EDITORIAL

Hace unos días José Manuel Otero Novas, en un seminario sobre las relaciones entre España e Iberoamérica, destacó el consenso y la reconciliación como los pilares fundamentales en los que se basó la exitosa Transición española. Un modelo político que nos permite, en estos momentos, gozar del mayor periodo de paz de la historia de España.

Consenso, apuntó, entre la clase política del régimen y consenso con las fuerzas emergentes en aquellos momentos. Pero cabría preguntarse ¿Qué se ha hecho con ese inmenso legado ético de los políticos de la Transición?, ¿Dónde han quedado aquellos pactos que, en la caso de la reconciliación, no fueron de olvido? .

Preguntado, en una tertulia, sobre ¿Qué secreto tenía aquella clase política de la Transición para conseguir aquello?, el exministro Marcelino Oreja respondió, con una sonrisa en su rostro, que quizás el secreto radicaba en que no eran clase política. Aquellos tenían muy claro el servicio a España por encima de sus intereses partidistas y personales y quizás eso es justo lo que no ocurre con la clase política actual. El sistema ha derivado en unos profesionales de la política que solo miran el interés del partido que es, a la postre, el suyo propio. Estamos en una autentica partitocracia en la que el ciudadano no opina, sólo vota. Y algunos partidos en el poder creen que como han ganado las elecciones, mediante pactos entre ellos, tienen la posibilidad de cambiar la sociedad a su gusto. Sin tener en cuenta que han sido votados para gestionar, no para remover las bases sociales en beneficio propio para asegurarse más votos en futuras elecciones.

Por eso desde el Aula Política estamos empeñados en dar soluciones quizás, para una futura clase política que, sin duda habrá de venir. Tal y como hicieron los componentes del grupo Tácito en el tardofranquismo sentando las bases de lo que luego fue la Transición. Recuperamos esos valores éticos de aquel periodo histórico que asombró al mundo.

Editorial

Nada hay más cristiano que perdonar. Como tampoco hay nada más cristiano que creer en la Justicia y el Derecho.

El indulto no es un mero perdón, es una figura jurídica regulada en una ley, que data nada más y nada menos que de 1870, y que tiene sus propios requisitos. Ya sabemos que los requisitos jurídicos, el Estado de Derecho, no parecen ser muy importantes en algunas ocasiones, pero algunos todavía creemos que pueden servir, y que son precisamente nuestra tabla de salvación contra abusos de poder.

El derecho de gracia puede otorgarse de manera total “tan sólo en el caso de existir razones de justicia, equidad o utilidad pública”, y sólo cuando no cause perjuicio a terceros y cuando el condenado haya sido perdonado por el ofendido en los delitos perseguibles sólo a instancia de parte (los que requieren denuncia del ofendido, por ejemplo las injurias). Pero también sabemos que los condenados por el procés no cumplen ni siquiera de forma indiciaria los requisitos: nos lo ha dicho el propio Tribunal Supremo, el sentenciador, incluso sacando hace pocos días un comunicado de prensa. Los propios condenados no han pedido el indulto, lo han hecho terceros por ellos; no hay ni la más mínima sombra de arrepentimiento, al revés; y las penas han sido impuestas por el Tribunal competente, de forma proporcionada, cumpliendo escrupulosamente la ley. Y en un sentido más profundo, las razones de justicia viran hacia el cumplimiento de la condena, no hacia su exención, y nadie se toma ni siquiera la molestia de argumentar lo contrario.

Parece que todos intuimos ya lo que va a suceder. Un Gobierno que depende de los apoyos separatistas poco margen de maniobra tiene. Saldremos a la calle, haremos lo que podamos, pero pretenderán seguir adelante.

Pero tenemos dos cosas a nuestro favor. Una, que estamos del lado del Estado de Derecho, que sabemos que es el parapeto frente a los abusos de poder. Y dos, que creemos en la moral, en el Derecho, en la Justicia, y contamos con mecanismos para no dejarnos avasallar por el rodillo del Estado que pretende ser totalitario.

Los ataques al Estado de Derecho siguen también adelante en otros ámbitos. La Ley Celaá se aprobó, y ahora hay que desarrollarla en algunos puntos. Uno de los más importantes es el currículo, que regula las enseñanzas mínimas y que en una parte importante han de ser reguladas por el Estado. El Ministerio ha evacuado – al menos llamándola así, porque no se cumplen los requisitos mínimos – “consulta pública” de los proyectos de real decreto para ello. Lo ha hecho a modo de formulario, con cuestiones tasadas, no permitiendo ni siquiera firmar las respuestas: parece que poco le importa si la opinión la emite una asociación muy representativa, de profesores por ejemplo, o soy yo mismo. No parece aquí tampoco muy estricto en el cumplimiento de la ley.

Y el peor, el que juega con la vida de las personas. Ayer vi a un niño pequeño que llevaba colgado del cuello un estetoscopio de juguete, y una pistola de plástico con la que iba disparando como si jugara a los vaqueros. Y su hermano de nueve años dijo: “Mira, está haciendo la eutanasia”. Qué pena de sociedad en la que la ley formal permite estas barbaridades, dejando además totalmente desprotegidos a tantos médicos que ya han manifestado, a través de sus Colegios, la situación en que se les pone.

Menos mal que tenemos el Estado de Derecho, esperemos que el mismo vuelva a preservar la Justicia y el Derecho.

Editorial 

Nosotros, el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia somos herederos del Grupo Tácito. Nacidos en el tardofranquismo, en el Colegio Mayor San Pablo a instancias de Abelardo Algora, los Tácitos, con sus apariciones en prensa, aportaron una salida moderada del Régimen. Muchos fueron los que se convencieron de que esta era la evolución más sensata de la dictadura y el más convencido fue Adolfo Suárez y, si duda, el Rey Juan Carlos. Fueron ellos, desde el Gobierno y las Instituciones quienes sentaron las bases de la convivencia democrática que supuso,  con los partidos de de izquierdas, el gran milagro de la Transición española que asombró al mundo.

Muchas cosas han cambiado desde entonces y quizás, lo más grave son los intentos de revisión de aquellos principios de moderación que hicieron posible el consenso de la Transición. Como en otras ocasiones en la historia de España, por ejemplos los dos intentos republicanos, la izquierda española ha vuelto a su vocación liberticida provocando el enfrentamiento entre españoles. Asombra ver como tratan de desmoronar el gran pacto de la Transición con fines exclusivamente electoralistas sin que les tiemble el pulso. De todo ello dará cuenta la historia, como ya está pasando con algunos de los primeros responsables de esto.

Pero quizás debamos volver a la moderación sin acusar las continuas provocaciones de quienes dominan perfectamente el arte de la disuasión y la propaganda de agitación política con fines exclusivamente de beneficio propio. Esto es mas acusado en quienes no conocen otra forma de hacer política que la del partido único y responden a una estrategia supranacional de obscuros intereses.

Frente a estos, estamos y estará siempre el Aula Política del Instituto de Estudios de la Democracia, con una inequívoca vocación de servicio a España.

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Editorial

Si preguntamos a un asiático culto acerca de cómo los vemos nos dirá que, en general,  los conocemos más bien poco y que no nos vendría mal entender el papel del confucianismo o de los Vedas en su vida personal y  social. Es probable que nuestro interlocutor prosiga explicando que él  sabe bien que las raíces occidentales son cristianas. Quizás añada que ser conscientes de nuestra  herencia griega y latina también les ayuda a entendernos mejor que nosotros a ellos. 

Un estudio somero de China, por poner un ejemplo, nos lleva a concluir que su florecimiento económico, educativo y tecnológico así como su gigantesco  éxito reduciendo su pobreza interior, no habrían sucedido sin  la pervivencia de sus viejas creencias y valores. Precisamente sobre la cuestión central de la familia confuciana entró en profundidad Fukuyama en su obra  “Trust”,  recordando que Mao no consiguió destruirla y que la prosperidad  actual no es comprensible sin la fortaleza de sus familias como núcleo de su sociedad civil. 

Por el contrario, en lo que a nuestra cultura se refiere, no pocos pensadores independientes occidentales   nos vienen hablando desde hace tiempo de una civilización que se está muriendo –suicidando, dicen los más actuales como Murray–.  

Toynbee, tras analizar el ciclo vital de muchas culturas ya muertas,  constató la causa: cayeron en manos de élites estériles. Las que extraen de la sociedad mucho más de lo que aportan.  Estas élites, observa el historiador,  son conscientes de la situación y de su incapacidad, se sienten amenazadas y  tratan de cambiar sus sociedades para preservar su poder. En no pocas ocasiones esto incluye el largo proceso de reemplazar sus poblaciones por gentes de otras culturas que creen más manejables.  

Desde otra acera ideológica los personajes de una obra de Bertolt Brecht, gobernadores de varios territorios, hablan de su trabajo en torno a una mesa  en  una especie de Mini-Davos. Uno de ellos dice apesadumbrado que ha perdido la confianza en sus súbditos. A lo que el resto de mandatarios,  entre sonrisas solidarias, responde que no se preocupe; que la solución es “cambiar de súbditos”. Algo que nos suena familiar porque lo estamos viviendo directamente sin apenas darnos cuenta. 

Para percibir las sutilezas y la constancia de este proceso hay que ir unas décadas hacia atrás. Por ejemplo, la hoy casi completa desaparición del Latín y del Griego en la enseñanza europea fue establecida  como objetivo estratégico por Antonio Gramsci  a finales de los años treinta y difundida  por el Partido Comunista Italiano primero, por gobiernos de izquierdas europeos después y finalmente conseguida en este siglo sin que se sepan muy bien las razones  ni a qué coste. Afortunadamente el por qué nos lo aclara el propio Gramsci en su obra  “Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura”: para evitar que generaciones sucesivas asuman con naturalidad y desde la juventud sus raíces clásicas.  Es evidente que alguien nos prefiere sin raíces y cada vez más divididos. El latín, recordemos, era la lengua de muchas tesis de doctorado europeas hace solo ochenta años. Hoy, “conviene” que desaparezca.

En 1965, Wolff, el sociólogo colaborador de Moore y de Marcuse, nos brindó,  en “A critique of pure Tolerance”,   otra razón  para debilitar el papel de la familia occidental: si no se rompe el crisol de la familia va a ser imposible para el sistema escolar modificar los comportamientos dado que los rasgos culturales más importantes se forjan en el seno familiar por mímesis. 

Nuestra historia reciente está plagada de este tipo de “señalamientos” desde muchos e insospechados frentes hasta llegar al paroxismo de los movimientos Woke y Cancel que ya dominan buena parte de nuestras instituciones como, por ejemplo,  el mundo universitario de los EEUU sometido hoy a una censura que de hecho destruye hasta la posibilidad de la búsqueda de la verdad. Todo ello refuerza la pérdida occidental de liderazgo moral y nos descalifica para jugar este papel en el mundo al mismo tiempo que, como estamos viendo,  nuestros problemas económicos son cada vez más graves y profundos.

Lo que resulta ser todo un enigma es la pasividad de la Sociedad Civil ante ambos fenómenos: la agresión cultural desde dentro y la innegable pauperización.  Y no podemos alegar ignorancia porque Laclau y Mouffe ya nos explicaron perfectamente  su programa de demolición en “Hegemony and Socialist Strategy”  en 1985. 

Editorial

La abstención con un 46% del total de votantes fue la triunfadora en los comicios celebrados en Cataluña el pasado 14 de febrero. Si a esto le unimos los votos de los partidos no nacionalistas, no resulta tan claro el triunfo de los independentistas, pero, en cualquier caso, estos disfrutarán de nuevo del poder y seguirán en la senda del enfrentamiento con el resto de los españoles.

Ante el asombro de muchos de nosotros, coinciden las declaraciones de los condenados por el golpe de estado de hace unos años, con noticias sobre su posible indulto. Es una cosa completamente incomprensible, para muchos, que quienes no sólo no se arrepienten, sino que insisten en volver a delinquir, según el actual código penal, salgan beneficiados impunemente de la cárcel. 

Sin embargo, no debemos caer en la instrumentalización del debate que pretenden ganar los desleales que han utilizado, durante años, los recursos económicos entregados por el Estado para mejorar las condiciones sociales de los catalanes, en enfrentarlos con el resto de sus compatriotas. Al tiempo que algunos se enriquecían de una manera vergonzante robando a manos llenas. 

No debemos caer en esa trampa, debemos tener bien claro que Cataluña es una parte indisoluble de España. Ni por asomo podemos imaginar que los Pirineos dejen de ser la frontera natural de España con Europa. Cataluña, con la Constitución en la mano, jamás dejará de formar parte de España, jamás. Y el Estado debe ser lo suficientemente fuerte como para hacer valer el peso de la ley en este sentido. Herramientas tiene más que suficientes para ello y todos esperamos que nunca, ningún Gobierno pase a la historia como aquel que disolvió la Nación.

Y aquí no caben medias tintas, ni triquiñuelas de estado libre asociado, ni nada por el estilo. Cataluña no es una nación, no lo ha sido nunca, ni lo será jamás. Esto es lo que debemos tener todos muy claro y exigir, como hacemos ahora, al Gobierno, que cumpla con la ley, ni más, ni menos. 

Enero

El poder político reside en todos hombres y mujeres de la Comunidad Política, en todos nosotros. La soberanía del pueblo no es una frase ingeniosa que sirve para que los políticos nos impongan lo que les de la gana, el pueblo es la roca del edificio y en democracia transferimos el uso del poder, el mero uso, a nuestros representantes, pero siempre la autoridad del pueblo es mayor que la del gobernante. Es también un hecho que para convivir pacífica y civilizadamente necesitamos unas reglas éticas y jurídicas comunes, válidas para todos, y el único camino por el que podemos acordar tales normas es el diálogo sincero y abierto entre todos, todos personas libres e iguales que buscan la verdad sin imposición dogmática de la de cada cual a los demás.

Frente a esta realidad nos topamos hoy con un política dogmática e intolerante que quiere imponernos a todos sus verdades, sin diálogo alguno con los que piensan de forma diferente. Pretende imponernos a todos su parcial visión de la vida materialista y amoral, utilizando para ello el Estado y unas leyes positivas que se aprueban sin siquiera escuchar a quienes piensan de forma diferente (ejemplo de ello son las recientes leyes sobre educación y eutanasia). Como en otras épocas quienes tienen el mero uso del poder reprimen religiones que no sean la suya, negando legitimidad para dar públicamente sus argumentos a quienes creen en Dios. Así el laicismo se convierte en caldo de cultivo del totalitarismo.

Pero no nos callarán, todos tenemos derecho a intervenir y hacernos valer en la búsqueda de una ética común correcta y de leyes justas que preserven la vida, la libertad y los bienes de todos. También los cristianos. Más aún, la participación del creyente en Dios en el proceso de formación de las decisiones publico-políticas no sólo es legítima, es incluso necesaria. Es legítima porque en democracia ninguna voz debe quedar excluida del debate público siempre que se inserte en un discurso racional, todas proceden de personas depositarias del poder político originario y por tanto todas están legitimadas para hablar. Es necesaria porque propugna y promueve un orden político justo, equilibrado y humano que ha sustentado nuestras sociedades europeas cientos de años. No caigamos, por tanto, en la trampa saducea de distinguir entre una ética publica que nos impone el poder y otra para uso privado de cada cual, Si admitimos eso el César se queda con todo, ya que se erige en fuente inapelable de la moral y las leyes. No, no, apelemos al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, e intervengamos por derecho y sin complejos en ese diálogo entre personas libres e iguales del que surgen las normas que regulan nuestra convivencia.

No nos callaran, ni ahora ni nunca. Nos fijamos hoy en esta agresión laicista, pero seguiremos denunciando las imposiciones que sufra el pueblo español en lo sucesivo. 

Editorial

Diciembre

Estamos asistiendo a un proceso en el que, ciertos grupos intentan desmontar el Estado que nos ha permitido, no sólo muchos años de estabilidad institucional, sino un ejemplo de consenso modelo en la historia contemporánea de España.

El acoso y derribo a la Corona, forma parte de toda una estrategia. Las televisiones y demás medios de comunicación manejados por los que dirigen esta operación, hace tiempo que emiten todo tipo de informaciones, ridículas pero efectivas para sus intereses. Al otro lado no se observa ninguna reacción. Parece que no nos damos cuenta de lo que nos estamos jugando. La Monarquía es la piedra angular del Estado democrático, en este momento. Por eso el interés en demolerla. 

Don Felipe en su histórico discurso del 3 de octubre de 2017, tras el intento de golpe de Estado por parte de los representantes de éste en el gobierno de Cataluña, tuvo que instar al Gobierno para que pusiera los medios adecuados para una vuelta a la normalidad constitucional. Pero, además fue muy duro con los golpistas tachándoles de desleales por haber utilizado la confianza y medios del Estado, para volverse contra él. Y no sólo en ese momento del golpe, sino en los años que llevan educando en la confrontación con España a generaciones de catalanes.

¿Qué pretenden estos enterradores del orden constitucional?, pues eso llevarnos a un caos en el que se quiebre el mayor periodo de paz de la historia de España. No son demócratas, no creen en las libertades y sólo saben gobernar como pequeños dictadores, sin oposición. Pero una cosa si la saben bien, el poder de la comunicación para asaltar el sistema democrático y gobernar dictatorialmente, como en su momento hizo Hitler. 

En estos momentos, la democracia corre un serio peligro en España; y la Corona, repetimos, es la pieza clave que quieren que caiga a toda costa. Porque, interviniendo Felipe VI aquella tarde del 3 de octubre, muchos sentimos una sensación de alivio al oírle. Impresión muy parecida a la que recibimos tras el discurso de don Juan Carlos la noche del 23 de febrero de 1981. 

Llevamos unos cuantos días oyendo hablar de la ley orgánica de modificación de la ley orgánica de educación (LOMLOE, llamada popularmente “Ley Celaá”) aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 19 de noviembre, ahora pendiente de la tramitación en el Senado. Algunos no la han leído hasta hace dos días, como quien dice. Otros llevan años luchando contra esto. Y otros luchando por imponer un sistema educativo autoritario, como el que prevé. 

Hoy no podemos callarnos porque no es una ley clara, que vaya “de frente”. En la Exposición de Motivos no justifica, ni siquiera someramente, ni una sola de las medidas concretas. Menos aún las modificaciones introducidas vía enmienda en la Comisión del Congreso. De hecho, hay muchos que dicen que no es cierto que se introduzcan medidas tan importantes, que todo va a seguir prácticamente igual. Por eso hace falta que alguien las resuma.

En España tenemos un sistema de colegios de titularidad pública y de titularidad privada, dentro de estos últimos hay algunos que se acogen al sistema de conciertos garantizado por la Constitución. La red de colegios públicos y privados concertados cumple la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación de acuerdo con el art. 27 CE. La LOE que se modifica preveía que la oferta educativa de las enseñanzas gratuitas tuviera en cuenta la “demanda social”. Si se suprime este apartado, las Administraciones educativas (las CCAA) no habrán de tener en cuenta dicha demanda social. ¿Qué criterio seguirán entonces? ¿Tendremos que estar a la ideología del partido que gobierne en cada momento cada CCAA para saber si un colegio mantiene el concierto?

Pero va mucho más allá. Se crean “áreas de influencia” sobre las que las CCAA programarán la oferta educativa, y en ellas y sólo en ellas, por primera vez en democracia, SÓLO se garantiza la existencia de plazas EN COLEGIOS PÚBLICOS, especialmente en las zonas de nueva población. ¿Qué pasa, que nuestro derecho a escolarizar a nuestros hijos de forma gratuita sólo se garantiza en un cole público? ¿Y sólo en mi zona de influencia? Quizá ni siquiera podamos elegir un cole público fuera de mi zona, puesto que ninguno de los criterios para asignar plazas puede suponer más del  30% de los puntos; ni hermanos o padres que trabajen en el colegio, ni otros miembros de la familia con discapacidad… Solo la proximidad del domicilio. Más aún: literalmente se dice que “las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de los puestos escolares en la red de centros de titularidad pública”. En el caso de la educación obligatoria, si se incrementan las plazas en los públicos, se minoran en los privados. Blanco y en botella.

El tema de los colegios de educación especial. Ahora mismo los niños y no tan niños con necesidades educativas especiales tienen LIBERTAD para elegir entre un colegio ordinario o de educación especial. Se acabó. La LOMLOE consagra el principio de inclusión; a partir de ahora no decidirán los padres, que simplemente “serán oídos”, sino que se prevé que la Administración educativa sea la que resuelva la discrepancia, teniendo en cuenta “el interés superior del menos y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Los padres, oídos ¿No decidían ellos? Y su voluntad se considera solo si es pro inclusión. Sin mencionar la previsión de que los colegios de educación especial se conviertan en meros centros de referencia para los coles ordinarios de inclusión, salvo excepciones que tampoco se nos especifican. 

El artículo 27 de la Constitución garantiza a los niños el acceso a la educación; y a los padres el acceso a que sus hijos reciban una formación de acuerdo con sus propias convicciones. Con esta modificación tendremos menos libertad, no más. Y a cambio más adoctrinamiento ideológico. 

Podríamos seguir escribiendo líneas y líneas, decir por ejemplo que los colegios que separen a su alumnado por sexos – opción plenamente válida según el Tribunal Constitucional – no podrán ser concertados; que se podrá tener el título de Bachillerato  – no de la ESO, para trabajar o acceder a FP, sino ¡de Bachillerato! – habiendo suspendido alguna asignatura; que a partir de ahora en el Consejo Escolar de cada colegio habrá un representante del Ayuntamiento, como “comisario político”, porque otra cosa no sé qué hará; que los inspectores de educación ya no tendrán que pasar una prueba, sino una “valoración”; que los profesores tendrán menos autoridad, y tantos otros ejemplos…

Todo esto en pleno estado de alarma, en plena pandemia, tramitado con opacidad desde el primer momento, sin ni siquiera guardar las formas y escuchar a los sectores afectados, ni en el Congreso, introduciendo enmiendas importantísimas en Comisión. Y sin explicación ninguna.

Hoy no podemos callarnos. Stop a la Ley Celaa