El funcionario dijo al Ministro: “No se preocupe, aquello que dijo el Presidente del Gobierno ya no figura en ningún sitio. La versión que ofrecemos es la única accesible. Se acusará de desinformador a quién sostenga lo contrario“. ¿Se imaginan que está situación se pudiera dar? Tanto en España, como en otras partes del mundo, se observa un movimiento de revisionismo histórico. Un revisionismo que no solo pretende reescribir la Historia, también dar legitimidad a aquellos gobiernos y estados que lo hagan. El revisionismo como herramienta ideológica supone manipulación que, por definición, atenta contra la verdad. El legitimar a gobiernos y estados para que lo lleven a cabo es peligroso y atenta contra la libertad.

Se van dando pasos favoreciendo el revisionismo en España, al menos desde el Presidente Rodríguez Zapatero con su Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre), pasando por la Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre) y siguiendo por innumerables desarrollos normativos, iniciativas, planes, o “Comisiones de la Verdad”. En paralelo aparecen otras medidas -como el Plan de Regeneración Democrática del último septiembre- sobre la regulación de la desinformación y la transparencia en los medios de comunicación. Medidas que tienen el objetivo oficial de combatir la desinformación, los bulos, y establecer un mayor control sobre la transparencia de los medios. Revisionismo y control son las dos caras de reescribir, por un lado, y subyugar la posible oposición, por el otro. Una vez la sociedad da por bueno que el Estado puede reescribir la Historia, aunque el fruto sea la confrontación observable, el paso siguiente es evitar que existan voces que se levanten en contra. Las fuentes de información, de estudio, de análisis, de opinión, tienen que ser al final del camino escrutadas, controladas y atemorizadas. Que no se salgan del guion de lo que políticamente se quiere. Un día será la República, otro Hernán Cortés y otro la Reconquista, sin freno.

Podemos –y debemos- preguntarnos cuál es el último motivo por el que los Estados buscan adueñarse de la Historia en determinados momentos. El tener o no contestación a esa pregunta, no nos impide ver que los pasos que dan van en la dirección del revisionismo y el control.
Es algo que va más allá de la ruidosa batalla política diaria y que no nos debe confundir. Es una marea fuerte que, no solo en España, empuja de forma completa a la sociedad imbuyéndola en sentir que el Estado debe ser partícipe de todo en la vida, tanto individual como colectiva. En este caso, fijando una parte sustancial de una sociedad como es su Historia. Es, aquí, llamativo que los “expertos” de la ONU apoyen una “Comisión de la Verdad” del Gobierno (2018), cuando por definición la Verdad no puede ser determinada y menos impuesta por un Estado.

Cuando el Estado empieza a ser juez de lo que es Memoria de una sociedad, está haciendo algo que no le corresponde y que le convierte en peligroso. La Memoria de una sociedad es algo complejo y forma el sustrato profundo de los pueblos y personas, como tal hay que tratarla con cuidado. Que un Estado pueda instrumentalizar ideológicamente la Historia y decidir qué Memoria o qué Historia es la correcta, puede ser el germen de cualquier disparate, como poco.

El asumir que el Estado puede decidir qué es o no Historia correcta es dejar que traspase una línea roja que no se debe aceptar. Está fuera de las competencias de cualquier Estado salvo del totalitario. El Estado no debe suplantar a la sociedad ni arrogarse competencias que no le corresponden.
A muchas personas les vendrá a la cabeza el orwelliano “El pasado fue borrado, el borrado fue olvidado, la mentira se convirtió en verdad.» Y otros dirán que ¡vaya exageración! Muchos avatares históricos se convirtieron en realidad, porque al principio se pensaba que los primeros pasos no podrían llevar a consecuencias peores, por lo que no hacía falta poner toda la carne en el asador para oponerse. Luego ya fue demasiado tarde. Seguro que, en otras ocasiones, el esfuerzo de personas íntegras y abnegadas logró evitar, a tiempo, desgracias que hoy no podemos imaginar. Hoy, aquí y ahora, nos corresponde que nadie borre el pasado y lo sustituya con una mentira. La Historia debe ser una labor del tiempo; del cuidado y estudio de unos; de la transmisión y el recuerdo de otros; del análisis y reflexión de muchos; y de enseñanzas y orgullos de quienes lo sientan. Pero, formados y en libertad. Sin imposición. Sin Estado democrático con facetas totalitarias.

Chesterton apuntaba en “Ortodoxia” la importancia de tener presente a las generaciones que nos precedieron (“la democracia extendida en el tiempo”). También ellas contribuyeron a formar los valores y estructuras que nos han llevado al presente. Sus esfuerzos y vidas deben ser tenidos en cuenta por la sociedad; toda la riqueza de sus ideas y sabiduría. ¿Hasta qué punto somos quién para borrar la Historia o la vida de quienes nos precedieron? Pues, si como sociedad nos lo debemos cuestionar, mucho más el Estado como mero gestor de la misma. Falta el último y crucial paso para resaltar con trazo grueso la línea roja de la intromisión estatal en la Memoria. Ese paso es resaltar el ansia por adueñarse del relato correcto. Si se acepta que el Estado puede determinar qué Memoria es la correcta (y cuál debe ser eliminada), aceptamos que el Estado tiene razón tanto en el hecho de decidir sobre un tema de Memoria histórica, como determinar el contenido de la misma. Aceptar lo anterior traspasa la línea roja por dos motivos: el primero porque determinar el contenido entra dentro del campo de la manipulación; y, el segundo motivo, porque permitir que lo haga, entra dentro del ámbito de la libertad de la sociedad para conocer y aprender de su Historia, con las mil facetas que ésta nos ofrece. Sin la injerencia estatal, la sociedad y cada persona pueden sentirse más o menos cómodas con la Historia, más o menos identificadas, y más o menos orgullosas de ella o de periodos de la misma. Pero en libertad. Si el Estado traspasa esta línea roja, ¿dónde estarán sus límites respecto a la libertad de la persona y de la sociedad? Solo el Estado totalitario traspasa esos límites porque ocupa la totalidad del espacio social y personal.

El político socialista Rubalcaba, en 2004, dijo aquello de que “Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta”. Seguro que hoy, muchos lectores vuelven a pensar lo mismo. Si la podredumbre de la mentira en el espacio político y social es mala, la mentira en el espacio del recuerdo de lo que personas fueron, pensaron e hicieron es aún peor. Es la pérdida de poder pensar en libertad, que es consustancial a cada uno de nosotros en cuanto personas. Ningún Estado tiene autoridad para reescribir la Historia de una sociedad y menos para secuestrarla.

Este miércoles 22 de octubre, se realizó un nuevo Conversatorio del Aula Joven. Esta vez con Samuel Vázquez, presidente de Una Policía para el Siglo XXI. Con el ponente estuvimos debatiendo sobre el crimen y la inseguridad en Europa, analizando las principales políticas comunitarias sobre el tema y cual es la situación de España a partir de los datos y las tendencias en materia de inseguridad en los últimos años. También hubo un distendido debate sobre las relaciones del crimen con el narcotráfico, la inmigración, el terrorismo, la falta de material policial, donde participaron nuestros miembros del Aula Joven de la Universidad CEU San Pablo y de otras universidades de Madrid.

El pasado miércoles 22 de octubre se realizó una nueva sesión de nuestra Aula Política Joven. Las elecciones en Estados Unidos, y sus posibles impactos en España y en Europa, fue el tema debatido en el Aula Magna de la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo. Este encuentro contó con la participación del Asesor Político y con la Portavoz de la Embajada de los Estados Unidos en España

El debate del escenario electoral de los Estados Unidos, a partir de sus particularidades, centró gran parte de las preguntas de los estudiantes. Ambos funcionarios transmitieron la idea de la seriedad de la política exterior de Estados Unidos, y que, al menos en ese aspecto, poco cambiará a partir del resultado de las elecciones del mes próximo. 

Universidad CEU San Pablo, 18 de octubre de 2024

La Universidad CEU San Pablo acogió, el pasado 18 de octubre, una jornada destacada sobre los Derechos Lingüísticos en España, un evento que reunió a expertos, académicos y políticos, representantes de diversas comunidades autónomas, para reflexionar y debatir sobre el papel del plurilingüismo en nuestro país y la importancia de garantizar el derecho de todos los ciudadanos a utilizar su lengua común, el español, en diversos contextos.

Organizada por el Instituto CEU de Estudios de la Democracia y la asociación Impulso Ciudadano, la jornada abordó una serie de temas clave relacionados con el uso de las lenguas oficiales en España. El español como idioma oficial de todo el estado y el uso del catalán, del gallego, del euskera, del mallorquín, y del valenciano. En este marco, se subrayó el papel crucial del uso de estas leguas en la educación y las políticas públicas en la promoción del respeto del español y el acceso equitativo a los derechos lingüísticos.

Intervenciones destacadas

El acto fue inaugurado por la rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, por el Director de la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, Ramiro Alonso de Villapadierna y por el Presiente de la Asociación Impulso Ciudadano, José Domingo. Todos ellos destacaron la necesidad de «respeto del uso del Español, en un contexto de diversidad lingüística, como componente esencial para la cohesión social de España». Posteriormente, las palabras de la rectora indicaron que “la pluralidad de lenguas en España es un activo cultural que nos define y nos enriquece como nación, pero es necesario un marco de acción común que garantice el uso del español en situación de igualdad de acceso y oportunidades para todos los hablantes”.

Mesas redondas y conclusiones

Entre los panelistas figuraron especialistas como Manuel Toscano, profesor titular de Filosofía Moral de la Universidad de Málaga; Jesús Rul, Inspector de educación; Frances Carreras, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas; Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona; o del abogado especialista en derechos lingüísticos Francisco López Lera, entre otros.

Durante las mesas redondas se discutieron diversos temas, tales como:

· El derecho a recibir educación en español. Se hizo hincapié en la situación en las comunidades bilingües y el acceso de los estudiantes a una educación que respete sus derechos lingüísticos.

· La proyección de las lenguas cooficiales en los medios de comunicación, en preponderancia frente al español. Los ponentes subrayaron la importancia de fomentar los espacios públicos de comunicación el español, frente a la discriminación que sufre en favor de otras lenguas locales.

· El rol de las lenguas cooficiales en la administración pública y el acceso a oposiciones y cargos públicos. Se abordaron los retos a los que se enfrentan los

ciudadanos al intentar ejercer sus derechos en la lengua de su elección, en territorios bilingües en los que el español queda completamente relegado.

En su conclusión, los expertos hicieron una llamada a reforzar la presencia del español en los territorios con bilingüismo y a la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas para garantizar el uso del español junto a las lenguas cooficiales, que se repete el derecho de los ciudadanos a poder expresarse en la lengua que deseen, incluido el español, y que el uso de una u otra lengua sean un verdadero puente entre culturas, y no un motivo de división. «La lengua es un derecho, pero también una responsabilidad compartida para garantizar la convivencia en nuestra sociedad plural», concluyeron algunos de los ponentes.

Próximos pasos

Como resultado de este encuentro, se espera la presentación de un documento de propuestas en el Senado, como cámara de representación territorial, entre las que se contempla la creación de una comisión de seguimiento del respeto por los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Se tratará de un informe de recomendaciones que será presentado a las instituciones gubernamentales para su consideración en futuras políticas públicas. Además, se anunció la publicación de un libro que recogerá las reflexiones expuestas en esta jornada por parte de los ponentes.

La Jornada sobre Derechos Lingüísticos en España, del 18 de octubre de 2024, no solo sirvió como un espacio de reflexión académica y política, sino que también puso sobre la mesa la necesidad urgente de crear un marco de protección y promoción del uso del español en los territorios en los que las lenguas cooficiales y minoritarias lo están invisibilizando y relegando a un segundo plano.

Contacto:

Universidad CEU San Pablo Instituto de Estudios de la Democracia CEU, c/ Julián Romea, 20 – 28003 Madrid, España. Tel. +34 91 456 84 07

Este miércoles 25 de septiembre, los profesores Julián López Muñoz, de AVESIE (Asociación de Veteranos de Servicios de Inteligencia de España), y Antonio Alonso, Director del Aula Política Joven del Instituto CEU de Estudios de la Democracia (ID), han acogido a Marcus Sheff, CEO del think tank israelí IMPACT-se (Institute for Monitoring Peace and Culutral Tolerance in School Education).

Sheff ha explicado a un nutrido grupo de estudiantes qué instrumentos usa su organización para mejorar la convivencia de las sociedades de Oriente Próximo. Conscientes del valor y del potencial transformador de la educación, IMPACT-se apuesta por revisar los libros de texto que se usan en las escuelas de distintos países –Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, entre otros— para comprobar que no se están difundiendo valores contrarios a la paz, la tolerancia y el respeto a las demás etnias y religiones.

Los alumnos han podido preguntar al ponente sobre su esperanza en que dicho proyecto tenga un impacto real en los colegios de Oriente Próximo y puedan producir toda una generación que rechace las actitudes de odio e intolerancia.

LA DESVERGÜENZA EN POLÍTICA

Una de las manifestaciones más significativas de la perdida de la vergüenza, en cuanto a despreciar la opinión de los demás sobre uno mismo, es la mentira. Es llamativo y preocupante esa desvergüenza que supone mentir a los electores y a la sociedad en general que actualmente prima en el ámbito de la política y no solo en España.

Algunos políticos malos y desvergonzados han descubierto que la gente antes que la realidad objetiva, prefiere la apelación a los sentimientos, la descripción de una realidad ideal en la que se encuentre a gusto sin reparar en la inviabilidad del procedimiento para alcanzarlo. Surge entonces el término de la posverdad acuñado en los inicios de los años 90 del siglo pasado. Los defensores de esta, como Diego Rubio, dicen que no es que la verdad haya perdido peso, sino que, lejos de existir una única verdad, hay muchas y todas validas por igual. Cosa verdaderamente cuestionable y que se nos aparece como uno de los pilares del relativismo que está en la base de la sociedad contemporánea.

Algunos sociólogos están destacando el peligro que para la democracia supone la posverdad. El profesor Rafael Rubio Núñez destaca que, si la esencia de la democracia contemporánea es el diálogo y el debate parlamentario, este puede quedar contaminado cuando los políticos compiten con un lenguaje que nada tiene que ver con la realidad y de esta forma se va agrandando la brecha entre los gobernados y los gobernantes. Esto es lo que, desde nuestro punto de vista, está ocurriendo en nuestro país, sobre todo en las jóvenes generaciones para las que nunca como en este momento la actividad política estuvo tan desprestigiada.

Y esto es sumamente peligroso al poner en crisis nuestra democracia como consecuencia del fenómeno de la posverdad y otros análogos como son el Lawfare, en una estrategia habitual de los partidos políticos de izquierda de imponer cordones sanitarios sin atacar el fondo de los problemas de la sociedad. A través de ello se produce una exacerbación de estos, debido, justamente, a que los enfrentan con unas soluciones que sólo sirven para ocultar los problemas de fondo.

Si consideramos la frase de Jesús a sus discípulos “la verdad os hará libres”, debemos suponer que la mentira nos hace esclavos y eso es precisamente lo que los autócratas pretenden. Una sociedad que sea indiferente a sus manejos y mentiras. Y, para evitarlo, la sociedad civil debe movilizarse porque nos estamos jugando mucho. Nada menos que una sociedad libre y justa en un estado de derecho plenamente democrático. Debemos defender, a toda costa, la esencia del régimen nacido de la Constitución de 1978 y su esencia fundamental que fue el consenso entre todas las fuerzas políticas.

Pero lo más preocupante a la hora de valorar la calidad de nuestra democracia es que esa desvergüenza basada en la mentira no parece tener un coste considerable en votos. Esto es lo que realmente nos debe preocupar más, porque frente a las formas totalitarias de gobierno, si hay algo que la democracia representa, es todo lo opuesto a la manipulación de los hechos.

Aunque el título lo sugiere, al ser la traducción española de un western, no vamos a hablar de cine. Y eso que lo que estamos viviendo en España es la puesta en escena de un guion que comenzó a escribirse con el gobierno que salió de las urnas tras los gravísimos atentados de marzo de 2004, y tras un interregno de gobiernos posteriores, que ni vieron ni reaccionaron a acontecimientos que claramente respondían a una estrategia de transformación de la sociedad desde posiciones que imponían pautas de comportamiento político extra constitucionales.

Valor de Ley es lo que define a nuestra Constitución de 1978, que se afirma a sí misma, como la norma suprema, que puede exigir cuentas a todos los poderes del Estado. Y esta superioridad supone una garantía de estabilidad porque los constituyentes españoles de 1978 quisieron conferir a su obra un carácter normativo y vinculante, lejos, por tanto, de considerarla con un valor meramente político.

Siendo esto así, el carácter normativo de la Constitución es lo que nos obliga, como comunidad política, a valorar lo que tenemos y reaccionar contra imposiciones partidistas y sectarias de un gobierno, nacido del apoyo de unos grupos políticos cuyo objetivo declarado es socavar la pervivencia de unos valores democráticos constitucionales solemnemente proclamados, fruto de las grandes decisiones políticas del pueblo español.

Sin retrotraernos en demasía en el tiempo, ante las tentaciones de concentrar el poder por este gobierno, oímos con frecuencia que España está avocada a convertirse en un país a imagen y semejanza de regímenes que han aniquilado a la sociedad, como Argentina y Venezuela, con los fenómenos políticos del kirchnerismo y el chavismo.

Y lo que te dicen quienes conviven en esos países, con toda claridad y rotundidad, es que lo vivido por ellos no es sino una falta de reacción contra la experiencia de «perversión del sistema jurídico y político» vivida, sobre todo por no valorar en su momento lo que perdían como ciudadanos y sociedad, al dejarse conducir o guiar a lo que el grupo dirigente imponía como la “verdadera” democracia, esto es, que el gobierno haga lo que el pueblo quiere.

Y en verdad lo que estaba tras el ardid era el paso de la democracia (poder del pueblo) a la demagogia (manipulación del pueblo). No me voy a extender en lo que han sido esos regímenes políticos, disfrazados como repúblicas constitucionales, con un partido arrogándose el papel de eje vertebrador de la sociedad, y acaudillados por personajes a los que exageraban su carácter de líder para mantener su autoridad.

Ahora bien, la experiencia vivida en esos países nos obliga como sociedad a tener una actitud fundamental en valorar lo que tenemos, para ser conscientes de lo que nos jugamos y podemos perder, y así reaccionar ante los demenciales episodios que está protagonizando el gobierno actual y su presidente tanto en política interior como exterior

Y lo que nos jugamos es el Valor de Ley de nuestra Constitución que nos asegura la pervivencia de un sistema jurídico y político que garantiza como valores superiores del ordenamiento jurídico «la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político» (artículo 1.1), que vinculan a todos los poderes públicos, sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, como específica el artículo 9.1; y protege los «derechos fundamentales» que son fundamento del orden político y la paz social (artículo 10.1) y que como tales también vinculan a todos los poderes públicos (artículo 53.1), y, por tanto, a Jueces y Tribunales “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”(artículo 117) .

Este es el primero y más importante reto que la sociedad española tiene ante así: reivindicar que el régimen constitucional nacido de 1978 – estable y permanente dentro de la fugacidad histórica- es el que sirve de fundamento al sistema político, y confrontar con un régimen político que en ningún caso es fundamento del sistema constitucional.

El valor de Ley de la Constitución es el garante frente al grupo dirigente que en vez de orientarse al bien común o interés general, se orienta hacia su propio interés, y para realizarlo fuerza a la sociedad a que se someta a proyectos que no dejan de ser una formulación retórica e ideológica. Al hacer esto crea una situación como la que estamos viviendo de injusticia estructural. Y ahí están los casos de la Ley de Amnistía; de instrumentalización partidista de las instituciones del Estado; la politización de una Hacienda pública que despilfarra los recursos públicos bien sea al servicio de leyes ideológicas bien a promocionar a élites corruptas regionales, y todo ello a costa de confiscar la riqueza privada; las amenazas a la prensa; la presión y señalamiento a los jueces; y los conflictos con naciones a las que nos une una arraigada relación en el tiempo.

La idea en la ha de concluir nuestra reflexión es sencilla: cuando un grupo como el que nos gobierna deja de ser dirigente, la ideología que distribuye ya no sirve para proyectar su poder. Y está en nuestra responsabilidad, de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos, poner en valor la Constitución y lo que representa, y como electorado elegir a unos representantes que cumplan su función, que es representar la unidad de la Nación española y la solidaridad entre regiones, que son fundamento de una Constitución que debemos preservar por su valor de Ley.

Aquí están las Bases de la VI Edición del Premio Grupo Tácito. 

Bases_VI Premio_GrupoTácito 2024-2025

Para Trabajos de Fin de Grado defendidos durante el curso 2023-2024

Podrán participar los alumnos de las Universidades pertenecientes a la Fundación San Pablo CEU y las Fundaciones creadas por la ACdP, además de los colegiales del Colegio Mayor Universitario de San Pablo.

Con la convocatoria de estos premios, el Instituto de Estudios de la Democracia pretende estimular entre los jóvenes graduados la reflexión sobre temas relacionados con España, su historia reciente, sus desafíos actuales y las posibles soluciones a los diferentes problemas que enfrenta. Esta será la temática a la que deberán responder con originalidad los trabajos de fin de grado que se presenten, en cualquiera de las categorías propuestas.

Hay veces que pienso que ellos creen que somos imbéciles. Es verdad que tienen buenos expertos en comunicación y un gran poder mediático y, además, si repiten las ideas, consignas en algunos casos, van a conseguir pastorearnos. Son, entre otros, ministros, fieles militantes, algunos contertulios y líderes políticos de esa coalición Frankenstein que apoya al inquilino de La Moncloa.

Sobre la manipulación sirva de ejemplo la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados y, ahora se encuentra en el Senado. Dieciséis páginas de las que casi nueve las ocupa una exposición de motivos que trata de justificar lo injustificable. Nos quieren hacer creer que con la Ley de Amnistía se va a superar, encauzar y normalizar la vida política y social en Cataluña. Nada más lejos de la realidad, para lo cual basta con asomarse a los telediarios o leer los acuerdos PSOE-Ezquerra Republicana de Cataluña y PSOE-Junts Con la amnistía no se va a satisfacer a los independentistas. No hay dolor de los pecados, ni propósito de enmienda. Es más, el independentismo proclama que lo volverán a hacer. La justificación de esa proposición de ley no es la paz en Cataluña, es el apoyo de 14 diputados (7 de Junts y 7 de Esquerra) a la investidura como presidente de Pedro Sánchez. Eso en mi pueblo se llama compra de votos. Compra que se complementa con más trasferencias a Cataluña y, dinero, mucho más dinero, aunque se rompa la igualdad y la solidaridad. No importa que una gran mayoría de juristas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de funcionarios, corporaciones de derecho público… consideren que esta amnistía que se propone es inconstitucional y no tiene encaje en la normativa europea. Lo que importa es seguir en el Gobierno.

Para apuntalar la amnistía, esencial para la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez, se repiten mantras como que el PSOE ha normalizado Cataluña; que la amnistía afectará a unas 400 personas por lo que debemos de dejar de hablar de ella; que en España se han concedido casi 11.000 indultos desde 1996 y, no pasa nada; que los indultos a los sediciosos del golpe de estado en Cataluña han pacificado Cataluña…

Cataluña se normalizó cuando se aplicó el 155 de la Constitución española que suspendió la autonomía de Cataluña entre el 28 de octubre de 2017 y el 17 de mayo de 2018. Recordemos que los hechos que motivaron tal medida fueron la celebración de un referéndum ilegal, la aprobación de leyes de desconexión contrarias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y la declaración de independencia. Todo ello en un ambiente revolucionario con violencia retrasmitida por la televisión, por mucho que se nos trataran de convencer que era algo pacífico. No se trata de nada nuevo, la hoja de ruta seguía el proceso secesionista que tuvo lugar en Eslovenia en 1991 para separarse de Yugoslavia, ¡menos mal que la actuación de la Policía y la Guardia Civil no se saldó con un muerto!, habría sido la excusa perfecta para vender fuera de nuestras frontera la opresión del pueblo catalán.

Cataluña se normalizó cuando la visión idealista de una república independiente aterrizó bruscamente en la realidad: España no estaba dispuesta a una secesión de parte de su territorio, Cataluña no se admitiría como un estado más en la Unión Europea; no existía una fuerza suficiente para lleva a cabo la independencia, aunque después nos enteramos de las conversaciones con los rusos que estaban dispuestos a apoyar incluso con la fuerza a los sediciosos y; las empresas no querían estar en esa república catalana, por lo que cambiaron sus sedes a la España monárquica y parlamentaria.

Cataluña se normalizó cuando se aplicó el Estado de Derecho y aquellos que actuaron de forma delictiva fueron condenados e ingresaron en prisión. Es verdad que algunos huyeron, Puigdemont escondido en el maletero de un coche. Otros esperan todavía la finalización de sus

procesos. Funcionarios en Cataluña, aunque fueran independentistas, entendieron que con el pan de sus hijos no se juega y acataron el Derecho y la intervención del Gobierno español.

La amnistía no va a normalizar Cataluña, que ya lo está, la amnistía va a echar gasolina al independentismo. Quienes proponen la secesión de Cataluña se han envalentonado en una situación política de máxima debilidad. Saben que sus votos en el Congreso de los Diputados son necesarios y están dispuestos a venderlos caros. La amnistía es solo un primer pago, después vendrá el referéndum y la independencia.

La amnistía es gasolina para el independentismo porque va a inflamar la situación en Cataluña y a los secesionistas van a darles renovados bríos. Pero hay más razones: porque viene a justificar -blanquear- el golpe de estado del 2017; porque se rompe el Estado de Derecho; porque se reactiva la ilusión de un estado independiente de Cataluña; porque se recuperan para la lucha política a los sediciosos indultados -parcialmente, pues subsiste la inhabilitación-; porque Puigdemont por su imposición de la amnistía se ha colado en todos los telediarios con una campaña política gratuita. Este político ha pasado de ser un eurodiputado que no pintaba nada en el Parlamento Europeo a un influyente personaje, estrella de los medios de comunicación que están pendientes de sus suspiros, guiños políticos y solicitudes. Y nos podemos preguntar si es un fraude que quien mueva los hilos de la amnistía, sea precisamente quien se va a beneficiar de ella.

¿Gana algo España o los españoles con la amnistía? Esa es la pregunta clave y, la respuesta es claramente que no. Es doloroso y decepcionante para quienes no somos políticos que la razón de la amnistía se encuentre en el interés en seguir durmiendo en La Moncloa o, quizás, seguir haciendo negocios desde allí, a costa de partir España.