El 30 de enero de 2021 el periódico El Mundo publicó el siguiente artículo:

Adolfo Suárez dimitió porque había caído desde una gran altura. Era una persona muy inteligente. Tenía una fortísima ambición política; me comentó en una ocasión que solo la de Carrillo era comparable a la suya; años después de haber dejado el Gobierno, Suárez me dijo con orgullo que siempre fichó a personas mejores que él. «Es cierto –le contesté–, éramos mejores que tú en algunos aspectos, pero tú sabías que nos ganabas en voluntad política, en aguante, en visión de la sociedad, en conexión con el pueblo, por eso no te preocupaba; en lo que realmente te interesaba como presidente, eras tú el que tenía la superioridad». Adolfo se sentía seguro de sí mismo, por eso no sentía la necesidad de eliminar a sus colaboradores brillantes.

Era monárquico-juancarlista, por considerarlo bueno para España, y también por gratitud a quien le hizo llegar a la cima. Desde el primer momento trabajó para asegurar el siguiente reinado de Felipe VI; su lealtad con el Rey, sé que le llevaba a no ocultarle lo desagradable.

Tenía un gran sentido de Estado. Para evitar estados de excepción en el País Vasco durante las primeras elecciones, me encargó una negociación con ETA. No juzgó necesario decirme los límites de nuestras cesiones (yo los conocía), pero en cambio sí que me escribió las líneas formales que yo no podría traspasar para salvar la dignidad de las instituciones.

Era un patriota. Al comenzar a redactarse la Constitución en las Cortes, todos los grandes consensos ya se habían logrado, estaban en rodaje (Corona, partidos, sindicatos, sufragio universal, ley electoral, elecciones, Parlamento bicameral, confianza del Congreso, reconciliación, pactos derechos humanos, comunicación libre, renuncia presentación obispos, Consejo Europa, solicitud a la UE, preautonomías….). Y él era su promotor y conseguidor; faltaba reflejarlos en la Carta Magna y siguió pilotándolo mediante instrucciones a los representantes de UCD. La Transición (y la Constitución) fueron su obra. Pero para hacerla perdurable, él quería que apareciera como trabajo de todos; lo hablamos un día, pensamos que una fórmula para lograr ese efecto sería condecorar a los miembros de la ponencia constitucional del Congreso. Yo fui el encargado de ir preguntando uno a uno si aceptaban la distinción (entonces temíamos que alguno lo rechazara). De ahí que no se hable del «padre» de la Constitución, sino de los «padres», marginándolo a él.

Las Fuerzas Armadas no le impidieron hacer nada de lo que proyectaba. Él tenía finura, como de orfebre, para valorar día a día lo que debía plantear sin provocar su salto.

Poseía grandes cualidades para liderar masas; en dos años y medio convocó y ganó dos referéndum, con votaciones impresionantemente positivas a su favor. Y al mismo tiempo tenía un encanto y habilidad especial para seducir y dirigir pequeños grupos. Esta segunda cualidad creo que acabó perjudicándole, porque le resultaba más cómoda. Su éxito pasó a los libros de historia, pero si se me permite la imagen, la Constitución cerraba una etapa divina y teníamos que pasar a lo humano; quizá debería haberse vuelto a casa, pero su ambición, que yo apoyé, le retuvo. Aunque ya le había pedido dejar Presidencia, le razoné que, para que su liderazgo subsistiera, debía hacer como Cánovas, quien fue «centrista» para restaurar la Corona y aprobar la Constitución, pero acto seguido dejó la izquierda a Sagasta y él encarnó la derecha del nuevo Régimen. Otros y yo, también le recordamos que habíamos hecho la Transición con los votos que nos dio el centro derecha y por exigencias del consenso habíamos gobernado mirando mucho hacia la izquierda. Era hora de atender a nuestro electorado. Durante la Transición consentimos la ficción de que la UCD tenía en su seno todo el abanico político del Parlamento alemán, el Bundestag.

Suárez (me o nos) hizo caso. Disolvió las Cortes, convocó elecciones, hizo una campaña que resumió en su discurso final en TV, donde contrapuso el Humanismo Cristiano de UCD al marxismo del PSOE, y, contra muchos pronósticos, volvió a ganar. A continuación formó un gobierno del que eliminó a los hipotéticos sublíderes de aquellas supuestas tendencias de UCD. Comenzó pues esa etapa postconstitucional siendo Cánovas.

Pero poco a poco yo fui viendo desde Educación que volvía a jugar a los pequeños consensos, dentro y fuera de UCD. Le envié desde Educación varios informes críticos, que no consiguieron cambios.

Hizo un giro notable volviendo a la ficción de que el partido UCD era como el Bundestag, y creó una llamada «Comisión Permanente», donde colocó digitalmente a los «sublíderes» de las presuntas tendencias. Yo me levanté en el Comité Ejecutivo negándome a reconocer aquel poder fáctico extra-estatutario. Pero continuó con ellos y, lejos de apaciguarlos, conforme a lo que ya en la antigüedad escribió Tucídides, aquellos «barones» que él designó se crecieron y le reclamaron sumisión en una famosa «casa de la pradera».

Presentó una moción de confianza en mayo de 1980 y nos leyó en el Consejo su discurso de «generalización, uniformización y aceleración» del proceso autonómico, tres principios opuestos a lo que aún sigue expresando la Constitución. Me pronuncié por ello largamente en contra. Así abríamos una «espiral diabólica», pues habíamos justificado las autonomías en la necesidad de respetar los hechos diferenciales, lo cual haría que las regiones «diferentes» vendrían a reclamarnos más para atender su diferencia. En cuanto lo concediéramos deberíamos extenderlo a las demás por el nuevo principio de igualación que creábamos, y así sucesivamente hasta violar la Constitución; pero finalmente, los «diferentes», para satisfacer su ansia distintiva, nos demandarían la separación. Yo era considerado muy autonomista y mi intervención impactó a Suárez, que no me respondió, y me cesó la primera semana tras la vuelta del verano.

Ese Suárez de 1980 me resultaba desconocido. Cambió tres veces de ministros, y presentó dos mociones de confianza al Parlamento. En la segunda, los cesados hubimos de escucharle que había constituido el «mejor de los posibles gobiernos de UCD», lo cual era interpretable como que los destituidos éramos quienes impedíamos la excelencia de su anterior Gobierno. El Suárez con quien yo colaboré siempre habría tachado esa frase en el borrador del discurso que le presentaran, pero ya no era el mismo.

Suárez conoció que no solo había «inquietudes» militares, sino que al Rey le llegaban quejas contra él, de militares y civiles. Consideró que, como a Maura, le «falló el muelle real» y ello, en su situación, le hizo dimitir aquel 29 de enero de 1981.

Aunque dimitió con «grandeza». Nos pidió al comité ejecutivo de UCD que propusiéramos a Leopoldo Calvo Sotelo para sustituirle. Comenzó la sesión a las 17 horas y solo a las dos de la madrugada consiguió nuestra aprobación, tras reiteradas e intensas demandas suyas. Hacia 1990 le pregunté por qué tanto empeño en favor de Leopoldo y me contestó que «sin duda era el mejor». Le repliqué que parecía no darse cuenta de que estaba hablando conmigo, porque a mí siempre me había expresado el bajo concepto político que tenía de Leopoldo. No me lo confesó, pero sin duda propuso a Leopoldo porque suponía que, por su apellido, contaría con apoyo en las Fuerzas Armadas y evitaría el golpe («no quiero que el sistema democrático sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España», dijo por TV al despedirse). Y acertó, pues un factor importante del fracaso del 23-F fue que el militar de mayor prestigio en los cuarteles manifestó aquella tarde donde convenía que no se debía hacer un pronunciamiento militar cuando «un Calvo Sotelo» estaba propuesto para presidente del Gobierno.

José Manuel Otero Novas, Presidente del IED, subsecretario técnico del presidente, ministro de la Presidencia y de Educación.

El pasado 25 de febrero se inauguró en el Casino de Madrid la «Tribuna España Inteligible», que pretende debatir sobre los principales problemas que España se plantea en este momento, reivindicando una España democrática y constitucional.

La inauguración corrió a cargo de nuestro compañero en el Aula Política el letrado del Consejo de Estado Alfredo Dagnino Guerra. Con una excelente conferencia titulada «Monarquía parlamentaria y democracia constitucional: Una fórmula contrastada de éxito», Dagnino defendió la Monarquía como uno de los mejores modelos de gobierno, destacando la importancia de don Juan Carlos I y don Felipe IV en el régimen constitucional que nos ha permitido gozar de uno de los periodos más largos de paz y estabilidad constitucional.

El acto fue apadrinado por doña Ana Pastor, don Marelino Oreja y el director del Casino, don Rafael Orbe.

Nueva colaboración de los miembros del Aula

Desde mi tierra en el Sur de España contemplo la paradoja que representa compatibilizar en Cataluña la satisfacción de dos derechos: el derecho a la salud y el derecho a depositar el voto el 14 de febrero. Observo esa paradoja en un territorio donde algunos proclaman que estas elecciones son el segundo intento para abrir el camino hacia la independencia. Todo ello se fundamenta en el ejercicio de la libertad, en el libre albedrío que todo ser humano tiene para expresar sus deseos, opiniones y sentimentos.

Desde esta sureña atalaya desconozco si en verdad el votante catalán sabe lo que le conviene bajo el supuesto liberal de que el cliente siempre lleva la razón. A la hora de votar se duda sobre si el votante piensa o siente; esto es, si deposita el voto, impulsado por sentimientos, o si lo hace racionalmente.

Mucho me temo que, a pesar del poder moderador de esta pandemia y el estímulo para que se emita el voto por correo, la mayoría de los votos depositados hayan entrado por la ranura de la urna, inducidos por deseos y sentimientos y no desde un verdadero razonamiento. En estas elecciones han abundado los sentimientos, el misterioso libre albedrío desde la igualdad en derechos.

Quienes en primer lugar han aflorado sus sentimientos son los candidatos y dirigentes políticos, condenados por sedición, presentes en la campaña. Han voceado lo que les ha dictado su corazón; jamás han pronunciado palabras de razón. Justamente tanta confianza en el corazón está llevando a Cataluña hacia una trampa mortal.

Esta campaña, no multitudinaria por razón de la pandemia, ha sido borrasca de indignación contra España, de miedo y remordimiento en algunos votantes, de odio y avaricia en otros.

No se puede evitar depositar el voto por mandato sentimental; el peligro reside cuando se deposita el voto no según dictado del corazón sino por la manipulación de los mensajes políticos o de las indicaciones de la televisión oficial de Cataluña. 

Entonces, el teórico y libre albedrío se convierte en ciego seguimiento de lo que proponen los medios de comunicación a través de la propaganda, dirigida con precisión, y la publicidad manipuladora de emociones. 

Y estas elecciones se han celebrado, curiosamente, en el marco de una enfermedad global y de un miedo planetario al resurgimiento de los nacionalismos. Sólo votó el 53 por ciento del censo electoral cuando en 2017 la votacion superó el umbral el 75 por ciento del censo.

En la tramoya y trasfondo de estas elecciones se ha desplegado no un nacionalismo benigno sino un ultranacionalismo con derivaciones muy contradictorias que están conduciendo al supremacismo y a creer que Cataluña es suprema, a la que se le debe total lealtad y desde esa lealtad olvidar las obligaciones pendientes y futuras con España( La Generalidad debe al tesoro español más de 62,000 millones de euros ). 

Este supremacismo puede conducir,  otra vez, a violentos enfrentamientos. 

Los supremacistas catalanes creen que su nuevo Estado les va a proporcionar inauditos niveles de seguridad y prosperidad, que no tendrán que asumir deudas y que les proveerá de la mejor educación posible y del mejor sistema sanitario que acabará con la pandemia.

Si Cataluña se independizara, levantaría un castillo defensivo a la par que un pasillo para baleares y valencianos, que se obligarían a no levantar sus respectivas fortalezas. 

Esa Cataluña independiente pretende que los franceses del sur no levanten sus respectivas vallas fortificadas. He oído a algunos votantes catalanes mandar al resto de los españoles al infierno y luchar por levantar puentes y reforzar almenas en sus murallas, transformando sus puertas en fielatos. 

Venden los dirigentes y empresarios catalanes, independentistas, la idea de poder mantener su red comercial en España y en la Unión Europea.

Deberían pensar más y sentir menos y reflexionar ante lo que está sucediendo en el Reino Unido tras dos meses de 

haberse separado de la Unión Europea: levantar fronteras y arbitrar mecanismos para recaudar recursos financieros vía impuesto de valor añadido.

Algunos osados creen poder vivir fuera de acuerdos de cooperación global y que no serán carne de cañón de grandes poderes regionales mundiales.

Los supremacistas e independentistas no han reparado que tendrán que tragarse el purgante que representa el terremoto tecnológico, al salir de España y de la Unión Europea. Fuera de ese terremoto tecnológico Cataluña será un territorio inútil.

Ese Estado-nación, fuera de la Unión Europea, independiente, es un agente equivocado para hacer frente a la globalización de las infotecnologías, a no ser que se convirtiese en enclave chino como el que se asienta en el cuerno de África en Djibouti.

Estos nacionalismos incipientes, sumergidos o retornados, no podrán vivir en un mundo multilateral globalizado. 

Si la pretensión de la humanidad es ganar el Cosmos ¿Qué hará Cataluña fuera de ese Cosmos?

¿Volver al sol de 1640 y a la noche de 1714 bajo esta amenaza existencial que se llama pandemia?

Separada de España y fuera de la Unión Europea ¿no teme un aislamiento de los foros tecnológicos o una invasión tecnológica China?

Sus dirigentes políticos y empresariales no lo temen; porque no lo sienten no lo piensan. No entienden que en este mundo globalizado es necesaria una lealtad global, al menos dentro de España y de la Unión Europea.

Se ha cerrado el escrutinio. Cataluña vive su confusión entre la luz mediterranea y su ceguera y los supremacistas, enmarcados en esa certidumbre ciega.

Las pasadas elecciones han sido como frotar la lámpara de Aladino y querer adaptar el reloj eterno a los tiempos de 1640, 1714, 1934 y 27 de Octubre de 2017. Están creando un territorio donde cuesta mucho respirar, donde nadie distiende el ceño.

Ni siquiera los catalanes secesionistas tienen una sola identidad. Nadie es solo comunista o capitalista o independentista, pero el credo de los separatistas es que únicamente se debe lealtad a una única identidad: a la nación catalana, a los méritos de ese territorio y a las obligaciones de separarse de España.

Pero ellos mismos reconocen que existen otras muchas cosas importantes y necesarias, muy superiores a la nación: ejercer de padres, de profesor, de obrero metalúrgico, de aficionado al baloncesto, ser vegetariano,  autitaurino o defensor de la fiesta de los toros.

Como andaluz, que se siente cudadano de España y de la Humanidad, profesor emérito, defensor de la fiesta de los toros no vislumbro cómo afrontarán los catalanes salir de la trampa en la que han caido.

Lo escribo desde Córdoba donde, como anciano, ya huelo a azahar y paso mis últimos crepúsculos en compañía. 

Finalizo esta carta con algunos versos de un poeta cordobés contemporáneo que dicen así:

¿Cómo mudar en savia, en aliento, en ternura, tanto tósigo ciego, tanta herida del alma? ¿Cuándo será posible…en las ruinas del odio alzar nuevas moradas?

José Javier Rodríguez Alcaide 

El día 12 de enero de 2020, el periódico El Mundo publicó un artículo escrito por el Presidente del IED, José Manuel Otero Novas.

SI USTED GANA 100.000 euros al año, pagará unos 40.000 al Fisco por IRPF; 30.000 quizá los destine a sus gastos personales y familiares; y con los otros 30.000, tiene la opción de irse de juergas al Caribe o ahorrarlo.

Si ahorra 30.000 paga los años siguientes por las rentas reales o potenciales de ese ahorro. Lo cual es correcto, porque incrementa su capacidad tributaria.

Pero es que, además de pagar más impuestos por las rentas que le produzcan sus ahorros, con el Impuesto sobre el Patrimonio, va a pagar todos los años por esos 30.000 euros que no quiso dilapidar en el Caribe.

Aunque esos 30.000 son parte de los 100.000 que ganó anteriormente y por los que ya pagó 40.000 en el IRPF.

De modo que el Impuesto sobre el Patrimonio le hace pagar dos veces por la misma ganancia original. Y seguirá usted pagando Patrimonio sobre esos 30.000 todos los años de su vida, hasta que se agoten los 30.000 euros ahorrados.

Antes o después, el Fisco le habrá confiscado con el Impuesto sobre el Patrimonio el 100% de su ahorro. Y ello sin considerar que tenemos otros dos impuestos patrimoniales más, que recaen sobre su mismo ahorro, el de Sucesiones (cuyo tipo impositivo puede situarse sobre el 50%) y el IBI anual, con la cual la confiscación puede producirse mucho más rápidamente.

Así se viola la Justicia fiscal que según la Constitución (art. 31) prohíbe el efecto confiscatorio de los tributos.

Pero además de ello, por muy progresistas que se autodefinan los defensores del tributo, se va contra el progreso, pues se estimula el despilfarro de todos los ingresos evitando el ahorro que, directa o indirectamente, es el que permite la inversión creadora de empleo y prosperidad.

Y aun tiene este tributo otro efecto perverso, porque si el ciudadano que ahorró algo, por razón de enfermedad, paro, fracaso empresarial o por edad… deja de tener ingresos significativos, para pagar la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio ha de ir vendiendo lo ahorrado, pues aunque en tales casos hay una discreta reducción del tributo, no se suprime.

Ni siquiera es verdad que grave a los ricos. Siendo así de evidentes las cosas, los defensores del tributo acuden a la demagogia diciendo que se trata de un impuesto que grava a los ricos. Late debajo de ese argumento un criterio que se une al de Nietzsche para descalificar la democracia, el de que «los menos ricos» como obviamente son más, pueden acordar repartirse los bienes de los más ricos, que siempre serán menos.

Aclaro que yo sostuve siempre la progresividad para que los pudientes no sólo paguen más sino a tipos impositivos superiores (con fundamento en la enseñanza evangélica del «óbolo de la viuda», traducida hoy como teoría de la utilidad marginal del dinero). Pero ello ya opera en las tarifas escalonadas del IRPF, e incluso en la tributación indirecta, mediante la existencia de exenciones y tipos reducidos para aquellos productos en los que se concentra principalmente el gasto de los menos favorecidos.

Pero la cita de ese argumento para justificar el tributo es un engaño para el pueblo. Porque al menos desde la Ley 22/1993, gobernando el PSOE, los grandes ricos de España, residan en Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias… y también algunos empresarios medios, ya no pagan Impuesto sobre el Patrimonio (ni el de Sucesiones). En mi libro de 1998 Defensa de la nación española (Págs. 611-618) celebré públicamente esa medida que consiguió el meritorio Instituto de la Empresa familiar, pero lamenté precisamente que ese logro no se extendiera a las clases medias que no llegan a tener una empresa propia sino sólo algunas acciones de empresas ajenas. Volvimos a la situación de tiempos premodernos, de privilegios fiscales a los poderosos.

Por ello me alegró que la Comunidad de Madrid liderada por Esperanza Aguirre, haciendo uso de la autonomía otorgada por el Estado, suprimiera en su territorio prácticamente los Impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones, siguiendo la tendencia que se fue manifestando en otros países, (de los 27 de la UE, incluido UK, dos y España lo mantienen, nueve lo han eliminado y los otros quince nunca lo han tenido), otorgando así a las clases medias y bajas el privilegio que desde 1993 solo tenían los ricos. Y aplaudí que otro Gobierno del PSOE, de Rodríguez Zapatero, dictara una Ley suprimiendo en toda España el Impuesto sobre el Patrimonio, reconociendo expresamente en la exposición de motivos del RD Ley 13/2011 que lo hizo, «entre otras razones, por haber disminuido su capacidad redistributiva al gravar principalmente patrimonios medios» tal y como yo había denunciado; supongo que entre esas «otras razones» de Zapatero estaba que los ricos, sin necesidad de fraude, tienen facilidad para residir 180 días al año en países próximos y se liberan de pagar este tributo. Aunque luego, comenzando la crisis, lo rehabilitó el mismo PSOE con carácter provisional, provisionalidad que fue olvidada por los siguientes Gobiernos del PP.

En esta España constitucional, en la que han aflorado independentistas y también autonomistas a ultranza, hay no obstante un alto porcentaje de la población que quiere corregir y reducir algo la autonomía que se ha ido dando a las regiones.

Pero hasta ahora, ningún partido gobernante o partícipe en los gobiernos nacional o regionales ha propuesto nunca reducir los grados de autonomía del que gozan las Comunidades. Ni siquiera admiten sin condena que se hable de ello, como si el nivel de autonomía otorgado fuere algo sagrado.

Por ello me ha sorprendido que algunos de esos partidos gobernantes, ayudados por partidos independentistas, para combatir la exención patrimonial de Madrid se acuerdan ahora de que los ciudadanos no pagan los mismos impuestos en toda España. Para solucionar la disparidad podrían: volver a eliminar el tributo en toda España o sugerir a las comunidades que se quejan de la competencia que les hace Madrid que hagan uso de la facultad que se les ha conferido y que supriman el Impuesto en su territorio. Pero no lo hacen así; PSOE, Podemos, ERC y alguna voz del PP lo único que pretenden es que la Comunidad de Madrid no tenga autonomía para hacer cosas diferentes a las de otras regiones.

Y por supuesto no se acuerdan de las ventajas fiscales de las que gozan los habitantes de otros territorios, no sólo los canarios y los de Ceuta y Melilla, sino especialmente los vascos y los navarros; ni de los bocados presupuestarios que cada poco se dan para Cataluña y para cualquier región de donde se obtengan votos para lograr la mayoría absoluta.

José Manuel Otero Novas, ex ministro de UCD, es abogado del Estado e inspector de los servicios del Ministerio de Hacienda.

Pendiente.

Enero

El poder político reside en todos hombres y mujeres de la Comunidad Política, en todos nosotros. La soberanía del pueblo no es una frase ingeniosa que sirve para que los políticos nos impongan lo que les de la gana, el pueblo es la roca del edificio y en democracia transferimos el uso del poder, el mero uso, a nuestros representantes, pero siempre la autoridad del pueblo es mayor que la del gobernante. Es también un hecho que para convivir pacífica y civilizadamente necesitamos unas reglas éticas y jurídicas comunes, válidas para todos, y el único camino por el que podemos acordar tales normas es el diálogo sincero y abierto entre todos, todos personas libres e iguales que buscan la verdad sin imposición dogmática de la de cada cual a los demás.

Frente a esta realidad nos topamos hoy con un política dogmática e intolerante que quiere imponernos a todos sus verdades, sin diálogo alguno con los que piensan de forma diferente. Pretende imponernos a todos su parcial visión de la vida materialista y amoral, utilizando para ello el Estado y unas leyes positivas que se aprueban sin siquiera escuchar a quienes piensan de forma diferente (ejemplo de ello son las recientes leyes sobre educación y eutanasia). Como en otras épocas quienes tienen el mero uso del poder reprimen religiones que no sean la suya, negando legitimidad para dar públicamente sus argumentos a quienes creen en Dios. Así el laicismo se convierte en caldo de cultivo del totalitarismo.

Pero no nos callarán, todos tenemos derecho a intervenir y hacernos valer en la búsqueda de una ética común correcta y de leyes justas que preserven la vida, la libertad y los bienes de todos. También los cristianos. Más aún, la participación del creyente en Dios en el proceso de formación de las decisiones publico-políticas no sólo es legítima, es incluso necesaria. Es legítima porque en democracia ninguna voz debe quedar excluida del debate público siempre que se inserte en un discurso racional, todas proceden de personas depositarias del poder político originario y por tanto todas están legitimadas para hablar. Es necesaria porque propugna y promueve un orden político justo, equilibrado y humano que ha sustentado nuestras sociedades europeas cientos de años. No caigamos, por tanto, en la trampa saducea de distinguir entre una ética publica que nos impone el poder y otra para uso privado de cada cual, Si admitimos eso el César se queda con todo, ya que se erige en fuente inapelable de la moral y las leyes. No, no, apelemos al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, e intervengamos por derecho y sin complejos en ese diálogo entre personas libres e iguales del que surgen las normas que regulan nuestra convivencia.

No nos callaran, ni ahora ni nunca. Nos fijamos hoy en esta agresión laicista, pero seguiremos denunciando las imposiciones que sufra el pueblo español en lo sucesivo. 

La laicidad, “religión de la esclavitud”

José Ramón Recuero Astray

Autor de La Cuestión Política (Aranzadi)

Instituto de Estudios de la Democracia CEU

El ministro de Cultura don José Manuel Rodríguez Uribes ha publicado en el diario digital El Español, el día 11 de enero de 2021, una carta que ha remitido como secretario de laicidad de su partido con el título La laicidad, “religión de la libertad”. Dado lo controvertido del asunto, y que ha hecho público tal escrito destacando su posición como ministro de Cultura, tras agradecerle la claridad con que expone sus ideas yo quiero transmitirle también públicamente las mías. Son fruto de muchas lecturas, reflexiones, conversaciones y vivencias, y sobre todo de mi preocupación por mejorar nuestro querido país.

Usted, señor ministro, califica en el mismo título de su carta la laicidad como una religión, y hace bien, pues es eso, una religión, una y otra vez nos lo aseguran sus apologistas como Hume, Kant, Compte, Schopenhauer y, sobre todo, Rousseau: su famoso libro El contrato social termina con un capítulo titulado De la religión civil. Ahí está todo, desde una profesión de fe puramente civil hasta los dogmas del laicismo, esos dogmas que según él fija el soberano y que los revolucionarios franceses pretendieron imponer a todos mediante la guillotina. A continuación escribe usted que «la laicidad es, en efecto la “religión de la libertad”», de manera que, escribe también, «la política de laicidad es indispensable para la democracia» y el Estado Laico es el único que hace posible la libertad y la autonomía moral. Eso dice. Usted propugna públicamente una religión para el Estado. ¿Es esto constitucional a la vista del artículo 16.3 de nuestra Constitución, que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal? ¿Lo es a la vista de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la neutralidad del Estado en materia religiosa y moral? Francamente, y lo digo con pena y todo respeto, nunca pensé que un ministro de nuestra España democrática se atreviese a defender y promover una política basada en una concreta religión, con la intención además de imponer esa fe civil a todos mediante las leyes. Su propuesta me trae a la memoria a Franco y al Fuero de los Españoles, que calificó una determinada religión, en este caso la católica, como oficial del Estado. La diferencia es que ahora hablamos de la suya y de un Estado Confesionalmente Laico, que pretende erigirse como tal bien por la vía de la mutación constitucional (una más), bien y simplemente mediante hechos consumados (otra vez).

Lo peor es que esta religión laica es intolerante además, tal como la diseñaron Morelly, Proudhon, Marx, Feuerbach y tantos otros, simplemente porque consideran que es la única religión verdadera. Esto Nietzsche lo dice a las claras cuando proclama que su nihilismo laico tiene valor de verdad. De esta suerte, desgracia para muchos, el laicismo cae precisamente en aquello que según usted, señor ministro, pretende sanar, eso que al inicio de su escrito llama «monismo de valores, pretensión de verdad única o superioridad moral». Y de esta forma el laicismo deviene en lo que usted mismo escribe: «fanatismo, dogmatismo y ausencia de libertad». Lamentablemente en muchos momentos de la historia los gobernantes han intentado imponer a todos su religión, la única verdadera para ellos, lo que tampoco imaginaba yo es que ahora eso lo hicieran los partidos políticos. Estos se han convertido en facciones que tras unas elecciones que son como las saturnales romanas (en las que los señores jugaban a servir a sus siervos), utilizan los votos que han obtenido como si fuesen de su propiedad. Y así el partido o la coalición de partidos que resulta dominante tras las intrigas, cesiones y trapicheos post- electorales ocupa todos los centros de poder, todos, sin división de poderes (salvo en cierto modo, de momento, la judicatura), se convierte en el soberano en cuyos despachos y no en el Parlamento se manda y se toman las decisiones, manejando a su antojo una voluntad popular que se identifica con la de sus dirigentes. Y la utilizan a discreción pretendiendo imponernos a todos su visión parcial de la vida, bien claro lo proclaman los dirigentes de los partidos, ejemplo palmario de ello es la carta del señor ministro de Cultura que estoy comentando, carta que sigue la hoja de ruta marcada por el Libro blanco de la laicidad de 2007. La verdad es algo muy serio, el Estado (o quienes lo manejan) no se identifican con ella, a pesar de lo que haya dicho Hegel.

¿Cuál es la visión de la vida que nos quieren imponer ahora? El ministro lo dice claramente cuando escribe que «el ser humano es el centro del mundo y está centrado en el mundo, un antropocentrismo que empieza a defenderse a partir de 1492 y que forma parte esencial de los fundamentos filosóficos de la laicidad». La verdad es que no entiendo la referencia a esa fecha tan señalada, no creo que el antropocentrismo tenga nada que ver con el descubrimiento, ni con Luis Vives, que nació en 1492 y amaba a Cristo más que a su propia persona. Dejando esto aparte, la cuestión que se nos propone es simple: creer que el hombre de carne y hueso es dios… nada menos. Eso significa exactamente la palabra «antropocentrismo». Hay que reconocer que el culto al hombre es muy antiguo, comenzó con nuestros primeros padres, a los que la serpiente engañó prometiéndoles que serían como dioses conocedores del bien y del mal; siguió con los sofistas y los epicúreos; creció con el culto a la humanidad de Comte; aumentó con el materialismo contemplativo de Feuerbach —que repetía una y otra vez: «el hombre es dios para el hombre»—, el materialismo dialéctico de Marx y Engels y el absoluto de Nietzsche; y llega a nuestros días en forma de antropoteismo, como pone de manifiesto uno de los libros más vendidos actualmente, me refiero a Homo Deus de Harari, un profesor de historia de Jerusalén. Es el nuevo credo. Absurdo. Las cosas no son así, señor ministro, ni usted, ni el lector, ni yo somos dios, no somos el ombligo del mundo, y eso por multitud de razones. El propio Harari reconoce que el homo sapiens ha perdido el control, es un dios autodestruido por los algoritmos y los ordenadores; y basta mirarnos a nosotros mismos, que con frecuencia lo embarullamos todo y somos una mezcla de racionalidad y necedad, Erasmo lo explica muy bien en su Elogio de la locura. Somos lo más noble y digno que hay en la tierra, pero no somos dios. Esto es un hecho empírico. Y si nos centramos en la política, que es lo que ahora nos interesa, eso que usted afirma ahora es muy, muy peligroso, todos hemos visto una y otra vez lo que ha traído endiosar al hombre (y con ello a la oligarquía dominante): tiranía y guerra. Desaparecidos de la escena pública un Dios transcendente y la ley natural, el hombre es un dios que hace lo que le da la gana, su única ley es su voluntad, Nietzsche lo explicó muy bien antes de pasar diez años en el manicomio. Y dado que, como es lógico, esta religión civil del laicismo se refleja en nuestra vida social y política, el resultado es claro: un hombre que ha dado la espalda a Dios asume por su cuenta el gobierno del mundo, y así el poder se convierte en el dios de tal mundo. Es decir, el Estado se convierte en un dios social, un Leviatán, un Estado-dios que, a imagen y semejanza del hombre-dios, también hace lo que le da la gana, su única guía es su voluntad, a la que eufemísticamente llama voluntad popular. Sin nada que limite al Estado, sin leyes naturales que observar, los que mandan tienen plenitud de potestad y mangonean todo lo nuestro, nuestras vidas, nuestras libertades y nuestros bienes. Lo cual es una faena pavorosa a la que Ortega llamó politicismo integral: prohibido todo aparte, nada de tener opiniones propias, nada de discrepar, estamos encerrados en la cárcel del pensamiento único y Leviatán (el Estado) nos ordena lo que debemos hacer, decir, y en ocasiones hasta pensar. Así funcionaron el socialismo científico de Stalin y el nacional socialismo de Hitler, quienes gobernaron a modo de dioses en la tierra, destrozando lo más humano en nombre de nuestra liberación. Y sobre esta misma base antropoteista ahora los partidarios del socialismo democrático quieren hacer ingeniería social con todos nosotros, «hacer pedagogía» dice el ministro en su escrito, y ello desde la más tierna infancia (véase la reciente reforma educativa), también supuestamente para liberarnos de mitos y supersticiones. Pero el hecho es que la estupenda (y supuesta) gran libertad individual que nos promete el laicismo, lleva necesariamente a una férrea (y real) sujeción social.

Yo amo profundamente la libertad, la suya, la mía y la de todos. Por eso me gusta pensar y decidir por mí mismo. Usted afirma en su carta, señor ministro, que lo que define a la laicidad es «el reconocimiento a todos los seres humanos de la capacidad de pensar (sapere aude) y de decidir por sí mismos, sin andaderas ni paternalismos injustificados»: por eso precisamente le ruego, por favor, le suplico, que no intente hacerme libre imponiéndome su idea de mi libertad. La libertad es lo más preciado e íntimo que tenemos, después de la vida, el don más sagrado que reside en lo más profundo de nosotros mismos, de nuestra alma. ¿Qué quiere, establecer un Ministerio de las Almas como en otro tiempo se implantó en Francia? ¡Por favor, no me libere!, déjeme como estoy. No me ponga andaderas ni sea paternalista, recuerde que para el ilustrado Kant (al que me encanta leer), el Kant que proclamó sapere aude, el Estado paternalista que trata a los ciudadanos como niños es el más despótico de todos ya que comunidad política no supone comunidad ética, nadie puede pretender hacerme feliz contra mi voluntad sin cometer una injusticia para conmigo. Eso dice Kant, y dice bien. Ciertamente usted dice en su papel que «la libertad no admite injerencias injustificadas del Estado», pero igualmente afirma que, dado que la laicidad es la única religión posible en democracia, sólo deben gobernar «unas leyes necesariamente civiles». Es decir, las suyas. En el Estado Laico ya no hay una moral que limite al poder cuando dicta sus leyes, ni siquiera una consensuada por ciudadanos libres e iguales. ¿No lo ve?, la imposición del relativismo es el caldo de cultivo del totalitarismo: si no hay un orden de exigencias morales al que apelar, el poder se auto-constituye como fuente de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, me impone sus valores (en este caso laicos) aunque discrepen de los míos, lo hace utilizando un positivismo jurídico que es cementerio de la libertad. Esas leyes que usted y sus compañeros disparan a discreción basadas en un antropoteismo en el que yo no creo, limitan cada vez más y más mi libertad y la de muchos ciudadanos, olvidando que como señaló Montesquieu las leyes deben adaptarse a la naturaleza de las cosas y no al capricho del legislador. Un mundo en el que los que mandan tienen que crear la justicia por sí mismos es un mundo sin esperanza: nadie puede garantizar que el poder no siga disponiendo de todo lo nuestro, empezando por nuestra libertad.

Sé lo que me replica, lo dice en su carta: hay que «asumir sin confusiones ni reduccionismos la moderna separación entre Ética pública y Ética privada, entre Política y Religión, entre Derecho y Moral. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Si cumpliera esta propuesta dejaría fuera de la política la laicidad, que según vimos es una religión. Dejando aparte esta incongruencia, lo malo es cuando el César se queda con todo. Lo hace cuando se convierte en única fuente de moral para todos. A esta propuesta de separación entre Ética pública y Ética privada se me ocurre contestar lo mismo que Hamann contestó a Kant: la distinción entre el uso público y el uso privado de la propia razón (y de la ética), es tan cómica como la de Flögel entre lo digno de risa y lo risible. ¿Para qué me sirve el traje de fiesta de la libertad de conciencia y la autonomía, si en público tengo que llevar el delantal de la esclavitud y la heteronomía? La voluntad del Estado plasmada en sus leyes no es origen de la moral. El propio Cicerón, al que usted cita como antecesor de la laicidad (sic), dijo, y lo creía, que la ley moral que rige el mundo procede de la Razón de Dios, jamás se le pasó por la imaginación que su república pudiera estar gobernada por el capricho de cónsules, senado y pueblo, me remito a su diálogo sobre la naturaleza de los dioses, donde se aprecia su vena estoica. De manera que libertad y ley moral se necesitan mutuamente, son como dos caras de una moneda, esto lo ha mostrado muy bien Kant en su Crítica de la razón práctica. Hay otro hecho empíricamente verificable: la historia nos muestra que los Estados que han sido auténticamente democráticos y han progresado en paz y libertad han sido aquellos que han llevado a cabo una política contando con Dios, la ley moral y la libertad religiosa. Recogeré algunos ejemplos: la Ley Celeste era la guía de los romanos según constató Cicerón, Polibio llegó a decir que lo que sostuvo e hizo grande la república fue una cosa que entre los demás pueblos ha sido objeto de mofa: la religión. Vitoria, Mariana y Suárez tenían una concepción democrática del poder porque lo basaban en la ley moral procedente de Dios, si no existiera, escribió el gran demócrata Mariana, ¿qué fuerza tendrían los contratos, las promesas, las relaciones entre los hombres? Nadie negará que la Constitución de Inglaterra asentó la democracia real, y esta Constitución tan democrática estaba fundamentada en Dios y su ley natural, desde su mismo comienzo, Locke, Blackstone, Burke y Smith lo han dicho claramente, Locke llegó a asegurar que prescindir de Dios aunque sea sólo en el pensamiento lo disuelve todo (el Parlamento inglés, cuna de los modernos parlamentos democráticos, no se consideraba constituido hasta que se habían rezado unas oraciones: artículo 128, antiguo 107, del reglamento de la Cámara de los Comunes). También los colonos norteamericanos apelaron contra los abusos del poder ante el Dios de los Cielos, Juez Supremo del Mundo según ellos, protector de sus derechos y libertades naturales. Y en base a ello aprobaron una Constitución, la de los Estados Unidos, que ¿no es democrática? Creo que sí, que lo es, Jefferson la redactó para impedir la tiranía del poder asentando la democracia en las leyes establecidas en la naturaleza. Y, en fin, la famosa y admirada Constitución de Cádiz comienza su Preámbulo diciendo: «En nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la sociedad…». Acaso por todo esto Gustavo Bueno, partidario del materialismo filosófico, escribe en su libro La fe del ateo lo siguiente: «El Estado sí necesita tener en cuenta a Dios, es decir, al Dios de las religiones positivas, para llevar a cabo sus cálculos políticos. La tesis teórica de un Estado laico o aconfesional, que se declara ignorante de todo componente religioso, es una de tantas ficciones de las constituciones laicas del presente, pero no es una tesis real ni defendible». De manera que sí, señor ministro, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.

Sin duda la democracia es la mejor forma de gobierno, dado que por naturaleza el poder político reside en todos los hombres y mujeres de la comunidad, en todos nosotros, los ciudadanos. Quizá por eso Chesterton dijo que la maquinaria del voto es profundamente cristiana, pues es un intento de averiguar la opinión de aquellos que están marginados o son demasiado modestos para darla. La clave, el fundamento de la democracia es contar con todos y cada uno, ese es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Precisamente por esa razón, y en contra de lo que usted escribe, señor ministro, la laicidad no es algo indispensable para la democracia. Al contrario. Pues no se trata de imponer a todos una determinada forma de pensar (por ejemplo, el laicismo), sino de entre todos (sin excluir a nadie, crea en lo que crea) dialogar para llegar a normas éticas y jurídicas comunes que nos permitan convivir en paz, libertad y armonía. Como ve estoy hablando de una democracia real y auténtica, no de un simulacro de democracia en el que la mayoría de los ciudadanos somos meros espectadores de lo que hacen y dicen los dirigentes de los partidos políticos, una oligarquía que ocupa el Estado, concentra todo el poder y somete todo a su capricho. Precisamente para evitarlo, el uso del poder que en una democracia representativa transferimos a nuestros representantes (fíjese bien: transferimos su mero uso, pues siempre la roca, el soberano, el titular del poder es el pueblo) debe ser siempre limitado, y quien abusa de él haciendo lo que le viene en gana se convierte en un tirano, en tiranía democrática si hay democracia (me remito a las Notas sobre Virginia de Jefferson). Y lo que en mayor medida lo limita son las leyes morales, que existen y son la estrella polar de las leyes positivas. No somos ángeles, también en política hay que ocuparse de lo honesto, esto es lo que hace que un Estado sea un auténtico Estado de Derecho, lo explica muy bien Carnelutti en un bello libro titulado El arte del Derecho. Y ya antes había dicho Solón que es mayor crimen falsificar leyes que falsificar moneda.

Yo no quiero imponer a nadie mi religión ni mi moral, pero tampoco quiero que otros me impongan las suyas como si fuesen las únicas verdaderas. Soy totalmente partidario de la libertad, incluida por supuesto la libertad religiosa, que para mí es esencial. Como ve propongo un diálogo sincero y abierto entre todos, entre libres e iguales, para consensuar normas morales y jurídicas comunes. Pues aconfesionalidad no es amoralidad. Y dialogando digo que creo en la vida, en toda vida, y que por eso la defiendo. Digo también que espero y deseo para todos una buena muerte (hay ejemplos admirables), pero rechazo la pena de muerte, y por tanto rechazo que el Estado se dedique a matar a sus ciudadanos. El Estado no puede disponer de la vida de sus miembros, lo ha reiterado el Tribunal Constitucional y es de humanidad y sentido común, aunque el que va a morir o sus familiares se lo pidan (¿y si le piden que le saquen un ojo o le corten una mano?). Pues eso precisamente es lo que hace mediante la eutanasia de la que se afana ahora usted, señor ministro, como si implantarla (sin diálogo previo alguno) fuese un gran logro. Escribe en su carta que la nueva ley sobre la eutanasia «facilitará, con todas la garantías, el ejercicio efectivo de la autonomía moral, de este derecho fundamental». ¿No sabe que la Constitución en su artículo 15 consagra el derecho a la vida, no a la muerte? Morir no es un derecho, es una obligación de todo mortal. Si lo que se quiere decir es que hay derecho a elegir la forma y el momento de la muerte, eso evidentemente es parte de nuestra libertad individual. Cada uno es libre de matarse donde y cuando quiera. Pero si, insistiendo en pedir, lo que se dice es que el Estado, la sociedad, el vecino y el médico deben cooperar para que el titular muera cuando y como quiera, se está confundiendo la libertad individual (querer) con el derecho subjetivo (poder reclamar legalmente algo frente a otro). No todo aquello para lo que somos libres hace nacer un derecho subjetivo, y menos frente al Estado. Y menos aun cuando lo que se pide está mal, no bien, se opone al primer derecho fundamental y subjetivo, que es el derecho a la vida, y contradice el fin de la medicina, que es curar, no eliminar al paciente. ¿No sabe, señor ministro de Cultura, lo que desde hace años sucede en Holanda, ejemplo paradigmático? No se engañe, es otro hecho que en una especie de pendiente resbaladiza la dinámica de matar puede controlarse al comienzo, pero nadie sabe como será el final, pues si se admite que una persona mate a su semejante porque éste lo quiere inevitablemente se acaba asesinando sin el consentimiento de la víctima. Abierta la caja de Pandora la vida ya no tiene valor en sí misma, respetarla es una cuestión de grado (hasta dónde puede respetarse), no de esencia (toda vida es un bien a proteger), y ya se sabe, quien juega con fuego termina quemándose. ¿Es esto progreso? ¿Es respeto a la dignidad humana? Cierro este apartado con una cita de un viejo maestro al que el profesor Peces Barba (que, por cierto, fue profesor mío) invistió doctor honoris causa por la Universidad Carlos III. Me refiero a Norberto Bobbio, quien entrevistado dijo: «me sorprendo de que los laicos dejen a los creyentes el privilegio y el honor de afirmar que no se debe matar». Yo también, también me sorprendo.

Acabo, señor ministro. Todo lo aquí dicho lo digo con la pretensión de buscar lo mejor para nuestro país, por supuesto con todo respeto a sus opiniones. Espero no haberle distraído mucho de sus ocupaciones y no haberle molestado, no era mi intención. Igual que usted deseo que «todos seamos libres en un mundo pacífico, próspero y sostenible». También quiero ser dueño de mí mismo, en lo humanamente posible, sobre la base de una filosofía «abierta, progresista e integradora». Por eso mismo reitero que, por favor, no nos encierre a todos en la cárcel del pensamiento único. No nos quite nuestras utopías alegres y esperanzadoras de libertad, igualdad y gobierno del pueblo, ese que Lincoln diseñó en su discurso de Gettysburg. No nos las quite prometiendo tristes utopías libertarias que son imposibles, pues los hechos muestran que han fracasado estrepitosamente, causando además graves estragos. Esto lo explican muy bien los miembros de la Escuela de Frankfurt Horkheimer y Adorno en su libro Dialéctica de la ilustración, que es un canto fúnebre al laicismo: la ilustración que lo trajo, dicen, se ha autodestruido víctima de sus propios errores, ha hecho trizas los valores que defendía, se ha convertido en mitología totalitaria que aplasta y esclaviza al hombre, y ha desembocado en Auschwitz. Con meridiana claridad escribe Lyotard en su libro La postmodernidad que «el proyecto moderno no ha sido abandonado ni olvidado, sino que ha sido destruido, liquidado». En resumidas cuentas, por favor, no nos imponga una laicidad que más que “religión de la libertad” es “religión de la esclavitud”. Gracias por su atención.

Los Presupuestos Generales del Estado y otras leyes en trámite parlamentario encierran aspectos preocupantes que amenazan con minar principios básicos de la Constitución. Tales son los referidos a la libertad de enseñanza, el asalto al poder judicial, o los ataques a Madrid por reducir o eliminar impuestos; como el de Patrimonio, inexistentes en la UE. Y hacerlo desde el resentimiento. Cuando el equilibrio institucional es condición sine qua non para el crecimiento y prosperidad de todos. Y cuando siempre en España los incumplimientos constitucionales se han penalizado económica y socialmente, desde la de 1812. Y lo experimentamos dramáticamente –entre otras- al vulnerarse la de 1876, tras 55 años de crecimiento ininterrumpido y convergencia real, recuperando los muchos perdidos del siglo XIX. También al quebrarse la de 1931, con su sangrienta «revolución armada» de 1934 contra la República; la misma que por cierto había cambiado arbitrariamente la bandera de España que no había alterado ni la I República.

Y es que la Constitución cuyo 42 aniversario acabamos de festejar es fundamento básico del nivel de progreso en libertad alcanzado durante estas ya más de cuatro largas décadas. Y que aprobada en referéndum con un 88,54% de votos positivos en el conjunto de España, recibió en Cataluña una aceptación aun mayor del 90,46%, con sólo un 4,61% de noes; que en Madrid fueron del 80 y 9% respectivamente. Y es un intangible de valor económico incalculable que todos debemos preservar. 

Desde la perspectiva demócrata norteamericana dijo el exembajador de Obama, Alan Salomont, que España estaba “obligada a construir un relato acorde a sus méritos». Relato que figura en el «Preliminar» de la Constitución de Cádiz donde «nada dexa que desear al que quiera instruirse…las actas (que) …ofrecen a los españoles exemplos vivos de que nuestros mayores tenían grandeza y elevación de miras, … para no confundir jamás en sus peticiones y reclamaciones los intereses de la Nación…/ … La soberanía de la Nación está reconocida y proclamada… Los españoles fueron ya en tiempo de los godos una nación libre e independiente… (luego) en diferentes estados… según las circunstancias en que se hallaron al constituirse reynos separados…y… nuevamente reunidos baxo de una misma Monarquía…». Sería bueno que alguna entidad, aprovechando el aniversario de nuestra actual Constitución, la reeditara incluyendo el pedagógico e ilustrado texto de 1812. En realidad es el 208 aniversario que nos gustaría estar celebrando. Como EEUU la suya desde 1787, a pesar de aprobarse en un contexto esclavista y padres fundadores que también lo eran. Y con más de 200 años de crecimiento ininterrumpido. 

Javier Morillas. Catedrático de Economía Aplicada. Universidad CEU San Pablo.

Editorial

Diciembre

Estamos asistiendo a un proceso en el que, ciertos grupos intentan desmontar el Estado que nos ha permitido, no sólo muchos años de estabilidad institucional, sino un ejemplo de consenso modelo en la historia contemporánea de España.

El acoso y derribo a la Corona, forma parte de toda una estrategia. Las televisiones y demás medios de comunicación manejados por los que dirigen esta operación, hace tiempo que emiten todo tipo de informaciones, ridículas pero efectivas para sus intereses. Al otro lado no se observa ninguna reacción. Parece que no nos damos cuenta de lo que nos estamos jugando. La Monarquía es la piedra angular del Estado democrático, en este momento. Por eso el interés en demolerla. 

Don Felipe en su histórico discurso del 3 de octubre de 2017, tras el intento de golpe de Estado por parte de los representantes de éste en el gobierno de Cataluña, tuvo que instar al Gobierno para que pusiera los medios adecuados para una vuelta a la normalidad constitucional. Pero, además fue muy duro con los golpistas tachándoles de desleales por haber utilizado la confianza y medios del Estado, para volverse contra él. Y no sólo en ese momento del golpe, sino en los años que llevan educando en la confrontación con España a generaciones de catalanes.

¿Qué pretenden estos enterradores del orden constitucional?, pues eso llevarnos a un caos en el que se quiebre el mayor periodo de paz de la historia de España. No son demócratas, no creen en las libertades y sólo saben gobernar como pequeños dictadores, sin oposición. Pero una cosa si la saben bien, el poder de la comunicación para asaltar el sistema democrático y gobernar dictatorialmente, como en su momento hizo Hitler. 

En estos momentos, la democracia corre un serio peligro en España; y la Corona, repetimos, es la pieza clave que quieren que caiga a toda costa. Porque, interviniendo Felipe VI aquella tarde del 3 de octubre, muchos sentimos una sensación de alivio al oírle. Impresión muy parecida a la que recibimos tras el discurso de don Juan Carlos la noche del 23 de febrero de 1981. 

Manuel Sánchez de Diego Fdez. de la Riva

Profesor de Derecho Constitucional UCM

En  el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia del CEU hemos trabajado desde una perspectiva general sobre temas como los sistemas políticos, la defensa nacional o la constitución española. Nuestras reflexiones aunque tenemos en cuenta la realidad, no suelen ocuparse de temas de rabiosa actualidad. Sin embargo, en estos días están ocurriendo sucesos importantes, muchas veces ocultos por la situación sanitaria y económica de España.   

El Gobierno del Presidente Sánchez y del Vicepresidente Iglesias está desarrollando un actividad política trascendental para el futuro de España que va más allá de la normal en una legislatura: la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, la reforma de la educación con la Ley Celaá, el control de la información con la excusa de las fakes news– ¡por este gobierno que tanto ha mentido y manipulado!-, las subvenciones graciosas a las televisiones generalistas, la ocupación de las administraciones públicas  por medio de los asesores, interinos o simplemente fieles que nos cuestan más de 26 millones de euros anuales. Todo ello va configurando las bases de un estado diferente, con una gran carga ideológica. Se trata de unas medidas que van a un futuro a medio plazo en donde por ejemplo la situación de ahogo de la escuela concertada, o el acoso y derribo de la Monarquía determinarán un nuevo marco de convivencia… o de enfrentamiento.

También preocupa que para aprobar los Presupuestos del Estado los apoyos son los tradicionales de los nacionalistas –más o menos moderados- que obtendrán a cambio una parte importante del pastel presupuestario y más competencias: ¿ruptura de la caja de la seguridad social? ¿control de los presos en cárceles vascas? Pero además, en el momento actual, además de las prebendas habituales, se produce el blanqueo del grupo político de ETA, lo cual resulta chocante, cuando un diputado de EH Bildu en el Parlamento vasco y secretario general de Sortu, dice con total claridad que “Nosotros vamos a Madrid a tumbar el régimen»

Todo ello aboca a una situación que puede aumentar la división en la sociedad. Ya pasó con la Ley de Memoria Histórica, pero ahora se está jugando con asuntos nucleares del estado: Educación, Justicia, Jefatura del Estado… por ello creemos que debemos realizar un análisis de esta situación y proponer soluciones.