“Hecha la Ley, hecha la trampa” es una frase que recoge muy bien lo que está ocurriendo en estos momentos en la política. Lo que más duele a los españolitos de a pie es que se aplica de forma inflexible la ley, a veces, de forma injusta. Injusticia que tragamos ante las dificultades y las demoras de los Tribunales de Justicia.

Percibimos que, sin embargo, para algunos políticos todo está permitido. Solo basta con retorcer la Ley y justificarlo con una buena explicación o con un cambio de opinión. Sea para la constitución de grupos parlamentarios violentando el Reglamento de la cámara legislativa o permitiendo gateras para soslayar las incompatibilidades de diputados y senadores, saltándose a la torera el artículo 157 Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¡Pero si hasta un despacho en el Congreso de Diputados se había convertido en despacho de influencias! A los hechos del exdiputado Tito Bernie nos remitimos.

Es más, ya hasta nos parece normal que un político haya construido su carrera mediante trampas: sean en su tesis doctoral; en presentarse como Economista de la UCM, cuando en realidad sus estudios eran en Empresariales por un colegio adscrito a la UCM. Parece que hemos olvidado su participación en bochornosos eventos como la urna colocada tras una cortina para falsificar los resultados de la votación del Comité Central del PSOE el 1 de octubre de 2016. Algo más recientes son las contradicciones entre lo dicho y lo hecho: ha mentido a los votantes defendiendo el “integro cumplimiento” de las sentencias por el procés, el “no a los indultos”, decir que “siente vergüenza por indultos políticos”, que “no pactaremos con Bildu”, o que “no dormiría con Unidad Podemos”- y un largo etcétera.

También hay trampas en la comunicación: la incongruencia se justifica con un “cambio de opinión”. El trágala de los independentistas catalanes se justifica diciendo que es en “interés de España” cuando todos saben que es interés propio: ser investido Presidente del Gobierno. Se habla de “conflicto político” cuando en realidad lo que existe es el interés de unos políticos que han robado a Cataluña y a España en interés propio y en interés de un proceso secesionista. Se dice que es necesario “desjudicializar” el conflicto, para tapar hechos delictivos y justificar los indultos y, la posible amnistía. Se dice que la etapa crítica se produjo a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que anuló algunas disposiciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006. Cuando es una sentencia moderada, dictada con notable retraso y que no satisfizo a nadie y, menos a los independistas que con ya habían preparado su contestación antes de publicarse la sentencia. Pero es que además todo el proceso del año 2017 culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, un auténtico golpe de estado a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía de Cataluña que ahora se quiere blanquear por intereses privados.

Seguiremos pendientes de los manejos, manejas o manejes del candidato perdedor de las elecciones del 2023, de la desfachatez en sus manifestaciones, manchando incluso el nombre de España. Entre ellos el acuerdo PSOE-Esquerra Republicana del pasado 2 de noviembre que puede ser considerado inconstitucional por varias razones: en el punto 1º por eliminar el mandato representativo, por crear un agravio comparativo económico y de derechos con otras regiones de España y entre los españoles; y por promover la amnistía que es un perdón general prohibido en la Constitución. Pero esto parece que nada importa ni al candidato, ni a los diputados del PSOE. Lo importante es alcanzar el poder a cualquier precio y, eso si me permiten, es corrupción. Corrupción con trampas.

Claro que con ese currículum, es muy posible que el tramposo siga haciendo trampas, incluso a los propios independentistas con los que está pactando.

Iniciamos un nuevo espacio de debate desde nuestro Instituto. El Aula Política Joven, nace como una iniciativa para los jóvenes que deseen debatir sobre los diversos temas que afectan la actualidad política española.

La primera sesión será este martes 28 de noviembre, en el aula Isidoro Martín del Colegio Mayor San Pablo.

Otero Novas alerta del fin del régimen vigente por la amnistía

El exministro José Manuel Otero Novas aportó su visión contraria sobre la ley de amnistía que el grupo parlamentario socialista presentó la semana pasada en el Congreso de los Diputados en una conferencia organizada por el capítulo de Toledo de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). El evento congregó a un centenar de personas, entre ellos David Moreno, responsable regional de Vox, Daniel Arias, vicepresidente de la Diputación, y diferentes representantes eclesiásticos y de los ámbitos empresarial y judicial.

https://www.latribunadetoledo.es/noticia/z4ee05994-b325-a763-507f223314b9adeb/202311/otero-novas-alerta-del-fin-del-regimen-vigente-por-la-amnistia

Si la Constitución corre peligro, por obra institucional de los partidos políticos que forman el moderno Estado de partidos, su salvaguardia democrática es algo que debe recaer en el pueblo español y en las organizaciones espontáneas de su sociedad civil.

Así lo demostró el pasado 8 de octubre en Barcelona el éxito de una manifestación ciudadana en la que participaron en forma pacífica varios cientos de miles de personas, aunque la propaganda de los medios oficiales tratase de achicar su número.

Tenía por lema «no en mi nombre» y formulaba una reclamación contraria a la situación política que hoy nos inquieta: «ni amnistía ni autodeterminación».

La concentración ciudadana −organizada en forma admirable− fue un acto promovido por una entidad que se denomina, en forma significativa −y lo es−, «Societat civil catalana», aunque la mayoría de los medios de comunicación social no le dedicó la atención que merecía y oscureció incluso el dato esencial de que había sido organizada por una asociación cívica privada, que no recibe subvención pública alguna y es ajena a todos los partidos políticos.

Los organizadores tuvieron un acierto de relieve que también ha pasado inadvertido, pero que nos sitúa a la cabeza de los Estados democráticos de la Unión Europea; despidieron el acto cantando la pegadiza ¡Resistiré!, canción popular de la que sus inspirados autores cedieron derechos a la Comunidad de Madrid, para que se entonase como canción de ánimo contra el coronavirus, en la pandemia que acabamos de sufrir. Esa canción se podría convertir hoy en un himno de defensa de la democracia constitucional en España.

En la Constitución española no existe un «derecho de resistencia» cuando algún partido, grupo o sujeto pretende dar un golpe de Estado contra la democracia de 1978 y no existe otra forma de oponerse a él, pero la sociedad civil catalana lo ha inventado. Ha repetido lo que nuestra sociedad civil ya hizo y lanzó contra la invasión francesa de 1808, tras la actuación bochornosa de Godoy y el fracaso notorio de las instituciones caducas de entonces.

Que las organizaciones cívicas de la sociedad civil respondan con eficacia a la necesidad de defender en forma pacífica la Constitución de 1978 es un síntoma de salud democrática esperanzador, que se debería repetir en la forma más frecuente posible.  Frente a las derivas rupturistas y separatistas es algo necesario, que entronca con las preocupaciones propias de los Estados democráticos de la Unión Europea.

En Alemania, por ejemplo, el artículo 20 de la Ley Fundamental de 1949 define el Estado federal alemán como un Estado social y democrático de Derecho y proclama que todo el poder emana del pueblo y es ejercido por él mediante votaciones y elecciones y por medio de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; que el poder legislativo está sometido a la Constitución y que los poderes ejecutivo y judicial están vinculados a la ley y al Derecho. Pero ¿cómo se protege ese orden democrático cuando se intenta un golpe de Estado? La Ley Fundamental alemana introdujo, desde 1968, un mecanismo extraordinario, el llamado «derecho fundamental de resistencia». Hoy se proclama como un «derecho fundamental» en el artículo 20 apartado 4 de la Ley Fundamental, que dispone solemnemente:

Todos los alemanes tienen el derecho a oponerse contra cualquiera que intente eliminar este Ordenamiento, cuando no fuere posible otro recurso.

El derecho de resistencia («Recht zum Widerstand») atribuye a todos los ciudadanos alemanes el derecho a la última resistencia para proteger la Constitución, con la condición única de que “no fuera posible otro recurso”.

Cuando nada más puede ayudar contra un  golpe de Estado,  −supuesto no teórico, porque se produjo cuando el nazismo de Adolf Hitler copió el ejemplo anterior de Benito Mussolini («Italia docet») y destruyó el ordenamiento democrático de la Constitución de Weimar, como el líder fascista italiano había destruido antes el Estatuto del Rey Carlos Alberto y la democracia parlamentaria en su País− el pueblo alemán ha recibido en sus manos un derecho fundamental, que es el arma del «derecho de resistencia» para garantizar su propia supervivencia. Su objeto de protección está estrechamente definido: el Estado de derecho, la democracia y la división de poderes. El «derecho de resistencia» rompe la obligación civil ciudadana de obedecer la ley, siempre con el objetivo de que los ciudadanos se protejan de los ataques a la Constitución y al orden constitucional, así como faculta para ejercer, en forma individual o colectiva, otras formas de boicot, oposición o resistencia con la única condición, ya citada, de que no exista ninguna otra salida posible.

Se trata de un derecho claramente extraordinario, y poco citado en la jurisprudencia −por fortuna para la Alemania de hoy−, pero necesario para recordar que una «democracia» exige un ciudadano activo, crítico y celoso de sus derechos, que abomina de cualquier intento de subvertirla y reacciona frente a él.

El ejemplo alemán no es único. La resistencia a la opresión es, para John Locke, un derecho natural anterior a la constitución de la sociedad, que el hombre recobra en caso de fracaso del pacto social. Esa filosofía inspira el artículo 2 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que sigue en pleno vigor en el Derecho constitucional francés, y se recoge en el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En España no contamos con una norma constitucional expresa que reconozca este derecho de resistencia, pero sin duda hay circunstancias que permiten invocarlo. En lo que, para la doctrina alemana, podrían ser «situaciones de derecho de resistencia» debe surgir la iniciativa democrática de la sociedad civil, bien sea contra la invasión de Napoleón, bien contra intentos de romper la unidad constitucional por vías torticeras, como una amnistía o una ruptura de la unidad de España ajenas a los mecanismos de reforma de la Constitución, y por ello fascistas o antidemocráticas. Cuando los manifestantes de Barcelona tuvieron la ocurrencia feliz de terminar el acto cantando la canción «Resistiré» estaban innovando nuestra Constitución.

Pasadas las circunstancias actuales, que no podrán predominar frente a una resistencia civil pacífica y democrática −pero clara y decidida− debemos imitar a los alemanes e introducir en nuestra Constitución un «derecho de resistencia» que nos recuerde a todos, y advierta, de paso, a los partidos políticos, cómo y cuándo debemos defender y defenderemos nuestra democracia frente a toda perversión.

Hasta entonces cantar el «Resistiré», en todas las actuaciones que se produzcan contra la amnistía y la autodeterminación, nos permitirá recordar que también los españoles tenemos, desde 1808, un derecho a resistir frente a los intentos de anular España o de pervertir su sistema democrático, cuando desfallecen las instituciones y no existe otro remedio.

El llamado «derecho de gracia», en el que se incluyen la amnistía y el indulto, no es competencia de las Cortes sino una prerrogativa real. Así se desprende del artículo 62 de la Constitución española, según el cual «Corresponde al Rey:… i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Constitución que reitera esta idea en otros lugares, como su artículo 87.3 sobre iniciativa legislativa popular, que dispone que «No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia», pues aquí diferencia y separa las leyes que cita (emanadas del Parlamento) de la prerrogativa de gracia (del Rey), no habla de posibles “leyes de gracia”; o su artículo 102.3 sobre responsabilidad criminal del Presidente y miembros del Gobierno, que establece que «La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo», como vemos este precepto habla claramente de una «prerrogativa real», que corresponde al Rey, a un Rey que no puede indultar a un Presidente de Gobierno. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional que, por ejemplo, en Auto 278/1997, de 16 de julio, dice que «el indulto, en cuanto figura del derecho de gracia, corresponde decidirlo al Poder Ejecutivo concediéndolo el Rey». Así lo reconoce nuestro ordenamiento, por ejemplo en la Orden de 10 de septiembre de 1993, del Ministerio de Justicia, que da instrucciones para la tramitación de indultos, cuyo preámbulo comienza así: «La especial naturaleza del acto jurídico por el que el Rey ejerce el derecho de gracia conferido por el artículo 62 i) de la Constitución…».

El Rey ejerce tal prerrogativa real «con arreglo a la ley», dice el citado artículo 62. ¿Qué nos dice la ley acerca de la amnistía? La Constitución ni la menciona; el artículo 130 del Código Penal sobre «Causas que extinguen la responsabilidad criminal» tampoco la cita, a diferencia del anterior Código Penal de 1973, que en su art. 112 incluía entre estas causas de extinción de penas tanto el indulto como la amnistía, y establecía que esta «extingue por completo la pena y todos sus efectos»; y la ley aplicable para el indulto es la Ley de 18 de junio de 1870, sobre normas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero. De manera que actualmente el único derecho de gracia posible es el indulto el particular que concede el Rey por Real Decreto, refrendado naturalmente por el Ministro competente, según esta norma. La amnistía no es viable hoy día, y en ningún caso es procedente para beneficiar a un prófugo de la justicia. Así se desprende del silencio de la Constitución y del Código Penal, de la prohibición en aquella de los indultos generales (la amnistía tiene efectos más beneficiosos aún), y del artículo 2 de la Ley de 18 de junio de 1870 citada, que exceptúa del indulto a los que «no hubieren sido condenados aún por sentencia firme» y a «los que no estuvieren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena».

Otro aspecto de la cuestión, no menos importante, es la de la finalidad de la amnistía y el indulto, los cuales, como vemos, históricamente son manifestaciones del derecho de gracia del Rey. Su fin natural es rehabilitar al condenado, corregir errores judiciales o templar el excesivo rigor de penas legalmente impuestas, la equidad. A pesar de eso de hecho la amnistía se ha utilizado muchas veces por simples razones coyunturales de política, incluso como un arma política. En la práctica el indulto general y la amnistía se han utilizado políticamente, sobre todo esta última, que normalmente supone ruptura o cambio de un régimen político (así las leyes de 23 de diciembre de 1939, tras la guerra civil, considerando no delictivos determinados hechos de actuación político-social desde el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936, y la menos amplia ley de 18 de octubre de 1977, sobre amnistía, en la transición a la democracia). Por estas razones, a la vista de la manipulación política a la que se prestan y de la ruptura política que suponen, con buen criterio nuestra Constitución y nuestras leyes han suprimido esta figura. Como dicen Muñoz Conde y García Arán en su Derecho Penal, «la Constitución de 1978 prohíbe los indultos generales y, por tanto, también la amnistía (art. 62 i), quedando como única institución del antiguo derecho de gracia el indulto particular regulado por Ley de 18 de junio de 1870, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero». De manera que para aprobar una amnistía habría que modificar la Constitución a través del cauce constitucionalmente establecido, y también el Código Penal mediante una Ley Orgánica.

En cualquier caso, es indudable una cosa: la finalidad de la amnistía no es otorgarla para obtener votos en una votación de investidura como Presidente del Gobierno. Eso es una desviación de poder, el uso de un poder público para fines distintos de los naturales previstos en el ordenamiento jurídico. Cambiar amnistía por votos en el Parlamento supone no sólo atribuirse funciones que no se tienen, no solo ignorar la finalidad de aquella, es una perversión del sistema democrático, de la democracia misma. Pues incluso el poder legislativo democráticamente elegido tiene sus límites, como ha dicho el Tribunal Constitucional «Las Cortes Generales, como titulares “de la potestad legislativa del Estado” (art. 66.e de la CE) pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites derivados de la propia Constitución» (STC 76/1983, de 5 de agosto). Los poderes públicos, todos, están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico y les está vedada la arbitrariedad, según dice la Constitución misma en su artículo 9. Y arbitrario es utilizar una potestad pública, legislativa o ejecutiva, para beneficio particular o de un determinado partido político. No hay que olvidar nunca que el poder político es del pueblo español, en él reside y lo transfiere a sus representantes políticos. Pero se lo transfiere para que hagan buen uso de él, no para que un partido o una coalición de partidos hagan cesiones y trapicheos post-electorales cambiando amnistía por votos para así conseguir dicho poder político, obtener la Presidencia del Gobierno y ocupar personal y programáticamente unos poderes del Estado que emanan del pueblo español, según nos dice la Constitución en su mismo inicio.

Un año más iniciamos un nuevo curso en el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia. Muy preocupados por el momento político, pero esperanzados en poder aportar algo a la solución de los problemas de nuestra Patria.

Nuestra ponencia inaugural correrá a cargo de la Cofundadora del partido Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez González, con el título: “España no tiene quien la nombre. Nos descuidamos y pasó”.

La sesión será el 10 de octubre a las 19:00h, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo, (C/ Isaac Peral nº 58).

Ignacio Echeverría Miralles de Imperial
Ignacio Echeverría, conocido con el sobrenombre del héroe del monopatín nació en El Ferrol en 1978 y cursó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense. Tras unos años en los que trabajo en el sector bancario madrileño, se trasladó a Londres para ocupar un puesto de analista en el prestigioso banco HSBC, especializándose en prevención de delitos contra el blanqueo de capitales.

La noche del 23 de junio de 2017 Ignacio intentó salvar la vida de una joven a quien no conocía víctima de una agresión por parte de varios terroristas provistos de grandes cuchillos en el barrio londinense de Whitechapel. Gracias a la intervención de Ignacio que golpeó a uno de los agresores con su monopatín, la joven salvó la vida, pero Ignacio Echevarría quedó tendido con varias puñaladas desangrándose hasta morir.
Su acción heroica haciendo frente al atentado terrorista islámico tuvo una gran repercusión en todo el mundo y conmovió a todas las personas de bien. Su condición de católico comprometido, perteneció a un grupo de Acción Católica, constituye, hoy en día un excelente ejemplo de entrega al prójimo sin límites, tal y como enseñaba Jesús de Nazaret. Por ello se está promoviendo el proceso de canonización de Ignacio en la seguridad de la santidad demostrada por este joven con una vida corriente cuyo amor al semejante le impulsó a no dudar en arriesgar y perder la vida para salvar a otras.

La Semana Santa pasada la Asociación Católica de Propagandistas utilizó el testimonio de vida y sacrificio de Ignacio Echeverría, proponiéndolo como ejemplo en una campaña titulada “¿Morirías por alguien que no te conoce?”. Por el ejemplo de Ignacio a la juventud y la proyección internacional de una España que muestra la importancia de los valores coincidentes con los principios del humanismo cristiano, el Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia le otorga, a título póstumo el Premio al Mérito por España.

El Debate

Impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas, el periódico digital El Debate, tiene su precedente en el que, con el mismo nombre, se editó en papel a principios del siglo XX. El uno de noviembre de 1911 salía a la calle el primer número de El Debate bajo la dirección de Ángel Herrera Oria y con el propósito de difundir la doctrina social de la Iglesia. Además de la Editorial Católica, Herrera fundó en 1926 la Escuela de Periodismo de EL DEBATE y trasformó el periódico en uno de los medios de comunicación más moderno de su época, sentando en todo momento el lema de Herrera Oria de servir a la Iglesia como quería ser servida. El Debate se publicó hasta 1936 en que sus rotativas fueron incautadas por las autoridades republicanas. Tras la guerra Civil no recibió la autorización para reabrirse. Siguiendo ese mismo espíritu, en 2016 se puso en circulación en internet una versión de El Debate más centrada en el análisis político y la cultura, pero es el primero de octubre de 2021 cuando se presenta un diario digital más acorde con lo que fue y representó El Debate fundado por D. Ángel Herrera.

El Debate, gratuito y con acceso a todas las secciones sin restricción alguna, defiende los principios básicos del humanismo cristiano como la defensa de la vida, la dignidad de la persona, la familia la doctrina social de la Iglesia, además de la defensa orden constitucional y democrático, la unidad de España y la relevancia a lo largo de historia de España de instituciones como la propia Iglesia o la Corona. Es evidente que había una demanda grande de estos planteamientos en la prensa nacional si tenemos en cuenta el éxito de El Debate en el escaso tiempo que lleva en las redes. La progresión experimentada por El Debate entre la prensa digital española no tiene precedentes, siendo la Sección de Opinión la más leída de España. Por todo ello, y sobre todo por defender una España más libre y justa, el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia ha decidido otorgar el Premio al Mérito por España a El Debate en esta nueva etapa como heredero del dirigido por D. Ángel Herrera Oria.

Sociedad Civil Catalana

En el complicado ambiente en el que el independentismo ha sumido a Cataluña, destaca sobremanera Societat Civil Catalana como la institución que defiende incondicionalmente la compatibilidad entre el profundo amor a su tierra y su españolidad dentro del marco europeo. Entre sus objetivos fundacionales está el promover la convivencia entre todos los ciudadanos de Cataluña y de estos con los del resto de España y fomentar la cultura catalana como parte indisoluble de la española a través de los siglos. Fundada en 2014 por personas pertenecientes a diferentes opciones políticas como Unión Democrática de Cataluña, Partido Socialista de Cataluña, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, Societat Civil Catalana aboga por una sociedad más libre en la que se cumplan las leyes, no se arrincone el castellano en Cataluña y cese la presión sobre los que no quieren la independencia y no se sienten bien apoyados por el Gobierno del Estado.

Muchas han sido las acciones realizadas por Societat Civil Catalana desde su fundación, entre las que destacan las grandes movilizaciones en defensa del estado de derecho de 2016, 2017 y 2018, además de las demandas presentadas contra las administraciones independentistas que incumplen las sentencias desfavorables para ellos. Últimamente la estrategia de Societat Civil se está centrando en intentar contrarrestar la campaña antiespañola que desarrollan las instancias gubernamentales catalanas en el extranjero y en la defensa de la utilización del castellano en todos los ámbitos sociales, rebelándose contra el monolingüismo oficial, claramente anticonstitucional, que pretende imponer la Generalitat. Este es el objetivo de la campaña lanzada por Societat Civil Catalana cuyo lema es: No te calles, no estás solo

Por todas estas acciones Societat Civil Catalana ha sido merecedora de diversos reconocimientos como el Premio Ciudadano Europeo en 2014, el Premio de Convivencia que le otorgó la Fundación Manuel Brocheta en 2018 o el Premio Alfonso Ussía en 2019. A estos galardones se une ahora el Premio al Mérito por España que le otorga el Aula Política de la Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Arquitectura e Ingeniería a
DÑA. ALEJANDRA ACEVES ARRANZ, de la Universidad CEU San Pablo.
Por su trabajo de fin de grado titulado: “Analysis of motor control and motor development”. Dirigido por la profesora Dña. Cristina Sánchez López de Pablo.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Comunicación y Humanidades a
DÑA. ANDREA SOUTULLO BALADO, de la Escuela Universitaria CEU Magisterio de Vigo.
Por su trabajo de fin de grado titulado: “Estudio de las relaciones existentes entre la destreza en conciencia fonológica, lectura y escritura en primero de Educación Primaria”. Dirigido por la profesora Dña. Elena Ciga Tellechea.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Ciencias de la Salud a
DÑA. SUSANA DEL RIEGO GÓMEZ, de la Universidad CEU San Pablo. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Clinical validation of a 3D-printed
upper-limb exoskeleton for children with motor disabilities”. Dirigido por la profesora Dña. Cristina Sánchez López de Pablo.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Economía y Empresa a
DÑA. SONIA RAMÍREZ CÁMARA, de la Universidad CEU San Pablo.
Por su trabajo de fin de grado titulado: “Los indicadores sintéticos: aplicación práctica y elaboración de un IDH alternativo (1995-2017)”. Dirigido por la profesora Dña. Ana Cristina Mingorance Arnaiz.

 La guerra contra Rusia en Ucrania nos enfrenta a dos graves cuestiones: nuestra alta y creciente dependencia de los EEUU y nuestro retroceso en producción  intelectual-tecnológica en relación con los países que hoy nos superan en tales indicadores: Corea, Japón, EEUU y China. Alemania está en recesión, los PIBs per cápita de muchos países europeos están estancados o son decrecientes y hay una importante deslocalización de la producción a los EEUU. Con la guerra hemos cortado la energía barata de Rusia para varias décadas. Este mes se ha declarado en bancarrota la empresa fabril  más antigua de Alemania. Se trata de Eisenwerk Erla, otro fabricante que no puede con los costes energéticos y regulatorios europeos. Es solo uno de los muchos desaparecidos y no estaría en titulares de no ser por sus seiscientos años de vida.

En esta situación  el partido Popular Europeo, los Liberales y algunos partidos nacionalistas entre ellos, están sugiriendo un alto en la frenética actividad regulatoria de la UE para sopesar la situación. Parece, también en titulares, que la Comisión no ve la propuesta con malos ojos. Bienvenida sea porque estamos necesitados de reflexión en el controvertido y  transversal campo del “Cambio Climático” que, recordemos,  se basa en atribuir al CO2 de origen humano, industrial y agrícola, efectos caloríficos  en las temperaturas planetarias. Una tesis cuestionada por numerosos científicos de renombre pero a la cual se aferra la UE y, con menor intensidad, los EEUU donde depende del color político de la presidencia.

La literatura científica discrepante de las tesis oficiales cuestiona  conceptos principales de las mismas. Así, a la idea de “Cambio Climático”,  responde diciendo que es un “significante vacío porque el clima siempre ha cambiado”. Al  “Calentamiento” replica que “ha habido en la historia reciente numerosos periodos con mayores y menores temperaturas y sin industria alguna”. Sobre la cuestión del CO2  responde que  “el CO2 es un factor dos órdenes de magnitud menor que el vapor de agua que los gobiernos ignoran” y  que “los ciclos solares son, de largo, el principal factor”, etc. Todos son ciertos, pero los gobiernos de la UE  siguen añadiendo costes regulatorios y fiscales contra el CO2.  No es difícil ver que el CO2 es el único gas del cual se puede hacer responsable al ser humano — y a todo lo vivo– lo cual es una excepcional palanca de poder absoluto sobre los ciudadanos.

Por otra parte tenemos políticas públicas que producen enormes cantidades de calor y que no son tenidas en cuenta ni en los modelos de predicción ni en los datos. En efecto, siustedes se preguntan si la vida “calienta” el planeta, la respuesta intuitiva, la que darían  Ockham o Descartes, sería decir que es probable que así sea. No es lo mismo tener cincuenta que cinco mil espectadores en una cancha de baloncesto. Los primeros estarán a temperatura ambiente mientras los segundos necesitarán aire acondicionado. Tampoco  es lógico esperar que la temperatura fuera la misma en 1900,  con 1.600 millones de almas, que hoy día con 8.000 millones. Son 6.400 millones de cuerpos adicionales a unos 36ºC sin contar con los inevitables miles de millones de radiadores, aires acondicionados, cocinas y motores necesarios para sus vidas. O, sin ir más lejos, con lo sucedido en el transporte aéreo que, entre 1990 y 2020, pasó de unos 1.000 millones a  4.500 millones de pasajeros.  Cada motor de estos aviones funciona entre 1.500ºC y los 2.000ºC de un Boeing 747.

Por si  lo anterior fuera poco, en tres décadas se han añadido nuevos  factores de calentamiento.  Vamos a citar tres, todos  ausentes del debate sobre el Calentamiento. Son estos:

1. La costumbre, ya estandarizada en gran parte del globo, excepto en el Islam, de usar hornos crematorios en vez de enterrar los cadáveres.  Mueren unos cien millones de personas al año. Unos sesenta de ellos  son incinerados durante cinco horas a entre 900ºC y 1.200ºC. Quemando gas, naturalmente.

2. La irrupción de miles de millones de paneles solares negros cuya temperatura operativa supera siempre la ambiental al recibir la luz solar llegando a alcanzar los 65ºC y en ocasiones superándolos. Igual que lo hace un vehículo de color oscuro al sol.

La principal instalación fotovoltaica española, “Nuñez de Balboa”,  tiene 1,4 millones de paneles. Las 11 mayores  tienen una media de 418.000.  Pues bien, en 2022 había en España unas 65.000 instalaciones fotovoltaicas industriales. Estimando 4.000 paneles por instalación, –el 1% de la media de las once mayores–, estamos ante 260 millones de paneles sin contar las 200.000 viviendas que los tenían ese año. España suele representar entre el 1,5% y el 2% del total mundial en la mayoría de parámetros por lo que nos encontramos con que ya hay globalmente unos 13.000 millones de paneles emitiendo por encima de la temperatura ambiente cuando reciben la luz del Sol. Y apenas hemos comenzado a instalarlos.

3. En 2021 había en España 21.000 torres eólicas que en 2030 llegarán a ser 50.000. Cada torre tiene una gran turbina generadora con sus sistemas de calentamiento y refrigeración para funcionar entre los 40ºC y 80ºC según las especificaciones de un modelo estándar. Es decir, todos ellos operan a una temperatura superior al entorno porque un tercio de la energía recibida por el rotor se transforma en calor. Hoy tenemos un millón de torres en el mundo y llegaremos a dos y medio en 2030.

La conclusión es que estamos calentando la atmósfera cercana a la superficie terrestre muy por encima de la temperatura ambiente con miles de millones de focos de calor y, en vez de atribuirlo a su causa directa y medible en cada dispositivo, achacamos el incremento de temperatura – estimado en poco más de 1ºC  en cien años según el IPCC–   al CO2 antropogénico que es un 0.01% o una parte por 10.000 de la atmósfera. 

Es obligado resaltar que  atribuir esta función al CO2 de origen humano es como pretender pescar con una red de 10,000 metros cuadrados, dos campos de futbol, con solo un metro cuadrado de malla y 9.999 vacíos.

Dado que los datos recientes nos hablan de dos décadas sin calentamiento en los últimos cuarenta años, lo lógico es pensar que quizás estemos ya en un ciclo de enfriamiento hacia una glaciación como la que terminó hace apenas diez o doce mil años  con el mar ciento veinte metros por debajo del nivel actual y toda Europa y América del Norte, hasta la latitud de San Luis, Missouri,  bajo cientos de metros de hielo. Otro de los eventos climáticos de los que no solemos hablar.

Por todo ello y sin necesidad de entrar en polémicas parece urgente revisar a fondo, sin denigrar a los científicos  discrepantes, las bases de las vigentes políticas climáticas en un momento en el cual se vienen tomando decisiones de desmantelamiento industrial y encarecimiento de nuestros productos  que comprometen gravemente el  progreso económico y el pago de la ingente deuda que nos viene sosteniendo los últimos veinte años. Decisiones que el resto del mundo, casi el 85% de la humanidad, ni se plantea imitar.

29/05/23