Febrero de 2022 los ciudadanos de la UE no tenemos acceso a medios televisivos públicos rusos. Lo cual, francamente, no sería un gran problema. Simplemente nos censuran. Pero la cuestión es que el resto del mundo sí tiene dicho acceso y cada día que pasa se hace más evidente que están más cerca de la realidad que nosotros. Esto sí que es grave. La consecuencia es que cada vez es menos creíble el mantra de “nuestras libertades” hoy evanescentes. El resultado es la pérdida de credibilidad de nuestras instituciones. Hemos olvidado que la credibilidad se gana gota a gota y se pierde a chorros.

Es quizás tiempo de recordar que la Unión Europea fue en su ya lejano día una creación de los EEUU. Nuestra historia reciente arranca en 1948, con la creación del American Committee on United Europe supervisado por el National Security Council o NSC. Aquel embrión de la actual UE fue creado y dirigido desde los servicios de inteligencia norteamericanos que lanzan tres organizaciones: El European Movement, el grupo Bilderberg y el Action Committeee para unos Estados Unidos de Europa. Desde dicho comité se pone en marcha la CECA (carbón, acero) con objetivos que supervisaban los EEUU y que, por no alargarnos, se centraban en construir una izquierda no soviética –partidos, sindicatos y cultura– que pudiera gestionar un “estado asistencial” (traducción correcta de welfare state) que sirviese de barrera a la Unión Soviética.

La bien documentada historia viene a decirnos que el desastre fratricida de nuestras guerras europeas del siglo XX se salda con una Europa unida bajo criterios y fondos norteamericanos en un proceso gestionado por la International Organizations Division, un departamento de la CIA. De aquello hace tres cuartos de siglo y no podemos dejar de tenerlo en cuenta al evaluar la gestión de nuestros intereses por las instituciones de la actual Unión Europea.

Cuando al observar la paulatina y constante “cancelación” de nuestras raíces y valores históricos, el declive económico, la pérdida de liderazgo tecnológico y los perjudiciales efectos de no pocas decisiones y leyes europeas, la historia nos ayuda a entender por qué nosotros, los ciudadanos europeos, no somos su principal prioridad y a buscar el necesario golpe de timón. Nos va mucho en ello.

LA TRANSICIÓN, UN HITO OLVIDADO

Por: Anselmo Menéndez Herrero (Miembro del Aula Política Joven)

 El 31 de octubre de 1978 se aprueba por las Cortes Generales en sesión plenaria, se ratifica por el pueblo español en el referéndum del 6 de diciembre y es sancionada por el S.M el Rey Juan Carlos I ante las Cortes el 27 de diciembre del mismo año.

Se trata de la Constitución, que finalizó así un periodo denominado como La Transición, 20 meses en los que se desmanteló un régimen y se dio paso a una democracia plena, donde se respiraba un espíritu de concordia, donde todas las ideas tenían cabida y donde la libertad era abanderada por el conjunto de la sociedad española. No podemos hablar de La Transición sin recordar al artífice de esta, al piloto, el presidente Suárez, bajo la encomienda del Rey Juan Carlos l y la ayuda de Torcuato Fernández Miranda. Fue este joven de Ávila quien contra viento y marea, llevó a cabo la aprobación de la Ley para la Reforma Política, y nos llevó a las primeras elecciones democráticas en España.

Con el transcurso de las décadas se ha dado valor al trabajo incansable del presidente Adolfo Suárez, y quien lo recuerda hoy, lo hace como si se tratase del héroe sin capa de la más épica de las leyendas. Su contribución, no merece menos. Sin embargo, los jóvenes se enfrentan en la actualidad a una coyuntura política marcada por el levantamiento de muros. Quienes nos gobiernan alimentan la división entre los ciudadanos. Asistimos al desmantelamiento del Estado social y democrático de Derecho y sus instituciones. Observamos como el hito de la Transición está siendo olvidado por nuestros dirigentes.

En los últimos meses no dejamos de ver ataques a jueces, a fiscales, a funcionarios por parte de aquellos que alzaron un gobierno con un pacto de dudosa calidad y dudoso respeto a sus propias promesas. Los jóvenes no vivieron La Transición de forma directa, pero si algo han aprendido en el proceso de formación y aprendizaje, es la importancia de escuchar. Escuchar a aquellas personas que sacrificaron su interés individual para obtener una democracia en la que participamos todos. Hoy el espíritu de reconciliación y concordia está reflejado en la inmensa mayoría de personas que vivieron esta etapa y sus enseñanzas.

La juventud española, trata de evocar el espíritu de concordia entre españoles. Por supuesto que existe el debate, la confrontación de ideas, pero siempre bajo un marco de respeto, de moderación, nunca con un enemigo delante, sino con un adversario. Cada vez son más los jóvenes que abandonan la doctrina política actual y se suman al espíritu de La Transición. Se suman a un proyecto de entendimiento entre españoles, a la fórmula que da valor a la palabra, al puedo prometer y prometo, a la política en mayúsculas.

La Constitución supone la base del Estado de Derecho en el que vivimos, los jóvenes tienen el deber de conocerla y respetarla. Se dio en un momento de la historia de España, en que la sociedad se volcó en el proceso de convertirse en una nación fuerte, en una democracia plena. Además, es la propia Constitución la que contempla en su Título X la posibilidad de la reforma, siempre, eso sí, bajo unos criterios determinados y la ratificación del pueblo español, de todo el pueblo español.

Hoy vivimos en una democracia en la que debemos estar agradecidos a todos los que participaron en ese hito, a veces olvidado, porque gracias a su trabajo, a su esfuerzo, la sociedad española salió adelante. Y a esa sociedad española, le queda mucho por escribir. Que la Transición que nos dimos entre todos los españoles no la deshaga el interés de unos pocos. No puedo finalizar de otra manera que no sea recordando las palabras talladas de por vida en la lápida del artífice: «La concordia fue posible».

Monarquía española hoy

Es fácil olvidarse de apreciar lo que se da por supuesto, e igualmente en ocasiones es tarde apreciarlo cuando uno se da cuenta de su falta. La Monarquía española podría llegar a ser un ejemplo de lo anterior. El valor como institución y los beneficios que aporta a la sociedad española actual parece que se dan por hecho. Sin embargo, la institución monárquica y el modelo de Estado están siendo paulatinamente cuestionados de forma, a veces, subliminal y constante, y otras más agresivamente. Debemos darnos cuenta de esta situación en que la temperatura sube de nivel. Ser conscientes y tomar una actitud proactiva en dar a conocer su valor.

Nos encontramos cada día con el mundo superficial de los detalles y temas de menores, pero que convenientemente puestos en escena mediática atraen la atención general. Por una parte, quitando el valor a lo esencial y, por otro, buscando el denigrar y atacar, muchas veces sin disimulo, a la institución monárquica. Se puede criticar, con más razón o menos, a cualquier persona; todos somos humanos e imperfectos. Los reyes no se escapan de esa condición. Es lo que representan lo que cambia el significado de la posible crítica. El papel que el Rey ejerce como institución monárquica es el elemento fundamental. Parte de los partidos que sustentan el actual Gobierno son abiertamente contrarios al modelo territorial del Estado y republicanos (ERC, Junts, PNV, Bildu). Nos fijamos mucho en que son separatistas, pero no olvidemos que igualmente atacaran lo posible al Rey y lo hacen, día a día. Caída la unidad de España, caído el Rey; caído el Rey, caída la unidad de España. Ese es el fondo que les sirve de idea tractora. Y muchos dirán que no, que podemos tener una República sin el resquebrajamiento de la sociedad. Recordar aquí ejemplos nos ilustra de lo contrario: el Cantón de Cartagena, que llegó a acuñar su propia moneda de plata durante la Primera República; la sublevación de Asturias durante la Segunda; la proclamación del Estado Catalán también en 1934; la lista se podría extender. La idea republicana parece acercarse más a un camino al neocantonalismo y a una sociedad erosionada y peleada.

Pero quizá más intranquilizadora es la dejadez e inseguridad de los partidos que, no siendo antimonárquicos, no moverán un dedo para proteger la institución. Al contrario, por extender el gobierno una legislatura son capaces de ir cediendo un paso tras otro lo que significa España y la Monarquía que la representa. No es de extrañar la confianza que el ciudadano pierde en sus políticos.

Buena parte del revisionismo de las leyes de memoria histórica nacionales y autonómicas, buscan traernos una historia edulcorada de la II República y reavivar un frentismo olvidado. Una vuelta a unos años que nunca deberán repetirse. Construyendo un relato histórico nuevo sobre la baja formación educativa española y convenientemente respaldado por medidas amenazadoras para los que no están de acuerdo. El objetivo que parece subyace a lo anterior es un cambio de modelo de Estado y acercarnos a algo parecido a una nueva República confederal. Que se pudiera conseguir dependerá de lo pronto en que se opongan a ello aquellos a los que la idea les parece una opción desacertada. La Monarquía española, como presente y futuro de una institución que nos representa, ofrece un beneficio a la sociedad. Es prudente tener un símbolo que nos identifique a todos los ciudadanos y a las instituciones que estructuran nuestra forma de organización como sociedad; y tenerlo fuera de la lucha y desgaste político, muchas veces lleno de agresividad y enfrentamiento. Así fue en la Transición, un periodo complicado para toda la sociedad, y un ejemplo de cómo la Monarquía nos pudo hacer sentir que aquello que nos unía quedaba salvaguardado de las tensiones diarias, siendo incluso aceptado por líderes comunistas como Carrillo. Uno de los principales beneficios de la institución es la permanencia. Nadie cuestiona la ventaja de las relaciones personales en cualquier ámbito, relaciones que tienen periodos extensos para forjarse. Que los Reyes de España puedan construir de forma sostenida las relaciones que representan dan una ventaja competitiva a la sociedad que cuenta con ella y que no tienen aquellas cuyos procesos son cortos de rotación. Es un beneficio que hay que explicar, ya que no se percibe por el ciudadano en la mayor parte de los casos. La visión ventajosa que tuvo Estados Unidos de España en los cruciales últimos -70 estuvo precisamente marcada por la figura del Rey. Esa permanencia de la imagen y de las relaciones de largo plazo da+ prestigio-país, concepto empresarial pero extensible a todos los ámbitos, y que favorece a toda la sociedad española.

Sin embargo, el provecho que supone la estabilidad interior probablemente es el más fácil de reconocer para todos. El poder contar con el paraguas tranquilizador de quién nos representa sin la volatilidad de las elecciones nos da un rumbo más sosegado en las turbulentas aguas de la política nacional actual. ¿Se imaginan la circunstancia vivida en la última elección de Presidente de Gobierno trasladada a la Jefatura del Estado? Si ya el buscar una elección a cualquier precio cediendo lo que pueda hacer falta, nos sonroja, pocas defensas quedarían a la unidad de España y de sus gentes si entramos en ese nuevo mercadeo. Tener esa estabilidad favorece a una sociedad que no deja de derramar energía con elementos que cuestionan su convivencia común. Es prioritaria la tarea, personal y colectiva, de realizar un ejercicio de poner en valor lo que significa la Monarquía para España. Y su divulgación.

Quedarse mudos acaba pasando factura, y a veces facturas impagables.

La cuestión que sirve de título para lo que sigue viene a colación para ilustrar de la situación que se vive en España en estos momentos y que se resume en que un Gobierno con sus extravagantes apoyos parlamentarios está en una tarea de demolición de la  Constitución o, lo que es lo mismo, de la función estructuradora de toda Constitución democrática para ordenar el sistema jurídico determinando quien manda en el Estado mediante el establecimiento de qué instituciones ostentan los poderes del Estado y cómo  los ejercen con arreglo a qué procedimientos y con qué mayorías.

El Gobierno de España cerró el año 2023 aprobando tres Reales Decretos-leyes, denominados genéricamente Decretos anticrisis.

Me voy a detener en el primero de los Reales Decretos-leyes.

Ciertamente este Gobierno se basta por sí sólo en la operación de desmontar las funciones de la Constitución, y el Real Decreto-ley al que me refiero es un claro ejemplo. Se trata del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Y por referirme a uno de sus contenidos, porque bajo el ardid medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, lleva a cabo por la puerta de atrás una reforma de tal calado de nuestra ley rituaria civil que pocas veces se ha visto un uso y abuso del Real Decreto-ley como el que se producirá si al final, esperemos que no, aunque sea por motivaciones políticas y no jurídicas, resulta convalidado por el Congreso de los Diputados.

Los Reales Decretos-leyes como sabemos, porque así lo dice el precepto constitucional, sólo pueden dictarse en los supuestos en que concurra una «extraordinaria y urgente necesidad», porque una cosa es que el peso en la apreciación de lo que haya de considerarse como urgente y extraordinario haya de concederse al juicio de aquel al que incumbe la mayor parte de la función constitucional de dirección política del Estado (Staatsleitung), el Gobierno, ex artículo 97 de la CE, y otra bien distinta es que la amplitud semántica de ambos adjetivos conduzca a un libérrimo ejercicio basado en puros réditos políticos de esa entelequia que han venido a denominar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,  y sobre una apreciación tan simplista tal que aunque se aprobara en el año 2021, por las pasadas elecciones «quedaron precipitadamente inconclusos los procedimientos legislativos correspondientes a algunas de estas reformas integradas como hitos del cuarto desembolso» (sic) y  «al objeto de no dilatar el cumplimiento de hitos y objetivos necesarios para obtener el cuarto desembolso fijado para el último semestre de 2023, resulta imprescindible implementar dichas reformas legislativas» (sic) por un Real Decreto-ley.

Es claro que no hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta de que ni la necesidad es extraordinaria, aunque sólo sea porque en ningún caso es una necesidad acaecida de modo imprevisible (más al contrario, fácilmente previsible ante un Gobierno dedicado a la propaganda, desprestigio y confrontación permanente con la oposición que le hubiera podido dar soporte para llevar a buen fin esos procedimientos legislativos en interés general de España) ni urgente por la incoherencia de entre lo que es inaplazable y la naturaleza de las medidas en materia de justicia, y para las que además, para muchas de las previsiones normativas en las que dichas medidas se concretan les estaría vedado el empleo del Real Decreto-ley en cuanto afectan a un derecho fundamental regulado en el Título I como es el de la tutela judicial efectiva.

Este Gobierno centrado en vender un dinamismo de la actividad, el empleo y la inversión en España inexistente, no sólo no se ha preocupado en buscar los consensos necesarios para que en España se abra paso de verdad ( y no con la mera propaganda) a un nuevo ciclo económico, con reformas e inversiones para la economía real financiadas con los fondos europeos, sino que su único motivo de existencia es retener y detentar a toda costa el poder gracias en último término al apoyo de un grupo político con el que pactó en su momento para su investidura de forma ignominiosa el beneficio para una cúpula condenada por sedición y corrupción a través de un atropello a la legalidad y a la división de poderes como resume el contenido del artículo 4 de la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña (en nuestra opinión lo más grave de la futura norma de amnistía, siendo todo ella de gravedad extrema para el Estado de Derecho, si nadie lo impide), y ahora, en uso de un ilegítimo interés, se puede llegar a cuestionar que en nuestro ordenamiento jurídico existan expresamente previsiones tales como las que tienen que ver con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE y los efectos sobre el asunto que se ventile ante el Tribunal español, o en relación con qué instancias del Estado pueden intervenir en cuestiones relativas a la ejecución de las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para concluir, y dando respuesta a nuestra pregunta, frente a la Constitución de 1978 que determina quién manda en el Estado, con el Gobierno surgido con calzador de las pasadas elecciones generales, si el propio Estado no lo remedia, se está asentando en un poder político consecuencia de una “ideología democrática”, o sea de la conciencia de que debe gobernar la voluntad mayoritaria, cuando la constatación empírica es que gobierna una minoría de derechas secesionista sin mandato expreso mayoritario y convertida en un mero instrumento de poder con un objetivo claro, a través de un proceso de deconstrucción social de la realidad, como es que el interés de esa minoría aparezca encarnado en el conjunto de la sociedad. Y el gran riesgo es que un poder de ese tipo se instala y se desarrolla de manera subcutánea porque trabaja sobre el comportamiento cotidiano como mecanismo de control social.

Y frente a ello, si un grupo político parlamentario ha tenido, en este caso, un mandato expreso mayoritario, su lealtad constitucional le obliga a frenar con todos los medios legales y legítimos la amenaza real a la Constitución con una oposición de no rendición y confrontar para que España salga adelante lo antes posible. Esa es la postura no sólo sensata, sino patriótica, ante la voladura de la función que tiene la Constitución de determinar y delimitar las competencias que asumen los poderes del Estado. Lo contrario sería hacer un daño irreparable a los españoles.

“Hecha la Ley, hecha la trampa” es una frase que recoge muy bien lo que está ocurriendo en estos momentos en la política. Lo que más duele a los españolitos de a pie es que se aplica de forma inflexible la ley, a veces, de forma injusta. Injusticia que tragamos ante las dificultades y las demoras de los Tribunales de Justicia.

Percibimos que, sin embargo, para algunos políticos todo está permitido. Solo basta con retorcer la Ley y justificarlo con una buena explicación o con un cambio de opinión. Sea para la constitución de grupos parlamentarios violentando el Reglamento de la cámara legislativa o permitiendo gateras para soslayar las incompatibilidades de diputados y senadores, saltándose a la torera el artículo 157 Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¡Pero si hasta un despacho en el Congreso de Diputados se había convertido en despacho de influencias! A los hechos del exdiputado Tito Bernie nos remitimos.

Es más, ya hasta nos parece normal que un político haya construido su carrera mediante trampas: sean en su tesis doctoral; en presentarse como Economista de la UCM, cuando en realidad sus estudios eran en Empresariales por un colegio adscrito a la UCM. Parece que hemos olvidado su participación en bochornosos eventos como la urna colocada tras una cortina para falsificar los resultados de la votación del Comité Central del PSOE el 1 de octubre de 2016. Algo más recientes son las contradicciones entre lo dicho y lo hecho: ha mentido a los votantes defendiendo el “integro cumplimiento” de las sentencias por el procés, el “no a los indultos”, decir que “siente vergüenza por indultos políticos”, que “no pactaremos con Bildu”, o que “no dormiría con Unidad Podemos”- y un largo etcétera.

También hay trampas en la comunicación: la incongruencia se justifica con un “cambio de opinión”. El trágala de los independentistas catalanes se justifica diciendo que es en “interés de España” cuando todos saben que es interés propio: ser investido Presidente del Gobierno. Se habla de “conflicto político” cuando en realidad lo que existe es el interés de unos políticos que han robado a Cataluña y a España en interés propio y en interés de un proceso secesionista. Se dice que es necesario “desjudicializar” el conflicto, para tapar hechos delictivos y justificar los indultos y, la posible amnistía. Se dice que la etapa crítica se produjo a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que anuló algunas disposiciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006. Cuando es una sentencia moderada, dictada con notable retraso y que no satisfizo a nadie y, menos a los independistas que con ya habían preparado su contestación antes de publicarse la sentencia. Pero es que además todo el proceso del año 2017 culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, un auténtico golpe de estado a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña que ahora se quiere blanquear por intereses privados.

Seguiremos pendientes de los manejos, manejas o manejes del candidato perdedor de las elecciones del 2023, de la desfachatez en sus manifestaciones, manchando incluso el nombre de España. Entre ellos el acuerdo PSOE-Esquerra Republicana del pasado 2 de noviembre que puede ser considerado inconstitucional por varias razones: en el punto 1º por eliminar el mandato representativo, por crear un agravio comparativo económico y de derechos con otras regiones de España y entre los españoles; y por promover la amnistía que es un perdón general prohibido en la Constitución. Pero esto parece que nada importa ni al candidato, ni a los diputados del PSOE. Lo importante es alcanzar el poder a cualquier precio y, eso si me permiten, es corrupción. Corrupción con trampas.

Claro que con ese currículum, es muy posible que el tramposo siga haciendo trampas, incluso a los propios independentistas con los que está pactando.

https://www.lasprovincias.es/comunitat/nuevo-libro-resalta-papel-grupo-tacito-transicion-20231024171921-nt.html

El CEU ha acogido la presentación del libro ‘Tácito. Precursores y actores de la Transición’ que recoge en dos volúmenes todos los artículos publicados por este grupo entre los años 1973 y 1977.

El editor de la obra, Pablo González-Pola de la Granja, director del Instituto CEU de Estudios de la Democracia, señala que este grupo es una especie de pretransición. Este colectivo estaba integrado por jóvenes profesionales de distintos ámbitos que se planteaban lo que iba a pasar tras la muerte de Franco. El proyecto surgió en el entorno de algunos miembros de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. «Aportaban ideas en economía, justicia y en otros campos de la actualidad para ir configurando la opinión pública». indica González-Pola. Entre ellos se encontraban diez personalidades que más tarde fueron ministros de los primeros gobiernos de Adolfo Suárez. Entre ellos estaban Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona, Marcelino Oreja, José Manuel Otero Novas, Pío Cabanillas, Óscar Alzaga Íñigo Cavero o Alfonso Osorio.

Sus artículos se publicaron en el diario Ya y en varios periódicos regionales. «Trataban de dilucidar cómo tenía que ser la Transición y lo que hacían era moderar tratando de huir de los extremismos. Aportaban ideas para el futuro de España», afirma el editor de la obra.

Si la Constitución corre peligro, por obra institucional de los partidos políticos que forman el moderno Estado de partidos, su salvaguardia democrática es algo que debe recaer en el pueblo español y en las organizaciones espontáneas de su sociedad civil.

Así lo demostró el pasado 8 de octubre en Barcelona el éxito de una manifestación ciudadana en la que participaron en forma pacífica varios cientos de miles de personas, aunque la propaganda de los medios oficiales tratase de achicar su número.

Tenía por lema «no en mi nombre» y formulaba una reclamación contraria a la situación política que hoy nos inquieta: «ni amnistía ni autodeterminación».

La concentración ciudadana −organizada en forma admirable− fue un acto promovido por una entidad que se denomina, en forma significativa −y lo es−, «Societat civil catalana», aunque la mayoría de los medios de comunicación social no le dedicó la atención que merecía y oscureció incluso el dato esencial de que había sido organizada por una asociación cívica privada, que no recibe subvención pública alguna y es ajena a todos los partidos políticos.

Los organizadores tuvieron un acierto de relieve que también ha pasado inadvertido, pero que nos sitúa a la cabeza de los Estados democráticos de la Unión Europea; despidieron el acto cantando la pegadiza ¡Resistiré!, canción popular de la que sus inspirados autores cedieron derechos a la Comunidad de Madrid, para que se entonase como canción de ánimo contra el coronavirus, en la pandemia que acabamos de sufrir. Esa canción se podría convertir hoy en un himno de defensa de la democracia constitucional en España.

En la Constitución española no existe un «derecho de resistencia» cuando algún partido, grupo o sujeto pretende dar un golpe de Estado contra la democracia de 1978 y no existe otra forma de oponerse a él, pero la sociedad civil catalana lo ha inventado. Ha repetido lo que nuestra sociedad civil ya hizo y lanzó contra la invasión francesa de 1808, tras la actuación bochornosa de Godoy y el fracaso notorio de las instituciones caducas de entonces.

Que las organizaciones cívicas de la sociedad civil respondan con eficacia a la necesidad de defender en forma pacífica la Constitución de 1978 es un síntoma de salud democrática esperanzador, que se debería repetir en la forma más frecuente posible.  Frente a las derivas rupturistas y separatistas es algo necesario, que entronca con las preocupaciones propias de los Estados democráticos de la Unión Europea.

En Alemania, por ejemplo, el artículo 20 de la Ley Fundamental de 1949 define el Estado federal alemán como un Estado social y democrático de Derecho y proclama que todo el poder emana del pueblo y es ejercido por él mediante votaciones y elecciones y por medio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; que el poder legislativo está sometido a la Constitución y que los poderes ejecutivo y judicial están vinculados a la ley y al Derecho. Pero ¿cómo se protege ese orden democrático cuando se intenta un golpe de Estado? La Ley Fundamental alemana introdujo, desde 1968, un mecanismo extraordinario, el llamado «derecho fundamental de resistencia». Hoy se proclama como un «derecho fundamental» en el artículo 20 apartado 4 de la Ley Fundamental, que dispone solemnemente:

Todos los alemanes tienen el derecho a oponerse contra cualquiera que intente eliminar este Ordenamiento, cuando no fuere posible otro recurso.

El derecho de resistencia («Recht zum Widerstand») atribuye a todos los ciudadanos alemanes el derecho a la última resistencia para proteger la Constitución, con la condición única de que “no fuera posible otro recurso”.

Cuando nada más puede ayudar contra un  golpe de Estado,  −supuesto no teórico, porque se produjo cuando el nazismo de Adolf Hitler copió el ejemplo anterior de Benito Mussolini («Italia docet») y destruyó el ordenamiento democrático de la Constitución de Weimar, como el líder fascista italiano había destruido antes el Estatuto del Rey Carlos Alberto y la democracia parlamentaria en su País− el pueblo alemán ha recibido en sus manos un derecho fundamental, que es el arma del «derecho de resistencia» para garantizar su propia supervivencia. Su objeto de protección está estrechamente definido: el Estado de derecho, la democracia y la división de poderes. El «derecho de resistencia» rompe la obligación civil ciudadana de obedecer la ley, siempre con el objetivo de que los ciudadanos se protejan de los ataques a la Constitución y al orden constitucional, así como faculta para ejercer, en forma individual o colectiva, otras formas de boicot, oposición o resistencia con la única condición, ya citada, de que no exista ninguna otra salida posible.

Se trata de un derecho claramente extraordinario, y poco citado en la jurisprudencia −por fortuna para la Alemania de hoy−, pero necesario para recordar que una «democracia» exige un ciudadano activo, crítico y celoso de sus derechos, que abomina de cualquier intento de subvertirla y reacciona frente a él.

El ejemplo alemán no es único. La resistencia a la opresión es, para John Locke, un derecho natural anterior a la constitución de la sociedad, que el hombre recobra en caso de fracaso del pacto social. Esa filosofía inspira el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sigue en pleno vigor en el Derecho constitucional francés, y se recoge en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En España no contamos con una norma constitucional expresa que reconozca este derecho de resistencia, pero sin duda hay circunstancias que permiten invocarlo. En lo que, para la doctrina alemana, podrían ser «situaciones de derecho de resistencia» debe surgir la iniciativa democrática de la sociedad civil, bien sea contra la invasión de Napoleón, bien contra intentos de romper la unidad constitucional por vías torticeras, como una amnistía o una ruptura de la unidad de España ajenas a los mecanismos de reforma de la Constitución, y por ello fascistas o antidemocráticas. Cuando los manifestantes de Barcelona tuvieron la ocurrencia feliz de terminar el acto cantando la canción «Resistiré» estaban innovando nuestra Constitución.

Pasadas las circunstancias actuales, que no podrán predominar frente a una resistencia civil pacífica y democrática −pero clara y decidida− debemos imitar a los alemanes e introducir en nuestra Constitución un «derecho de resistencia» que nos recuerde a todos, y advierta, de paso, a los partidos políticos, cómo y cuándo debemos defender y defenderemos nuestra democracia frente a toda perversión.

Hasta entonces cantar el «Resistiré», en todas las actuaciones que se produzcan contra la amnistía y la autodeterminación, nos permitirá recordar que también los españoles tenemos, desde 1808, un derecho a resistir frente a los intentos de anular España o de pervertir su sistema democrático, cuando desfallecen las instituciones y no existe otro remedio.