El día 12 de enero de 2020, el periódico El Mundo publicó un artículo escrito por el Presidente del IED, José Manuel Otero Novas.
SI USTED GANA 100.000 euros al año, pagará unos 40.000 al Fisco por IRPF; 30.000 quizá los destine a sus gastos personales y familiares; y con los otros 30.000, tiene la opción de irse de juergas al Caribe o ahorrarlo.
Si ahorra 30.000 paga los años siguientes por las rentas reales o potenciales de ese ahorro. Lo cual es correcto, porque incrementa su capacidad tributaria.
Pero es que, además de pagar más impuestos por las rentas que le produzcan sus ahorros, con el Impuesto sobre el Patrimonio, va a pagar todos los años por esos 30.000 euros que no quiso dilapidar en el Caribe.
Aunque esos 30.000 son parte de los 100.000 que ganó anteriormente y por los que ya pagó 40.000 en el IRPF.
De modo que el Impuesto sobre el Patrimonio le hace pagar dos veces por la misma ganancia original. Y seguirá usted pagando Patrimonio sobre esos 30.000 todos los años de su vida, hasta que se agoten los 30.000 euros ahorrados.
Antes o después, el Fisco le habrá confiscado con el Impuesto sobre el Patrimonio el 100% de su ahorro. Y ello sin considerar que tenemos otros dos impuestos patrimoniales más, que recaen sobre su mismo ahorro, el de Sucesiones (cuyo tipo impositivo puede situarse sobre el 50%) y el IBI anual, con la cual la confiscación puede producirse mucho más rápidamente.
Así se viola la Justicia fiscal que según la Constitución (art. 31) prohíbe el efecto confiscatorio de los tributos.
Pero además de ello, por muy progresistas que se autodefinan los defensores del tributo, se va contra el progreso, pues se estimula el despilfarro de todos los ingresos evitando el ahorro que, directa o indirectamente, es el que permite la inversión creadora de empleo y prosperidad.
Y aun tiene este tributo otro efecto perverso, porque si el ciudadano que ahorró algo, por razón de enfermedad, paro, fracaso empresarial o por edad… deja de tener ingresos significativos, para pagar la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio ha de ir vendiendo lo ahorrado, pues aunque en tales casos hay una discreta reducción del tributo, no se suprime.
Ni siquiera es verdad que grave a los ricos. Siendo así de evidentes las cosas, los defensores del tributo acuden a la demagogia diciendo que se trata de un impuesto que grava a los ricos. Late debajo de ese argumento un criterio que se une al de Nietzsche para descalificar la democracia, el de que «los menos ricos» como obviamente son más, pueden acordar repartirse los bienes de los más ricos, que siempre serán menos.
Aclaro que yo sostuve siempre la progresividad para que los pudientes no sólo paguen más sino a tipos impositivos superiores (con fundamento en la enseñanza evangélica del «óbolo de la viuda», traducida hoy como teoría de la utilidad marginal del dinero). Pero ello ya opera en las tarifas escalonadas del IRPF, e incluso en la tributación indirecta, mediante la existencia de exenciones y tipos reducidos para aquellos productos en los que se concentra principalmente el gasto de los menos favorecidos.
Pero la cita de ese argumento para justificar el tributo es un engaño para el pueblo. Porque al menos desde la Ley 22/1993, gobernando el PSOE, los grandes ricos de España, residan en Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias… y también algunos empresarios medios, ya no pagan Impuesto sobre el Patrimonio (ni el de Sucesiones). En mi libro de 1998 Defensa de la nación española (Págs. 611-618) celebré públicamente esa medida que consiguió el meritorio Instituto de la Empresa familiar, pero lamenté precisamente que ese logro no se extendiera a las clases medias que no llegan a tener una empresa propia sino sólo algunas acciones de empresas ajenas. Volvimos a la situación de tiempos premodernos, de privilegios fiscales a los poderosos.
Por ello me alegró que la Comunidad de Madrid liderada por Esperanza Aguirre, haciendo uso de la autonomía otorgada por el Estado, suprimiera en su territorio prácticamente los Impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones, siguiendo la tendencia que se fue manifestando en otros países, (de los 27 de la UE, incluido UK, dos y España lo mantienen, nueve lo han eliminado y los otros quince nunca lo han tenido), otorgando así a las clases medias y bajas el privilegio que desde 1993 solo tenían los ricos. Y aplaudí que otro Gobierno del PSOE, de Rodríguez Zapatero, dictara una Ley suprimiendo en toda España el Impuesto sobre el Patrimonio, reconociendo expresamente en la exposición de motivos del RD Ley 13/2011 que lo hizo, «entre otras razones, por haber disminuido su capacidad redistributiva al gravar principalmente patrimonios medios» tal y como yo había denunciado; supongo que entre esas «otras razones» de Zapatero estaba que los ricos, sin necesidad de fraude, tienen facilidad para residir 180 días al año en países próximos y se liberan de pagar este tributo. Aunque luego, comenzando la crisis, lo rehabilitó el mismo PSOE con carácter provisional, provisionalidad que fue olvidada por los siguientes Gobiernos del PP.
En esta España constitucional, en la que han aflorado independentistas y también autonomistas a ultranza, hay no obstante un alto porcentaje de la población que quiere corregir y reducir algo la autonomía que se ha ido dando a las regiones.
Pero hasta ahora, ningún partido gobernante o partícipe en los gobiernos nacional o regionales ha propuesto nunca reducir los grados de autonomía del que gozan las Comunidades. Ni siquiera admiten sin condena que se hable de ello, como si el nivel de autonomía otorgado fuere algo sagrado.
Por ello me ha sorprendido que algunos de esos partidos gobernantes, ayudados por partidos independentistas, para combatir la exención patrimonial de Madrid se acuerdan ahora de que los ciudadanos no pagan los mismos impuestos en toda España. Para solucionar la disparidad podrían: volver a eliminar el tributo en toda España o sugerir a las comunidades que se quejan de la competencia que les hace Madrid que hagan uso de la facultad que se les ha conferido y que supriman el Impuesto en su territorio. Pero no lo hacen así; PSOE, Podemos, ERC y alguna voz del PP lo único que pretenden es que la Comunidad de Madrid no tenga autonomía para hacer cosas diferentes a las de otras regiones.
Y por supuesto no se acuerdan de las ventajas fiscales de las que gozan los habitantes de otros territorios, no sólo los canarios y los de Ceuta y Melilla, sino especialmente los vascos y los navarros; ni de los bocados presupuestarios que cada poco se dan para Cataluña y para cualquier región de donde se obtengan votos para lograr la mayoría absoluta.
José Manuel Otero Novas, ex ministro de UCD, es abogado del Estado e inspector de los servicios del Ministerio de Hacienda.