Editorial
Nada hay más cristiano que perdonar. Como tampoco hay nada más cristiano que creer en la Justicia y el Derecho.
El indulto no es un mero perdón, es una figura jurídica regulada en una ley, que data nada más y nada menos que de 1870, y que tiene sus propios requisitos. Ya sabemos que los requisitos jurídicos, el Estado de Derecho, no parecen ser muy importantes en algunas ocasiones, pero algunos todavía creemos que pueden servir, y que son precisamente nuestra tabla de salvación contra abusos de poder.
El derecho de gracia puede otorgarse de manera total “tan sólo en el caso de existir razones de justicia, equidad o utilidad pública”, y sólo cuando no cause perjuicio a terceros y cuando el condenado haya sido perdonado por el ofendido en los delitos perseguibles sólo a instancia de parte (los que requieren denuncia del ofendido, por ejemplo las injurias). Pero también sabemos que los condenados por el procés no cumplen ni siquiera de forma indiciaria los requisitos: nos lo ha dicho el propio Tribunal Supremo, el sentenciador, incluso sacando hace pocos días un comunicado de prensa. Los propios condenados no han pedido el indulto, lo han hecho terceros por ellos; no hay ni la más mínima sombra de arrepentimiento, al revés; y las penas han sido impuestas por el Tribunal competente, de forma proporcionada, cumpliendo escrupulosamente la ley. Y en un sentido más profundo, las razones de justicia viran hacia el cumplimiento de la condena, no hacia su exención, y nadie se toma ni siquiera la molestia de argumentar lo contrario.
Parece que todos intuimos ya lo que va a suceder. Un Gobierno que depende de los apoyos separatistas poco margen de maniobra tiene. Saldremos a la calle, haremos lo que podamos, pero pretenderán seguir adelante.
Pero tenemos dos cosas a nuestro favor. Una, que estamos del lado del Estado de Derecho, que sabemos que es el parapeto frente a los abusos de poder. Y dos, que creemos en la moral, en el Derecho, en la Justicia, y contamos con mecanismos para no dejarnos avasallar por el rodillo del Estado que pretende ser totalitario.
Los ataques al Estado de Derecho siguen también adelante en otros ámbitos. La Ley Celaá se aprobó, y ahora hay que desarrollarla en algunos puntos. Uno de los más importantes es el currículo, que regula las enseñanzas mínimas y que en una parte importante han de ser reguladas por el Estado. El Ministerio ha evacuado – al menos llamándola así, porque no se cumplen los requisitos mínimos – “consulta pública” de los proyectos de real decreto para ello. Lo ha hecho a modo de formulario, con cuestiones tasadas, no permitiendo ni siquiera firmar las respuestas: parece que poco le importa si la opinión la emite una asociación muy representativa, de profesores por ejemplo, o soy yo mismo. No parece aquí tampoco muy estricto en el cumplimiento de la ley.
Y el peor, el que juega con la vida de las personas. Ayer vi a un niño pequeño que llevaba colgado del cuello un estetoscopio de juguete, y una pistola de plástico con la que iba disparando como si jugara a los vaqueros. Y su hermano de nueve años dijo: “Mira, está haciendo la eutanasia”. Qué pena de sociedad en la que la ley formal permite estas barbaridades, dejando además totalmente desprotegidos a tantos médicos que ya han manifestado, a través de sus Colegios, la situación en que se les pone.
Menos mal que tenemos el Estado de Derecho, esperemos que el mismo vuelva a preservar la Justicia y el Derecho.