El llamado «derecho de gracia», en el que se incluyen la amnistía y el indulto, no es competencia de las Cortes sino una prerrogativa real. Así se desprende del artículo 62 de la Constitución española, según el cual «Corresponde al Rey:… i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Constitución que reitera esta idea en otros lugares, como su artículo 87.3 sobre iniciativa legislativa popular, que dispone que «No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia», pues aquí diferencia y separa las leyes que cita (emanadas del Parlamento) de la prerrogativa de gracia (del Rey), no habla de posibles “leyes de gracia”; o su artículo 102.3 sobre responsabilidad criminal del Presidente y miembros del Gobierno, que establece que «La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo», como vemos este precepto habla claramente de una «prerrogativa real», que corresponde al Rey, a un Rey que no puede indultar a un Presidente de Gobierno. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional que, por ejemplo, en Auto 278/1997, de 16 de julio, dice que «el indulto, en cuanto figura del derecho de gracia, corresponde decidirlo al Poder Ejecutivo concediéndolo el Rey». Así lo reconoce nuestro ordenamiento, por ejemplo en la Orden de 10 de septiembre de 1993, del Ministerio de Justicia, que da instrucciones para la tramitación de indultos, cuyo preámbulo comienza así: «La especial naturaleza del acto jurídico por el que el Rey ejerce el derecho de gracia conferido por el artículo 62 i) de la Constitución…».

El Rey ejerce tal prerrogativa real «con arreglo a la ley», dice el citado artículo 62. ¿Qué nos dice la ley acerca de la amnistía? La Constitución ni la menciona; el artículo 130 del Código Penal sobre «Causas que extinguen la responsabilidad criminal» tampoco la cita, a diferencia del anterior Código Penal de 1973, que en su art. 112 incluía entre estas causas de extinción de penas tanto el indulto como la amnistía, y establecía que esta «extingue por completo la pena y todos sus efectos»; y la ley aplicable para el indulto es la Ley de 18 de junio de 1870, sobre normas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero. De manera que actualmente el único derecho de gracia posible es el indulto el particular que concede el Rey por Real Decreto, refrendado naturalmente por el Ministro competente, según esta norma. La amnistía no es viable hoy día, y en ningún caso es procedente para beneficiar a un prófugo de la justicia. Así se desprende del silencio de la Constitución y del Código Penal, de la prohibición en aquella de los indultos generales (la amnistía tiene efectos más beneficiosos aún), y del artículo 2 de la Ley de 18 de junio de 1870 citada, que exceptúa del indulto a los que «no hubieren sido condenados aún por sentencia firme» y a «los que no estuvieren a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena».

Otro aspecto de la cuestión, no menos importante, es la de la finalidad de la amnistía y el indulto, los cuales, como vemos, históricamente son manifestaciones del derecho de gracia del Rey. Su fin natural es rehabilitar al condenado, corregir errores judiciales o templar el excesivo rigor de penas legalmente impuestas, la equidad. A pesar de eso de hecho la amnistía se ha utilizado muchas veces por simples razones coyunturales de política, incluso como un arma política. En la práctica el indulto general y la amnistía se han utilizado políticamente, sobre todo esta última, que normalmente supone ruptura o cambio de un régimen político (así las leyes de 23 de diciembre de 1939, tras la guerra civil, considerando no delictivos determinados hechos de actuación político-social desde el 14 de abril de 1931 al 18 de julio de 1936, y la menos amplia ley de 18 de octubre de 1977, sobre amnistía, en la transición a la democracia). Por estas razones, a la vista de la manipulación política a la que se prestan y de la ruptura política que suponen, con buen criterio nuestra Constitución y nuestras leyes han suprimido esta figura. Como dicen Muñoz Conde y García Arán en su Derecho Penal, «la Constitución de 1978 prohíbe los indultos generales y, por tanto, también la amnistía (art. 62 i), quedando como única institución del antiguo derecho de gracia el indulto particular regulado por Ley de 18 de junio de 1870, modificada por Ley 1/1988, de 14 de enero». De manera que para aprobar una amnistía habría que modificar la Constitución a través del cauce constitucionalmente establecido, y también el Código Penal mediante una Ley Orgánica.

En cualquier caso, es indudable una cosa: la finalidad de la amnistía no es otorgarla para obtener votos en una votación de investidura como Presidente del Gobierno. Eso es una desviación de poder, el uso de un poder público para fines distintos de los naturales previstos en el ordenamiento jurídico. Cambiar amnistía por votos en el Parlamento supone no sólo atribuirse funciones que no se tienen, no solo ignorar la finalidad de aquella, es una perversión del sistema democrático, de la democracia misma. Pues incluso el poder legislativo democráticamente elegido tiene sus límites, como ha dicho el Tribunal Constitucional «Las Cortes Generales, como titulares “de la potestad legislativa del Estado” (art. 66.e de la CE) pueden legislar en principio sobre cualquier materia sin necesidad de poseer un título específico para ello, pero esta potestad tiene sus límites derivados de la propia Constitución» (STC 76/1983, de 5 de agosto). Los poderes públicos, todos, están sujetos a ella y al resto del ordenamiento jurídico y les está vedada la arbitrariedad, según dice la Constitución misma en su artículo 9. Y arbitrario es utilizar una potestad pública, legislativa o ejecutiva, para beneficio particular o de un determinado partido político. No hay que olvidar nunca que el poder político es del pueblo español, en él reside y lo transfiere a sus representantes políticos. Pero se lo transfiere para que hagan buen uso de él, no para que un partido o una coalición de partidos hagan cesiones y trapicheos post-electorales cambiando amnistía por votos para así conseguir dicho poder político, obtener la Presidencia del Gobierno y ocupar personal y programáticamente unos poderes del Estado que emanan del pueblo español, según nos dice la Constitución en su mismo inicio.

Un año más iniciamos un nuevo curso en el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia. Muy preocupados por el momento político, pero esperanzados en poder aportar algo a la solución de los problemas de nuestra Patria.

Nuestra ponencia inaugural correrá a cargo de la Cofundadora del partido Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez González, con el título: “España no tiene quien la nombre. Nos descuidamos y pasó”.

La sesión será el 10 de octubre a las 19:00h, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Universitario San Pablo, (C/ Isaac Peral nº 58).

Ignacio Echeverría Miralles de Imperial
Ignacio Echeverría, conocido con el sobrenombre del héroe del monopatín nació en El Ferrol en 1978 y cursó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense. Tras unos años en los que trabajo en el sector bancario madrileño, se trasladó a Londres para ocupar un puesto de analista en el prestigioso banco HSBC, especializándose en prevención de delitos contra el blanqueo de capitales.

La noche del 23 de junio de 2017 Ignacio intentó salvar la vida de una joven a quien no conocía víctima de una agresión por parte de varios terroristas provistos de grandes cuchillos en el barrio londinense de Whitechapel. Gracias a la intervención de Ignacio que golpeó a uno de los agresores con su monopatín, la joven salvó la vida, pero Ignacio Echevarría quedó tendido con varias puñaladas desangrándose hasta morir.
Su acción heroica haciendo frente al atentado terrorista islámico tuvo una gran repercusión en todo el mundo y conmovió a todas las personas de bien. Su condición de católico comprometido, perteneció a un grupo de Acción Católica, constituye, hoy en día un excelente ejemplo de entrega al prójimo sin límites, tal y como enseñaba Jesús de Nazaret. Por ello se está promoviendo el proceso de canonización de Ignacio en la seguridad de la santidad demostrada por este joven con una vida corriente cuyo amor al semejante le impulsó a no dudar en arriesgar y perder la vida para salvar a otras.

La Semana Santa pasada la Asociación Católica de Propagandistas utilizó el testimonio de vida y sacrificio de Ignacio Echeverría, proponiéndolo como ejemplo en una campaña titulada “¿Morirías por alguien que no te conoce?”. Por el ejemplo de Ignacio a la juventud y la proyección internacional de una España que muestra la importancia de los valores coincidentes con los principios del humanismo cristiano, el Aula Política del Instituto CEU de Estudios de la Democracia le otorga, a título póstumo el Premio al Mérito por España.

El Debate

Impulsado por la Asociación Católica de Propagandistas, el periódico digital El Debate, tiene su precedente en el que, con el mismo nombre, se editó en papel a principios del siglo XX. El uno de noviembre de 1911 salía a la calle el primer número de El Debate bajo la dirección de Ángel Herrera Oria y con el propósito de difundir la doctrina social de la Iglesia. Además de la Editorial Católica, Herrera fundó en 1926 la Escuela de Periodismo de EL DEBATE y trasformó el periódico en uno de los medios de comunicación más moderno de su época, sentando en todo momento el lema de Herrera Oria de servir a la Iglesia como quería ser servida. El Debate se publicó hasta 1936 en que sus rotativas fueron incautadas por las autoridades republicanas. Tras la guerra Civil no recibió la autorización para reabrirse. Siguiendo ese mismo espíritu, en 2016 se puso en circulación en internet una versión de El Debate más centrada en el análisis político y la cultura, pero es el primero de octubre de 2021 cuando se presenta un diario digital más acorde con lo que fue y representó El Debate fundado por D. Ángel Herrera.

El Debate, gratuito y con acceso a todas las secciones sin restricción alguna, defiende los principios básicos del humanismo cristiano como la defensa de la vida, la dignidad de la persona, la familia la doctrina social de la Iglesia, además de la defensa orden constitucional y democrático, la unidad de España y la relevancia a lo largo de historia de España de instituciones como la propia Iglesia o la Corona. Es evidente que había una demanda grande de estos planteamientos en la prensa nacional si tenemos en cuenta el éxito de El Debate en el escaso tiempo que lleva en las redes. La progresión experimentada por El Debate entre la prensa digital española no tiene precedentes, siendo la Sección de Opinión la más leída de España. Por todo ello, y sobre todo por defender una España más libre y justa, el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia ha decidido otorgar el Premio al Mérito por España a El Debate en esta nueva etapa como heredero del dirigido por D. Ángel Herrera Oria.

Sociedad Civil Catalana

En el complicado ambiente en el que el independentismo ha sumido a Cataluña, destaca sobremanera Societat Civil Catalana como la institución que defiende incondicionalmente la compatibilidad entre el profundo amor a su tierra y su españolidad dentro del marco europeo. Entre sus objetivos fundacionales está el promover la convivencia entre todos los ciudadanos de Cataluña y de estos con los del resto de España y fomentar la cultura catalana como parte indisoluble de la española a través de los siglos. Fundada en 2014 por personas pertenecientes a diferentes opciones políticas como Unión Democrática de Cataluña, Partido Socialista de Cataluña, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, Societat Civil Catalana aboga por una sociedad más libre en la que se cumplan las leyes, no se arrincone el castellano en Cataluña y cese la presión sobre los que no quieren la independencia y no se sienten bien apoyados por el Gobierno del Estado.

Muchas han sido las acciones realizadas por Societat Civil Catalana desde su fundación, entre las que destacan las grandes movilizaciones en defensa del estado de derecho de 2016, 2017 y 2018, además de las demandas presentadas contra las administraciones independentistas que incumplen las sentencias desfavorables para ellos. Últimamente la estrategia de Societat Civil se está centrando en intentar contrarrestar la campaña antiespañola que desarrollan las instancias gubernamentales catalanas en el extranjero y en la defensa de la utilización del castellano en todos los ámbitos sociales, rebelándose contra el monolingüismo oficial, claramente anticonstitucional, que pretende imponer la Generalitat. Este es el objetivo de la campaña lanzada por Societat Civil Catalana cuyo lema es: No te calles, no estás solo

Por todas estas acciones Societat Civil Catalana ha sido merecedora de diversos reconocimientos como el Premio Ciudadano Europeo en 2014, el Premio de Convivencia que le otorgó la Fundación Manuel Brocheta en 2018 o el Premio Alfonso Ussía en 2019. A estos galardones se une ahora el Premio al Mérito por España que le otorga el Aula Política de la Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Arquitectura e Ingeniería a
DÑA. ALEJANDRA ACEVES ARRANZ, de la Universidad CEU San Pablo.
Por su trabajo de fin de grado titulado: “Analysis of motor control and motor development”. Dirigido por la profesora Dña. Cristina Sánchez López de Pablo.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Comunicación y Humanidades a
DÑA. ANDREA SOUTULLO BALADO, de la Escuela Universitaria CEU Magisterio de Vigo.
Por su trabajo de fin de grado titulado: “Estudio de las relaciones existentes entre la destreza en conciencia fonológica, lectura y escritura en primero de Educación Primaria”. Dirigido por la profesora Dña. Elena Ciga Tellechea.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Ciencias de la Salud a
DÑA. SUSANA DEL RIEGO GÓMEZ, de la Universidad CEU San Pablo. Por su trabajo de fin de grado titulado: “Clinical validation of a 3D-printed
upper-limb exoskeleton for children with motor disabilities”. Dirigido por la profesora Dña. Cristina Sánchez López de Pablo.

Premio Grupo Tácito en la categoría de Economía y Empresa a
DÑA. SONIA RAMÍREZ CÁMARA, de la Universidad CEU San Pablo.
Por su trabajo de fin de grado titulado: “Los indicadores sintéticos: aplicación práctica y elaboración de un IDH alternativo (1995-2017)”. Dirigido por la profesora Dña. Ana Cristina Mingorance Arnaiz.

 La guerra contra Rusia en Ucrania nos enfrenta a dos graves cuestiones: nuestra alta y creciente dependencia de los EEUU y nuestro retroceso en producción  intelectual-tecnológica en relación con los países que hoy nos superan en tales indicadores: Corea, Japón, EEUU y China. Alemania está en recesión, los PIBs per cápita de muchos países europeos están estancados o son decrecientes y hay una importante deslocalización de la producción a los EEUU. Con la guerra hemos cortado la energía barata de Rusia para varias décadas. Este mes se ha declarado en bancarrota la empresa fabril  más antigua de Alemania. Se trata de Eisenwerk Erla, otro fabricante que no puede con los costes energéticos y regulatorios europeos. Es solo uno de los muchos desaparecidos y no estaría en titulares de no ser por sus seiscientos años de vida.

En esta situación  el partido Popular Europeo, los Liberales y algunos partidos nacionalistas entre ellos, están sugiriendo un alto en la frenética actividad regulatoria de la UE para sopesar la situación. Parece, también en titulares, que la Comisión no ve la propuesta con malos ojos. Bienvenida sea porque estamos necesitados de reflexión en el controvertido y  transversal campo del “Cambio Climático” que, recordemos,  se basa en atribuir al CO2 de origen humano, industrial y agrícola, efectos caloríficos  en las temperaturas planetarias. Una tesis cuestionada por numerosos científicos de renombre pero a la cual se aferra la UE y, con menor intensidad, los EEUU donde depende del color político de la presidencia.

La literatura científica discrepante de las tesis oficiales cuestiona  conceptos principales de las mismas. Así, a la idea de “Cambio Climático”,  responde diciendo que es un “significante vacío porque el clima siempre ha cambiado”. Al  “Calentamiento” replica que “ha habido en la historia reciente numerosos periodos con mayores y menores temperaturas y sin industria alguna”. Sobre la cuestión del CO2  responde que  “el CO2 es un factor dos órdenes de magnitud menor que el vapor de agua que los gobiernos ignoran” y  que “los ciclos solares son, de largo, el principal factor”, etc. Todos son ciertos, pero los gobiernos de la UE  siguen añadiendo costes regulatorios y fiscales contra el CO2.  No es difícil ver que el CO2 es el único gas del cual se puede hacer responsable al ser humano — y a todo lo vivo– lo cual es una excepcional palanca de poder absoluto sobre los ciudadanos.

Por otra parte tenemos políticas públicas que producen enormes cantidades de calor y que no son tenidas en cuenta ni en los modelos de predicción ni en los datos. En efecto, siustedes se preguntan si la vida “calienta” el planeta, la respuesta intuitiva, la que darían  Ockham o Descartes, sería decir que es probable que así sea. No es lo mismo tener cincuenta que cinco mil espectadores en una cancha de baloncesto. Los primeros estarán a temperatura ambiente mientras los segundos necesitarán aire acondicionado. Tampoco  es lógico esperar que la temperatura fuera la misma en 1900,  con 1.600 millones de almas, que hoy día con 8.000 millones. Son 6.400 millones de cuerpos adicionales a unos 36ºC sin contar con los inevitables miles de millones de radiadores, aires acondicionados, cocinas y motores necesarios para sus vidas. O, sin ir más lejos, con lo sucedido en el transporte aéreo que, entre 1990 y 2020, pasó de unos 1.000 millones a  4.500 millones de pasajeros.  Cada motor de estos aviones funciona entre 1.500ºC y los 2.000ºC de un Boeing 747.

Por si  lo anterior fuera poco, en tres décadas se han añadido nuevos  factores de calentamiento.  Vamos a citar tres, todos  ausentes del debate sobre el Calentamiento. Son estos:

1. La costumbre, ya estandarizada en gran parte del globo, excepto en el Islam, de usar hornos crematorios en vez de enterrar los cadáveres.  Mueren unos cien millones de personas al año. Unos sesenta de ellos  son incinerados durante cinco horas a entre 900ºC y 1.200ºC. Quemando gas, naturalmente.

2. La irrupción de miles de millones de paneles solares negros cuya temperatura operativa supera siempre la ambiental al recibir la luz solar llegando a alcanzar los 65ºC y en ocasiones superándolos. Igual que lo hace un vehículo de color oscuro al sol.

La principal instalación fotovoltaica española, “Nuñez de Balboa”,  tiene 1,4 millones de paneles. Las 11 mayores  tienen una media de 418.000.  Pues bien, en 2022 había en España unas 65.000 instalaciones fotovoltaicas industriales. Estimando 4.000 paneles por instalación, –el 1% de la media de las once mayores–, estamos ante 260 millones de paneles sin contar las 200.000 viviendas que los tenían ese año. España suele representar entre el 1,5% y el 2% del total mundial en la mayoría de parámetros por lo que nos encontramos con que ya hay globalmente unos 13.000 millones de paneles emitiendo por encima de la temperatura ambiente cuando reciben la luz del Sol. Y apenas hemos comenzado a instalarlos.

3. En 2021 había en España 21.000 torres eólicas que en 2030 llegarán a ser 50.000. Cada torre tiene una gran turbina generadora con sus sistemas de calentamiento y refrigeración para funcionar entre los 40ºC y 80ºC según las especificaciones de un modelo estándar. Es decir, todos ellos operan a una temperatura superior al entorno porque un tercio de la energía recibida por el rotor se transforma en calor. Hoy tenemos un millón de torres en el mundo y llegaremos a dos y medio en 2030.

La conclusión es que estamos calentando la atmósfera cercana a la superficie terrestre muy por encima de la temperatura ambiente con miles de millones de focos de calor y, en vez de atribuirlo a su causa directa y medible en cada dispositivo, achacamos el incremento de temperatura – estimado en poco más de 1ºC  en cien años según el IPCC–   al CO2 antropogénico que es un 0.01% o una parte por 10.000 de la atmósfera. 

Es obligado resaltar que  atribuir esta función al CO2 de origen humano es como pretender pescar con una red de 10,000 metros cuadrados, dos campos de futbol, con solo un metro cuadrado de malla y 9.999 vacíos.

Dado que los datos recientes nos hablan de dos décadas sin calentamiento en los últimos cuarenta años, lo lógico es pensar que quizás estemos ya en un ciclo de enfriamiento hacia una glaciación como la que terminó hace apenas diez o doce mil años  con el mar ciento veinte metros por debajo del nivel actual y toda Europa y América del Norte, hasta la latitud de San Luis, Missouri,  bajo cientos de metros de hielo. Otro de los eventos climáticos de los que no solemos hablar.

Por todo ello y sin necesidad de entrar en polémicas parece urgente revisar a fondo, sin denigrar a los científicos  discrepantes, las bases de las vigentes políticas climáticas en un momento en el cual se vienen tomando decisiones de desmantelamiento industrial y encarecimiento de nuestros productos  que comprometen gravemente el  progreso económico y el pago de la ingente deuda que nos viene sosteniendo los últimos veinte años. Decisiones que el resto del mundo, casi el 85% de la humanidad, ni se plantea imitar.

29/05/23

Llevamos años asistiendo a una hegemonía ideológica, la ideología de género. Sin embargo, en la actualidad, esa idea se ha transformado en algo que determina qué es la ley, y con ello, que las decisiones judiciales deben explicarse por factores ajenos a la ley. Este paradigma se ha hecho más que evidente en las propuestas legislativas del Gobierno de España, que, sin embargo, viene a demostrar la incompatibilidad que existe entre el concepto de género, asentado en la política y la ideología, y el derecho penal que tiene una base objetiva y científica.

En las discusiones sobre ideología y derecho penal, existen los mensajes con altos grados de criminalización de las conductas, a través del instrumento penal; y también existen los de la defensa de la sociedad a través de la neutralización de los criminales más peligrosos. Y en ambos casos suelen venir de quienes sostienen a fuerzas políticas que se benefician de la actual pérdida de sostén de la ideología jurídica estatal para ocupar amplios sectores de recursos políticos que se sirve del orden jurídico para disciplinar y oprimir a los “individuos” invocando la primacía del interés público sobre el privado bajo el pretexto de presentar problemas sociales como criminales, y ser enfrentados por el derecho penal.

Los problemas sociales definidos como “criminales” no pueden ser afrontados, con el instrumento de la represión penal, sino con la transformación de las relaciones sociales inherentes a tales problemas.

Las víctimas son muy a menudo los más débiles, y la única defensa de los débiles es un poder público que de verdad los represente y actúe por ellos. Ahora bien, la metamorfosis se produce cuando los derechos del imputado son devaluados.

Y aparecen así en el curso de la escena de la escena del enjuiciamiento penal no sólo la investigación de los hechos sino lo que se llama el descubrimiento de la verdad para que se haga justicia para victimas excelentes e imputados impopulares por la ideología de género. Una cuestión adicional: el derecho penal de un Estado de derecho sólo distingue entre culpables e inocentes.

Y por ello que lo que corresponde evaluar es si resulta sostenible un modelo que otorga la prioridad al interés de la victima abandonando la prioridad de los derechos del acusado, formando así una ideología penal que ha prestado su atención a las expectativas de las victimas que al castigo de los culpables y todo ello a costa de la una técnica legislativa que no se sostiene.

No hablo de la eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual, que determina que se pasa a considerar que todo acto sexual sin consentimiento se enjuicie como agresión, desapareciendo el abuso, con lo que las penas para las conductas más leves se han reducido y las penas para las conductas más graves han aumentado. Sin embargo, todos aquellos que fueron condenados con la pena mínima o máxima conforme a la antigua normativa conforme a la actual regulación penal, están viendo cómo se revisan sus condenas.

En línea con lo dicho anteriormente, lo que se viene a destacar ahora es que el Código Penal vigente antes de la entrada en vigor de la llamada ley del “solo sí es sí”, ya se asentaba sobre la idea de consentimiento, aunque no incluya una definición del concepto, y consideraba punible todo acto de carácter sexual realizado sin el libre consentimiento, sea en la forma de agresión o en la de abuso sexual, bien porque no exista o bien porque estuviera viciado.

Sin embargo, con la definición de cuando no existe consentimiento, se olvida que el problema del consentimiento no es cuestión conceptual (qué deba entenderse por consentimiento) sino probatoria (cuándo existe o no consentimiento) y que las eventuales dificultades procesales de acreditar la ausencia de consentimiento no pueden trasladarse al ámbito de la tipicidad, mediante la incorporación de una definición normativa de un elemento típico.

Esa definición determina un aparente desplazamiento de la carga probatoria, pues parece configurar un elemento negativo del tipo cuyas distintas notas características (manifestación libre, actos exteriores, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) deberían ser probadas por la defensa para excluir la tipicidad. De esta forma, se están alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia.

Y el grave problema es que la reacción de los hegemónicos de la ideología de género, ante evidentes deficiencias técnicas de la ley y sus consecuencias, se queda en el insulto y la descalificación, calificando a quienes así lo manifiestan con criterio jurídico, de «machistas» e «insensibles».

Toda ideología radical tiende a exagerar el fracaso del sistema de valores del status quo social, y no es preciso insistir sobre el hecho de hasta qué punto la ideología de género está formulada por ideas falseadas que al simplificar situaciones de naturaleza compleja lo único que pretende es hacer posible un cambio social indeseable.

Con Alta traición, el ex-agente del CNI, Jaime Rocha, cierra la trilogía que comenzó en 2020 con el best seller Operación El Dorado Canyon (Medalla de Oro a la mejor novela histórica en los International Latino Book Awards de Estados Unidos).

https://youtu.be/J9PM2nLODSU

Hay palabras que se “ensucian” o se “encumbra” según su uso. Esto ocurre con la palabra política. Debería ser una palabra honorable: gobernar la sociedad, gestionar lo público, lograr el bien común, hacer posible lo imposible, estar al servicio de la gente. Desgraciadamente, el interés particular de una persona, una ideología o un partido han manchado la política.

En el barómetro del CIS de enero de 2023 y, con todas las prevenciones sobre un estudio que otorga al PSOE los mejores resultados en contra del resto de las encuestas publicadas, se pregunta ¿Cuál es el principal problema que existe actualmente en España?. Después de “la crisis económica”(19,9); “Los problemas políticos en general” ocupan la segunda posición como primer problema (15,2%) pero, si computamos los otros problemas relacionados con la política: “El mal comportamiento de los/​as políticos/​as”; “El Gobierno y partidos o políticos/​as concretos/​as”; “Lo que hacen los partidos políticos”; “La corrupción y el fraude“; “Situación e inestabilidad política”; “El funcionamiento de la democracia” y “La falta de confianza en los/​las políticos/​as y las instituciones” el porcentaje llega hasta el 42,3%. La política es el primero de los problemas, por encima de los problemas económicos (33,6%). En España nos inquieta la política porque está funcionando mal. Cuatro de cada diez ciudadanos consideran que la política es el principal problema. Y esto es grave, cuando además la política ha contaminado al resto de los poderes e instituciones que deben mantener el equilibrio del poder. Los políticos están más preocupados en ganar las próximas elecciones que en gestionar correctamente lo público. Para ello no dudan de introducirse en los contrapoderes tradicionales: el poder judicial y los medios de comunicación.

En la Justicia, tanto la ordinaria, como la constitucional, nombrando a sus peones. Resulta escandaloso escuchar a un político del partido del gobierno argumentar que, si hay mayoría en el Congreso, lo normal es que esa mayoría se traslade otros órganos públicos e instituciones: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Agencia Española de Protección de Datos, RTVE… incluso alardeando de generosidad cuando su partido cede algún puesto a partidos con menor representación ‑a Unidas Podemos. Este asunto de las cuotas políticas para los fieles a costa de personas independientes, con mérito y capacidad, merecería una reflexión más profunda.

La política contamina la comunicación mediante el dinero y los fieles que gestionan quien aparece en los medios y cómo, con una estrategia de comunicación diseñada por carísimos consultores que según convenga incita al enfrentamiento o ignora al rival, que coloca en portadas asuntos nimios que tapan informaciones trascendentes, que consigue que los ministros ocupen minutos y minutos de telediario, que se desilusione sobre los rivales a los que tachan de extremistas o de lo que sea. Se reiteran mensajes como que la oposición incumple la constitución porque hay retraso en la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Por cierto, ¿saben ustedes que hay una plaza en el constitucional que está vacante y que el Senado debería de nombrar a un nuevo magistrado desde hace meses?. Como en teoría esa plaza le correspondía proponerla al PP, pues no se nombra. ¿quién incumple la Constitución?

Ya nos estamos acostumbrado a la ocupación del estado por parte de la política. La victoria electoral tiene no solo réditos económicos y control de las cuentas públicas. Hay otro botín electoral: los puestos a ocupar por los fieles y afiliados, como cargos y asesores o la promoción de los “nuestros” en las administraciones. Se ha dado el caso que esos cargos de confianza (enchufados) contribuyen a las arcas del partido gracias a sus donaciones que salen de sus salarios públicos. No llegaremos a la situación de los cesantes del siglo XIX, que Benito Pérez Galdós nos cita en sus Episodios Nacionales y narra más detenidamente en Miau. Personajes que cesaban en su cargo público al cambiar el partido en el gobierno. Lo cierto es que hay un grupo de personas que ligan su destino social y económico a un partido político. Ya no digamos de aquellos amigos del presidente de gobierno que son colocados como altos cargos en empresas públicas y privadas que manejan recursos financieros y humanos muy importantes, digamos Correos, Renfe, Paradores Nacionales, Enresa, SEPI, Tragsa, Turespaña, Navantia, Enusa, REE, OCDE… Alguien podría exagerar diciendo que “son capaces de matar por no perder su estatus”. Desde esos puestos se crean “hooligans”, fieles, no por convicción o por reflexión, sino por estómago. Y las ubres públicas son muy abundantes para pagar a los propios y para comprar voluntades, a veces de forma directa, otras por vericuetos inconfesables.

Los partidos políticos deberían ser los mediadores entre la sociedad y las instituciones estatales, autonómicas o locales, pero no es así. El proceso es el inverso: un partido político ocupa una institución pública y, desde ella, realiza actividades normativas, ejecutivas y comunicativas cuyo objetivo es crear una opinión pública favorable al propio partido. La sociedad no es la fuente de inspiración de la política, es el objetivo por conquistar.

Y lo peor de todo esto es que cuando la gente mira a la oposición musita: son políticos, más de lo mismo. Esto ocurre porque la desconfianza ha anidado en los españoles. Recuerden, cuatro de cada diez considera que el primer problema de España se encuentra en la política. Es una pena que pensemos que la política sea penosa. No debería serlo, debemos reivindicar la gestión de aquellos que tienen mejores méritos y capacidad. Y, “haberlos, los hay”.

Por: José A. Hernández Echevarría

La región de América Latina y el Caribe, tiene diversos temas para analizar dentro de su compleja realidad. Aunque a primera vista, esta zona constituida por 20 países iberoamericanos, más Haití y otros estados caribeños, es quizás la región más homogénea del planeta por su historia e idiosincrasia comunes, tiene características muy específicas en cada uno de los territorios que la conforman. Varias temáticas se podrían abordar sobre su actualidad regional: la fuerte desigualdad económica entre sus habitantes, el acceso universal y de calidad a la salud y la educación, el impacto del crimen organizado y el narcotráfico, sus estancados mecanismos de integración regional, su posición en la economía mundial en las próximas décadas, el fracaso de su modelo económico de exportación de materias primas, los flujos migratorios dentro de la región, la innovación y el emprendimiento tecnológico, o incluso, el reciente impacto de la pandemia del COVID. En este caso, prefiero referirme específicamente al tema de su calidad democrática. Para muchos entre los que me incluyo, el principal desafío que presenta la región es de carácter político, que determina de una forma u otra, en el resto las dinámicas nacionales.

El desarrollo y la prosperidad económica de un país depende en gran medida de su estabilidad política, y de que existan estructuras institucionales y jurídicas que armonicen la convivencia social y garanticen, en libertad y democracia, el progreso económico. En este sentido es innegable dentro de un Estado, el rol de una buena gobernanza que se refleja en la calidad democrática, en la confianza en las instituciones, y en el respeto de las libertades y los derechos humanos. Este asunto continúa representando una tarea pendiente en gran parte de los países latinoamericanos. Según The Economist y su Índice Global de Democracia, solo en Uruguay y Costa Rica hay garantías democráticas plenas. Quizás en este selecto grupo podría incluirse Chile, aunque ha visto mermada su estabilidad política desde las protestas sociales de 2019 y el fracasado proceso constituyente de 2022.

El retroceso democrático en Latinoamérica resulta particularmente alarmante, en momentos donde los principales fundamentos de la democracia son cuestionados por no pocas fuerzas políticas en Occidente. Pero la actualidad de estas cuestiones es mucho más compleja ya que la democracia en la región nunca ha estado consolidada. Por el contrario, en casi todos los países latinoamericanos ha estado expuesta a persistentes presiones. El siglo XX fue particularmente convulso en lo político, con rupturas institucionales y violencia generalizada desde ambos lados del espectro, derivando en golpes de Estado, grupos guerrilleros, y guerras civiles. Aun así, si a comienzos del siglo XXI solo existía la excepcionalidad de la dictadura cubana, en la actualidad se han añadido los regímenes autoritarios de Nicaragua y Venezuela, con una deriva totalitaria muy inspirada en el régimen de Castro. A estos se le adiciona el siempre inestable Haití, como los países con los déficits democráticos más notables en el área.

El resto de los estados se clasifican como democracias defectuosas o híbridas, con un peligroso índice de degradación en los últimos años en países como: El Salvador, Bolivia, México, o Perú. El cambio de época que muchos académicos vienen anunciando, resulta impostergable en momentos donde la región continúa sin encontrar soluciones a largo plazo a sus problemas estructurales. Un verdadero nudo gordiano que lejos de resolverse, eterniza la condena a millones de latinoamericanos a la pobreza y a la exclusión. El éxodo masivo ha sido una recurrente salida para muchos, tanto dentro de los propios países (zonas rurales a zonas urbanas) como hacia países más desarrollados, principalmente los Estados Unidos. En este punto, la migración en Venezuela, Cuba, Haití o los países de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) resulta muy alarmante por su elevado número de migrantes y su impacto demográfico sostenido en el tiempo.

Más allá de la clasificación de las fuerzas políticas latinoamericanas en derechas o izquierdas, es evidente que existe un hartazgo de la ciudadanía hacia las formas tradicionales de hacer política. Es un asunto que trasciende ya las ideologías, ante la permanente corrupción política y la incapacidad de los gobernantes de una tendencia u otra, de resolver los graves problemas económicos y sociales. Dificultades que se agravaron con el impacto de la pandemia del COVID-19 y con la profundización de la brecha económica con los países más desarrollados, en un mundo que avanza a pasos exponenciales.

En respuesta a lo anteriormente descrito, desde 2019 se ha venido generando una ola de protestas ciudadanas sin precedentes en la región. Este fenómeno se encuentra presente en casi todos los países, y resalta por la similitud de las reivindicaciones. En la última década ocurrió una avalancha de alternancias políticas en todos los países donde se efectuaron procesos electorales democráticos. La única excepción fue Paraguay, donde el oficialismo mantuvo la presidencia en la figura de Mario Abdo Benítez. Aunque se puede constatar la consolidación de varios gobiernos de “izquierdas” en la región desde 2018, son muy bajas las expectativas de soluciones reales con el programa político que estos plantean a sus problemáticas nacionales. Pero más allá de estas corrientes, sin un marco institucional adecuado, será complejo enfrentar los desafíos económicos de cada país.

Se debe señalar en este asunto de la calidad democrática como han surgido en toda la región estructuras de administración estatal altamente ineficientes a pesar del excesivo número de funcionarios que la integran. La polarización política ha llevado a visualizarse con frecuencia al Estado tanto como la causa o la solución de todos los problemas, en dependencia de la vertiente ideológica que se defienda. Pero el modelo institucional ha fallado a millones de latinoamericanos que viven en la escasez y el hambre. Ha sido incapaz de favorecer un marco público de generación de empleo y riquezas a pesar del gigantesco tamaño de las administraciones estatales en naciones como Argentina o México.

En la actualidad, estas instituciones democráticas se han visto cada vez más debilitadas por algunas fuerzas políticas dirigidas por nuevos líderes que oportunamente, se aprovechan de este contexto que persiste. Desde la independencia, hace más de dos siglos, la apuestas por mesías políticos que “salven” la deriva del país, ha sido un elemento recurrente en los países latinoamericanos. Y los siglos XIX y XX demostraron con demasiada elocuencia, hacia dónde conducen estos procesos. A esta situación se adiciona el desempeño de ciertas élites económicas que, hundidas en sus privilegios, se han alejado de las mayorías sociales. Lejos de facilitar la consolidación de una clase media y de un ente público profundamente democrático, han mantenido estructuras de exclusión heredadas de siglos anteriores.

La movilidad social y la meritocracia, que se asentaron en la Europa de la segunda mitad siglo XX, y que representa uno de los postulados básicos del “American dream”, en la región latinoamericana constituyen una dolorosa utopía. Esto ha allanado el camino a la aparición de populismos y caudillos que se presentan como solución por encima del Estado de Derecho y de las instituciones democráticas. Desde Hugo Chávez, a Andrés Manuel López Obrador, Nayib Bukele, Evo Morales, o Jair Bolsonaro, por citar algunos, que reciclan viejos paradigmas del pasado siglo representados en Fidel Castro, Juan Domingo Perón, Alberto Fujimori, Getulio Vargas, Anastasio Somoza, y un largo etcétera.

Se tiene además que mencionar en este tema, el negativo papel que ciertos conglomerados extranjeros han desempeñado en los conflictos económicos de la región y especialmente, la influencia que durante el siglo pasado ejerció Estados Unidos en muchos gobiernos. Por otra parte, no se puede dejar de referirnos dentro de estos elementos de la calidad democrática en Latinoamérica, a la corrupción política, y como ha permeado en el sector público. Incluso se ha arraigado fuertemente en la cultura popular latinoamericana. En países como Venezuela, Colombia o México, alcanza niveles dramáticos, aunque de forma general se encuentra presente en toda la región. La corrupción no solo contribuye a debilitar la institucionalidad y la buena gobernanza en estos países, sino que, sin servidores públicos con integridad, poco se puede avanzar en la solución de las demandas ciudadanas por muy bien que se encuentren planteadas. Sus nefastos efectos también llegan al poder judicial y, de manera muy preocupante, a la esfera electoral.  Esto provoca que se acentúe la desconfianza en el sistema democrático, y que se acelere la aparición de fuerzas políticas y líderes que planteen a la ciudadanía soluciones más rupturistas.

Por otra parte, la violencia no ha desaparecido del escenario público latinoamericano. Si este punto marcó sensiblemente el pasado siglo, en la actualidad continúa siendo frecuente en la región las persecuciones, las amenazas, e incluso el asesinato de líderes sociales, así como la presencia de presos políticos que deterioran sensiblemente la calidad democrática. Lejos de ser la violencia política un asunto del pasado es una realidad patente. Aún queda mucho por avanzar en el reconocimiento de la diversidad política desde estructuras de convivencia pacíficas y democráticas. Se pudiera resaltar positivamente que esta violencia política es cada vez más rechazada en la región. El planteamiento de vías electorales para acceder al poder, son afortunadamente, una realidad en Latinoamérica, cada vez más distanciada de los viejos métodos “revolucionarios” o “golpistas”. Quizás el ejemplo más icónico lo tenemos ahora con el exguerrillero Gustavo Petro, electo democráticamente en agosto pasado como Presidente de Colombia.

En el actual contexto regional se requiere entonces de una sociedad civil empoderada y consciente, defensora de sus derechos, y dispuesta a fortalecer la institucionalidad del país como base de una sólida democracia. Y es precisamente, lo que más falta en la región, donde una ciudadanía desencantada reclama nuevas formas de participación. Para afrontar esta realidad, se necesita además fortalecer el servicio público con personas preparadas en lo profesional e íntegras en lo moral. Las instituciones sin buenos servidores públicos son meras carcasas decorativas.

Por otra parte, urge otorgar un mayor protagonismo a las instituciones de poder local, desde lo ejecutivo y lo legislativo, desarraigando métodos de gobierno fuertemente presidencialistas que son la norma en la zona. Añadir a los espacios de representación política a toda la sociedad en su complejidad y heterogeneidad, priorizando a los segmentos históricamente marginados. Sin desatender la creación de espacios de atracción de la inversión internacional, de emprendimientos económicos a todas las escalas, y libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas dentro de cada país.

La irrupción cada vez mayor de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones pueden resultar una eficaz herramienta de empoderamiento cívico, de transparencia pública, y de fortalecimiento institucional. Todo esto, sin descuidar el potenciamiento de los mecanismos de integración regional que acerquen a estos países desde lo económico, lo político, y lo social. Buscando generar los consensos democráticos que aseguren la mejora de la calidad democrática, y desterrar viejos paradigmas que impiden el avance hacia estados más democráticos e inclusivos.

En este empeño, las nuevas generaciones de latinoamericanos juegan un rol determinante en la ruptura con lo negativo, y en la consolidación de nuevas formas de gobernanza. Se necesita en este punto, el compromiso leal de todas las fuerzas políticas presentes en cada uno de los países de la región. Constituye una tarea inaplazable dotar a los estados latinoamericanos de mecanismos constitucionales que aseguren la democracia, la alternancia política pacífica, y que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos para todos los ciudadanos.