Hace unos días don Pedro Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña acudió a la tribuna del Club Siglo XXI en Madrid. Presentado por la señora Carmena como “un hombre de diálogo”, ha dejado perplejo a más de uno que ve en la actitud del político catalán más monólogo que diálogo, Aragonés vino a Madrid a repetir sus cansinos mantras. Bien sabe este señor que puede venir a la Capital del Reino cuando quiera y como quiera a exponer sus tesis sin temor a que nadie le moleste, cosa que no ocurre ahora mismo en la Comunidad Autónoma que él preside donde los derechos fundamentales y las libertades que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos están limitadas para los no independentistas.
Volvió Aragonés a pedir el anticonstitucional referéndum y amenazó al presidente del Gobierno con explorar- otras medidas”-, si el ejecutivo, no cede a las pretensiones de los independentistas. Es de suponer que esas medidas están en relación con el apoyo a un ejecutivo que no ha tenido ningún problema para ir de la mano de antisistema, proetarras y nacionalistas exacerbados en su intento de constitucionalizar la ruptura y dinamitar el consenso constitucional. Esto nos suscita una gran inquietud. Parece que su objetivo no es otro que desatar dinámicas desestabilizadoras con el fin de quebrar los equilibrios que han hecho perdurable la Constitución de 1978.
El problema de oír una y otra vez las intenciones de separarse de España es que, aunque las sabemos imposibles desde el punto de vista de su constitucionalidad, sí van calando poco a poco en una sociedad que asiste perpleja a este espectáculo. Aunque no existe una clara contrapartida de opinión que diga claramente que NO, ningún gobierno español permitirá la fragmentación de una parte del territorio nacional. Pero ¿hasta dónde están dispuestos a presionar los unos y a aguantar los otros?. Estos últimos no parecen tener muchos escrúpulos y mucho nos tememos que ese diálogo al que se refiere Aragonés termine con alguna fórmula extraña que contente a los separatistas en detrimento de la unidad de España.
Un Estado democrático no debe aceptar que se empleen medios en una parte de su territorio para someter a una determinada población a la que como electorado no se consigue convencer de la independencia ni con la calle ni en las urnas.
No parece que surta ningún efecto el franco declive económico y social al que se encamina Cataluña, ya evidente. Ni que este tenga mucho que ver con la poca fiabilidad que ofrecen unas autoridades que se niegan a cumplir, sistemáticamente, las leyes de forma escandalosa.
Nosotros abogamos por un Estado fuerte que utilice todos los recursos constitucionales a su alcance para exigir, a todos, el cumplimiento de la Constitución y la Ley.