El pasado miércoles 22 de octubre se realizó una nueva sesión de nuestra Aula Política Joven. Las elecciones en Estados Unidos, y sus posibles impactos en España y en Europa, fue el tema debatido en el Aula Magna de la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo. Este encuentro contó con la participación del Asesor Político y con la Portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en España

El debate del escenario electoral de los Estados Unidos, a partir de sus particularidades, centró gran parte de las preguntas de los estudiantes. Ambos funcionarios transmitieron la idea de la seriedad de la política exterior de Estados Unidos, y que, al menos en ese aspecto, poco cambiará a partir del resultado de las elecciones del mes próximo. 

Universidad CEU San Pablo, 18 de octubre de 2024

La Universidad CEU San Pablo acogió, el pasado 18 de octubre, una jornada destacada sobre los Derechos Lingüísticos en España, un evento que reunió a expertos, académicos y políticos, representantes de diversas comunidades autónomas, para reflexionar y debatir sobre el papel del plurilingüismo en nuestro país y la importancia de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a utilizar su lengua común, el español, en diversos contextos.

Organizada por el Instituto CEU de Estudios de la Democracia y la asociación Impulso Ciudadano, la jornada abordó una serie de temas clave relacionados con el uso de las lenguas oficiales en España. El español como idioma oficial de todo el estado y el uso del catalán, del gallego, del euskera, del mallorquín, y del valenciano. En este marco, se subrayó el papel crucial del uso de estas leguas en la educación y las políticas públicas en la promoción del respeto del español y el acceso equitativo a los derechos lingüísticos.

Intervenciones destacadas

El acto fue inaugurado por la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, por el Director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Alonso de Villapadierna y por el Presiente de la Asociación Impulso Ciudadano, José Domingo. Todos ellos destacaron la necesidad de «respeto del uso del Español, en un contexto de diversidad lingüística, como componente esencial para la cohesión social de España». Posteriormente, las palabras de la rectora indicaron que “la pluralidad de lenguas en España es un activo cultural que nos define y nos enriquece como nación, pero es necesario un marco de acción común que garantice el uso del español en situación de igualdad de acceso y oportunidades para todos los hablantes”.

Mesas redondas y conclusiones

Entre los panelistas figuraron especialistas como Manuel Toscano, profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad de Málaga; Jesús Rul, Inspector de educación; Frances Carreras, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona; o del abogado especialista en derechos lingüísticos Francisco López Lera, entre otros.

Durante las mesas redondas se discutieron diversos temas, tales como:

· El derecho a recibir educación en español. Se hizo hincapié en la situación en las comunidades bilingües y el acceso de los estudiantes a una educación que respete sus derechos lingüísticos.

· La proyección de las lenguas cooficiales en los medios de comunicación, en preponderancia frente al español. Los ponentes subrayaron la importancia de fomentar los espacios públicos de comunicación el español, frente a la discriminación que sufre en favor de otras lenguas locales.

· El rol de las lenguas cooficiales en la administración pública y el acceso a oposiciones y cargos públicos. Se abordaron los retos a los que se enfrentan los

ciudadanos al intentar ejercer sus derechos en la lengua de su elección, en territorios bilingües en los que el español queda completamente relegado.

En su conclusión, los expertos hicieron una llamada a reforzar la presencia del español en los territorios con bilingüismo y a la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar el uso del español junto a las lenguas cooficiales, que se repete el derecho de los ciudadanos a poder expresarse en la lengua que deseen, incluido el español, y que el uso de una u otra lengua sean un verdadero puente entre culturas, y no un motivo de división. «La lengua es un derecho, pero también una responsabilidad compartida para garantizar la convivencia en nuestra sociedad plural», concluyeron algunos de los ponentes.

Próximos pasos

Como resultado de este encuentro, se espera la presentación de un documento de propuestas en el Senado, como cámara de representación territorial, entre las que se contempla la creación de una comisión de seguimiento del respeto por los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Se tratará de un informe de recomendaciones que será presentado a las instituciones gubernamentales para su consideración en futuras políticas públicas. Además, se anunció la publicación de un libro que recogerá las reflexiones expuestas en esta jornada por parte de los ponentes.

La Jornada sobre Derechos Lingüísticos en España, del 18 de octubre de 2024, no solo sirvió como un espacio de reflexión académica y política, sino que también puso sobre la mesa la necesidad urgente de crear un marco de protección y promoción del uso del español en los territorios en los que las lenguas cooficiales y minoritarias lo están invisibilizando y relegando a un segundo plano.

Contacto:

Universidad CEU San Pablo Instituto de Estudios de la Democracia CEU, c/ Julián Romea, 20 – 28003 Madrid, España. Tel. +34 91 456 84 07

Este miércoles 25 de septiembre, los profesores Julián López Muñoz, de AVESIE (Asociación de Veteranos de Servicios de Inteligencia de España), y Antonio Alonso, Director del Aula Política Joven del Instituto CEU de Estudios de la Democracia (ID), han acogido a Marcus Sheff, CEO del think tank israelí IMPACT-se (Institute for Monitoring Peace and Culutral Tolerance in School Education).

Sheff ha explicado a un nutrido grupo de estudiantes qué instrumentos usa su organización para mejorar la convivencia de las sociedades de Oriente Próximo. Conscientes del valor y del potencial transformador de la educación, IMPACT-se apuesta por revisar los libros de texto que se usan en las escuelas de distintos países –Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, entre otros— para comprobar que no se están difundiendo valores contrarios a la paz, la tolerancia y el respeto a las demás etnias y religiones.

Los alumnos han podido preguntar al ponente sobre su esperanza en que dicho proyecto tenga un impacto real en los colegios de Oriente Próximo y puedan producir toda una generación que rechace las actitudes de odio e intolerancia.

LA DESVERGÜENZA EN POLÍTICA

Una de las manifestaciones más significativas de la perdida de la vergüenza, en cuanto a despreciar la opinión de los demás sobre uno mismo, es la mentira. Es llamativo y preocupante esa desvergüenza que supone mentir a los electores y a la sociedad en general que actualmente prima en el ámbito de la política y no solo en España.

Algunos políticos malos y desvergonzados han descubierto que la gente antes que la realidad objetiva, prefiere la apelación a los sentimientos, la descripción de una realidad ideal en la que se encuentre a gusto sin reparar en la inviabilidad del procedimiento para alcanzarlo. Surge entonces el término de la posverdad acuñado en los inicios de los años 90 del siglo pasado. Los defensores de esta, como Diego Rubio, dicen que no es que la verdad haya perdido peso, sino que, lejos de existir una única verdad, hay muchas y todas validas por igual. Cosa verdaderamente cuestionable y que se nos aparece como uno de los pilares del relativismo que está en la base de la sociedad contemporánea.

Algunos sociólogos están destacando el peligro que para la democracia supone la posverdad. El profesor Rafael Rubio Núñez destaca que, si la esencia de la democracia contemporánea es el diálogo y el debate parlamentario, este puede quedar contaminado cuando los políticos compiten con un lenguaje que nada tiene que ver con la realidad y de esta forma se va agrandando la brecha entre los gobernados y los gobernantes. Esto es lo que, desde nuestro punto de vista, está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en las jóvenes generaciones para las que nunca como en este momento la actividad política estuvo tan desprestigiada.

Y esto es sumamente peligroso al poner en crisis nuestra democracia como consecuencia del fenómeno de la posverdad y otros análogos como son el Lawfare, en una estrategia habitual de los partidos políticos de izquierda de imponer cordones sanitarios sin atacar el fondo de los problemas de la sociedad. A través de ello se produce una exacerbación de estos, debido, justamente, a que los enfrentan con unas soluciones que sólo sirven para ocultar los problemas de fondo.

Si consideramos la frase de Jesús a sus discípulos “la verdad os hará libres”, debemos suponer que la mentira nos hace esclavos y eso es precisamente lo que los autócratas pretenden. Una sociedad que sea indiferente a sus manejos y mentiras. Y, para evitarlo, la sociedad civil debe movilizarse porque nos estamos jugando mucho. Nada menos que una sociedad libre y justa en un estado de derecho plenamente democrático. Debemos defender, a toda costa, la esencia del régimen nacido de la Constitución de 1978 y su esencia fundamental que fue el consenso entre todas las fuerzas políticas.

Pero lo más preocupante a la hora de valorar la calidad de nuestra democracia es que esa desvergüenza basada en la mentira no parece tener un coste considerable en votos. Esto es lo que realmente nos debe preocupar más, porque frente a las formas totalitarias de gobierno, si hay algo que la democracia representa, es todo lo opuesto a la manipulación de los hechos.

Aunque el título lo sugiere, al ser la traducción española de un western, no vamos a hablar de cine. Y eso que lo que estamos viviendo en España es la puesta en escena de un guion que comenzó a escribirse con el gobierno que salió de las urnas tras los gravísimos atentados de marzo de 2004, y tras un interregno de gobiernos posteriores, que ni vieron ni reaccionaron a acontecimientos que claramente respondían a una estrategia de transformación de la sociedad desde posiciones que imponían pautas de comportamiento político extra constitucionales.

Valor de Ley es lo que define a nuestra Constitución de 1978, que se afirma a sí misma, como la norma suprema, que puede exigir cuentas a todos los poderes del Estado. Y esta superioridad supone una garantía de estabilidad porque los constituyentes españoles de 1978 quisieron conferir a su obra un carácter normativo y vinculante, lejos, por tanto, de considerarla con un valor meramente político.

Siendo esto así, el carácter normativo de la Constitución es lo que nos obliga, como comunidad política, a valorar lo que tenemos y reaccionar contra imposiciones partidistas y sectarias de un gobierno, nacido del apoyo de unos grupos políticos cuyo objetivo declarado es socavar la pervivencia de unos valores democráticos constitucionales solemnemente proclamados, fruto de las grandes decisiones políticas del pueblo español.

Sin retrotraernos en demasía en el tiempo, ante las tentaciones de concentrar el poder por este gobierno, oímos con frecuencia que España está avocada a convertirse en un país a imagen y semejanza de regímenes que han aniquilado a la sociedad, como Argentina y Venezuela, con los fenómenos políticos del kirchnerismo y el chavismo.

Y lo que te dicen quienes conviven en esos países, con toda claridad y rotundidad, es que lo vivido por ellos no es sino una falta de reacción contra la experiencia de «perversión del sistema jurídico y político» vivida, sobre todo por no valorar en su momento lo que perdían como ciudadanos y sociedad, al dejarse conducir o guiar a lo que el grupo dirigente imponía como la “verdadera” democracia, esto es, que el gobierno haga lo que el pueblo quiere.

Y en verdad lo que estaba tras el ardid era el paso de la democracia (poder del pueblo) a la demagogia (manipulación del pueblo). No me voy a extender en lo que han sido esos regímenes políticos, disfrazados como repúblicas constitucionales, con un partido arrogándose el papel de eje vertebrador de la sociedad, y acaudillados por personajes a los que exageraban su carácter de líder para mantener su autoridad.

Ahora bien, la experiencia vivida en esos países nos obliga como sociedad a tener una actitud fundamental en valorar lo que tenemos, para ser conscientes de lo que nos jugamos y podemos perder, y así reaccionar ante los demenciales episodios que está protagonizando el gobierno actual y su presidente tanto en política interior como exterior

Y lo que nos jugamos es el Valor de Ley de nuestra Constitución que nos asegura la pervivencia de un sistema jurídico y político que garantiza como valores superiores del ordenamiento jurídico «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (artículo 1.1), que vinculan a todos los poderes públicos, sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como específica el artículo 9.1; y protege los «derechos fundamentales» que son fundamento del orden político y la paz social (artículo 10.1) y que como tales también vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53.1), y, por tanto, a Jueces y Tribunales “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”(artículo 117) .

Este es el primero y más importante reto que la sociedad española tiene ante así: reivindicar que el régimen constitucional nacido de 1978 – estable y permanente dentro de la fugacidad histórica- es el que sirve de fundamento al sistema político, y confrontar con un régimen político que en ningún caso es fundamento del sistema constitucional.

El valor de Ley de la Constitución es el garante frente al grupo dirigente que en vez de orientarse al bien común o interés general, se orienta hacia su propio interés, y para realizarlo fuerza a la sociedad a que se someta a proyectos que no dejan de ser una formulación retórica e ideológica. Al hacer esto crea una situación como la que estamos viviendo de injusticia estructural. Y ahí están los casos de la Ley de Amnistía; de instrumentalización partidista de las instituciones del Estado; la politización de una Hacienda pública que despilfarra los recursos públicos bien sea al servicio de leyes ideológicas bien a promocionar a élites corruptas regionales, y todo ello a costa de confiscar la riqueza privada; las amenazas a la prensa; la presión y señalamiento a los jueces; y los conflictos con naciones a las que nos une una arraigada relación en el tiempo.

La idea en la ha de concluir nuestra reflexión es sencilla: cuando un grupo como el que nos gobierna deja de ser dirigente, la ideología que distribuye ya no sirve para proyectar su poder. Y está en nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, poner en valor la Constitución y lo que representa, y como electorado elegir a unos representantes que cumplan su función, que es representar la unidad de la Nación española y la solidaridad entre regiones, que son fundamento de una Constitución que debemos preservar por su valor de Ley.

Aquí están las Bases de la VI Edición del Premio Grupo Tácito. 

Bases_VI Premio_GrupoTácito 2024-2025

Para Trabajos de Fin de Grado defendidos durante el curso 2023-2024

Podrán participar los alumnos de las Universidades pertenecientes a la Fundación San Pablo CEU y las Fundaciones creadas por la ACdP, además de los colegiales del Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

Con la convocatoria de estos premios, el Instituto de Estudios de la Democracia pretende estimular entre los jóvenes graduados la reflexión sobre temas relacionados con España, su historia reciente, sus desafíos actuales y las posibles soluciones a los diferentes problemas que enfrenta. Esta será la temática a la que deberán responder con originalidad los trabajos de fin de grado que se presenten, en cualquiera de las categorías propuestas.

Hay veces que pienso que ellos creen que somos imbéciles. Es verdad que tienen buenos expertos en comunicación y un gran poder mediático y, además, si repiten las ideas, consignas en algunos casos, van a conseguir pastorearnos. Son, entre otros, ministros, fieles militantes, algunos contertulios y líderes políticos de esa coalición Frankenstein que apoya al inquilino de La Moncloa.

Sobre la manipulación sirva de ejemplo la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y, ahora se encuentra en el Senado. Dieciséis páginas de las que casi nueve las ocupa una exposición de motivos que trata de justificar lo injustificable. Nos quieren hacer creer que con la Ley de Amnistía se va a superar, encauzar y normalizar la vida política y social en Cataluña. Nada más lejos de la realidad, para lo cual basta con asomarse a los telediarios o leer los acuerdos PSOE-Ezquerra Republicana de Cataluña y PSOE-Junts Con la amnistía no se va a satisfacer a los independentistas. No hay dolor de los pecados, ni propósito de enmienda. Es más, el independentismo proclama que lo volverán a hacer. La justificación de esa proposición de ley no es la paz en Cataluña, es el apoyo de 14 diputados (7 de Junts y 7 de Esquerra) a la investidura como presidente de Pedro Sánchez. Eso en mi pueblo se llama compra de votos. Compra que se complementa con más trasferencias a Cataluña y, dinero, mucho más dinero, aunque se rompa la igualdad y la solidaridad. No importa que una gran mayoría de juristas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de funcionarios, corporaciones de derecho público… consideren que esta amnistía que se propone es inconstitucional y no tiene encaje en la normativa europea. Lo que importa es seguir en el Gobierno.

Para apuntalar la amnistía, esencial para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, se repiten mantras como que el PSOE ha normalizado Cataluña; que la amnistía afectará a unas 400 personas por lo que debemos de dejar de hablar de ella; que en España se han concedido casi 11.000 indultos desde 1996 y, no pasa nada; que los indultos a los sediciosos del golpe de estado en Cataluña han pacificado Cataluña…

Cataluña se normalizó cuando se aplicó el 155 de la Constitución española que suspendió la autonomía de Cataluña entre el 28 de octubre de 2017 y el 17 de mayo de 2018. Recordemos que los hechos que motivaron tal medida fueron la celebración de un referéndum ilegal, la aprobación de leyes de desconexión contrarias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y la declaración de independencia. Todo ello en un ambiente revolucionario con violencia retrasmitida por la televisión, por mucho que se nos trataran de convencer que era algo pacífico. No se trata de nada nuevo, la hoja de ruta seguía el proceso secesionista que tuvo lugar en Eslovenia en 1991 para separarse de Yugoslavia, ¡menos mal que la actuación de la Policía y la Guardia Civil no se saldó con un muerto!, habría sido la excusa perfecta para vender fuera de nuestras frontera la opresión del pueblo catalán.

Cataluña se normalizó cuando la visión idealista de una república independiente aterrizó bruscamente en la realidad: España no estaba dispuesta a una secesión de parte de su territorio, Cataluña no se admitiría como un estado más en la Unión Europea; no existía una fuerza suficiente para lleva a cabo la independencia, aunque después nos enteramos de las conversaciones con los rusos que estaban dispuestos a apoyar incluso con la fuerza a los sediciosos y; las empresas no querían estar en esa república catalana, por lo que cambiaron sus sedes a la España monárquica y parlamentaria.

Cataluña se normalizó cuando se aplicó el Estado de Derecho y aquellos que actuaron de forma delictiva fueron condenados e ingresaron en prisión. Es verdad que algunos huyeron, Puigdemont escondido en el maletero de un coche. Otros esperan todavía la finalización de sus

procesos. Funcionarios en Cataluña, aunque fueran independentistas, entendieron que con el pan de sus hijos no se juega y acataron el Derecho y la intervención del Gobierno español.

La amnistía no va a normalizar Cataluña, que ya lo está, la amnistía va a echar gasolina al independentismo. Quienes proponen la secesión de Cataluña se han envalentonado en una situación política de máxima debilidad. Saben que sus votos en el Congreso de los Diputados son necesarios y están dispuestos a venderlos caros. La amnistía es solo un primer pago, después vendrá el referéndum y la independencia.

La amnistía es gasolina para el independentismo porque va a inflamar la situación en Cataluña y a los secesionistas van a darles renovados bríos. Pero hay más razones: porque viene a justificar -blanquear- el golpe de estado del 2017; porque se rompe el Estado de Derecho; porque se reactiva la ilusión de un estado independiente de Cataluña; porque se recuperan para la lucha política a los sediciosos indultados -parcialmente, pues subsiste la inhabilitación-; porque Puigdemont por su imposición de la amnistía se ha colado en todos los telediarios con una campaña política gratuita. Este político ha pasado de ser un eurodiputado que no pintaba nada en el Parlamento Europeo a un influyente personaje, estrella de los medios de comunicación que están pendientes de sus suspiros, guiños políticos y solicitudes. Y nos podemos preguntar si es un fraude que quien mueva los hilos de la amnistía, sea precisamente quien se va a beneficiar de ella.

¿Gana algo España o los españoles con la amnistía? Esa es la pregunta clave y, la respuesta es claramente que no. Es doloroso y decepcionante para quienes no somos políticos que la razón de la amnistía se encuentre en el interés en seguir durmiendo en La Moncloa o, quizás, seguir haciendo negocios desde allí, a costa de partir España.

LA VIVIENDA EN MADRID, UNA PREOCUPACIÓN PARA LOS JOVENES

Por Anselmo Menéndez Herero. Miembro del Aula Política Joven

Las nuevas generaciones que dan el salto al mercado laboral están altísimamente formadas en valores y por supuesto en términos académicos. Capaces de asumir las responsabilidades de una coyuntura social, política y económica del siglo XXI. El desarrollo personal y profesional de cada uno de ellos ha sido fruto del esfuerzo y de los méritos alcanzados.

Sin embargo, estas generaciones están viendo truncadas sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida personal y profesional donde les gustaría, debido al problema actual de la vivienda en España. En numerosos informes encontramos una copla común, y es que, el problema de la vivienda en España tiene un carácter estructural que va más allá de los ciclos económicos. Entendemos entonces que ni la crisis ni la bonanza económica influye de forma tan directa como para solucionarlo.

Siendo conscientes de esto, observamos problemas específicos de la vivienda que necesitan soluciones estratégicas de carácter estructural. El problema nace, por un lado, de que los jóvenes no tienen la capacidad de ser propietarios, como resalta La Fundación Afi en su estudio “Finanzas de los hogares 2000-20022”. Donde aseguran que el porcentaje de hogares jóvenes (propietarios menores de 35 años) pasa de un casi 70% a comienzos de siglo a un 36% en 2020.

El acceso, la entrada o los impuestos de una vivienda son hoy por hoy, el mayor problema. Por otro lado, los jóvenes se enfrentan a un problema de alquiler, tanto de oferta como de precio, debido al incremento del precio de los últimos años no acompañado de subidas salariales al mismo nivel, ni de una oferta más amplia.

La realidad es que en la última década el mercado inmobiliario ha sido uno de los temas más importantes para actuar en la Comunidad de Madrid. Existiendo una demanda cada vez mayor de vivienda, la política de vivienda se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de gobierno, tratando de garantizar a los ciudadanos el acceso a un hogar adecuado y asequible. Sumamos también las palabras que nos trasladó el consejero de vivienda, transportes e infraestructuras de la Comunidad de Madrid en su intervención en la tercera edición del Aula Política Joven;

“Madrid espera un aumento de población de unas cien mil personas cada año, durante los próximos diez años. Desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, se trabaja para que la política de vivienda acompañe al crecimiento poblacional y podamos tener una oferta que cubra la demanda”

A pesar de los esfuerzos realizados, el problema de la vivienda en Madrid continúa siendo un desafío importante. El aumento de los precios de la vivienda, el aumento de la población o la escasez de la oferta, suponen para los jóvenes un grave problema para la consecución de sus metas personales o laborales.

Esta cuestión fue preguntada al consejero por parte de los asistentes, y con mucha firmeza aseguró que es una de las líneas de trabajo principales para el actual equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid, a su vez explicaba de forma magnifica las diversas medidas y programas que ya se están llevando a cabo, como el programa Mi Primera Vivienda o el Plan Vive entre otros.

La política de vivienda de la Comunidad de Madrid desempeñará un papel crucial en la creación de un entorno habitable, digno y económicamente viable en los próximos años. Si bien este problema supone un desafío continuo, contamos con una clase dirigente concienciada y conocedora del problema que supone el sector de la vivienda.

Sin lugar a duda, la clase dirigente en materia de vivienda debe regular y financiar soluciones, consensuándolas con los distintos agentes pertenecientes al sector, como lo son las asociaciones de promotores, las distintas administraciones públicas, las cooperativas y las empresas públicas. El compromiso debe ser continuo con soluciones innovadoras y colaborativas, es norma fundamental para construir un futuro donde los jóvenes dispongan de un lugar llamado hogar.

En las democracias, el poder es siempre temporal, hasta un punto que permite a los alemanes hablar de una división de poderes en el tiempo.

Quienes ostentan el poder, si desean conservarlo, deben responder preguntas, rendir cuentas, responder a las críticas, garantizar la transparencia, la ausencia de corrupción y, en última instancia, presentarse a las elecciones para que los electores decidan si deben gobernar, o no.

Para que un sistema democrático se mantenga como tal es necesario que se pueda medir la responsabilidad de quienes detentan el poder tanto por sus acciones como por sus declaraciones. Pero, por supuesto, tales declaraciones y acciones deben coincidir con la realidad, y a eso responde el derecho a una información veraz del artículo 20.1 d) de nuestra benemérita Constitución de 1978. Gracias a la libertad de prensa el poder no se perpetúa en el tiempo.

La democracia es un sistema de igualdad pública que se basa en la palabra expresada en los medios de comunicación para persuadir, pero también en el que la mentira política vulnera en forma muy grave las normas democráticas. Entendemos como mentira el intento deliberado de hacer creer algo que el que miente sabe o piensa que es falso.

La mentira es un veneno para la democracia, porque la veracidad es un estándar democrático mínimo. El problema esencial es que no se puede medir la responsabilidad de los poderosos cuando estos calumnian con descaro a sus oponentes, al tiempo que mienten para ocultar los defectos propios

Los británicos son un modelo envidiable. El primer ministro Boris Johnson, se vio obligado a dimitir tras el llamado «partygate», cuando el Parlamento comprobó que había mentido, al asegurar que no había celebrado fiestas en su residencia ni había violado las reglas de confinamiento durante la pandemia de la Covid-19. Mucho antes, en 1963, el ministro de la Guerra John Profumo, envuelto en relaciones escandalosas con una modelo implicada en una red de espionaje soviético, fue obligado a dimitir por el único motivo de haber mentido en el Parlamento.

No ocurre lo mismo en nuestra realidad política. La mentira va tomando carta de naturaleza en nuestra crisis como un mecanismo usual de propaganda. Aunque el uso de propaganda política suena a fenómeno de otras épocas, que recuerdan a Goebbels, al nazismo, a la República de Weimar o a la Guerra fría, en

España la propaganda ha vuelto y, de mano de la mentira, está subiendo de nivel hasta el punto de cambiar la política y nuestra sociedad.

Su fuerza dañina se ve aumentada por el abuso constante de su repetición en medios de comunicación gracias a una estructura muy deficiente de las normas que garantizan un marco de pluralismo para nuestra libertad de prensa. Un requisito esencial para que la propaganda sea efectiva es la existencia de espacios de comunicación en los que la repetición constante de lo mismo sea posible y llegue a una gran audiencia.

La realidad política muestra cómo se facilita la propaganda mendaz al mismo tiempo que se dificulta el control del poder. Se limita el acceso a las ruedas de prensa de medios de comunicación que se consideran no afectos (palabra tópica: «fachosesfera»), se reparte en forma incontrolada la publicidad llamada institucional o se subvencionan directamente con fondos públicos los medios en crisis. De esa forma calumnias que serían inanes dejan de serlo porque se repiten en forma machacona y se puede emplear la mentira como instrumento para tapar la corrupción propia mediante el sistema de atribuir al oponente una corrupción semejante, aún a sabiendas de la falsedad de lo que se propaga. La persuasión de la propaganda no proviene de su precisión de argumentos sino más bien de la redundancia. La insistencia vence a la verdad. Incluso las mayores tonterías suenan más creíbles si las hemos escuchado con suficiente frecuencia.

La mejor manera de reconocer la propaganda mendaz es que su mensaje no deja lugar a dudas. Quienes propagan la mentira no admiten errores. Le dan la vuelta a todo, lo distraen y lo oscurecen. Ante las críticas, lo niegan todo y al mismo tiempo explican que de lo que se les acusa nada está mal. O reinterpretan lo que antes dijeron. A menudo contraatacan y cuestionan la credibilidad de las críticas. La propaganda en este sentido es un esfuerzo completamente autoritario. Luchar contra las mentiras políticas es tan difícil como jugar al ajedrez contra alguien que no sigue ninguna regla, pero que también sabe y tiene en cuenta que estás jugando como siempre, aunque te des cuenta y te opongas a su estrategia. El mendaz puede preparar sus movimientos a voluntad. Y ganará.

El 13 de marzo de 2024 el Parlamento Europeo ha aprobado iniciar un proceso legislativo − «European Media freedom act» − que puede ser un antídoto eficaz para remediar esta situación lamentable. Se establecerá un marco común que requiera a los Estados miembros respetar la libertad editorial de los medios de comunicación, proteger la libertad de los periodistas, evitar la concentración de dichos medios, el reparto de la publicidad institucional tanto a nivel de Estado, como a nivel regional o local, garantizar la transparencia de la propiedad de los medios y que las subvenciones que éstos reciban sean proporcionales, adecuadas y mantengan una estabilidad plurianual, que asegure su independencia editorial y evite la existencia de medios amigables con el poder que subvenciona.

En España tenemos por delante un momento complicado, pero hay que recordar las palabras de Abraham Lincoln: «Se puede engañar a todo el pueblo durante un tiempo, y se puede engañar a una parte del pueblo todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo».