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Pendiente.
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Enero
El poder político reside en todos hombres y mujeres de la Comunidad Política, en todos nosotros. La soberanía del pueblo no es una frase ingeniosa que sirve para que los políticos nos impongan lo que les de la gana, el pueblo es la roca del edificio y en democracia transferimos el uso del poder, el mero uso, a nuestros representantes, pero siempre la autoridad del pueblo es mayor que la del gobernante. Es también un hecho que para convivir pacífica y civilizadamente necesitamos unas reglas éticas y jurídicas comunes, válidas para todos, y el único camino por el que podemos acordar tales normas es el diálogo sincero y abierto entre todos, todos personas libres e iguales que buscan la verdad sin imposición dogmática de la de cada cual a los demás.
Frente a esta realidad nos topamos hoy con un política dogmática e intolerante que quiere imponernos a todos sus verdades, sin diálogo alguno con los que piensan de forma diferente. Pretende imponernos a todos su parcial visión de la vida materialista y amoral, utilizando para ello el Estado y unas leyes positivas que se aprueban sin siquiera escuchar a quienes piensan de forma diferente (ejemplo de ello son las recientes leyes sobre educación y eutanasia). Como en otras épocas quienes tienen el mero uso del poder reprimen religiones que no sean la suya, negando legitimidad para dar públicamente sus argumentos a quienes creen en Dios. Así el laicismo se convierte en caldo de cultivo del totalitarismo.
Pero no nos callarán, todos tenemos derecho a intervenir y hacernos valer en la búsqueda de una ética común correcta y de leyes justas que preserven la vida, la libertad y los bienes de todos. También los cristianos. Más aún, la participación del creyente en Dios en el proceso de formación de las decisiones publico-políticas no sólo es legítima, es incluso necesaria. Es legítima porque en democracia ninguna voz debe quedar excluida del debate público siempre que se inserte en un discurso racional, todas proceden de personas depositarias del poder político originario y por tanto todas están legitimadas para hablar. Es necesaria porque propugna y promueve un orden político justo, equilibrado y humano que ha sustentado nuestras sociedades europeas cientos de años. No caigamos, por tanto, en la trampa saducea de distinguir entre una ética publica que nos impone el poder y otra para uso privado de cada cual, Si admitimos eso el César se queda con todo, ya que se erige en fuente inapelable de la moral y las leyes. No, no, apelemos al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, e intervengamos por derecho y sin complejos en ese diálogo entre personas libres e iguales del que surgen las normas que regulan nuestra convivencia.
No nos callaran, ni ahora ni nunca. Nos fijamos hoy en esta agresión laicista, pero seguiremos denunciando las imposiciones que sufra el pueblo español en lo sucesivo.
La laicidad, “religión de la esclavitud”
José Ramón Recuero Astray
Autor de La Cuestión Política (Aranzadi)
Instituto de Estudios de la Democracia CEU
El ministro de Cultura don José Manuel Rodríguez Uribes ha publicado en el diario digital El Español, el día 11 de enero de 2021, una carta que ha remitido como secretario de laicidad de su partido con el título La laicidad, “religión de la libertad”. Dado lo controvertido del asunto, y que ha hecho público tal escrito destacando su posición como ministro de Cultura, tras agradecerle la claridad con que expone sus ideas yo quiero transmitirle también públicamente las mías. Son fruto de muchas lecturas, reflexiones, conversaciones y vivencias, y sobre todo de mi preocupación por mejorar nuestro querido país.
Usted, señor ministro, califica en el mismo título de su carta la laicidad como una religión, y hace bien, pues es eso, una religión, una y otra vez nos lo aseguran sus apologistas como Hume, Kant, Compte, Schopenhauer y, sobre todo, Rousseau: su famoso libro El contrato social termina con un capítulo titulado De la religión civil. Ahí está todo, desde una profesión de fe puramente civil hasta los dogmas del laicismo, esos dogmas que según él fija el soberano y que los revolucionarios franceses pretendieron imponer a todos mediante la guillotina. A continuación escribe usted que «la laicidad es, en efecto la “religión de la libertad”», de manera que, escribe también, «la política de laicidad es indispensable para la democracia» y el Estado Laico es el único que hace posible la libertad y la autonomía moral. Eso dice. Usted propugna públicamente una religión para el Estado. ¿Es esto constitucional a la vista del artículo 16.3 de nuestra Constitución, que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal? ¿Lo es a la vista de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la neutralidad del Estado en materia religiosa y moral? Francamente, y lo digo con pena y todo respeto, nunca pensé que un ministro de nuestra España democrática se atreviese a defender y promover una política basada en una concreta religión, con la intención además de imponer esa fe civil a todos mediante las leyes. Su propuesta me trae a la memoria a Franco y al Fuero de los Españoles, que calificó una determinada religión, en este caso la católica, como oficial del Estado. La diferencia es que ahora hablamos de la suya y de un Estado Confesionalmente Laico, que pretende erigirse como tal bien por la vía de la mutación constitucional (una más), bien y simplemente mediante hechos consumados (otra vez).
Lo peor es que esta religión laica es intolerante además, tal como la diseñaron Morelly, Proudhon, Marx, Feuerbach y tantos otros, simplemente porque consideran que es la única religión verdadera. Esto Nietzsche lo dice a las claras cuando proclama que su nihilismo laico tiene valor de verdad. De esta suerte, desgracia para muchos, el laicismo cae precisamente en aquello que según usted, señor ministro, pretende sanar, eso que al inicio de su escrito llama «monismo de valores, pretensión de verdad única o superioridad moral». Y de esta forma el laicismo deviene en lo que usted mismo escribe: «fanatismo, dogmatismo y ausencia de libertad». Lamentablemente en muchos momentos de la historia los gobernantes han intentado imponer a todos su religión, la única verdadera para ellos, lo que tampoco imaginaba yo es que ahora eso lo hicieran los partidos políticos. Estos se han convertido en facciones que tras unas elecciones que son como las saturnales romanas (en las que los señores jugaban a servir a sus siervos), utilizan los votos que han obtenido como si fuesen de su propiedad. Y así el partido o la coalición de partidos que resulta dominante tras las intrigas, cesiones y trapicheos post- electorales ocupa todos los centros de poder, todos, sin división de poderes (salvo en cierto modo, de momento, la judicatura), se convierte en el soberano en cuyos despachos y no en el Parlamento se manda y se toman las decisiones, manejando a su antojo una voluntad popular que se identifica con la de sus dirigentes. Y la utilizan a discreción pretendiendo imponernos a todos su visión parcial de la vida, bien claro lo proclaman los dirigentes de los partidos, ejemplo palmario de ello es la carta del señor ministro de Cultura que estoy comentando, carta que sigue la hoja de ruta marcada por el Libro blanco de la laicidad de 2007. La verdad es algo muy serio, el Estado (o quienes lo manejan) no se identifican con ella, a pesar de lo que haya dicho Hegel.
¿Cuál es la visión de la vida que nos quieren imponer ahora? El ministro lo dice claramente cuando escribe que «el ser humano es el centro del mundo y está centrado en el mundo, un antropocentrismo que empieza a defenderse a partir de 1492 y que forma parte esencial de los fundamentos filosóficos de la laicidad». La verdad es que no entiendo la referencia a esa fecha tan señalada, no creo que el antropocentrismo tenga nada que ver con el descubrimiento, ni con Luis Vives, que nació en 1492 y amaba a Cristo más que a su propia persona. Dejando esto aparte, la cuestión que se nos propone es simple: creer que el hombre de carne y hueso es dios… nada menos. Eso significa exactamente la palabra «antropocentrismo». Hay que reconocer que el culto al hombre es muy antiguo, comenzó con nuestros primeros padres, a los que la serpiente engañó prometiéndoles que serían como dioses conocedores del bien y del mal; siguió con los sofistas y los epicúreos; creció con el culto a la humanidad de Comte; aumentó con el materialismo contemplativo de Feuerbach —que repetía una y otra vez: «el hombre es dios para el hombre»—, el materialismo dialéctico de Marx y Engels y el absoluto de Nietzsche; y llega a nuestros días en forma de antropoteismo, como pone de manifiesto uno de los libros más vendidos actualmente, me refiero a Homo Deus de Harari, un profesor de historia de Jerusalén. Es el nuevo credo. Absurdo. Las cosas no son así, señor ministro, ni usted, ni el lector, ni yo somos dios, no somos el ombligo del mundo, y eso por multitud de razones. El propio Harari reconoce que el homo sapiens ha perdido el control, es un dios autodestruido por los algoritmos y los ordenadores; y basta mirarnos a nosotros mismos, que con frecuencia lo embarullamos todo y somos una mezcla de racionalidad y necedad, Erasmo lo explica muy bien en su Elogio de la locura. Somos lo más noble y digno que hay en la tierra, pero no somos dios. Esto es un hecho empírico. Y si nos centramos en la política, que es lo que ahora nos interesa, eso que usted afirma ahora es muy, muy peligroso, todos hemos visto una y otra vez lo que ha traído endiosar al hombre (y con ello a la oligarquía dominante): tiranía y guerra. Desaparecidos de la escena pública un Dios transcendente y la ley natural, el hombre es un dios que hace lo que le da la gana, su única ley es su voluntad, Nietzsche lo explicó muy bien antes de pasar diez años en el manicomio. Y dado que, como es lógico, esta religión civil del laicismo se refleja en nuestra vida social y política, el resultado es claro: un hombre que ha dado la espalda a Dios asume por su cuenta el gobierno del mundo, y así el poder se convierte en el dios de tal mundo. Es decir, el Estado se convierte en un dios social, un Leviatán, un Estado-dios que, a imagen y semejanza del hombre-dios, también hace lo que le da la gana, su única guía es su voluntad, a la que eufemísticamente llama voluntad popular. Sin nada que limite al Estado, sin leyes naturales que observar, los que mandan tienen plenitud de potestad y mangonean todo lo nuestro, nuestras vidas, nuestras libertades y nuestros bienes. Lo cual es una faena pavorosa a la que Ortega llamó politicismo integral: prohibido todo aparte, nada de tener opiniones propias, nada de discrepar, estamos encerrados en la cárcel del pensamiento único y Leviatán (el Estado) nos ordena lo que debemos hacer, decir, y en ocasiones hasta pensar. Así funcionaron el socialismo científico de Stalin y el nacional socialismo de Hitler, quienes gobernaron a modo de dioses en la tierra, destrozando lo más humano en nombre de nuestra liberación. Y sobre esta misma base antropoteista ahora los partidarios del socialismo democrático quieren hacer ingeniería social con todos nosotros, «hacer pedagogía» dice el ministro en su escrito, y ello desde la más tierna infancia (véase la reciente reforma educativa), también supuestamente para liberarnos de mitos y supersticiones. Pero el hecho es que la estupenda (y supuesta) gran libertad individual que nos promete el laicismo, lleva necesariamente a una férrea (y real) sujeción social.
Yo amo profundamente la libertad, la suya, la mía y la de todos. Por eso me gusta pensar y decidir por mí mismo. Usted afirma en su carta, señor ministro, que lo que define a la laicidad es «el reconocimiento a todos los seres humanos de la capacidad de pensar (sapere aude) y de decidir por sí mismos, sin andaderas ni paternalismos injustificados»: por eso precisamente le ruego, por favor, le suplico, que no intente hacerme libre imponiéndome su idea de mi libertad. La libertad es lo más preciado e íntimo que tenemos, después de la vida, el don más sagrado que reside en lo más profundo de nosotros mismos, de nuestra alma. ¿Qué quiere, establecer un Ministerio de las Almas como en otro tiempo se implantó en Francia? ¡Por favor, no me libere!, déjeme como estoy. No me ponga andaderas ni sea paternalista, recuerde que para el ilustrado Kant (al que me encanta leer), el Kant que proclamó sapere aude, el Estado paternalista que trata a los ciudadanos como niños es el más despótico de todos ya que comunidad política no supone comunidad ética, nadie puede pretender hacerme feliz contra mi voluntad sin cometer una injusticia para conmigo. Eso dice Kant, y dice bien. Ciertamente usted dice en su papel que «la libertad no admite injerencias injustificadas del Estado», pero igualmente afirma que, dado que la laicidad es la única religión posible en democracia, sólo deben gobernar «unas leyes necesariamente civiles». Es decir, las suyas. En el Estado Laico ya no hay una moral que limite al poder cuando dicta sus leyes, ni siquiera una consensuada por ciudadanos libres e iguales. ¿No lo ve?, la imposición del relativismo es el caldo de cultivo del totalitarismo: si no hay un orden de exigencias morales al que apelar, el poder se auto-constituye como fuente de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, me impone sus valores (en este caso laicos) aunque discrepen de los míos, lo hace utilizando un positivismo jurídico que es cementerio de la libertad. Esas leyes que usted y sus compañeros disparan a discreción basadas en un antropoteismo en el que yo no creo, limitan cada vez más y más mi libertad y la de muchos ciudadanos, olvidando que como señaló Montesquieu las leyes deben adaptarse a la naturaleza de las cosas y no al capricho del legislador. Un mundo en el que los que mandan tienen que crear la justicia por sí mismos es un mundo sin esperanza: nadie puede garantizar que el poder no siga disponiendo de todo lo nuestro, empezando por nuestra libertad.
Sé lo que me replica, lo dice en su carta: hay que «asumir sin confusiones ni reduccionismos la moderna separación entre Ética pública y Ética privada, entre Política y Religión, entre Derecho y Moral. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Si cumpliera esta propuesta dejaría fuera de la política la laicidad, que según vimos es una religión. Dejando aparte esta incongruencia, lo malo es cuando el César se queda con todo. Lo hace cuando se convierte en única fuente de moral para todos. A esta propuesta de separación entre Ética pública y Ética privada se me ocurre contestar lo mismo que Hamann contestó a Kant: la distinción entre el uso público y el uso privado de la propia razón (y de la ética), es tan cómica como la de Flögel entre lo digno de risa y lo risible. ¿Para qué me sirve el traje de fiesta de la libertad de conciencia y la autonomía, si en público tengo que llevar el delantal de la esclavitud y la heteronomía? La voluntad del Estado plasmada en sus leyes no es origen de la moral. El propio Cicerón, al que usted cita como antecesor de la laicidad (sic), dijo, y lo creía, que la ley moral que rige el mundo procede de la Razón de Dios, jamás se le pasó por la imaginación que su república pudiera estar gobernada por el capricho de cónsules, senado y pueblo, me remito a su diálogo sobre la naturaleza de los dioses, donde se aprecia su vena estoica. De manera que libertad y ley moral se necesitan mutuamente, son como dos caras de una moneda, esto lo ha mostrado muy bien Kant en su Crítica de la razón práctica. Hay otro hecho empíricamente verificable: la historia nos muestra que los Estados que han sido auténticamente democráticos y han progresado en paz y libertad han sido aquellos que han llevado a cabo una política contando con Dios, la ley moral y la libertad religiosa. Recogeré algunos ejemplos: la Ley Celeste era la guía de los romanos según constató Cicerón, Polibio llegó a decir que lo que sostuvo e hizo grande la república fue una cosa que entre los demás pueblos ha sido objeto de mofa: la religión. Vitoria, Mariana y Suárez tenían una concepción democrática del poder porque lo basaban en la ley moral procedente de Dios, si no existiera, escribió el gran demócrata Mariana, ¿qué fuerza tendrían los contratos, las promesas, las relaciones entre los hombres? Nadie negará que la Constitución de Inglaterra asentó la democracia real, y esta Constitución tan democrática estaba fundamentada en Dios y su ley natural, desde su mismo comienzo, Locke, Blackstone, Burke y Smith lo han dicho claramente, Locke llegó a asegurar que prescindir de Dios aunque sea sólo en el pensamiento lo disuelve todo (el Parlamento inglés, cuna de los modernos parlamentos democráticos, no se consideraba constituido hasta que se habían rezado unas oraciones: artículo 128, antiguo 107, del reglamento de la Cámara de los Comunes). También los colonos norteamericanos apelaron contra los abusos del poder ante el Dios de los Cielos, Juez Supremo del Mundo según ellos, protector de sus derechos y libertades naturales. Y en base a ello aprobaron una Constitución, la de los Estados Unidos, que ¿no es democrática? Creo que sí, que lo es, Jefferson la redactó para impedir la tiranía del poder asentando la democracia en las leyes establecidas en la naturaleza. Y, en fin, la famosa y admirada Constitución de Cádiz comienza su Preámbulo diciendo: «En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la sociedad…». Acaso por todo esto Gustavo Bueno, partidario del materialismo filosófico, escribe en su libro La fe del ateo lo siguiente: «El Estado sí necesita tener en cuenta a Dios, es decir, al Dios de las religiones positivas, para llevar a cabo sus cálculos políticos. La tesis teórica de un Estado laico o aconfesional, que se declara ignorante de todo componente religioso, es una de tantas ficciones de las constituciones laicas del presente, pero no es una tesis real ni defendible». De manera que sí, señor ministro, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
Sin duda la democracia es la mejor forma de gobierno, dado que por naturaleza el poder político reside en todos los hombres y mujeres de la comunidad, en todos nosotros, los ciudadanos. Quizá por eso Chesterton dijo que la maquinaria del voto es profundamente cristiana, pues es un intento de averiguar la opinión de aquellos que están marginados o son demasiado modestos para darla. La clave, el fundamento de la democracia es contar con todos y cada uno, ese es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Precisamente por esa razón, y en contra de lo que usted escribe, señor ministro, la laicidad no es algo indispensable para la democracia. Al contrario. Pues no se trata de imponer a todos una determinada forma de pensar (por ejemplo, el laicismo), sino de entre todos (sin excluir a nadie, crea en lo que crea) dialogar para llegar a normas éticas y jurídicas comunes que nos permitan convivir en paz, libertad y armonía. Como ve estoy hablando de una democracia real y auténtica, no de un simulacro de democracia en el que la mayoría de los ciudadanos somos meros espectadores de lo que hacen y dicen los dirigentes de los partidos políticos, una oligarquía que ocupa el Estado, concentra todo el poder y somete todo a su capricho. Precisamente para evitarlo, el uso del poder que en una democracia representativa transferimos a nuestros representantes (fíjese bien: transferimos su mero uso, pues siempre la roca, el soberano, el titular del poder es el pueblo) debe ser siempre limitado, y quien abusa de él haciendo lo que le viene en gana se convierte en un tirano, en tiranía democrática si hay democracia (me remito a las Notas sobre Virginia de Jefferson). Y lo que en mayor medida lo limita son las leyes morales, que existen y son la estrella polar de las leyes positivas. No somos ángeles, también en política hay que ocuparse de lo honesto, esto es lo que hace que un Estado sea un auténtico Estado de Derecho, lo explica muy bien Carnelutti en un bello libro titulado El arte del Derecho. Y ya antes había dicho Solón que es mayor crimen falsificar leyes que falsificar moneda.
Yo no quiero imponer a nadie mi religión ni mi moral, pero tampoco quiero que otros me impongan las suyas como si fuesen las únicas verdaderas. Soy totalmente partidario de la libertad, incluida por supuesto la libertad religiosa, que para mí es esencial. Como ve propongo un diálogo sincero y abierto entre todos, entre libres e iguales, para consensuar normas morales y jurídicas comunes. Pues aconfesionalidad no es amoralidad. Y dialogando digo que creo en la vida, en toda vida, y que por eso la defiendo. Digo también que espero y deseo para todos una buena muerte (hay ejemplos admirables), pero rechazo la pena de muerte, y por tanto rechazo que el Estado se dedique a matar a sus ciudadanos. El Estado no puede disponer de la vida de sus miembros, lo ha reiterado el Tribunal Constitucional y es de humanidad y sentido común, aunque el que va a morir o sus familiares se lo pidan (¿y si le piden que le saquen un ojo o le corten una mano?). Pues eso precisamente es lo que hace mediante la eutanasia de la que se afana ahora usted, señor ministro, como si implantarla (sin diálogo previo alguno) fuese un gran logro. Escribe en su carta que la nueva ley sobre la eutanasia «facilitará, con todas la garantías, el ejercicio efectivo de la autonomía moral, de este derecho fundamental». ¿No sabe que la Constitución en su artículo 15 consagra el derecho a la vida, no a la muerte? Morir no es un derecho, es una obligación de todo mortal. Si lo que se quiere decir es que hay derecho a elegir la forma y el momento de la muerte, eso evidentemente es parte de nuestra libertad individual. Cada uno es libre de matarse donde y cuando quiera. Pero si, insistiendo en pedir, lo que se dice es que el Estado, la sociedad, el vecino y el médico deben cooperar para que el titular muera cuando y como quiera, se está confundiendo la libertad individual (querer) con el derecho subjetivo (poder reclamar legalmente algo frente a otro). No todo aquello para lo que somos libres hace nacer un derecho subjetivo, y menos frente al Estado. Y menos aun cuando lo que se pide está mal, no bien, se opone al primer derecho fundamental y subjetivo, que es el derecho a la vida, y contradice el fin de la medicina, que es curar, no eliminar al paciente. ¿No sabe, señor ministro de Cultura, lo que desde hace años sucede en Holanda, ejemplo paradigmático? No se engañe, es otro hecho que en una especie de pendiente resbaladiza la dinámica de matar puede controlarse al comienzo, pero nadie sabe como será el final, pues si se admite que una persona mate a su semejante porque éste lo quiere inevitablemente se acaba asesinando sin el consentimiento de la víctima. Abierta la caja de Pandora la vida ya no tiene valor en sí misma, respetarla es una cuestión de grado (hasta dónde puede respetarse), no de esencia (toda vida es un bien a proteger), y ya se sabe, quien juega con fuego termina quemándose. ¿Es esto progreso? ¿Es respeto a la dignidad humana? Cierro este apartado con una cita de un viejo maestro al que el profesor Peces Barba (que, por cierto, fue profesor mío) invistió doctor honoris causa por la Universidad Carlos III. Me refiero a Norberto Bobbio, quien entrevistado dijo: «me sorprendo de que los laicos dejen a los creyentes el privilegio y el honor de afirmar que no se debe matar». Yo también, también me sorprendo.
Acabo, señor ministro. Todo lo aquí dicho lo digo con la pretensión de buscar lo mejor para nuestro país, por supuesto con todo respeto a sus opiniones. Espero no haberle distraído mucho de sus ocupaciones y no haberle molestado, no era mi intención. Igual que usted deseo que «todos seamos libres en un mundo pacífico, próspero y sostenible». También quiero ser dueño de mí mismo, en lo humanamente posible, sobre la base de una filosofía «abierta, progresista e integradora». Por eso mismo reitero que, por favor, no nos encierre a todos en la cárcel del pensamiento único. No nos quite nuestras utopías alegres y esperanzadoras de libertad, igualdad y gobierno del pueblo, ese que Lincoln diseñó en su discurso de Gettysburg. No nos las quite prometiendo tristes utopías libertarias que son imposibles, pues los hechos muestran que han fracasado estrepitosamente, causando además graves estragos. Esto lo explican muy bien los miembros de la Escuela de Frankfurt Horkheimer y Adorno en su libro Dialéctica de la ilustración, que es un canto fúnebre al laicismo: la ilustración que lo trajo, dicen, se ha autodestruido víctima de sus propios errores, ha hecho trizas los valores que defendía, se ha convertido en mitología totalitaria que aplasta y esclaviza al hombre, y ha desembocado en Auschwitz. Con meridiana claridad escribe Lyotard en su libro La postmodernidad que «el proyecto moderno no ha sido abandonado ni olvidado, sino que ha sido destruido, liquidado». En resumidas cuentas, por favor, no nos imponga una laicidad que más que “religión de la libertad” es “religión de la esclavitud”. Gracias por su atención.
Los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes en trámite parlamentario encierran aspectos preocupantes que amenazan con minar principios básicos de la Constitución. Tales son los referidos a la libertad de enseñanza, el asalto al poder judicial, o los ataques a Madrid por reducir o eliminar impuestos; como el de Patrimonio, inexistentes en la UE. Y hacerlo desde el resentimiento. Cuando el equilibrio institucional es condición sine qua non para el crecimiento y prosperidad de todos. Y cuando siempre en España los incumplimientos constitucionales se han penalizado económica y socialmente, desde la de 1812. Y lo experimentamos dramáticamente –entre otras- al vulnerarse la de 1876, tras 55 años de crecimiento ininterrumpido y convergencia real, recuperando los muchos perdidos del siglo XIX. También al quebrarse la de 1931, con su sangrienta «revolución armada» de 1934 contra la República; la misma que por cierto había cambiado arbitrariamente la bandera de España que no había alterado ni la I República.
Y es que la Constitución cuyo 42 aniversario acabamos de festejar es fundamento básico del nivel de progreso en libertad alcanzado durante estas ya más de cuatro largas décadas. Y que aprobada en referéndum con un 88,54% de votos positivos en el conjunto de España, recibió en Cataluña una aceptación aun mayor del 90,46%, con sólo un 4,61% de noes; que en Madrid fueron del 80 y 9% respectivamente. Y es un intangible de valor económico incalculable que todos debemos preservar.
Desde la perspectiva demócrata norteamericana dijo el exembajador de Obama, Alan Salomont, que España estaba “obligada a construir un relato acorde a sus méritos». Relato que figura en el «Preliminar» de la Constitución de Cádiz donde «nada dexa que desear al que quiera instruirse…las actas (que) …ofrecen a los españoles exemplos vivos de que nuestros mayores tenían grandeza y elevación de miras, … para no confundir jamás en sus peticiones y reclamaciones los intereses de la Nación…/ … La soberanía de la Nación está reconocida y proclamada… Los españoles fueron ya en tiempo de los godos una nación libre e independiente… (luego) en diferentes estados… según las circunstancias en que se hallaron al constituirse reynos separados…y… nuevamente reunidos baxo de una misma Monarquía…». Sería bueno que alguna entidad, aprovechando el aniversario de nuestra actual Constitución, la reeditara incluyendo el pedagógico e ilustrado texto de 1812. En realidad es el 208 aniversario que nos gustaría estar celebrando. Como EEUU la suya desde 1787, a pesar de aprobarse en un contexto esclavista y padres fundadores que también lo eran. Y con más de 200 años de crecimiento ininterrumpido.
Javier Morillas. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad CEU San Pablo.
Editorial
Diciembre
Estamos asistiendo a un proceso en el que, ciertos grupos intentan desmontar el Estado que nos ha permitido, no sólo muchos años de estabilidad institucional, sino un ejemplo de consenso modelo en la historia contemporánea de España.
El acoso y derribo a la Corona, forma parte de toda una estrategia. Las televisiones y demás medios de comunicación manejados por los que dirigen esta operación, hace tiempo que emiten todo tipo de informaciones, ridículas pero efectivas para sus intereses. Al otro lado no se observa ninguna reacción. Parece que no nos damos cuenta de lo que nos estamos jugando. La Monarquía es la piedra angular del Estado democrático, en este momento. Por eso el interés en demolerla.
Don Felipe en su histórico discurso del 3 de octubre de 2017, tras el intento de golpe de Estado por parte de los representantes de éste en el gobierno de Cataluña, tuvo que instar al Gobierno para que pusiera los medios adecuados para una vuelta a la normalidad constitucional. Pero, además fue muy duro con los golpistas tachándoles de desleales por haber utilizado la confianza y medios del Estado, para volverse contra él. Y no sólo en ese momento del golpe, sino en los años que llevan educando en la confrontación con España a generaciones de catalanes.
¿Qué pretenden estos enterradores del orden constitucional?, pues eso llevarnos a un caos en el que se quiebre el mayor periodo de paz de la historia de España. No son demócratas, no creen en las libertades y sólo saben gobernar como pequeños dictadores, sin oposición. Pero una cosa si la saben bien, el poder de la comunicación para asaltar el sistema democrático y gobernar dictatorialmente, como en su momento hizo Hitler.
En estos momentos, la democracia corre un serio peligro en España; y la Corona, repetimos, es la pieza clave que quieren que caiga a toda costa. Porque, interviniendo Felipe VI aquella tarde del 3 de octubre, muchos sentimos una sensación de alivio al oírle. Impresión muy parecida a la que recibimos tras el discurso de don Juan Carlos la noche del 23 de febrero de 1981.
Manuel Sánchez de Diego Fdez. de la Riva
Profesor de Derecho Constitucional UCM
En el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia del CEU hemos trabajado desde una perspectiva general sobre temas como los sistemas políticos, la defensa nacional o la constitución española. Nuestras reflexiones aunque tenemos en cuenta la realidad, no suelen ocuparse de temas de rabiosa actualidad. Sin embargo, en estos días están ocurriendo sucesos importantes, muchas veces ocultos por la situación sanitaria y económica de España.
El Gobierno del Presidente Sánchez y del Vicepresidente Iglesias está desarrollando un actividad política trascendental para el futuro de España que va más allá de la normal en una legislatura: la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la educación con la Ley Celaá, el control de la información con la excusa de las fakes news– ¡por este gobierno que tanto ha mentido y manipulado!-, las subvenciones graciosas a las televisiones generalistas, la ocupación de las administraciones públicas por medio de los asesores, interinos o simplemente fieles que nos cuestan más de 26 millones de euros anuales. Todo ello va configurando las bases de un estado diferente, con una gran carga ideológica. Se trata de unas medidas que van a un futuro a medio plazo en donde por ejemplo la situación de ahogo de la escuela concertada, o el acoso y derribo de la Monarquía determinarán un nuevo marco de convivencia… o de enfrentamiento.
También preocupa que para aprobar los Presupuestos del Estado los apoyos son los tradicionales de los nacionalistas –más o menos moderados- que obtendrán a cambio una parte importante del pastel presupuestario y más competencias: ¿ruptura de la caja de la seguridad social? ¿control de los presos en cárceles vascas? Pero además, en el momento actual, además de las prebendas habituales, se produce el blanqueo del grupo político de ETA, lo cual resulta chocante, cuando un diputado de EH Bildu en el Parlamento vasco y secretario general de Sortu, dice con total claridad que “Nosotros vamos a Madrid a tumbar el régimen»
Todo ello aboca a una situación que puede aumentar la división en la sociedad. Ya pasó con la Ley de Memoria Histórica, pero ahora se está jugando con asuntos nucleares del estado: Educación, Justicia, Jefatura del Estado… por ello creemos que debemos realizar un análisis de esta situación y proponer soluciones.
Editorial
Llevamos unos cuantos días oyendo hablar de la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación (LOMLOE, llamada popularmente “Ley Celaá”) aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre, ahora pendiente de la tramitación en el Senado. Algunos no la han leído hasta hace dos días, como quien dice. Otros llevan años luchando contra esto. Y otros luchando por imponer un sistema educativo autoritario, como el que prevé.
Hoy no podemos callarnos porque no es una ley clara, que vaya “de frente”. En la Exposición de Motivos no justifica, ni siquiera someramente, ni una sola de las medidas concretas. Menos aún las modificaciones introducidas vía enmienda en la Comisión del Congreso. De hecho, hay muchos que dicen que no es cierto que se introduzcan medidas tan importantes, que todo va a seguir prácticamente igual. Por eso hace falta que alguien las resuma.
En España tenemos un sistema de colegios de titularidad pública y de titularidad privada, dentro de estos últimos hay algunos que se acogen al sistema de conciertos garantizado por la Constitución. La red de colegios públicos y privados concertados cumple la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación de acuerdo con el art. 27 CE. La LOE que se modifica preveía que la oferta educativa de las enseñanzas gratuitas tuviera en cuenta la “demanda social”. Si se suprime este apartado, las Administraciones educativas (las CCAA) no habrán de tener en cuenta dicha demanda social. ¿Qué criterio seguirán entonces? ¿Tendremos que estar a la ideología del partido que gobierne en cada momento cada CCAA para saber si un colegio mantiene el concierto?
Pero va mucho más allá. Se crean “áreas de influencia” sobre las que las CCAA programarán la oferta educativa, y en ellas y sólo en ellas, por primera vez en democracia, SÓLO se garantiza la existencia de plazas EN COLEGIOS PÚBLICOS, especialmente en las zonas de nueva población. ¿Qué pasa, que nuestro derecho a escolarizar a nuestros hijos de forma gratuita sólo se garantiza en un cole público? ¿Y sólo en mi zona de influencia? Quizá ni siquiera podamos elegir un cole público fuera de mi zona, puesto que ninguno de los criterios para asignar plazas puede suponer más del 30% de los puntos; ni hermanos o padres que trabajen en el colegio, ni otros miembros de la familia con discapacidad… Solo la proximidad del domicilio. Más aún: literalmente se dice que “las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de los puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”. En el caso de la educación obligatoria, si se incrementan las plazas en los públicos, se minoran en los privados. Blanco y en botella.
El tema de los colegios de educación especial. Ahora mismo los niños y no tan niños con necesidades educativas especiales tienen LIBERTAD para elegir entre un colegio ordinario o de educación especial. Se acabó. La LOMLOE consagra el principio de inclusión; a partir de ahora no decidirán los padres, que simplemente “serán oídos”, sino que se prevé que la Administración educativa sea la que resuelva la discrepancia, teniendo en cuenta “el interés superior del menos y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Los padres, oídos ¿No decidían ellos? Y su voluntad se considera solo si es pro inclusión. Sin mencionar la previsión de que los colegios de educación especial se conviertan en meros centros de referencia para los coles ordinarios de inclusión, salvo excepciones que tampoco se nos especifican.
El artículo 27 de la Constitución garantiza a los niños el acceso a la educación; y a los padres el acceso a que sus hijos reciban una formación de acuerdo con sus propias convicciones. Con esta modificación tendremos menos libertad, no más. Y a cambio más adoctrinamiento ideológico.
Podríamos seguir escribiendo líneas y líneas, decir por ejemplo que los colegios que separen a su alumnado por sexos – opción plenamente válida según el Tribunal Constitucional – no podrán ser concertados; que se podrá tener el título de Bachillerato – no de la ESO, para trabajar o acceder a FP, sino ¡de Bachillerato! – habiendo suspendido alguna asignatura; que a partir de ahora en el Consejo Escolar de cada colegio habrá un representante del Ayuntamiento, como “comisario político”, porque otra cosa no sé qué hará; que los inspectores de educación ya no tendrán que pasar una prueba, sino una “valoración”; que los profesores tendrán menos autoridad, y tantos otros ejemplos…
Todo esto en pleno estado de alarma, en plena pandemia, tramitado con opacidad desde el primer momento, sin ni siquiera guardar las formas y escuchar a los sectores afectados, ni en el Congreso, introduciendo enmiendas importantísimas en Comisión. Y sin explicación ninguna.
Hoy no podemos callarnos. Stop a la Ley Celaa
El pasado 13 de noviembre, D. Nicolás Redondo desarrolló en el Aula Política, una ponencia online con el título «Izquierda, patriotismo y seguridad».
Redondo destacó cómo históricamente el concepto que la izquierda ha tenido de España es condicional a que se desarrollase su propio modelo de país. Siendo traumática su relación con el sistema político cuando no ha sido así.
Abogó por un espacio político moderado y reformista en el que se encuentren los tres partidos de centro: PSOE, PP y Ciudadanos.
Destacó, por último, los esfuerzos que se están realizando en este sentido por parte de la plataforma «La España que reúne».
El pasado miércoles 14 de octubre a las 19:00 horas, el ex ministro de Defensa D. Eduardo Serra Rexach, impartió en el Aula Política y de forma virtual, la ponencia titulada «Seguridad y Defensa».
En el transcurso de la misma, Serra realizó una reflexión sobre la diferenciación de ambos conceptos, señalando que la seguridad abarca un espectro más amplio en el que se encuentra la defensa. Destacó como las amenazas ahora no vienen de un sujeto estatal, como en el caso del terrorismo y señaló como en Europa y especialmente en España, la cultura de la defensa no está precisamente en su mejor momento.
El pasado miércoles 23 de septiembre tuvo lugar a las 19:00 h. la inauguración del curso 2020-2021 en el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia de la mano del General Don Miguel Ángel Ballesteros Martín.
«Los retos de la seguridad nacional» fue el tema que D. Miguel Ángel Ballesteros Martín abordó y que más tarde fue comentado y debatido por el resto de miembros del aula.
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