Periódico La Razón España

Manuel Sánchez Cánovas

12 de febrero de 2021

La líder de la Liga Nacional para la Democracia de Myanmar, Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz que pasó años de arresto domiciliario por su oposición a la dictadura que gobierna la antigua Birmania, ha vuelto a ser detenida tras ganar las elecciones. El Gobierno denunció los resultados como fraudulentos, aunque haya obtenido el 80% de los escaños con un 70% de participación, y aunque la misma Junta Electoral haya confirmado que las elecciones han sido limpias.

Para empezar, Aung San no es la líder de facto del país, ya que necesita la colaboración del elemento castrense para gobernar, al controlar estos un 25% de los escaños del parlamento, así como los ministerios fundamentales del Gobierno, nominalmente encabezado por la Liga, pero, en realidad, dirigido por militares.

La estrategia de largo recorrido de colaboración de la Nobel con la dictadura para traer la democracia a Birmania, buscando paz y estabilidad, se manifestó en su postura neutral ante el conflicto en el Estado de Rakhine (Arakán) entre los rakhine (budistas) y la mayoría rohingya (musulmanes). Una estrategia también visible en la profesionalización de la administración pública, donde se consiguió apuntalar el poder civil.

Aung San sufrió el desprecio internacional por su neutralidad
y se habló incluso de retirarle el Nobel. La paciencia, entereza y diplomacia que ha mostrado esta mujer, contra viento y marea, merecerían otro premio. Con la dictadura encima, Aung San difícilmente hubiera podido poner en marcha políticas humanitarias para ayudar a los Rohingya: Leyendo entre líneas sus declaraciones, en clave del Sudeste Asiático, se sobrentendía una solución de compromiso calculada para defender los intereses generales del país desde dentro, y no ofender al poder castrense, desencadenando situaciones aún más violentas. En entornos culturales de alto contexto holista, altamente jerárquicos y asianistas, una reacción contra líderes incuestionables en favor de los rohingya, podría haber acarreado consecuencias impredecibles.

La expulsión de los 200.000 rohingya de Arakán a Bangladesh se amplificó en las organizaciones de Derechos Humanos, exagerando intencionadamente las acciones contra los musulmanes. Es decir, se utilizó que Aung San no se opusiera al Gobierno militar estratégicamente para avanzar los intereses globales de la Umna islámica en Arakán, una de las regiones más pobres del mundo: otra «nueva Palestina» que realzara la imagen victimista de otra nueva comuni- dad islámica más, agredida en Sudeste Asiático.

Sin embargo, y aunque había intentos gubernamentales para expulsar a los Rohingya desde antes de los años noventa, la situación en los campos de refugiados en Bangladesh no es nada buena, y la reacción del ejército contra los musulmanes fuera desmedida, esta es consecuencia de los múltiples atentados terroristas islámicos previos por parte de los mismos Rohingya. Los islámicos son muy beligerantes en la región y es su costumbre forzar a los budistas – y miembros de otras religiones – a convertirse a los rigores del Islam. De hecho, para casarse con un musulmán es necesario abandonar la propia religión. Y si no se es islámico en una región de esta naturaleza, se está sujeto a impuestos extraordinarios, (Yizia) y discriminaciones (Dhimmi).

Con todo, este sólo es un conflicto de los muchos abiertos en la complejísima y multicultural Birmania, donde persisten otros cuatro grandes contenciosos de amplio calado: El del estado Kachín, de mayoría cristiana frente a la minoría budista; el del estado Kayah; el del estado Kayin (Karen), y el del estado Shan –con el estado Wa, apoyado por la República Popular China, en su centro, una narcodictadura de tintes maoístas, que ahora también vive del juego y la prostitución.

Una vez cerradas las puertas de la ayuda de Occidente con el contencioso Rohing- ya, Myanmar necesita más que nunca la colaboración de la China comunista. Son 800.000 ciudadanos chinos los que se han establecido ya en el país para expoliar sus recursos naturales. Enemistados hasta con la misma migración china anterior, traída por los británicos antes de la Segunda Guerra Mundial, constituyen un país dentro del país; viven en sus propios barrios y con- dominios especiales, separados de la paupérrima población nativa, y con un nivel de vida bastante más alto que el de los birmanos. Un gobierno democrático iría en contra de sus intereses.

Tras las últimas elecciones, Aung San Suu habría tenido mayor poder para in- fluir en los militares y las decisiones po- líticas del país, empezando por el estatus de los Rohingya. Sin embargo, el destino vuelve a jugar en su contra.

Editorial

La abstención con un 46% del total de votantes fue la triunfadora en los comicios celebrados en Cataluña el pasado 14 de febrero. Si a esto le unimos los votos de los partidos no nacionalistas, no resulta tan claro el triunfo de los independentistas, pero, en cualquier caso, estos disfrutarán de nuevo del poder y seguirán en la senda del enfrentamiento con el resto de los españoles.

Ante el asombro de muchos de nosotros, coinciden las declaraciones de los condenados por el golpe de estado de hace unos años, con noticias sobre su posible indulto. Es una cosa completamente incomprensible, para muchos, que quienes no sólo no se arrepienten, sino que insisten en volver a delinquir, según el actual código penal, salgan beneficiados impunemente de la cárcel. 

Sin embargo, no debemos caer en la instrumentalización del debate que pretenden ganar los desleales que han utilizado, durante años, los recursos económicos entregados por el Estado para mejorar las condiciones sociales de los catalanes, en enfrentarlos con el resto de sus compatriotas. Al tiempo que algunos se enriquecían de una manera vergonzante robando a manos llenas. 

No debemos caer en esa trampa, debemos tener bien claro que Cataluña es una parte indisoluble de España. Ni por asomo podemos imaginar que los Pirineos dejen de ser la frontera natural de España con Europa. Cataluña, con la Constitución en la mano, jamás dejará de formar parte de España, jamás. Y el Estado debe ser lo suficientemente fuerte como para hacer valer el peso de la ley en este sentido. Herramientas tiene más que suficientes para ello y todos esperamos que nunca, ningún Gobierno pase a la historia como aquel que disolvió la Nación.

Y aquí no caben medias tintas, ni triquiñuelas de estado libre asociado, ni nada por el estilo. Cataluña no es una nación, no lo ha sido nunca, ni lo será jamás. Esto es lo que debemos tener todos muy claro y exigir, como hacemos ahora, al Gobierno, que cumpla con la ley, ni más, ni menos. 

El 30 de enero de 2021 el periódico El Mundo publicó el siguiente artículo:

Adolfo Suárez dimitió porque había caído desde una gran altura. Era una persona muy inteligente. Tenía una fortísima ambición política; me comentó en una ocasión que solo la de Carrillo era comparable a la suya; años después de haber dejado el Gobierno, Suárez me dijo con orgullo que siempre fichó a personas mejores que él. «Es cierto –le contesté–, éramos mejores que tú en algunos aspectos, pero tú sabías que nos ganabas en voluntad política, en aguante, en visión de la sociedad, en conexión con el pueblo, por eso no te preocupaba; en lo que realmente te interesaba como presidente, eras tú el que tenía la superioridad». Adolfo se sentía seguro de sí mismo, por eso no sentía la necesidad de eliminar a sus colaboradores brillantes.

Era monárquico-juancarlista, por considerarlo bueno para España, y también por gratitud a quien le hizo llegar a la cima. Desde el primer momento trabajó para asegurar el siguiente reinado de Felipe VI; su lealtad con el Rey, sé que le llevaba a no ocultarle lo desagradable.

Tenía un gran sentido de Estado. Para evitar estados de excepción en el País Vasco durante las primeras elecciones, me encargó una negociación con ETA. No juzgó necesario decirme los límites de nuestras cesiones (yo los conocía), pero en cambio sí que me escribió las líneas formales que yo no podría traspasar para salvar la dignidad de las instituciones.

Era un patriota. Al comenzar a redactarse la Constitución en las Cortes, todos los grandes consensos ya se habían logrado, estaban en rodaje (Corona, partidos, sindicatos, sufragio universal, ley electoral, elecciones, Parlamento bicameral, confianza del Congreso, reconciliación, pactos derechos humanos, comunicación libre, renuncia presentación obispos, Consejo Europa, solicitud a la UE, preautonomías….). Y él era su promotor y conseguidor; faltaba reflejarlos en la Carta Magna y siguió pilotándolo mediante instrucciones a los representantes de UCD. La Transición (y la Constitución) fueron su obra. Pero para hacerla perdurable, él quería que apareciera como trabajo de todos; lo hablamos un día, pensamos que una fórmula para lograr ese efecto sería condecorar a los miembros de la ponencia constitucional del Congreso. Yo fui el encargado de ir preguntando uno a uno si aceptaban la distinción (entonces temíamos que alguno lo rechazara). De ahí que no se hable del «padre» de la Constitución, sino de los «padres», marginándolo a él.

Las Fuerzas Armadas no le impidieron hacer nada de lo que proyectaba. Él tenía finura, como de orfebre, para valorar día a día lo que debía plantear sin provocar su salto.

Poseía grandes cualidades para liderar masas; en dos años y medio convocó y ganó dos referéndum, con votaciones impresionantemente positivas a su favor. Y al mismo tiempo tenía un encanto y habilidad especial para seducir y dirigir pequeños grupos. Esta segunda cualidad creo que acabó perjudicándole, porque le resultaba más cómoda. Su éxito pasó a los libros de historia, pero si se me permite la imagen, la Constitución cerraba una etapa divina y teníamos que pasar a lo humano; quizá debería haberse vuelto a casa, pero su ambición, que yo apoyé, le retuvo. Aunque ya le había pedido dejar Presidencia, le razoné que, para que su liderazgo subsistiera, debía hacer como Cánovas, quien fue «centrista» para restaurar la Corona y aprobar la Constitución, pero acto seguido dejó la izquierda a Sagasta y él encarnó la derecha del nuevo Régimen. Otros y yo, también le recordamos que habíamos hecho la Transición con los votos que nos dio el centro derecha y por exigencias del consenso habíamos gobernado mirando mucho hacia la izquierda. Era hora de atender a nuestro electorado. Durante la Transición consentimos la ficción de que la UCD tenía en su seno todo el abanico político del Parlamento alemán, el Bundestag.

Suárez (me o nos) hizo caso. Disolvió las Cortes, convocó elecciones, hizo una campaña que resumió en su discurso final en TV, donde contrapuso el Humanismo Cristiano de UCD al marxismo del PSOE, y, contra muchos pronósticos, volvió a ganar. A continuación formó un gobierno del que eliminó a los hipotéticos sublíderes de aquellas supuestas tendencias de UCD. Comenzó pues esa etapa postconstitucional siendo Cánovas.

Pero poco a poco yo fui viendo desde Educación que volvía a jugar a los pequeños consensos, dentro y fuera de UCD. Le envié desde Educación varios informes críticos, que no consiguieron cambios.

Hizo un giro notable volviendo a la ficción de que el partido UCD era como el Bundestag, y creó una llamada «Comisión Permanente», donde colocó digitalmente a los «sublíderes» de las presuntas tendencias. Yo me levanté en el Comité Ejecutivo negándome a reconocer aquel poder fáctico extra-estatutario. Pero continuó con ellos y, lejos de apaciguarlos, conforme a lo que ya en la antigüedad escribió Tucídides, aquellos «barones» que él designó se crecieron y le reclamaron sumisión en una famosa «casa de la pradera».

Presentó una moción de confianza en mayo de 1980 y nos leyó en el Consejo su discurso de «generalización, uniformización y aceleración» del proceso autonómico, tres principios opuestos a lo que aún sigue expresando la Constitución. Me pronuncié por ello largamente en contra. Así abríamos una «espiral diabólica», pues habíamos justificado las autonomías en la necesidad de respetar los hechos diferenciales, lo cual haría que las regiones «diferentes» vendrían a reclamarnos más para atender su diferencia. En cuanto lo concediéramos deberíamos extenderlo a las demás por el nuevo principio de igualación que creábamos, y así sucesivamente hasta violar la Constitución; pero finalmente, los «diferentes», para satisfacer su ansia distintiva, nos demandarían la separación. Yo era considerado muy autonomista y mi intervención impactó a Suárez, que no me respondió, y me cesó la primera semana tras la vuelta del verano.

Ese Suárez de 1980 me resultaba desconocido. Cambió tres veces de ministros, y presentó dos mociones de confianza al Parlamento. En la segunda, los cesados hubimos de escucharle que había constituido el «mejor de los posibles gobiernos de UCD», lo cual era interpretable como que los destituidos éramos quienes impedíamos la excelencia de su anterior Gobierno. El Suárez con quien yo colaboré siempre habría tachado esa frase en el borrador del discurso que le presentaran, pero ya no era el mismo.

Suárez conoció que no solo había «inquietudes» militares, sino que al Rey le llegaban quejas contra él, de militares y civiles. Consideró que, como a Maura, le «falló el muelle real» y ello, en su situación, le hizo dimitir aquel 29 de enero de 1981.

Aunque dimitió con «grandeza». Nos pidió al comité ejecutivo de UCD que propusiéramos a Leopoldo Calvo Sotelo para sustituirle. Comenzó la sesión a las 17 horas y solo a las dos de la madrugada consiguió nuestra aprobación, tras reiteradas e intensas demandas suyas. Hacia 1990 le pregunté por qué tanto empeño en favor de Leopoldo y me contestó que «sin duda era el mejor». Le repliqué que parecía no darse cuenta de que estaba hablando conmigo, porque a mí siempre me había expresado el bajo concepto político que tenía de Leopoldo. No me lo confesó, pero sin duda propuso a Leopoldo porque suponía que, por su apellido, contaría con apoyo en las Fuerzas Armadas y evitaría el golpe («no quiero que el sistema democrático sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España», dijo por TV al despedirse). Y acertó, pues un factor importante del fracaso del 23-F fue que el militar de mayor prestigio en los cuarteles manifestó aquella tarde donde convenía que no se debía hacer un pronunciamiento militar cuando «un Calvo Sotelo» estaba propuesto para presidente del Gobierno.

José Manuel Otero Novas, Presidente del IED, subsecretario técnico del presidente, ministro de la Presidencia y de Educación.

El pasado 25 de febrero se inauguró en el Casino de Madrid la «Tribuna España Inteligible», que pretende debatir sobre los principales problemas que España se plantea en este momento, reivindicando una España democrática y constitucional.

La inauguración corrió a cargo de nuestro compañero en el Aula Política el letrado del Consejo de Estado Alfredo Dagnino Guerra. Con una excelente conferencia titulada «Monarquía parlamentaria y democracia constitucional: Una fórmula contrastada de éxito», Dagnino defendió la Monarquía como uno de los mejores modelos de gobierno, destacando la importancia de don Juan Carlos I y don Felipe IV en el régimen constitucional que nos ha permitido gozar de uno de los periodos más largos de paz y estabilidad constitucional.

El acto fue apadrinado por doña Ana Pastor, don Marelino Oreja y el director del Casino, don Rafael Orbe.

LA NUEVA ESPAÑA. Entrevista a:

RICARDO LARRAÍNZAR | Subgobernador civil de Madrid durante el 23F y último gobernador civil de Asturias

Oviedo, Juan A. ARDURA

Estuvo en el gabinete de crisis de lo que, en el 23F, era el Gobierno de España en funciones, dado que el presidente saliente, Adolfo Suárez, y todo el Consejo de Ministros estaban secuestrados por el teniente coronel Antonio Tejero Molina en el Congreso de los Diputados. Ricardo Larraínzar Zaballa escudriña en su memoria para LA NUEVA ESPAÑA recuerdos y confidencias de aquellas horas cruciales para el asentamiento de la democracia, que vivió en primera línea desde su puesto de subgobernador civil de Madrid, de las que mañana se cumplen 40 años. Solo siete meses después, el 31 de julio de 1981, tomaba posesión como gobernador civil de Asturias. Otro hecho llamativo, a la vista de los acontecimientos de aquella jornada. Era amigo, desde bastante antes, del general Alfonso Armada.
Cuando aquella tarde fría de febrero el teniente coronel Tejero irrumpe a tiros en el Congreso, Larraínzar era uno de los más estrechos colaboradores de Francisco Laína, el director general de Seguridad del Estado, a quien el destino convirtió de golpe en la mayor autoridad civil de España. La relación venía de atrás. Ambos habían sido compañeros de oposición para acceder al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y eran íntimos amigos.

–¿Qué hacía un joven y prometedor funcionario en la sala de máquinas desde la que se dio respuesta al golpe del 23F?

–La vida nos va colocando en puestos. Mi primer destino fue en la secretaría general del Gobierno Civil de Logroño. Laína casó con una riojana, lo que hizo que él fuera mucho allí y que lo que era compañerismo terminase en una amistad intensa, que nos llevó a una trayectoria juntos en una larga carrera administrativa y luego política.

–El general Armada estuvo en su despacho del Gobierno Civil de Madrid la víspera del 23F. ¿Con qué intención cree que le visitó ?

–Bueno, esta es casi la pregunta del millón.

–¿De qué conocía a Armada?

–El general Armada y yo éramos muy amigos por varias razones. La principal de ellas: fue mi valedor durante muchísimo tiempo. Le conocí cuando me tocó sustituir al gobernador civil de Logroño y tuve que ir a recibir al entonces Príncipe de España a Ezcaray, a donde fue como cadete. Armada era el secretario del Príncipe y en aquella conversación surgió que conocía a un tío carnal mío que pertenecía el Consejo de don Juan en Estoril. Aquello unió un poquito. Cuando ya volvía a casa, después de cumplimentarles, Armada, que era capitán, me dijo: “Le has causado muy buena impresión al Príncipe y me pide que te diga que cuando vayas a Madrid te pases a visitarle”. Siempre he sido obediente y, dentro de mi rutina, entró desde entonces ir Zarzuela, a hablar con el Príncipe y con Armada. A Su Majestad le apetecía hablar con gente joven para conocer su opinión sobre el futuro del país; de hecho, me llamaba “el niño que opina” porque era el más joven de todos. Allí conocí a Adolfo Suárez.

–Volvamos a la pregunta del millón. ¿Por qué cree que fue Armada a verle en la víspera del 23F?

–Había una grandísima amistad. De repente, aparece en mi despacho ese día. Cuando desde la Secretaría me anunciaron que subía el general Armada a visitarme, me causó verdadera extrañeza porque no era habitual. Le recibí con cordialidad y le comenté que era una sorpresa. Me respondió que pasaba por allí, venía de entrevistarse con el general Quin- tana Lacaci, capital general de Madrid, cuyo despacho estaba muy cerca del mío. Me preguntó: “¿Qué tal van las cosas, Ricardo?”. Le contesté que bien y de inmediato le dije que iba a llamar al gobernador civil, Mariano Nicolás, para que también estuviera presente.

–¿Por qué esa cautela?

–Suelo tener olfato e intuía que yo estaría más protegido estando los tres que no a solas con Armada, porque en aquellos días había muchos comentarios… Prefería que estuviera el gobernador delante. Fue una conversación sin trascendencia en la que di por bueno el motivo de su vi- sita, nuestra amistad. Me dijo que se acordó de que yo estaba allí y que era el momento de darme un abrazo, y ahí terminó nuestra conversación. Fue breve, lo que era bueno para todos: el era un hombre muy controvertido, era un momento de muchos rumores y habría sido extraño que hubiera pasado mucho tiempo en el Gobierno Civil.

–La larga noche del 23F tuvo varias misiones. Una de ellas, conseguir los planos del Congreso. ¿Para qué los querían, para que entrasen los geos al Congreso?

Para seguir leyendo pinche en el documento pdf:

Nueva colaboración de los miembros del Aula

Desde mi tierra en el Sur de España contemplo la paradoja que representa compatibilizar en Cataluña la satisfacción de dos derechos: el derecho a la salud y el derecho a depositar el voto el 14 de febrero. Observo esa paradoja en un territorio donde algunos proclaman que estas elecciones son el segundo intento para abrir el camino hacia la independencia. Todo ello se fundamenta en el ejercicio de la libertad, en el libre albedrío que todo ser humano tiene para expresar sus deseos, opiniones y sentimentos.

Desde esta sureña atalaya desconozco si en verdad el votante catalán sabe lo que le conviene bajo el supuesto liberal de que el cliente siempre lleva la razón. A la hora de votar se duda sobre si el votante piensa o siente; esto es, si deposita el voto, impulsado por sentimientos, o si lo hace racionalmente.

Mucho me temo que, a pesar del poder moderador de esta pandemia y el estímulo para que se emita el voto por correo, la mayoría de los votos depositados hayan entrado por la ranura de la urna, inducidos por deseos y sentimientos y no desde un verdadero razonamiento. En estas elecciones han abundado los sentimientos, el misterioso libre albedrío desde la igualdad en derechos.

Quienes en primer lugar han aflorado sus sentimientos son los candidatos y dirigentes políticos, condenados por sedición, presentes en la campaña. Han voceado lo que les ha dictado su corazón; jamás han pronunciado palabras de razón. Justamente tanta confianza en el corazón está llevando a Cataluña hacia una trampa mortal.

Esta campaña, no multitudinaria por razón de la pandemia, ha sido borrasca de indignación contra España, de miedo y remordimiento en algunos votantes, de odio y avaricia en otros.

No se puede evitar depositar el voto por mandato sentimental; el peligro reside cuando se deposita el voto no según dictado del corazón sino por la manipulación de los mensajes políticos o de las indicaciones de la televisión oficial de Cataluña. 

Entonces, el teórico y libre albedrío se convierte en ciego seguimiento de lo que proponen los medios de comunicación a través de la propaganda, dirigida con precisión, y la publicidad manipuladora de emociones. 

Y estas elecciones se han celebrado, curiosamente, en el marco de una enfermedad global y de un miedo planetario al resurgimiento de los nacionalismos. Sólo votó el 53 por ciento del censo electoral cuando en 2017 la votacion superó el umbral el 75 por ciento del censo.

En la tramoya y trasfondo de estas elecciones se ha desplegado no un nacionalismo benigno sino un ultranacionalismo con derivaciones muy contradictorias que están conduciendo al supremacismo y a creer que Cataluña es suprema, a la que se le debe total lealtad y desde esa lealtad olvidar las obligaciones pendientes y futuras con España( La Generalidad debe al tesoro español más de 62,000 millones de euros ). 

Este supremacismo puede conducir,  otra vez, a violentos enfrentamientos. 

Los supremacistas catalanes creen que su nuevo Estado les va a proporcionar inauditos niveles de seguridad y prosperidad, que no tendrán que asumir deudas y que les proveerá de la mejor educación posible y del mejor sistema sanitario que acabará con la pandemia.

Si Cataluña se independizara, levantaría un castillo defensivo a la par que un pasillo para baleares y valencianos, que se obligarían a no levantar sus respectivas fortalezas. 

Esa Cataluña independiente pretende que los franceses del sur no levanten sus respectivas vallas fortificadas. He oído a algunos votantes catalanes mandar al resto de los españoles al infierno y luchar por levantar puentes y reforzar almenas en sus murallas, transformando sus puertas en fielatos. 

Venden los dirigentes y empresarios catalanes, independentistas, la idea de poder mantener su red comercial en España y en la Unión Europea.

Deberían pensar más y sentir menos y reflexionar ante lo que está sucediendo en el Reino Unido tras dos meses de 

haberse separado de la Unión Europea: levantar fronteras y arbitrar mecanismos para recaudar recursos financieros vía impuesto de valor añadido.

Algunos osados creen poder vivir fuera de acuerdos de cooperación global y que no serán carne de cañón de grandes poderes regionales mundiales.

Los supremacistas e independentistas no han reparado que tendrán que tragarse el purgante que representa el terremoto tecnológico, al salir de España y de la Unión Europea. Fuera de ese terremoto tecnológico Cataluña será un territorio inútil.

Ese Estado-nación, fuera de la Unión Europea, independiente, es un agente equivocado para hacer frente a la globalización de las infotecnologías, a no ser que se convirtiese en enclave chino como el que se asienta en el cuerno de África en Djibouti.

Estos nacionalismos incipientes, sumergidos o retornados, no podrán vivir en un mundo multilateral globalizado. 

Si la pretensión de la humanidad es ganar el Cosmos ¿Qué hará Cataluña fuera de ese Cosmos?

¿Volver al sol de 1640 y a la noche de 1714 bajo esta amenaza existencial que se llama pandemia?

Separada de España y fuera de la Unión Europea ¿no teme un aislamiento de los foros tecnológicos o una invasión tecnológica China?

Sus dirigentes políticos y empresariales no lo temen; porque no lo sienten no lo piensan. No entienden que en este mundo globalizado es necesaria una lealtad global, al menos dentro de España y de la Unión Europea.

Se ha cerrado el escrutinio. Cataluña vive su confusión entre la luz mediterranea y su ceguera y los supremacistas, enmarcados en esa certidumbre ciega.

Las pasadas elecciones han sido como frotar la lámpara de Aladino y querer adaptar el reloj eterno a los tiempos de 1640, 1714, 1934 y 27 de Octubre de 2017. Están creando un territorio donde cuesta mucho respirar, donde nadie distiende el ceño.

Ni siquiera los catalanes secesionistas tienen una sola identidad. Nadie es solo comunista o capitalista o independentista, pero el credo de los separatistas es que únicamente se debe lealtad a una única identidad: a la nación catalana, a los méritos de ese territorio y a las obligaciones de separarse de España.

Pero ellos mismos reconocen que existen otras muchas cosas importantes y necesarias, muy superiores a la nación: ejercer de padres, de profesor, de obrero metalúrgico, de aficionado al baloncesto, ser vegetariano,  autitaurino o defensor de la fiesta de los toros.

Como andaluz, que se siente cudadano de España y de la Humanidad, profesor emérito, defensor de la fiesta de los toros no vislumbro cómo afrontarán los catalanes salir de la trampa en la que han caido.

Lo escribo desde Córdoba donde, como anciano, ya huelo a azahar y paso mis últimos crepúsculos en compañía. 

Finalizo esta carta con algunos versos de un poeta cordobés contemporáneo que dicen así:

¿Cómo mudar en savia, en aliento, en ternura, tanto tósigo ciego, tanta herida del alma? ¿Cuándo será posible…en las ruinas del odio alzar nuevas moradas?

José Javier Rodríguez Alcaide 

El pasado 2 de febrero de 2021 La Razón publicó el artículo de Miguel Ángel Solana Campins titulado «Canarias, hay otra joya por descubrir».

https://www.larazon.es/opinion/20210202/5xzb7fyhkvfjlij6uquaw447aq.html

A finales del año 2016 una expedición científica británica operada desde el buque James Cook, descubrió a 500 kilómetros al suroeste de Canarias el monte submarino Tropic. En este las costras de ferromanganeso que recubren sus laderas tienen concentraciones de telurio casi sin precedentes en ningún otro yacimiento del planeta, además de cobalto y otros elementos catalogados como estratégicos por la propia Unión Europea.

Según la revista Science en ese monte hay cobalto suficiente para construir 277 millones de coches eléctricos, 54 veces la flota mundial actual de esos vehículos, y telurio bastante para fabricar paneles solares que cubrirían por sí solos la mitad del consumo de electricidad del Reino Unido.

El telurio es un material considerado como uno de los 35 elementos críticos por el departamento de interior de los Estados Unidos y por orden presidencial debe de implementarse una estrategia para asegurar su suministro; el resultado es que su comercio está liberalizado en Estados Unidos aun siendo un consumidor neto muy importante de este material por no cubrir todo el consumo con producción interna. Es un semimetal con propiedades semiconductoras, al comportarse de una forma mixta entre los elementos conductores metálicos como el cobre o el estaño y los aislantes como el silicio, estas propiedades lo hacen enormemente interesante para aplicaciones electrónicas principalmente en la fabricación de paneles solares o aditivo menor en el caucho y el cobre para mejorar sus propiedades, también resulta crítico para los coches eléctricos.

Se puede entender así mejor que el pasado 23-1-20 el parlamento de Marruecos aprobara con la Ley 38.17 la extensión de la reclamación de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y de la plataforma continental. Lo que debe provocar alerta en España ya que tal plataforma reclamada se superpone con la española. Y el caso de la delimitación de la zona de solape entre España y Marruecos se complica por corresponderse con las aguas del Sahara Occidental, pendiente de descolonización.

A cuenta de este yacimiento y la extensión unilateral de las aguas de soberanía marroquí genera inquietud en Canarias. Porque saben que es parte de la tradicional forma marroquí de actuar, que leyendo la situación política de España siempre aprovecha los momentos de debilidad interna. Las pretensiones alauitas sobre las aguas canarias están detrás de lo que está sucediendo, y por ello resulta asombrosa la nefasta gestión del asunto por parte del Gobierno de Madrid, poniendo de relieve su descoordinación interministerial incluso a la hora de la comunicación. No sólo no ha toma-do ninguna decisión, sino que además deja agravar la crisis con su dejación en el tema migratorio y sus «efectos llamada». Cuando, de nuevo, la situación de crisis y corrupción en Marruecos es aprovechada por sus autoridades para expulsar población y exportar sus problemas. Intentando, incluso, provocar cambios sociales en Canarias.

«Hay que proteger nuestros intereses en este yacimiento y el área fronteriza a Canarias»

El daño que se le está haciendo a la industria turística canaria puede ser irreparable y no debería sorprendernos que todo sea parte de un intento de restar importancia a esta parte del territorio español para justificar posibles futuros acuerdos de cesión en lo referido a las aguas.

A ello se suma el hecho de que Londres ha intensificado sus relaciones con Marruecos a partir del brexit, en su afán de desplazar a Francia y España como referentes europeos de Rabat. También el apoyo de Trump a sus reclamaciones sobre el Sáhara es un nuevo soporte para Rabat de cara a hacer valer su posición, ya que sigue siendo el único país del mundo sin tener unas fronteras internacionalmente reconocidas. En todo caso Estados Unidos no puede permitir que este yacimiento caiga en manos chinas. Es una decisión geoestratégica, y las empresas angloamericanas ya están preparadas para explotarlo.

Nuestras autoridades deben movilizarse para poder proteger nuestros intereses en este yacimiento y el área fronteriza a Canarias, especialmente en estos momentos que Estados Unidos piensa construir su mayor base de África en Tan-Tan. A solo cien kilómetros de Fuerteventura entre las localidades de Ifni y Tarfaya.

Además de la vigilancia militar, la base estadounidense también se ocupará de controlar el tránsito de los superpetroleros que llegan a Europa siguiendo la ruta del Cabo de Buena Esperanza, así como los complejos energéticos del noroeste africano, incluida la red de gasoductos que atraviesan el Sahara y el Sahel. También contará con el apoyo de Francia, interesada en que soldados americanos se instalen en esta zona como refuerzo a sus tropas desplegadas en el Sahel.

Canarias se encuentra en la tormen- ta perfecta. Pero confiemos en que el gobierno español sepa manejarse en esta situación tan compleja en inteli- gencia con la nueva administración americana.

En mayo de 2017 se publicó el número 44 de la Revista UNISCI, Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación, en el que se incluyó el artículo escrito por Manuel Sánchez Cánovas (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Javier Morillas (Universidad San Pablo CEU) y Eileen Marie Crawley (Universidades de Bournemouth y Open University).

Resumen

El artículo intenta profundizar en la comprensión de la distancia cultural e institucional entre la Diáspora china, la empresa y la diplomacia españolas en Malasia y Singapur, como variantes explicativas de los bajos niveles de comercio e inversiones bilaterales de España en el Sudeste Asiático. El rol de la «face»; la alta distancia de poder, la orientación al largo plazo y el nepotismo en las redes de empresas familiares de la Diáspora China, altamente jerárquicas, contrastarían con el estilo operativo de las organizaciones españolas: adverso al riesgo; monocrónico, más igualitario y cortoplacista en instituciones menos diferenciadas. La escasa presencia e imagen española en el Sudeste Asiático, así como la ausencia de una larga tradición de estudios asiáticos y de preparación para hombres de negocios en España sobre la cultura, la etiqueta y la función del recurso humano en Malasia y Singapur, afectarían al impacto económico de la distancia percibida.

El día 12 de enero de 2020, el periódico El Mundo publicó un artículo escrito por el Presidente del IED, José Manuel Otero Novas.

SI USTED GANA 100.000 euros al año, pagará unos 40.000 al Fisco por IRPF; 30.000 quizá los destine a sus gastos personales y familiares; y con los otros 30.000, tiene la opción de irse de juergas al Caribe o ahorrarlo.

Si ahorra 30.000 paga los años siguientes por las rentas reales o potenciales de ese ahorro. Lo cual es correcto, porque incrementa su capacidad tributaria.

Pero es que, además de pagar más impuestos por las rentas que le produzcan sus ahorros, con el Impuesto sobre el Patrimonio, va a pagar todos los años por esos 30.000 euros que no quiso dilapidar en el Caribe.

Aunque esos 30.000 son parte de los 100.000 que ganó anteriormente y por los que ya pagó 40.000 en el IRPF.

De modo que el Impuesto sobre el Patrimonio le hace pagar dos veces por la misma ganancia original. Y seguirá usted pagando Patrimonio sobre esos 30.000 todos los años de su vida, hasta que se agoten los 30.000 euros ahorrados.

Antes o después, el Fisco le habrá confiscado con el Impuesto sobre el Patrimonio el 100% de su ahorro. Y ello sin considerar que tenemos otros dos impuestos patrimoniales más, que recaen sobre su mismo ahorro, el de Sucesiones (cuyo tipo impositivo puede situarse sobre el 50%) y el IBI anual, con la cual la confiscación puede producirse mucho más rápidamente.

Así se viola la Justicia fiscal que según la Constitución (art. 31) prohíbe el efecto confiscatorio de los tributos.

Pero además de ello, por muy progresistas que se autodefinan los defensores del tributo, se va contra el progreso, pues se estimula el despilfarro de todos los ingresos evitando el ahorro que, directa o indirectamente, es el que permite la inversión creadora de empleo y prosperidad.

Y aun tiene este tributo otro efecto perverso, porque si el ciudadano que ahorró algo, por razón de enfermedad, paro, fracaso empresarial o por edad… deja de tener ingresos significativos, para pagar la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio ha de ir vendiendo lo ahorrado, pues aunque en tales casos hay una discreta reducción del tributo, no se suprime.

Ni siquiera es verdad que grave a los ricos. Siendo así de evidentes las cosas, los defensores del tributo acuden a la demagogia diciendo que se trata de un impuesto que grava a los ricos. Late debajo de ese argumento un criterio que se une al de Nietzsche para descalificar la democracia, el de que «los menos ricos» como obviamente son más, pueden acordar repartirse los bienes de los más ricos, que siempre serán menos.

Aclaro que yo sostuve siempre la progresividad para que los pudientes no sólo paguen más sino a tipos impositivos superiores (con fundamento en la enseñanza evangélica del «óbolo de la viuda», traducida hoy como teoría de la utilidad marginal del dinero). Pero ello ya opera en las tarifas escalonadas del IRPF, e incluso en la tributación indirecta, mediante la existencia de exenciones y tipos reducidos para aquellos productos en los que se concentra principalmente el gasto de los menos favorecidos.

Pero la cita de ese argumento para justificar el tributo es un engaño para el pueblo. Porque al menos desde la Ley 22/1993, gobernando el PSOE, los grandes ricos de España, residan en Madrid, Barcelona, Galicia, Asturias… y también algunos empresarios medios, ya no pagan Impuesto sobre el Patrimonio (ni el de Sucesiones). En mi libro de 1998 Defensa de la nación española (Págs. 611-618) celebré públicamente esa medida que consiguió el meritorio Instituto de la Empresa familiar, pero lamenté precisamente que ese logro no se extendiera a las clases medias que no llegan a tener una empresa propia sino sólo algunas acciones de empresas ajenas. Volvimos a la situación de tiempos premodernos, de privilegios fiscales a los poderosos.

Por ello me alegró que la Comunidad de Madrid liderada por Esperanza Aguirre, haciendo uso de la autonomía otorgada por el Estado, suprimiera en su territorio prácticamente los Impuestos sobre Patrimonio y Sucesiones, siguiendo la tendencia que se fue manifestando en otros países, (de los 27 de la UE, incluido UK, dos y España lo mantienen, nueve lo han eliminado y los otros quince nunca lo han tenido), otorgando así a las clases medias y bajas el privilegio que desde 1993 solo tenían los ricos. Y aplaudí que otro Gobierno del PSOE, de Rodríguez Zapatero, dictara una Ley suprimiendo en toda España el Impuesto sobre el Patrimonio, reconociendo expresamente en la exposición de motivos del RD Ley 13/2011 que lo hizo, «entre otras razones, por haber disminuido su capacidad redistributiva al gravar principalmente patrimonios medios» tal y como yo había denunciado; supongo que entre esas «otras razones» de Zapatero estaba que los ricos, sin necesidad de fraude, tienen facilidad para residir 180 días al año en países próximos y se liberan de pagar este tributo. Aunque luego, comenzando la crisis, lo rehabilitó el mismo PSOE con carácter provisional, provisionalidad que fue olvidada por los siguientes Gobiernos del PP.

En esta España constitucional, en la que han aflorado independentistas y también autonomistas a ultranza, hay no obstante un alto porcentaje de la población que quiere corregir y reducir algo la autonomía que se ha ido dando a las regiones.

Pero hasta ahora, ningún partido gobernante o partícipe en los gobiernos nacional o regionales ha propuesto nunca reducir los grados de autonomía del que gozan las Comunidades. Ni siquiera admiten sin condena que se hable de ello, como si el nivel de autonomía otorgado fuere algo sagrado.

Por ello me ha sorprendido que algunos de esos partidos gobernantes, ayudados por partidos independentistas, para combatir la exención patrimonial de Madrid se acuerdan ahora de que los ciudadanos no pagan los mismos impuestos en toda España. Para solucionar la disparidad podrían: volver a eliminar el tributo en toda España o sugerir a las comunidades que se quejan de la competencia que les hace Madrid que hagan uso de la facultad que se les ha conferido y que supriman el Impuesto en su territorio. Pero no lo hacen así; PSOE, Podemos, ERC y alguna voz del PP lo único que pretenden es que la Comunidad de Madrid no tenga autonomía para hacer cosas diferentes a las de otras regiones.

Y por supuesto no se acuerdan de las ventajas fiscales de las que gozan los habitantes de otros territorios, no sólo los canarios y los de Ceuta y Melilla, sino especialmente los vascos y los navarros; ni de los bocados presupuestarios que cada poco se dan para Cataluña y para cualquier región de donde se obtengan votos para lograr la mayoría absoluta.

José Manuel Otero Novas, ex ministro de UCD, es abogado del Estado e inspector de los servicios del Ministerio de Hacienda.

Enero

El poder político reside en todos hombres y mujeres de la Comunidad Política, en todos nosotros. La soberanía del pueblo no es una frase ingeniosa que sirve para que los políticos nos impongan lo que les de la gana, el pueblo es la roca del edificio y en democracia transferimos el uso del poder, el mero uso, a nuestros representantes, pero siempre la autoridad del pueblo es mayor que la del gobernante. Es también un hecho que para convivir pacífica y civilizadamente necesitamos unas reglas éticas y jurídicas comunes, válidas para todos, y el único camino por el que podemos acordar tales normas es el diálogo sincero y abierto entre todos, todos personas libres e iguales que buscan la verdad sin imposición dogmática de la de cada cual a los demás.

Frente a esta realidad nos topamos hoy con un política dogmática e intolerante que quiere imponernos a todos sus verdades, sin diálogo alguno con los que piensan de forma diferente. Pretende imponernos a todos su parcial visión de la vida materialista y amoral, utilizando para ello el Estado y unas leyes positivas que se aprueban sin siquiera escuchar a quienes piensan de forma diferente (ejemplo de ello son las recientes leyes sobre educación y eutanasia). Como en otras épocas quienes tienen el mero uso del poder reprimen religiones que no sean la suya, negando legitimidad para dar públicamente sus argumentos a quienes creen en Dios. Así el laicismo se convierte en caldo de cultivo del totalitarismo.

Pero no nos callarán, todos tenemos derecho a intervenir y hacernos valer en la búsqueda de una ética común correcta y de leyes justas que preserven la vida, la libertad y los bienes de todos. También los cristianos. Más aún, la participación del creyente en Dios en el proceso de formación de las decisiones publico-políticas no sólo es legítima, es incluso necesaria. Es legítima porque en democracia ninguna voz debe quedar excluida del debate público siempre que se inserte en un discurso racional, todas proceden de personas depositarias del poder político originario y por tanto todas están legitimadas para hablar. Es necesaria porque propugna y promueve un orden político justo, equilibrado y humano que ha sustentado nuestras sociedades europeas cientos de años. No caigamos, por tanto, en la trampa saducea de distinguir entre una ética publica que nos impone el poder y otra para uso privado de cada cual, Si admitimos eso el César se queda con todo, ya que se erige en fuente inapelable de la moral y las leyes. No, no, apelemos al gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, e intervengamos por derecho y sin complejos en ese diálogo entre personas libres e iguales del que surgen las normas que regulan nuestra convivencia.

No nos callaran, ni ahora ni nunca. Nos fijamos hoy en esta agresión laicista, pero seguiremos denunciando las imposiciones que sufra el pueblo español en lo sucesivo.