DE LENIN A GRAMSCI Y LACLAU

Cuando nos referimos al comunismo como marxismo, estamos dejando fuera a Lenin, el ideólogo que desarrolló y puso en práctica la teoría marxista, instaurando un régimen de terror que asesinó a cerca de dos millones de personas y provocó la muerte por hambre de otros cinco millones. Stalin acentuó el régimen de terror comunista, asesinando a siete millones de personas y provocando la muerte por hambre de otros seis millones. Esas sobrecogedoras cifras están avaladas por los informes publicados por historiadores independientes que han trabajado con los datos disponibles de fuentes fiables, lo que ha permitido el cruce y evaluación de esos datos, tanto oficiales como de instituciones privadas. En los albores del s. XX, una ideología antihumanista distópica únicamente podía imponerse mediante el uso de la violencia y el terror más descarnados, conformando una sociedad sometida y sumisa que a lo largo de los años interiorizase el principio de indefensión aprendida. Los ideólogos del comunismo en la Europa occidental, de los años sesenta y setenta del siglo XX, fueron conscientes de que, en las nuevas democracias europeas, la batalla política basada en las insurrecciones armadas y la represión criminal estaba condenada al fracaso y que la futura confrontación política debería de librarse primordialmente en el campo antropológico y cultural. Fue destacado pionero de ese movimiento de regeneración endógena el Partido Comunista Italiano con su líder Enrico Berlinguer a la cabeza. Podríamos afirmar que los intelectuales de la filosofía y la teoría política tomaron el mando de la estrategia de poder comunista para su transformación en poder socialista. La radical transformación estratégica adoptada era absolutamente necesaria en la Europa de las democracias liberales, pero sus impulsores no fueron plenamente conscientes de que, en realidad, estaban reinventando la socialdemocracia de Ferdinand Lasalle de la segunda mitad del s. XIX, razón por la que, en las democracias de la Europa occidental, los partidos comunistas serían desplazados por partidos socialistas. Ese avanzar de la izquierda en el espacio político del s. XX, retrocediendo en el tiempo ideológico del socialismo, fue analizado magistralmente por Dalmacio Negro, el gran referente español de la Ciencia Política y la Historia de las Ideas. En España, el Partido Comunista, PCE y sus aledaños ideológicos se sumaron al eurocomunismo en los años setenta, los de la Transición a la democracia, pero ya en los sesenta existía un grupo de jóvenes activistas que propugnaban introducir las ideas de Gramsci y Marcuse en la nomenklatura europea y soviética, una difícil misión en aquellas fechas. Ese movimiento europeo de renovación ideológica ya anunciaba la necesidad de la perestroika y la glásnot posteriores, movimientos regenerativos que se materializaron en la Unión Soviética de los años ochenta y que culminaron en su colapso y el de los regímenes comunistas del este europeo, materializado en el derribo del muro de Berlín en 1989.

La criminal excepción a ese abandono de la violencia comunista en España la constituyó ETA, una organización comunista-nacionalista cuyo brazo terrorista asesinó a 856 personas entre 1968 y 2010. A partir de los años sesenta, para los ideólogos comunistas quedaba muy claro que librar la batalla de las ideas exigía reconocer previamente una libertad intelectual que permitiera una significativa capacidad de verdadera autocrítica, indispensable para la transformación y el progreso del sistema comunista en las modernas sociedades de las libertades individuales y los derechos humanos. Esa libertad intelectual, consustancial con el derecho a la libertad de expresión, era incompatible con una ideología que negaba la ontológica identidad individual y la sustituía por un conjunto de identidades colectivas. En el s. XXI, esa incompatibilidad se ha plasmado en la política de la «cancelación», una censura de cariz totalitario que reprime radicalmente la libertad de expresión. Ante el fiasco ideológico del socialismo se ha desarrollado una progresiva transformación de su ideología colectivista en antropología poshumanista, a través de la ingeniería social, cuyo planteamiento teórico ha sido obra de Ernesto Laclau y de Chantal Mouffe. En el siglo XXI, la hegemonía cultural socialista se ha infiltrado profundamente en el poder político de las democracias europeas, inoculando su ideario en la mayor parte del espectro ideológico, un evidente éxito de la estrategia cultural adoptada en los años setenta del pasado siglo, pero a la vez un fracaso en el peso político de los partidos socialistas, que se han convertido en formaciones quasi testimoniales, pudiéndose decir que han muerto de éxito. La antropología poshumanista del s. XX ha degenerado en la antropología antihumanista del s. XXI, provocando unas trágicas consecuencias en todos los órdenes personales y sociales, sembrando el relativismo moral y el pensamiento nihilista.

En los últimos años, conservadores y liberales están librando la batalla cultural, ideológica y política del humanismo y de las libertades contra esa gigantesca estructura transversal de poder autoritario socialista, con incierto resultado en una sociedad europea envejecida, sumida en un invierno demográfico suicida y con una desproporcionada tasa de población inmigrada procedente de culturas de raíz autoritaria. Es urgente que la sociedad civil europea tome plena consciencia del grave riesgo existencial que corre su civilización humanista y democrática, con el fin de exigir a las élites intelectuales, políticas y económicas que actúen decididamente en la defensa de los principios y valores que sustentan la civilización europea.

¡Menos mal, la Unión Europea!

No es un debate de hoy, sino que viene de antiguo y que de tiempo en tiempo se actualiza en los Estados miembros, sobre todo con ocasión de actuaciones o decisiones de las instituciones europeas que cuestionan la razón de ser del proyecto europeo.

El proyecto de la Unión Europea es debate abierto sobre sus crisis recurrentes sobre todo en estos momentos de pérdida de liderazgo económico y político.

El declive se escribe con muestras evidentes de debilidad en la gestión de crisis, y en este sentido baste recordar la pandemia de COVID-19. En una pérdida de relevancia internacional y de influencia mundial, y buena muestra la tenemos en este tiempo de tensión entre USA, China y Rusia, y su proyección en territorios como Ucrania, Palestina, … Y todo sin olvidar el evidente déficit de innovación, y la percepción real del exceso de burocracia, la falta de transparencia en la toma de decisiones, alejadas de los ciudadanos y con un entramado regulatorio denso y nada ágil que olvida lo que debe ser el objetivo de toda regulación, esto es, ordenar para que se protejan los intereses colectivos sin sofocar la iniciativa individual.

De este declive no se libra la estructura institucional de la Unión Europea, y en particular el Tribunal de Justicia, y dentro del mismo, la figura del Abogado General, con decisiones de uno, y opiniones de otro, que debilitan la percepción de unidad institucional y cuestionan su razón de ser, con expresión de criterios jurídicos alejados de la realidad política de los Estados que provoca un debilitamiento de la integridad jurídica de sus ordenamientos.

Esto es particularmente destacado en la figura del Abogado General, con una influencia excesiva a la hora de orientar la toma de decisiones de los jueces comunitarios. Por no hablar de su perfil elitista y doctrinal y de la falta de transparencia en su proceso de designación, que en la mayoría de las ocasiones obedece a equilibrios políticos y no a criterios estrictamente meritocráticos. Y todo ello con el resultado de una percepción que tenemos los ciudadanos de un TJUE cerrado, distante y alejado que no garantiza ni la justicia ni la coherencia por su lejanía de la realidad social y política de los Estados.

Las reflexiones anteriores se actualizan, en la modesta opinión de quien escribe, tras conocer esta semana la opinión del Abogado General en los asuntos relacionados con la ley de amnistía.

La amnistía es una competencia soberana del Estado, porque afecta directamente a su orden constitucional, a su política criminal y a la manera en que se gestionan conflictos internos. El Abogado General no lo niega, sino todo lo contrario «63. De lo anterior, se sigue que, en el ordenamiento jurídico de la Unión, la amnistía continúa siendo una prerrogativa de los Estados miembros…»; y en otro apartado «67. Como la amnistía no es un instrumento armonizado por el Derecho de la Unión, se incluye entre las competencias nacionales…».

No vamos a negar que cuando un país forma parte de una organización supranacional (en este caso la Unión Europea), la soberanía se encuentra limitada por compromisos jurídicos comunes. La cuestión es hasta que punto en este asunto los argumentos que podrían justificar la intervención supranacional se han razonado convenientemente en la opinión del Abogado General.

En nuestra modesta opinión. Todo lo contrario. El ejercicio teórico alejado de la realidad hecho por el Abogado General, so pretexto de esos argumentos que justificarían la intervención supranacional, ha dado con matices carta de naturaleza a la amnistía, avalando parcialmente la ley aprobada por las Cortes Generales mediante la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política social de Cataluña, y que el Tribunal Constitucional, con excepción de dos preceptos, declaró que se ajusta a la Constitución de 1978 mediante Sentencia de 26 de junio de 2025. Y ello al señalar que no colisiona con el derecho comunitario ni afecta a los intereses financieros de la Unión, pese a advertir que algunas disposiciones podrían ser incompatibles con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Sin embargo, esos mismos argumentos son los que debieran de haber sido considerados por el Abogado General para concluir, lo que no hace, que los principios básicos de la UE no permiten declarar conforme dicha Ley por cuanto atenta contra la independencia judicial, la igualdad ante la Ley y la protección de los derechos fundamentales.

No hace falta demasiada erudición jurídica para entender que ley impulsada por el Gobierno español es una autoamnistía, adoptada por quienes se benefician directamente de ella; sonroja leer que la medida se adoptó en un contexto real de reconciliación política y social como señala el Abogado General en 90 “…Pues bien, así parece suceder en el presente caso, como sugiere la propia finalidad de la Ley…”, cuando aplicando básicos criterios hermenéuticos con apoyo en los elementos sociológicos del momento es claro que dicha Ley no es sino el resultado de un acuerdo político para facilitar la investidura de un presidente del Gobierno

Y lo anterior amén de que la misma vulnera principios tan elementales para el Derecho de la Unión Europea como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el derecho a la tutela judicial efectiva, sin que responda a un objetivo legítimo de interés general. Así lo destacó por otra parte la Comisión Europea.

La Unión Europea sirve para integrar, proteger y coordinar a sus Estados miembros en áreas clave, como la integración económica y comercial, el mercado único, la moneda única, la política comercial común la cooperación judicial y policial, la seguridad, una aplicación armonizada del derecho de la Unión. Ahora bien, no puede ni debe intervenir en cuestiones internas, y menos aún, y los operadores jurídicos nacionales debieran de tenerlo en cuenta, imponer soluciones políticas so pretexto de opiniones jurídicas en un asunto, como bien calificó el Tribunal Supremo en su sentencia dictada el 14 de octubre de 2019, en el que los hechos demostraron lo que realmente aconteció, un levantamiento público para impedir la aplicación de la ley con el uso indebido de fondos públicos para financiarlo.

Y una última consideración. La tarea judicial de enjuiciar, interpretar y aplicar las normas, como sucede con las cuestiones como las del presente debate, de evidente naturaleza jurisdiccional, debe recaer en Jueces y Magistrados de carrera integrantes del poder judicial. Y no debieran de ser sometidas a escrutinio en órganos como el Tribunal Constitucional y el propio Tribunal de Justicia de la UE compuestos en su mayoría por miembros con un perfil elitista y doctrinal designados bien por distintas instituciones del Estado en el caso del primero, o por los propios Estados en el caso del segundo, para garantizar pluralidad con nombramientos que lo que reflejan son equilibrios entre sensibilidades políticas que cuestionan su independencia y legitimidad.

Abierto para todo el público interesado

Ver Programa del evento: Diptico-CongresoConcordia

¿Una organización criminal?

A la vista de las últimas revelaciones de corrupción de al menos tres cargos del Partido Socialista Obrero Español podría pensarse que este partido es una organización criminal en los términos del artículo 570bis del Código Penal: “agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos”. Sin embargo, es improbable que la Justicia acabe resolviendo la disolución de este partido político en virtud del artículo 570quáter por considerarlo una organización criminal. Como mucho se llegará a la conclusión que ha existido un grupo criminal dentro del PSOE. La diferencia entre organización y grupo criminal se encuentra en la permanencia temporal, la complejidad de su estructura y la existencia de jerarquización. Y aunque recurramos a la historia para documentar otros casos de corrupción del PSOE: Filesa, el hermano de Guerra, Aida Álvarez/Ave, los ERES, Tito Berni…, es muy difícil probar que todos ellos obedecen a una misma instrucción común. Podría entenderse que el caldo de cultivo es el mismo, pero los ingredientes son diferentes. Todo esto hace que el lema “100 años de honradez” sea un mal chiste.

También se podría atribuir responsabilidad penal al PSOE como persona jurídica, tal y como se prevé en el artículo 30bis del Código Penal. La responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida en el año 2010 como novedad en el Código Penal imputan responsabilidad penal cuando se cometen delitos por parte de los representantes legales y administradores en nombre o por cuenta de la persona jurídica, en este caso el PSOE. La responsabilidad también alcanza al partido cuando el delito se haya cometido por subordinados y se han incumplido los deberes de supervisión y vigilancia que tienen los dirigentes. Si que hay responsabilidad penal de la organización, cuando a instancia de sus superiores el empleado ha realizado actividades ilícitas como puede ser entre otras, el blanqueo de capitales (art. 302), el cohecho (art. 427) o el tráfico de influencias (art. 430) que han redundado en beneficio del propio partido. Las penas a las personas jurídicas (art. 33.7) van desde multas, inhabilitación para obtener dinero público, la suspensión de la actividad hasta 5 años o, la disolución de la persona jurídica. El partido político se puede zafar de esa responsabilidad si consigue probar que tiene un mecanismo de control interno para prevenir y combatir la corrupción y, no se ha realizado por dirigentes del partido. Algo difícil de argumentar cuando se encuentran implicados 2 secretarios de organización del PSOE, uno de ellos en prisión provisional.

Los partidos políticos y, en particular el PSOE, más que ser cauce “para la formación y manifestación de la voluntad popular e instrumento fundamental para la participación política” (art. 6 de la Constitución) se han convertido en instrumentos de alineación política, cancerberos del poder, agencia de colocación de sus afiliados y amigos, maquinarias de propaganda y, “cla” (aplaudidores) de su líder.

Los partidos políticos viven en permanente campaña electoral. Se han trasformado en organizaciones con gran poder orientadas a ganar elecciones o, mejor dicho, a obtener el poder. Su maquinaria está volcada en gestionar la imagen, en construir historias o en preparar mensajes dirigidos a machacar a los rivales. La búsqueda de soluciones a los problemas del país y el bien común pasa a un segundo plano y, si acaso, se emplea como referencia o como logro en la lucha política.

Sus afiliados y simpatizantes presentan rasgos similares a los seguidores de un equipo de fútbol con todas sus variantes de mero seguidor, afiliado o “hooligan”. Con la diferencia que los partidos políticos van a premiar la fidelidad con un puesto en la propia organización -desde administrativo a dirigente, pasando por un escaño en una cámara legislativa-, saltándose a la torera el mérito y capacidad. La “colocación” del fiel puede producirse en organizaciones públicas o privadas a donde llegue la influencia del partido: desde la dirección de empresas públicas a puestos de trabajo en los que no hay que ir ni a trabajar, solo a cobrar. Esta es la razón de la baja calidad media de los políticos españoles: han medrado por su fidelidad al partido o al líder, no por su experiencia o preparación. ¿Cuál es el porcentaje de los parlamentarios españoles que solo han trabajado en la política? Los dos últimos presidentes del gobierno del PSOE no han trabajado sustancialmente fuera de la política.

Ni la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, ni Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos han conseguido limitar la ferocidad financiera y contener el poder de unas organizaciones que tienen tendencia a controlar a toda la sociedad: desde asociaciones de consumidores, medios de comunicación, empresas públicas, Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial…, aunque quizás estemos desenfocando el problema. Es posible que el partido solo sea la correa de transmisión de la corrupción que se encuentra en la cabeza del poder, pero en todo caso es un instrumento de corrupción.

Si queremos que mejore la calidad democrática en España deberemos actuar en varios frentes. Se debe contener el poder de los partidos políticos y sus dirigentes, fundamentalmente limitando su influencia en la designación de sus acólitos en los puestos de responsabilidad y decisión del Estado, las Comunidades Autónomas, entidades locales, empresas públicas o privadas. Deben crearse mecanismos que garanticen el mérito y la capacidad y, en el proceso de selección eliminen a los candidatos sectarios o que han tenido cargos -las puertas giratorias-.

Hay que proteger y garantizar un ámbito de libertad de los representantes del pueblo español que no pueden someterse al mandato imperativo del partido político. Debe establecerse la transparencia del partido político, de sus fundaciones y grupos adheridos y, por supuesto de sus grupos parlamentarios. No olvidemos que es necesario un partido moderado de izquierda capaz de imponer el interés general al interés del partido o de su líder, no una organización criminal.

La era digital encierra el peligro de radicalizar los mensajes políticos. Una democracia no puede subsistir cuando no existe una conversación política serena entre oponentes regida por la garantía de la libertad de expresión y menos si surgen en ella amenazas o invitaciones irresponsables a la violencia, que ridiculicen, descalifiquen o demonicen al adversario político. Cuando en una democracia se permite que las amenazas se conviertan en rutina se produce el riesgo de que lleven a la violencia y a la realidad satánica del asesinato político.

Muchas personas se hacen hoy adictas a las redes sociales y sufren en forma frecuente una disociación entre su personalidad real y lo que se empieza denominar la personalidad on-line o la personalidad digital.  Esa nueva personalidad on-line puede llegar a suplantar la personalidad real del sujeto. El adicto digital busca lograr la máxima influencia en Instagram, en X, en Tic Toc o en los diferentes canales sociales, y ese intento le lleva a promover acciones que suelen destacar por su extremismo aunque sean violentas.

En el contexto de la era digital se observa que el nuevo rango social personal de los enganchados a las redes sociales empieza a estar influido por el rango on line, de la personalidad digital, que se mide por los seguidores que el adicto logre conseguir en los canales sociales. El resultado es un perverso «efecto rebaño» del adicto y de sus seguidores que polariza las sociedades democráticas tiende a dividirlas y centrifuga en ellas el debate político simplificándolo y estrechándolo hacia sus extremos.

Ese es el ejemplo que ofrece el asesinato dramático a sangre fría de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre de 2025, ante miles de personas, en el campus de una Universidad de Estados Unidos cuando ejercía en forma moderada, sosegada y pacífica su libertad de expresión, consagrada como «la libertad preferente» en la Primera Enmienda de su Constitución.

Su única arma era ofrecer un micrófono a los oponentes y discutir con ellos en paz. Kirk fue alcanzado por una bala pintada con el insulto de «fascista» disparada por un hombre de solo veintiún años que se había radicalizado en el odio del mensaje Antifa (de Antifascismo) y Trantifa (de antitransgénero) en solo dos años de permanencia en las redes sociales.

Muchas voces autorizadas afirman que Charlie Kirk —Charles J. Kirk—, que contaba treinta y un años en el momento de su atentado, habría llegado a ser en pocas décadas presidente de los Estados Unidos (M. Benz). Charlie Kirk era un hombre bueno y brillante, dotado de una oratoria extraordinaria y muy poco conocido en España. Creó desde los 18 años,  la poderosa organización “turning point USA” (TPUSA) que en solo una década atrajo a un debate político pacífico a muchas decenas de miles de jóvenes de todas las universidades americanas. Defendía en forma vehemente y eficaz, pero siempre sosegada a y amigable, los valores religiosos cristianos, el matrimonio entre hombre y mujer, los hijos y la creación de una familia, lo que contrastaba en forma evidente con la ideología woke y transgénero dominante hasta entonces en forma acrítica en el mundo universitario norteamericano.  El punto de inflexión lo ofreció “turning point”, al crear una contra voz que generó un debate intenso en la última elección presidencial de 2024.

La muerte de Kirk provocó la reacción de repulsa más importante por la muerte de un particular de la historia reciente de Estados Unidos. Innumerables grupos se reunieron por doquier para rezar en público, con frecuentes citas bíblicas y sentidos mensajes cristianos. Así ocurrió también en su funeral oficial, presenciado en directo por más de 100.000 personas y con cerca de 100 millones de espectadores conectados a en directo desde su inicio. Kirk recibió de los más altos representantes de los Estados Unidos los máximos honores que se conocen en esa democracia. Su viuda, Erika Kirk, anunció que iba a proseguir su labor y emocionó al perdonar allí públicamente, entre sollozos, al hombre que había asesinado a su marido, como hizo Jesús en la Cruz (Lc, 23, 33), porque, como dijo, los Evangelios contienen un mensaje de amor que obliga a que no se responda al odio con el odio.

Es monstruoso, sin embargo, que muchos de los oponentes hayan celebrado este asesinato con burlas y con la falsificación burda de las ideas de Charlie Kirk; se ha llegado a expresar júbilo en público por su muerte intentando que el silencio vuelva a reinar sin que nadie se atreva a usar en forma pacífica su libertad de expresión.

Pero el sistema ha cambiado para siempre y la conmoción en Estados Unidos ha sido y es inmensa. El punto de inflexión no se ha parado con la violencia y es de esperar en el futuro una conversación moderada entre contrarios, como es propio del campus de la Universidad.

Su Santidad el Papa León XIV, al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, aprovechó para transmitir su pésame por el reciente asesinato de Charlie Kirk. El Sumo Pontífice subrayó que nuestras diferencias políticas nunca pueden resolverse con la violencia y transmitió al nuevo embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede que rezaba por la viuda de Kirk y por sus hijos.

Debemos tener presentes estos acontecimientos porque en el mundo global hay que evitar que se puedan repetir en cualquier parte y, por desgracia, han estado presentes en la historia reciente de España. La violencia pone en peligro la sensación de seguridad que es esencial para el debate político. La violencia surge cuando se demoniza la discordancia política diaria con palabras cargadas de odio. Esa clase de retórica lleva al desastre. Si los oponentes son nazis, fascistas o comunistas execrables, ¿importa asesinarlos?

La violencia política y su amenaza es una causa de la autocensura y nos debe llevar a reflexionar que tal vez sea necesario garantizar de futuro en nuestras Constituciones escritas que todo sistema democrático exige que subsista siempre en él un debate político entre todos los discrepantes que sea real, abierto y pacífico.

El Instituto CEU de Estudios de la Democracia ha celebrado una nueva edición de los Premios al Mérito por España, otorgados por el Aula Política. Se reconoció la labor de la Vicaría III de la Archidiócesis de Valencia, en representación de todos los voluntarios que colaboraron en las zonas afectadas por la DANA; a Víctor García de la Concha, por su destacada labor al frente de la Real Academia Española en defensa y promoción del idioma español; y al Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada, en reconocimiento de los valores que transmite la Guardia Civil. Durante el acto, el presidente del Instituto, José Manuel Otero Novas, destacó que estos premios reflejan la vigencia del sacrificio, la generosidad y el heroísmo, y recordó la importancia de honrar a quienes contribuyen a engrandecer nuestra nación. También se entregaron los Premios Grupo Tácito de Ensayo para Jóvenes, y se puso en valor el Aula Joven como espacio de diálogo y compromiso con el presente y el futuro de España.

Ver vídeo completo aquí:

La UE da la impresión de carecer de un plan estratégico y, por tanto, de la luz con la cual estos planes iluminan el camino cuando las cosas se complican.  Buena parte de sus decisiones actuales parecen estar influenciadas por la guerra de Ucrania y por una cierta miopía acerca de  debilidades estratégicas que tarde o temprano tendremos que enfrentar. Entre estas debilidades están la subordinación a los intereses de los EEUU y el enorme coste fiscal de todo lo producido en la UE.

Un ente dependiente no desarrolla estrategia porque esta le viene dictada. A su vez, un coste fiscal elevado no acompañado de ventajas tecnológicas diferenciales  termina por  desindustrializar – y empobrecer– a aquellas economías que los sufren.

La guerra de Ucrania, una cuestión coyuntural fruto de estrategias ajenas, se ha convertido en foco de decisiones con efectos graves para la UE. A su vez, la nula atención de Bruselas a los efectos de nuestros costes fiscales es causa de la deslocalización de empresas a otras geografías menos onerosas como los EEUU. Hoy importamos de los EEUU productos antes europeos como los BMW.

Mientras los presidentes Trump y Putin tratan de resolver la guerra de Ucrania y sus causas profundas, la UE y el Reino Unido parecen buscar el regreso al status quo anterior al golpe de estado de Maidan en 2014. Golpe que derribó a un Yanukovich elegido democráticamente  e instauró un gobierno cuyos miembros fueron designados por Victoria Nuland, a la sazón Subsecretaria de Estado para Europa.

La posición de la UE sobre cuestiones como  la devolución de Crimea  y de los cuatro “oblasts” ganados hasta ahora  por Rusia es tan irrealizable que apenas muestra el desinterés por una solución pactada y quizás el temor de que los EEUU y Rusia lleguen a un acuerdo directamente. Una posición que expondría la escasa relevancia de la UE y su condena para los próximos siglos a la enemistad con nuestro principal vecino. Riquísimo, enorme y poco poblado, por cierto.

Como decía Brzezinsky, el dominio de la masa terrestre euroasiática exige el control de Ucrania; un país anti ruso en su occidente y  de lengua rusa en la parte oriental que ya está incorporada a Rusia.  Ucrania  — rica  en recursos y grande en superficie para los estándares de la UE–,  habría sido una preciadísima adición a la Unión Europea incluso sin  sus depósitos de litio, cuya mayor parte está en territorios hoy ya controlados por Rusia.  En el occidente de Ucrania, que incluye la histórica  ciudad rusa de Odessa, tuvieron presencia  Polonia, Hungría y Rumanía.  Los registros de propiedad polacos mantienen los datos de varias ciudades de esta parte de la actual Ucrania.

En Marzo del 2022 Ucrania y Rusia llegaron en Turquía a un acuerdo que preservaba la integridad territorial de Ucrania a cambio de su no entrada en la OTAN. En aquel momento Boris Johnson, –otra vez el Reino Unido sembrando discordia–  consiguió que Zelensky no lo rubricase tras serle prometida la ayuda  militar y financiera necesaria. Hoy, en 2025, ya sabemos que Ucrania terminará perdiendo no menos del 25% de su territorio si acepta una estricta neutralidad militar.  La alternativa es la ya probable pérdida de Odessa con graves efectos en la viabilidad de Ucrania. De momento Rusia no ha objetado a  la entrada en la UE de lo que quede de Ucrania, pero es posible que el Kremlin termine dándose cuenta de que, hasta ahora,  todo lo que entra en la UE termina siendo parte de la OTAN cuya razón de ser es, precisamente, Rusia.

Javier Solana al hablar de las primeras  sanciones a Rusia, afirmó en 2022, que dicho “castigo” costaría a los ciudadanos comunitarios tres veces más que a los rusos. Tres años más tarde hay razones para pensar que se quedó corto porque la Sra. Von der Leyen está hoy exigiendo  un incremento del 250% del presupuesto  militar y la pérdida del control nacional sobre el mismo que pasaría a ser gestionado por una autoridad central. Ya sabemos que el 70% de las compras del primer presupuesto que se acerca al billón de euros sería de armas producidas por EEUU.  Al río revuelto de los anuncios guerreros toda una revolución centralizadora se prepara en Europa.

Es decir, se aleja el escenario de un espacio europeo seguro y libre de amenazas para todos sus miembros.  Algo bastante distinto de dos bloques enfrentados por diseño. Con cada expansión de la OTAN hacia el Este nuestros misiles se acercan a Moscú hasta quedar hoy a menos de 10 minutos.  ¿Es razonable esperar que Rusia no reaccione a pesar de que su presupuesto militar no llega al 10% del de los EEUU y de la UE?

Estas y otras  iniciativas de Bruselas no suelen ser objeto de discusión abierta y transparente, pero debieran serlo porque muestran las consecuencias  de las decisiones políticas y cuestionan  la  misma continuidad de una UE cuyos ciudadanos  y países retengan algún poder sobre la guerra y la paz.  Hoy existe el claro riesgo de que estas decisiones se tomen por gentes no elegidas por los ciudadanos o, incluso, que sean tomadas por personajes ajenos a nosotros resultado de componendas desconocidas de la ciudadanía.

Junto a la cuestión de quién y cómo decide sobre la guerra y la paz existe otro problema importante. La deslocalización empresarial europea a los EEUU.  Nadie puede sorprenderse de ella porque los costes fiscales son un poderoso factor de pérdida de competitividad y las empresas europeas  están desplazándose a los EEUU y con subvenciones de Washington ya desde el mandato de Biden.

Así pues nos encontramos, casualmente,  con una UE hostil hacia Rusia tras habernos vetado a nosotros mismos el acceso a los recursos y mercados rusos. El resultado es la no viabilidad de la industria alemana y de otras de menor entidad.

Esta pérdida de competitividad es tan evidente que hasta organismos de la ONU lo han resaltado. En efecto, el último informe de la OMPI  mostraba que China duplicaba a los EEUU en solicitudes de patentes y otros registros de propiedad intelectual con un 40% de la actividad global. Japón, con un 10%, la mitad que Estados Unidos, ocupaba el tercer lugar y Corea del Sur, con un 6,7%, el cuarto. La Unión Europea, que entonces incluía al Reino Unido,  era la quinta “potencia” con un 5,6%. Lo realmente chocante era que la UE tiene casi diez veces la población de Corea.  Una grave situación desconocida del gran público.

Así las cosas es ilustrativo recordar los “grandes esfuerzos estratégicos”  de la UE en los últimos 25 años:

1. Implantación de las ideologías de género. Leyes del Parlamento Europeo de Febrero del 2006
2. Imposición del CO2 y de su impuesto asociado, que arranca en 2012 a 4 euros por Tm y ha llegado a superar los 100 euros por Tm encareciendo nuestra producción como si, literalmente, no hubiese un mañana.
3. Implantación de políticas “ambientales” ideológicas cuando no causa directa de catástrofes como la reciente de Valencia o nuestro apagón eléctrico. Políticas que desincentivan la producción agrícola interna al tiempo que inducen la deslocalización industrial.

El resto del mundo –incluyendo los EEUU—nos deja solos en estos “esfuerzos”. Si añadimos la mayor fiscalidad del mundo nuestro suicidio está servido.  Recordemos que toda fiscalidad termina siendo otro coste del producto.

Por todo ello es imperativo un cambio estratégico muy importante si la UE quiere mirar hacia un futuro de progreso. Ello implica no solo buscar espacios de libertad y de autonomía crecientes. También hemos de  revisar lo construido desde la dependencia estratégica así como las jerarquías políticas que sirvieron a la dependencia y que quizás no sean las necesarias para afrontar el futuro.

La palabra “tolerancia” engalana lemas escolares, proclamas políticas, bellos discursos y buenos propósitos. Algunos la utilizan porque suena bien, parece buena y es políticamente correcto utilizarla. Sin embargo, los mismos utilizan “tolerancia cero” unos renglones más abajo: “somos un colegio que promueve la tolerancia entre nuestros alumnos,(…) existe en el colegio tolerancia cero ante actitudes racistas”.

La tolerancia mal entendida ha llevado a situaciones paradójicas y bajo su bandera se han cometido actos brutales. ¿Dónde situar la tolerancia? ¿Realmente es un principio sólido?

La Revolución Francesa alardeaba de tolerancia, y nos traía a la mente las ideas de libertad e igualdad. Sin embargo, la Revolución Francesa fue cruel e intolerante hasta el extremo: terror, ejecuciones sin juicio, guillotinas, represalias a los propios revolucionarios, imposición radical de las ideas, y regiones enteras devastadas, como la Vendée, simplemente por defender la fe católica. Aquello acabó con el Atila de Napoleón: arrasando Europa, saqueando y sembrando muerte y destrucción; que supuso en España un retroceso de varias décadas en el PIB.

El acceso al poder de Hitler mediante elecciones, el permitir que terroristas accedan a puestos de responsabilidad social o política, o la publicación de falsedades en el mundo digital; son otros ejemplos de resultados perniciosos de la tolerancia mal entendida. ¿Entonces hay que coartar la tolerancia y el derecho a opinar y hacer lo que se quiera? ¿Dónde está pues el error?

Existen quizá dos claves útiles para navegar por el difuso término de la tolerancia.

La primera es diferenciar claramente a las personas de las acciones que ellas realizan. No es lo mismo la persona que lo que ella hace, dice o piensa. Una misma persona puede llevar a cabo acciones de distinto signo; un ladrón puede cuidar a una madre. Esa separación nos permite ver a la persona de otra manera. Desde una perspectiva cristiana hay que amar al prójimo, a todos; desde una perspectiva de pensamiento, que bebe de la anterior, el humanismo cristiano nos subraya la dignidad absoluta de todas las personas, de cada una de ellas. Ello conlleva el respeto a cada una de las personas y a todas ellas. Un respeto innegociable. Respeto independiente de lo que diga u opine. Partiendo de lo anterior, se pisa un terreno más firme, sabiendo que cada persona independientemente de sus opiniones y de sus acciones tiene una dignidad en cuanto a tal, de la que ni ella misma puede desprenderse. Es algo muy superior a una mera tolerancia, es algo que nos reviste de dignidad ya de partida a todos por el mero hecho de ser personas.

Separamos la persona de sus acciones. Diferente es, por tanto, lo que cada uno de nosotros hace. Nuestras acciones y nuestras opiniones. Éstas no tienen ningún manto a priori de dignidad ni de bondad.

La segunda clave, se centra en lo que las personas hacemos o pensamos y pasa necesariamente por la verdad. Si nos aferramos al nihilismo, la verdad no existe; y si nos aferramos al relativismo, la verdad depende. La consecuencia es que cada uno defiende su verdad y partiendo de ella puede hacer lo que quiera. Tu puedes hacer lo que quieras y yo también. No existe ni el bien, ni lo bueno, ni lo bello, ni lo justo. ¿Dónde acabamos? En la ley del más fuerte, del menos escrupuloso, del menos tolerante. La tolerancia extrema acaba en la

intolerancia extrema y en la muerte del débil. Innumerables son los casos: se tolera al partido nazi y se acaba con los judíos; se tolera el comunismo y se acaba en los gulags.

La realidad es la que es: lo blanco es blanco y el asesinato está mal. Es decir la verdad existe y es la correspondencia de la idea con la realidad. Otra cosa es que en muchas ocasiones nos es difícil encontrarla porque se nos emborrona. Saber que existe la verdad, aunque nos cueste descubrirla, nos permite navegar por el ambiguo término de la tolerancia. Nos permite tener referencias a las que sujetarnos. Así, no es tolerable el dopaje deportivo porque convierte en mentira el resultado. Te respeto como persona, pero si quieres matar a mi hija la debo defender aun pegándote; respeto a la persona pero no respeto su acción. Por otra parte, una vez alineado con la verdad, el respeto al obrar ajeno debería ir en doble dirección convirtiéndose en respeto mutuo. Se convierte así en elemento constructivo de la sociedad.

Aplicado a las sociedades políticas, Francisco Suárez, de la Escuela de Salamanca, desarrolló la teoría de la guerra justa y la intolerancia frente a la agresión.

Es decir, partiendo de las dos claves anteriores, ante un indiscriminado “hay que tolerar a todos” mezclando a las personas con lo que ellas dicen, hacen o piensan; podemos proponer un “todos tienen una dignidad absoluta y son únicos y por ello han de ser profundamente respetados” y, además, “lo que cada persona, o conjunto de personas, hace, dice o piensa puede ser respetable, pero no necesariamente lo es”.

Estado laico es el que no otorga carácter estatal a ninguna religión y reconoce el hecho religioso dentro del derecho fundamental de la libertad religiosa. El concepto de Estado laico se inscribe en el principio de separación entre Estado e Iglesia, que deriva de la separación entre potestas y auctoritas. El “reconocimiento del hecho religioso” es interpretado de acuerdo con las circunstancias históricas, sociales, culturales y políticas de cada Estado. En el caso de España, la Constitución española recoge que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones”, por lo que podríamos calificar al Estado español como aconfesional. La diferencia entre Estado laico y aconfesional es actualmente muy difusa como consecuencia del acusado proceso de secularización que sufren las sociedades occidentales. Actualmente, de los 193 Estados miembros de la ONU, 160 son laicos y 33 confesionales, siendo estos últimos los que asumen una creencia religiosa como religión oficial del Estado.

La laicidad del Estado no impide el que sus principios constitutivos y sus instituciones se establezcan sobre la base antropológica, cultural y religiosa de una determinada religión, que en la Civilización Occidental es el Cristianismo. El humanismo cristiano es el origen de la civilización de los derechos humanos y de las libertades individuales. En sentido opuesto, el Estado laicista es orgánicamente antirreligioso por estar sustentado en una antropología materialista y antihumanista. En Occidente, el laicismo discurre paralelo a la hipertrofia de un Estado colectivista y omnipresente, que vulnera el democrático principio de subsidiariedad y erosiona gravemente los derechos y libertades individuales.

En un Estado laico de orientación laicista, el cristianismo es la gran referencia antropológica humanista a eliminar, siendo su raíz religiosa un objetivo secundario de la estrategia laicista, al ser el cristianismo  una creencia en declive y compartir el principio de libertad religiosa con un islamismo en auge. No obstante, los cristianos, sus lugares de culto y sus símbolos, sufren, en grado creciente, la presión laicista y su derivada de agresiones de toda clase. El laicismo es en realidad un ideario de eliminación de las raíces cristianas y de promoción de un multiculturalismo producto de la progresiva implantación de creencias y cosmovisiones colectivistas liberticidas.

Ante la ofensiva laicista, en la mayoría del clero católico y en gran parte de sus fieles, se manifiesta una corriente involuntariamente reduccionista que se limita a contemplar la fe religiosa, la creencia, dejando de lado la cosmovisión humanista cristiana, raíz de la civilización occidental, la de las tres colinas: la Acrópolis, el Capitolio y el Gólgota. La fe religiosa debe de estar activamente presente en la vida pública a través de lo religioso, pero también de lo cultural, alcanzando con determinación el ámbito de lo prepolítico y diferenciando la fe, un don personal, de la cultura humanista cristiana, un bien moral perteneciente a toda la sociedad y que constituye la piedra angular de la civilización occidental.

En una sociedad crecientemente dominada por élites laicistas, fruto de la hegemonía cultural del materialismo nihilista, es un notorio error el limitar la defensa de los principios y valores del cristianismo a razones de fe, minusvalorando o eludiendo la batalla cultural, una tarea imprescindible para restablecer la cosmovisión del humanismo cristiano, que ha vertebrado la civilización occidental de las libertades individuales y los derechos humanos, la que está siendo frontalmente asaltada desde hace ya medio siglo por las numerosas y poderosas fuerzas de la antropología antihumanista.

Gracián

Compartimos el artículo del Presidente del Instituto publicado por El Debate:

La libertad de enseñanza en crisis