Enero
El poder político reside en todos hombres y mujeres de la Comunidad Política, en todos nosotros. La soberanía del pueblo no es una frase ingeniosa que sirve para que los políticos nos impongan lo que les de la gana, el pueblo es la roca del edificio y en democracia transferimos el uso del poder, el mero uso, a nuestros representantes, pero siempre la autoridad del pueblo es mayor que la del gobernante. Es también un hecho que para convivir pacífica y civilizadamente necesitamos unas reglas éticas y jurídicas comunes, válidas para todos, y el único camino por el que podemos acordar tales normas es el diálogo sincero y abierto entre todos, todos personas libres e iguales que buscan la verdad sin imposición dogmática de la de cada cual a los demás.
Frente a esta realidad nos topamos hoy con un política dogmática e intolerante que quiere imponernos a todos sus verdades, sin diálogo alguno con los que piensan de forma diferente. Pretende imponernos a todos su parcial visión de la vida materialista y amoral, utilizando para ello el Estado y unas leyes positivas que se aprueban sin siquiera escuchar a quienes piensan de forma diferente (ejemplo de ello son las recientes leyes sobre educación y eutanasia). Como en otras épocas quienes tienen el mero uso del poder reprimen religiones que no sean la suya, negando legitimidad para dar públicamente sus argumentos a quienes creen en Dios. Así el laicismo se convierte en caldo de cultivo del totalitarismo.
Pero no nos callarán, todos tenemos derecho a intervenir y hacernos valer en la búsqueda de una ética común correcta y de leyes justas que preserven la vida, la libertad y los bienes de todos. También los cristianos. Más aún, la participación del creyente en Dios en el proceso de formación de las decisiones publico-políticas no sólo es legítima, es incluso necesaria. Es legítima porque en democracia ninguna voz debe quedar excluida del debate público siempre que se inserte en un discurso racional, todas proceden de personas depositarias del poder político originario y por tanto todas están legitimadas para hablar. Es necesaria porque propugna y promueve un orden político justo, equilibrado y humano que ha sustentado nuestras sociedades europeas cientos de años. No caigamos, por tanto, en la trampa saducea de distinguir entre una ética publica que nos impone el poder y otra para uso privado de cada cual, Si admitimos eso el César se queda con todo, ya que se erige en fuente inapelable de la moral y las leyes. No, no, apelemos al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, e intervengamos por derecho y sin complejos en ese diálogo entre personas libres e iguales del que surgen las normas que regulan nuestra convivencia.
No nos callaran, ni ahora ni nunca. Nos fijamos hoy en esta agresión laicista, pero seguiremos denunciando las imposiciones que sufra el pueblo español en lo sucesivo.